De jóvenes quisimos practicar una sana política, entendida como servicio, compromiso y entrega al bien común. En estos tiempos, sentirnos indignados es cosa común ante los desfiles de casos de corrupción, de ineptitud gubernamental para gestionar la pandemia y de irresponsabilidad de muchos ciudadanos que se sienten inmunes al covid-19 y se apegan parcialmente a las medidas de bioseguridad.
A las 5:20 del viernes 9 de julio me llegó un mensaje informándome que a las 8:00 p. m. se trasmitiría un mensaje presidencial. En silencio me pregunté qué disposiciones se emitirían para atajar la multiplicación de los contagios provocados por el coronavirus. A la hora en punto sintonicé uno de los canales nacionales y con atención escuché al presidente. Su mensaje fue breve. Resumió la información económica brindada por el licenciado Sergio Recinos, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, a columnistas, periodistas y representantes de centros de investigación el 25 de junio del año en curso sobre el desempeño macroeconómico reciente y las perspectivas. Otra parte de su discurso lo ocupó en informar de la llegada de un importante lote de vacunas. Pero la parte del discurso que me dejó inquieto y pensativo fue su reconocimiento de que los casos se han disparado, pese a lo cual no puede cerrar el país, y su posterior llamado a la población a respetar las medidas de bioseguridad.
Esta decisión política de no cerrar el país revela el interés del presidente de gestionar la tensión entre economía y salud. Su decisión alienta la capacidad de iniciativa y de autorrealización de muchas personas cuyos ingresos provienen de actividades no esenciales para la reproducción de la vida. Según datos del Banco de Guatemala, en 2020 las actividades que más sufrieron contracción fueron las de alojamiento y servicios de comidas (-24 %), las de transporte y almacenamiento (-12.9 %) y las de la construcción (-6.2 %). No dudo que la decisión presidencial de no cerrar el país resultó una buena noticia para la población que se ocupa en estas actividades y para todo el sector informal (el cual se define por que ocupa a menos de cinco empleados que no tienen afiliación al IGSS, que trabajan por cuenta propia y que en muchos casos no reciben remuneración). El presidente le tendió la mano a un sector importante de la economía.
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Sin embargo, con cierto grado de indignación me pregunté: ¿y la salud?, ¿cuál es la estrategia gubernamental para bloquear los contagios?, ¿hay planes para rastrear territorialmente los contagios y establecer cordones sanitarios?, ¿la institucionalidad pública opera coordinadamente y nutre sus decisiones con base en evidencia científica y en las mejores prácticas?, ¿qué hace este gobierno para eliminar la corrupción estatal y asegurar un proceso efectivo de vacunación masiva? Antonio Gallo, filósofo y jesuita, afirma que la corrupción es el antivalor de la responsabilidad que amenaza, en cada caso, la posibilidad de realización de una actividad digna en la libertad. La transparencia de la conducta asegurada por la responsabilidad es garantía de paz personal y de seguridad para la sociedad en la cual se vive.
El comportamiento positivo de algunos indicadores macroeconómicos de corto plazo contrasta con los casi 30,000 casos activos de covid-19 y revela que existe un mayor interés por parte del Gobierno en sostener el dinamismo de la economía, pero a costa de la salud de miles de ciudadanos. En mi interacción con jóvenes estudiantes y con profesionales puedo intuir que ellos también tienen el anhelo de mi generación y que son más firmes en vivir en un lugar seguro y ecológicamente sostenible, con políticas y mecanismos de protección social universal y con un sistema educativo de primera línea con oportunidades para todos. No obstante, mientras la sana política sea un bien escaso, no nos involucremos en vigilar el ejercicio público y no corrijamos al vecino por no respetar las medidas de bioseguridad, los gobernantes seguirán debilitando las instituciones y alentando la indignación.
Posdata. Al parecer, las manifestaciones recientes operan como incentivo para que el Gobierno declare el estado de prevención. Todas las medidas que este contempla se caracterizan por privilegiar mecanismos antidemocráticos, léase militarizar los servicios públicos, limitar la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, disolver por la fuerza toda reunión o manifestación pública que se realice sin autorización, disolver por la fuerza y sin necesidad de conminatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública de carácter violento… En estos tiempos, adoptar una postura de fuerza solo revela la debilidad política ante exigencias basadas en hacer cumplir, en último término, la Constitución de la República. La debilidad crece al desestimar la indignación que miles de ciudadanos tienen sobre los desaciertos y la inoperancia en el manejo de la pandemia de covid-19.
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