Jaguar Energy, un multimillonario negocio en riesgo

El mismo día que Energuate y Jaguar Energy anunciaron haber alcanzado un acuerdo utilizando el mecanismo de resolución de controversias para mantener vigente el contrato de suministro de electricidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), denunciaron la existencia de una estructura criminal organizada para proteger los intereses de Jaguar Energy, con el apoyo del Gobierno. La denuncia también se dio en el marco del conflicto entre Jaguar Energy y la empresa china CMNC que se dirime por medio de un arbitraje en una corte internacional en Singapur. Y es en este contexto legal que puede verse la intervención de la estructura. 

En esa estructura aparece la figura de César Medina Farfán, clave en el “Caso Redes” denunciado por la CICIG y el MP, que incluye a otra empresa en un caso separado: Zeta Gas. Medina Farfán es denunciado como intermediario o gestor en el caso de Jaguar Energy. Se le recuerda como asesor del expresidente Alfonso Portillo durante su administración, y vinculado a los bancos Promotor y Metropolitano, ya desaparecidos, propiedad de Francisco Alvarado Macdonald, financista de Portillo. Durante ese Gobierno fue señalado de negocios millonarios ilícitos por lo que Estados Unidos le retiro la visa al igual que a Alvarado Macdonald y al general Francisco Ortega Menaldo.

Otras dos personas acompañan a Medina Farfán en la estructura criminal denunciada. Se trata del representante de Jaguar Energy, Rafael Ernesto Córdova Macías, de origen salvadoreño y con nacionalidad estadounidense; y el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, y yerno del presidente Otto Pérez Molina. De acuerdo con la CICIG y el MP, el modo de operar de la estructura era que ante cualquier necesidad y protección de los intereses de Jaguar Energy Guatemala, Córdova acudía a Medina (operador externo de la estructura) para solicitar y/o transmitir a los funcionarios en la Secretaria General de la Presidencia y el Viceministerio de Energía y Minas las solicitudes de Córdova para “ejercer influencia, obtener información privilegiada, asesorar, coordinar o dar seguimiento a lo solicitado; todo a cambio de pagos o ventajas, disfrazados de consultorías ficticias entre testaferros de la estructura y Jaguar Energy.”

La CICIG y el MP determinaron que sin la ayuda que Córdova recibía del exviceministro  de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares —también detenido por este caso—, de Medina y de Martínez, Jaguar Energy no lograría cumplir el cronograma y la entrega de fases del proyecto de la empresa, venido a menos luego que el contrato con CMNC fuera rescindido.

Jaguar Energy es la empresa propietaria de la planta de generación eléctrica a base de carbón mineral, localizada en Tierra Colorada, Masagua, Escuintla, contigua a la comunidad de San Miguel Las Flores, y a 25 kilómetros del Puerto de San José, registrada en Guatemala a principios de 2008 y aún no está en funcionamiento. Es subsidiaria de la estadounidense Ashmore Energy International Ltd. (AEI). La planta, con un costo estimado inicial de US$750 millones, producirá 300 megavatios. Según lo planificado, la energía producida se venderá a Energuate, la distribuidora de electricidad más grande en Guatemala, subsidiaria del británico fondo de inversiones ACTIS. Energuate controla la distribución de energía eléctrica en 20 de los 22 departamentos del país, por medio de sus distribuidoras DEORSA y DEOCSA.

Según las investigaciones de la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, el gerente general de Jaguar Energy, Ernesto Córdova,  —prófugo de la justicia desde la semana pasada— tramó negocios ilegales con Gustavo Martínez , para favorecer a la transnacional mientras este último ejerció como Secretario General de la Presidencia.

En noviembre de 2007, DEORSA y DEOCSA lanzaron una licitación internacional con la intervención de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) por medio de la Resolución CNEE-126-2007 que aprobó las bases de licitación. El 5 de mayo de 2008, las distribuidoras celebraron un contrato de ”abastecimiento de potencia con opción de compra de energía eléctrica”, por un plazo de 15 años, a partir del 1 de mayo de 2012, con la transnacional Jaguar Energy LLC, que resultó ganadora de la licitación y para la cual se había constituido un par de meses antes.

Cuando se celebró el contrato DEORSA y DEOCSA pertenecía aún a la española Unión Fenosa (aunque meses después esta fue adquirida por la española, Gas Natural). En 2011, el fondo ACTIS adquirió los activos de Gas Natural Fenosa en Guatemala. Para operar en este país, constituyó una subsidiaria: Energuate, hoy propietaria de DEORSA y DEOCSA.

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Si bien el proyecto es producir 300 MW,  el acuerdo sería que Jaguar Energy venda 225 MW a Energuate, y los restantes 75 MW se distribuirían en 25 MW para consumo interno de Jaguar Energy, y 50 MW para comercializarlo con empresas privadas o para exportarlo por la red regional a Centroamérica. Aún se desconocen detalles sobre la posible comercialización con empresas privadas, que se supone también son comercializadoras que compran y venden en el mercado mayoritario. Sin embargo, es público que la planta de Jaguar Energy se interconectará a la subestación de Aguacapa, del INDE, por una red de 19 kilómetros de extensión, y quedará conectada al sistema de interconexión nacional. En El Salvador existe otra subsidiaria de AEI: Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., potencial compradora de energía de Jaguar Energy.

