Honduras: historias paralelas de unas elecciones inciertas y sospechas de fraude

Cuando en la madruga del lunes 27 de noviembre los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Honduras anunciaron los resultados provisionales en los que se imponía el opositor Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Alicia Mendoza, vecina de la colonia de Quezada de Tegucigalpa, comenzó a preocuparse. Si el presidente Juan Orlando Hernández pierde las elecciones, temió, ella y todo el grupo con el que se reúne a diario bajo una carpa agujereada, instalada en una calle con baches enormes y charcos perennes, se quedarán sin empleo. Durante los comicios del domingo, Alicia y compañeros se dedicaban a repartir propaganda y asesorar a los votantes. Al pasar la cita con las urnas les puede tocar hacer de todo tipo de labor vecinal. En Honduras, como otros tantos países de América Latina, existe una delgada línea entre el Estado y el partido oficial. Alicia cobra 4 mil lempiras (Q1,247) mensuales del Partido Nacional. Pero al tiempo puede hacerlo del gobierno.

Uno de los recursos utilizados por el Partido Nacional es el empleo público como forma de comprar voluntades. Un mecanismo que, bajo el argumento de apoyar a los más necesitados, le ha permitido establecer lazos de control clientelar que ahora, si se confirma la tendencia de lo anunciado por el TSE, y Hernández no consigue la reelección, pueden venirse abajo.

No es habitual que dos candidatos aseguren de modo tajante que son ganadores. Demuestra que el sistema no funciona. Que no es fiable. El juego entre Nasralla y Hernández tiene que ver con el desgaste del contrario, con proyectar imagen, no con números que deberían ser absolutamente fiables. Hagamos repaso. A las 19.30 horas del domingo, el presidente se ha declarado vencedor, apoyado en las encuestas a boca de urna. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, según aseguró Hernández en su cuenta de Twitter, le habría llamado para felicitarle por el triunfo. La Presidencia guatemalteca no confirmó ni desmintió esa llamada.

Media hora después, su rival hace lo propio. Mientras, el TSE permanece callado. A medianoche cambia el juego. Primero es el opositor quien aparece triunfal y su rival le responde en su terreno, asegurando que ellos ganan según actas físicas recogidas en los colegios. Pasadas las dos de la madrugada, los magistrados electorales apuntan a un exiguo triunfo del opositor izquierdista con un 45.2 % de los votos (855.847 papeletas) contra 40.2 % del presidente (761.872 sufragios). Con ese 4.2% de desventaja, el actual jefe de Gobierno insistiría en que la partida no había terminado.

En caso de que se mantenga la tendencia, la jornada del domingo sería histórica ya que por primera vez en muchos años una formación distinta a los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal se haría con las riendas de Honduras. El país con el que se encontrará, de unos ocho millones de habitantes de los cuales el 60,9% viven en condiciones de pobreza, no es fácil de gestionar.

Colegio República de Perú. Colonia El Pedregal

“Orlando se echó la Constitución encima. Espero que no haya fraude, pero en las elecciones pasadas se fue la luz. Si hay fraude saldré a la calle a manifestarme”. Gerald Blanco, 22 años, es uno de los primeros votantes en el colegio República de Perú, en la colonia Pedregales. Viene de trabajar por la noche en un call center, así que aprovecha para pasar por la urna antes de echarse a dormir. Son las siete de la mañana, el centro se ha abierto puntual y una pequeña fila, no más de cien personas, constituye el grueso de los votantes. Al margen de censurar que el presidente se presente a la reelección, que es una cuestión fundamental ya que violenta el artículo 239 de la Carta Magna hondureña, el joven también enumera su lista de agravios sobre el actual mandatario. “Ha subido los impuestos, no hay medicinas en los hospitales”, afirma.

A primera hora, en esta colonia popular, controlada por el Barrio 18, una de las dos grandes pandillas que operan en Centroamérica, las votaciones se desarrollaban sin incidentes. En general, como en la mayor parte de colegios electorales del país.

Es fácil distinguir a un partidario de JOH, como se conoce popularmente al presidente, o de sus rivales, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, o Luis Zelaya, del Partido Liberal. No es necesario preguntar siquiera por quién va a votar. Basta con interrogarle sobre la limpieza de los comicios. Los fieles a la oposición basculan entre la certeza absoluta de que les van a robar los votos y la sospecha de que todo estaba decidido de antemano. Los oficialistas, por el contrario, aseguran que estas son unas elecciones limpias y que las acusaciones solo buscan generar inestabilidad.

Glenda Judith González dice estar segura de que Hernández seguirá al frente del Gobierno, “no porque yo quiera que gane”. Pone un ejemplo de cómo pueden robarse votos. Afirma que su papá murió cuando ella tenía nueve años. Dice que, a pesar de ello, lleva votando desde entonces, “siempre por los gobiernos del turno”. Según asegura, esta es la primera ocasión en la que no ha visto su nombre en las listas de electores. Insiste en que en elecciones anteriores lo denunció, pero “en Honduras no escucha nadie”. El actual censo hondureño data de 2004. No se ha cambiado desde hace 13 años.

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“Hay que estar atentos. Puede que metan en las mesas a gente con credenciales de otros partidos”, advierte Melvin Enrique Rivera, de los Comandos Antifraude, un grupo especial de voluntarios que la oposición ha desplegado en los colegios para detectar anomalías. La venta de las credenciales, que es lo que acredita a quienes ocupan un puesto en la mesa, es una de las principales denuncias que se han escuchado en los últimos días. Tanto la Alianza como el Partido Liberal critican la existencia de los partidos denominados “maletín”. Son formaciones que no tienen bases, estructuras ni posibilidades de lograr escaño alguno. Sin embargo, sus credenciales se compran y se venden, lo que permite que una formación con más posibilidades económicas (básicamente, el Partido Nacional) duplique o triplique su presencia en cada mesa electoral.

La debilidad de las instituciones convierte las inmediaciones de los colegios en el reino del rumor y la desconfianza. A la hora de la verdad, no es tan fácil demostrar gráficamente que se alteran los resultados, salvo en casos concretos, como un vídeo grabado en San Lorenzo Valle, a 100 kilómetros de Tegucigalpa, en el que un miembro del Partido Nacional ofrece 300 lempiras por voto. Sin embargo, existen mecanismos legales, a la vista de todo el mundo y que sirven como ejemplo de que no hace falta quemar papeletas y actas para controlar el resultado. En el exterior del colegio República de Perú, como en el resto de centros de votación, se ubican las mesas de los partidos, que aparentemente deben limitarse a asesor a sus seguidores sobre la mesa en la que deben votar. En la carpa del Partido Nacional, la más grande, la mejor organizada, donde suena Nicky Jam a todo volumen, sus voluntarios no solo consultan los datos del elector en el sistema y le entregan un papelito con las instrucciones. También apuntan, con nombre, apellidos y cédula de identificación, quién acude a votar, dando por hecho que ellos son los beneficiados. Todas las formaciones llevan su propia contabilidad, lo que evidencia la poca fe que existe en el sistema. Sin embargo, este es el único partido que también pasa lista. Un dato relevante en un partido en el que algunos de sus propios fieles reconocen que su empleo público depende de que JOH siga en el poder. Con los nombres, uno puede saber quién ha acudido a la urna y quién no. Asegurarse de que vote por el candidato oficialista es más difícil. Pero existen mecanismos, como pedir una fotografía, aunque acceder al aula de votación con un celular o una cámara esté prohibido.

Jacqueline Tino, una de las voluntarias que atiende la carpa de El Pedregal, rechaza que tengan una forma de contar quién vota y quién no. También niega que se pague por acudir a las urnas. “Puede ser que haya quien venga por conveniencia, pero la mayoría votan nacionalista de corazón”, afirma. Mientras habla, se le acercan vecinos que preguntan cuál es su mesa. Sus compañeros toman su identificación y apuntan los datos en un cuaderno. “Si viniese alguien que vota a otro partido también le apoyaremos”, afirma.

Frente a esta carpa, a unos 50 metros de distancia, se ubica la del principal rival, la Alianza. Ellos afirman que no toman nota de los votantes, a pesar de que este es un territorio más favorable a la oposición. Los papeles que reparten, escritos a bolígrafo frente a las fichas impresas que distribuyen sus rivales, demuestran que no tienen tantos recursos. Norman Giovanni Estrada, su coordinador, se queja de que el Gobierno “controla la cúpula de todos los poderes”. Asegura que no necesita preguntar a nadie si se compran votos. Que él mismo recibió dos ofertas. La primera, dice, en la aldea Cofradía (distrito central), de la que es originario. Afirma que le prometieron 500 lempiras (Q135) por su papeleta. La segunda, según su versión, fue en Tegucigalpa y el montante ascendía a 2,500 lempiras (Q779). “Esto es un desastre”, sentencia.

Que se ofrece dinero y que existe necesidad está tan asumido que una representante del Partido Liberal como Esmelita Castro, que mantiene una carpa en la colonia Kennedy, reconoce las indicaciones que da a sus seguidores: “agarren el dinero y luego voten lo que quieran”.

La reelección de Juan Orlando Hernández, contraria a la Constitución, es otro de los temas de debate en los corrillos del exterior del colegio. Aunque ya se da por amortizada. En 2009, el entonces presidente, Juan Manuel Zelaya, fue depuesto por el Ejército cuando trató de sumar una cuarta urna en las elecciones de noviembre con la que validar una asamblea constituyente y modificar las leyes fundamentales. El argumento de la entonces oposición era que Mel (como es conocido popularmente) quería perpetuarse en el poder. Una de las principales figuras que apoyó el golpe (rápidamente legitimado por Estados Unidos, que veía a Zelaya como un potencial aliado de la Venezuela de Hugo Chávez) fue precisamente el actual jefe de Gobierno. Ahora, sin embargo, es él quien aspira a ser reelegido. Para ello se sirve de una sentencia de la Corte Superior de Justicia que, en 2015, declaró que vetar una candidatura, aunque sea de un presidente ya en el cargo, atenta contra las leyes fundamentales. Un año antes, a instancias del Partido Nacional, cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte fueron destituidos.

“Juan Orlando se presenta conforme a ley. Los magistrados se lo permiten”, defiende Antonio Medina, comerciante, que considera que “lo bueno debe continuar”, siguiendo uno de los lemas con los que el oficialismo ha concurrido a estas elecciones. No observa contradicciones entre la posición que mantuvo el PAN en 2009, cuando avaló el golpe de Estado argumentando que Zelaya quería “perpetuarse en el poder” y su actual defensa de la reelección del presidente Hernández.

Un elemento que afecta de rebote a la Alianza. Que se permita la reelección de Hernández avalaría, de rebote, un hipotético intento de Zelaya en 2021.

El Partido Nacional: políticas securócratas y clientelismo

“No hay forma de que perdamos. Antes las calles eran un caos, ahora tenemos seguridad y programas que nos dan una mejor vida”. Jaime Sancho Pacheco es uno de los coordinadores del Partido Nacional en la marcha con la que el oficialismo cerró su campaña en Tegucigalpa el 19 de noviembre. Sancho camina entusiasmado entre las miles de personas que arropan al presidente en la colonia Los Robles, donde una carretera separa dos modos de vida opuestos. A la izquierda, en lo alto, se observan casitas humildes, de concreto y techo de lámina. A la derecha, residenciales con guardias armados en la puerta, lugares seguros donde se refugian quienes pueden pagarse la vigilancia en una ciudad marcada por la violencia.

“Honduras no quiere que le regalen nada”, dice Sancho, enfundado en una camiseta blanca con el lema “cuatro años más”, que aboga por la reelección de Juan Orlando. Asegura que lo mejor que ha hecho el presidente es reducir los índices de homicidios y plantar cara al crimen organizado. Por un lado, defiende el despliegue en las calles de la Policía Militar, un cuerpo que el actual jefe de Gobierno promovió cuando era presidente del Congreso, en 2013. Por el otro, reivindica la construcción de los “pozos”, prisiones de máxima seguridad en la que actualmente permanecen aislados más de dos mil pandilleros, principalmente del Barrio 18. Además, destaca que “ahora hay extradiciones” de narcotraficantes reclamados por Estados Unidos. “Ellos corrompieron el país introduciendo la droga”, asegura. Las conexiones de los cárteles se extienden en muchos ámbitos del poder del país. Sin ir más lejos, una juez norteamericana condenó en septiembre a Fabio Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo, a 24 años de cárcel. Le acusaba de introducir cocaína.

La marcha es multitudinaria. Cientos de personas acuden agrupados por puesto de trabajo o por colonia. Desde la oposición se acusa al PAN de pagar a los asistentes, de “acarrearlos”. Acá todo el mundo niega estas tesis. Si fuesen ciertas tampoco podrían reconocerlo. Lo único seguro es que se paga el autobús y una bolsa con un refrigerio.

“Quiero que los militares sigan en las calles”. Araceli Castillo es coordinadora de un grupo que llega desde la 15 de septiembre, una colonia residencial ubicada frente al aeropuerto de Tegucigalpa. La política securócrata, aún a costa de limitar o eliminar libertades civiles, es una de las grandes reivindicaciones del Partido Nacional. Le avalan las cifras. En los últimos cuatro años se ha reducido el número de homicidios, aunque la tasa sigue siendo muy elevada: 51.9 por cada 100 mil habitantes según los datos del investigador guatemalteco Carlos Mendoza.

“El descenso de homicidios tiene múltiples factores”, explica el también guatemalteco Otto Argueta, de la organización Interpeace, vinculada a procesos de pacificación en Honduras. “Existe un cambio en las dinámicas criminales de una de las pandillas (Mara Salvatrucha), énfasis en la persecución de otra de ellas (Barrio 18), lo que incluye que con los pozos se afectó a su estructura organizativa. Esto, aceptando que los datos son fiables”, asegura. En opinión de este experto, “no se puede atribuir ese descenso únicamente a dos acciones gubernamentales, sino a un conjunto de factores de los que aún no se tiene certeza”. No se olvide que, en ocasiones, el discurso beligerante esconde acuerdos, aunque sea tácticos, bajo la mesa.

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Por el lado social, los partidarios del presidente reivindican planes como “Con Chamba vivís mejor”, que han multiplicado los empleos públicos, aún a costa de salarios por debajo del mínimo, que está en ocho mil lempiras. Por ejemplo, un guía de familia cobra unas cuatro mil lempiras al mes (Q1,264). Lo mismo ocurre con cientos de contratados por el partido que desarrollan labores en las colonias y cuyo trabajo se mezcla con el Estado. Es el caso de Alicia Mendoza o Fernando Joel, que custodian una de las carpas del Partido Nacional en la colonia Quezada, un barrio empobrecido y controlado por la MS. “Si pierde el presidente, nos quedamos sin trabajo”, reconocen ambos. A pesar de ello, dicen que nadie acude a las urnas por dinero, que lo hacen “por amor al partido”. Una formación que les ha dado trabajo en un contexto difícil. Joel, por ejemplo, es antiguo miembro de la barra Revolucionarios, del Motagua, uno de los principales equipos de fútbol de Honduras. “Nadie da chamba a quien ha pertenecido a una barra o anda tatuado”, se queja. Existe una delgada línea entre el asistencialismo y el clientelismo. Especialmente en un país que se encuentra entre los más desiguales del mundo.

La “cara B” de los logros presidenciales la pone Denia Mejía, activista. “Aquí decide Washington”, lamenta. “Se ha entregado el país”, protesta, enumerando las concesiones realizadas a empresas multinacionales, sobre todo extractivistas (minería e hidroeléctricas). Denuncia el incremento de la persecución a los líderes sociales desde el golpe de Estado en 2009, con casos simbólicos como el asesinato de Berta Cáceres en 2016. Una represión en la que tiene un papel clave la Policía Militar.  Por último, Mejía alerta sobre futuros proyectos como el de los “zedes” (zonas de empleo y desarrollo económico), territorios inspirados en proyectos similares del sudeste asiático que no se regulan por las leyes del país sino por un reglamento especial, más laxo para los intereses de las empresas. “Son la expresión más brutal del capitalismo y del despojo”, asegura.

Es cierto que el PAN tiene fuertes lazos clientelares. Que progresivamente se ha apropiado de un Estado débil y con cada vez menos mecanismos de control. Pero también tiene su base y sus afinidades ideológicas. Reducirlo al fraude y al engaño sería limitarse a una caricatura.

Colonia Bellavista. Colegio Francisco Morazán

“Esta era una de las zonas más calientes y ahora se ha erradicado la violencia”. Miguel Salgado, taxista de 33 años, reivindica los éxitos del Partido Nacional en una zona considerada un feudo de la formación de Juan Orlando Hernández. Nuevamente, el argumento de la seguridad. Afirma que el despliegue policial ha disminuido el tráfico de drogas en la calle y la extorsión, que es la gran preocupación para cientos de miles de hondureños. A pesar de todo, él sigue pagando el denominado “impuesto de guerra” a las pandillas. Cada semana, “alguien” (de quien no entra en detalles) se acerca a su carro y le cobra 1.200 lempiras (Q373). Las tenga o no las tenga. Si no paga, puede morir. Dice que, en una buena semana, puede hacer dos mil lempiras (Q623). A eso tiene que descontarle el pago a la pandilla. Así que dispone de 800 lempiras (Q249) semanales para alimentar a sus tres hijos.  Más de la mitad de su sueldo se va en asegurarse que no le van a pegar un tiro en su parada de taxi. A pesar de ello, cree que el continuismo es mejor que probar algo nuevo. Y eso que, en realidad, lo que a Miguel le gustaría es marcharse a España. “Pagas 2.500 euros (Q21.545) por el pasaje de ida y vuelta. Tienes que llevar en el bolsillo otros 1.000 (Q8.618). Y aguantar cinco años hasta que empieces a hacer los papeles”.

La emigración por motivos económicos o por escapar de la violencia provoca que miles de hondureños marchen anualmente hacia Estados Unidos (una ruta más cercana, más barata, pero más peligrosa), o hacia Europa, con España como primer punto de llegada. Según cifras oficiales, más de un millón de hondureños son migrantes radicados en Estados Unidos, y unos 40 mil más en Europa, principalmente en España. En 2016, las remesas que los migrantes enviaron a sus familiares representaron el 17,9% del Producto Interno Bruto del país.

Aunque Salgado afirma que esta es una colonia libre de pandillas, el oficial Zuñiga, uno de los policías que vigila la entrada a la escuela Francisco Morazán, le contradice. “Estamos en un territorio controlado por la MS. Solo que ellos son unos profesionales. Están entre nosotros, pero no se dejan ver”, considera.

Este es territorio del Partido Nacional.  Sus activistas se mueven frenéticos para traer a las personas que viven lejos. Se pagan mil lempiras a cada a taxista por traer 20 votantes. Las mototaxis funcionan full time. Rafael Sánchez se encarga de toda esta infraestructura. Es comerciante y asegura que una de las cosas que más agradece al presidente es no tener que pagar el “impuesto de guerra”. Tiene un comercio en el mercado Belén, en la colonia del mismo nombre. Reconoce que pagaba hasta hace cuatro años, cuando “colocaron una posta de policía en el exterior”.

Al margen de encargarse de la logística de la jornada electoral, Sánchez es una especie de nexo partidista entre el barrio y el gobierno. Si una calle se quiebra, él se encarga de llamar. Si se rompen unas tuberías, él lo coordina. Y, de paso, apunta el tanto para el Partido Nacional. En caso de que su partido perdiese, tiene claro que esa unión con el Estado la desarrollaría un miembro de otro partido.

Marvin Estrada, uno de los votantes, se acerca para denunciar lo que considera el “inicio del fraude”. Según explica, las mesas están copadas por activistas del Partido Nacional, que portan gafetes de otras formaciones. “Pensaba que no iban a intentar modificar los resultados, pero al ver que tienen mayoría en todas las mesas, he cambiado de opinión”, indica. Esta idea es ratificada por Roberto Ramos, del Comando Antifraude. Señala a uno de los integrantes de una mesa. Al ser preguntado por el partido al que representa, se queda dudando unos momentos. “Soy de Unidad Democrática”. Varios de sus vecinos le identifican como nacionalista.

“El Partido Nacional es mayoría en todas las mesas, por un representante de la Alianza. Esto permite que haya fraude”, se queja Ricardo Martínez, responsable del Comando Antifraude en el colegio. Se queja de la situación económica, dice que no ha mejorado en lustros. De hecho, en 2005 vendió su casa por 40 mil lempiras para que su esposa pudiese viajar a España, en principio como turista, pero con el objetivo de establecerse en situación irregular. No lo logró. A los 20 días regresó a Honduras. Aunque su hermano, Juan Carlos Martínez, sí logró establecerse en Barcelona. Otra de las caras de Honduras: el éxodo.

La oposición. La denuncia, la épica y el fin del bipartidismo

“El fraude está ya montado”. José Manuel Zelaya, expresidente hondureño, asegura que las cartas están echadas. Es martes, 21 de noviembre, y acaba de terminar el cierre de campaña de la Alianza opositora en la colonia Kennedy, una de las más populares de Tegucigalpa. Aunque la principal alternativa al PAN es una coalición de Libre, el partido del antiguo mandatario, y el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), predomina el rojo de la formación izquierdista. Lo paradójico es que el candidato, Salvador Nasralla, viene de una tercera formación, el Partido Anti Corrupción (PaC), que él mismo fundó y del que fue expulsado. Al final, este empresario y conocido presentador televisivo ha terminado asociado con la izquierda, que irrumpió en 2013 a través de Libre y que ha quebrado el bipartidismo.

Nasralla negaba tener miedo a la represión y apelaba a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA), para no legitimar el resultado en caso de que se detecten anomalías. El contexto de violencia es un arma de doble filo para el aspirante opositor. Desde sus filas se denuncia que la excusa de la “mano dura” sirve también para perseguir a disidentes. Sin embargo, qué hacer con las pandillas o con el crimen organizado es un debate central en la opinión pública. Mucha gente está dispuesta a que los militares estén en la calle a cambio de sentirse más seguros. Incluso, entre los partidarios de Nasralla. Es el caso de Roberto Martínez, de Bellavista. A pesar de ser opositor, cree que hay que mantener políticas como la de entregar el orden público a la Policía Militar. Nasralla es pragmático. Afirma que mantendrá la estructura levantada por su rival hasta que se desarrolle una policía comunitaria. Un cuerpo que, por otro lado, ya funciona. En las bases, sin embargo, se apunta a la desigualdad como origen de la violencia. “Este gobierno construye cárceles, pero no escuelas. ¿Cómo vamos a tener un país que progrese?”, se pregunta Marcela Huarte, 28 años, que formó parte de la seguridad de la resistencia en los tiempos posteriores al golpe de Estado.

No se puede entender la actual oposición sin la épica de 2009. Los tiempos de Nicaragua, la larga estancia en la embajada de Brasil, las marchas interminables y la represión. Huarte recuerda con orgullo aquellos tiempos, no exentos de mucho sufrimiento. Dice que de las 22 personas que formaron parte del primer equipo de seguridad, seis están muertas. Las recuerda una por una. Pedro Matiel, secuestrado y asesinado a cuchilladas. Pedro Murillo, Walter Troclo... “Tuve que apartarme”, afirma, mientras sigue desde el público el cierre de campaña de la Alianza.

El gran logro de la Alianza es mantener la tendencia ya apuntada por Libre en 2013 de quiebre del bipartidismo. El Partido Liberal, la casa originaria de Zelaya, queda definitivamente como tercero en discordia. “Si se hubiesen unido a nosotros, habríamos ganado seguro”, dice Esmelita Castro, activista liberal, de las que siguieron en las filas que ahora comanda Luis Zelaya (nada que ver con el antiguo presidente) cuando Libre comenzó a hacerse fuerte.

En términos políticos, la gran plancha opositora plantea una enmienda a la totalidad y un regreso a la senda constitucional de 2009. Como receta económica, Nasralla aboga por la lucha contra la corrupción para recuperar activos que se destinen a programas sociales. Pero para poner en marcha estas propuestas hay que llegar a la Presidencia. Y aunque aventaja el escrutinio, hasta que el TSE no oficialice los datos finales, cualquier cosa pueda pasar.

El martes, antes de que Nasralla cerrase su campaña, el diputado de Libre, Mario Sorto, vaticinaba que el presidente se declararía vencedor a las ocho de la noche del domingo y sacaría a los militares a reprimir protestas. Acertó en la primera. Su segunda profecía queda pendiente de las manifestaciones que se han anunciado para los próximos días.