De Jaguar Energy, el financiamiento, y un “oscuro” negocio

El financiamiento aprobado en 2010  para la construcción de la planta de Jaguar Energy fue de US$350 millones, provenientes de un crédito sindicado otorgado por Banca de Inversión Bancolombia Corporación Financiera S.A. (BI Bancolombia) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Banca de Inversión Bancolombia logró estructurar este crédito luego de la crisis financiera de 2008. El proceso de financiación para el Proyecto Jaguar, fue bien recibido en aquel momento debido a  que se estructuró en sólo tres meses, en medio de la crisis financiera internacional desatada tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers Holdings, en 2008. En el financiamiento sindicado a Jaguar Energy participaron bancos comerciales y organismos multilaterales de carácter regional e internacional de Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Colombia.

El grupo de bancos que intervino fue Bancolombia y BCIE que aportaron US$66.5 millones; el Banco Industrial de Guatemala, con US$30 millones; el Banco General de Panamá, la Oficina de Representación de HSBC en Guatemala que gestionó con HSBC Panamá, contribuyendo ambos bancos con US$40 millones cada uno; G&T Continental de Guatemala y Banco Agrícola Mercantil de Guatemala, con US$20 millones cada uno; Banco Reformador de Guatemala y BICSA de Costa Rica, con US$10 millones cada uno. También participaron el Fondo de Capital Privado Banca de Inversión y Biba Inversiones de Capital fondos de inversión administrados por Bancolombia, que otorgaron US$47 millones.

En el crédito sindicado aprobado en 2010, participaron cuatro de los cinco bancos más grandes de Guatemala (el quinto, Banrural, no participó) y que reúne a lo más granado de la elite económica y financiera de Guatemala.

El crédito sindicado se logró luego de que Jaguar Energy fallara en lograr un crédito sindicado de US$445 millones, el cual fue negociado desde 2008 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con dos créditos Tipo A de US$60 millones y Tipo B de US$245 millones. Para el resto del crédito se negoció con BNP Paribas de Brasil, Mizuho Bank de Japón y Scotiabank  de Canadá. La crisis financiera de 2008 y las restricciones cada vez mayores al financiamiento de proyectos de generación eléctrica a base de carbón, fueron los factores que influyeron para que no se otorgara el crédito sindicado.

Una fuente cercana al caso asegura que el crédito del BCIE no habría sido usado por Jaguar Energy. En su Memoria de Labores de 2010, el BCIE indicó que el préstamo aprobado en febrero de 2010 fue de $70millones. El valor total de la sindicación ascendía para ese entonces a $758.3 millones. El resto del financiamiento, además de lo aprobado en el crédito sindicado (un crédito donde participan varias fuentes crediticias con aportes diferentes), provendría de negociaciones de AEI y de la empresa contratada para la construcción de la planta: CMNC, de la República Popular de China, que aportaría US$200 millones.

Pero todo el financiamiento restante está en la oscuridad. Jaguar Energy ha publicado que la inversión es de US$900 millones a la fecha. No está claro qué pasó con el crédito de BCIE, tampoco las fuentes de financiamiento ofrecidas por AEI, y qué pasará con el aporte de CMNC, cuyo contrato fue rescindido tras entrar en una batalla feroz con Jaguar Energy luego de supuestos incumplimientos de ésta que amenazaron a AEI con perder sus activos en la planta generadora, debido a los términos contractuales. El conflicto se dirime aún en Singapur. Igual, el financiamiento internacional lleva la mancha de HSBC con su escándalo desatado en febrero de 2015, producto de hacerse pública la llamada “Lista Falciani”, que comprende miles de clientes del banco con cuentas en Suiza, señalados de evasión fiscal.

La estructura de Jaguar Energy es la siguiente:

Fuente: Jaguar Energy.

Según la estructura accionaria conocida, así se compone el conglomerado al que pertenece Jaguar Energy:

Fuente: Jaguar Energy.

Los intereses locales en Jaguar Energy

La aprobación del proyecto de Jaguar Energy fue justificado y avalado por el Gobierno y el Ministerio de Energía y Minas, a partir de la creciente demanda de electricidad en Guatemala, el proceso de electrificación y el surgimiento de grandes proyectos de inversión que requerían electricidad bajo la garantía de un suministro continuo y de bajo precio.

Los agronegocios y la industria extractiva eran parte de esa demanda. En este tiempo, las plantas de generación eléctrica a base de carbón comenzaban a ganar terreno debido a que, junto a las hidroeléctricas, representan la generación de menor costo, de más rápido retorno de capital y de grandes márgenes de ganancias.

En el caso de Jaguar Energy, la planta operará con carbón y coque de petróleo (un sólido carbonoso derivado del petróleo). Inicialmente se planificó la importación del mineral desde Canadá o Estados Unidos. A la fecha se desconoce si provendrá de esos países o de otros como Colombia, que es el mayor exportador de carbón mineral a Guatemala.

Uno de los compromisos de Jaguar Energy con el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el de la reducción de emisión de CO2 (dióxido de carbono). El carbón es considerado la materia prima de generación eléctrica más contaminante en el mundo. Por eso, sigue en duda si bajo los actuales marcos jurídicos e institucionales débiles que rigen las regulaciones ambientales en Guatemala será posible regular de la reducción de emisiones contaminantes.

El proyecto Jaguar Energy tiene muchas especificaciones técnicas al respecto, y se ha publicitado como “amigable” al ambiente. Uno de los aspectos promovidos es que las dos plantas que operan con búnker C en barcazas de la empresa Puerto Quetzal Power, S.A., la cual es propiedad de AEI, reduzcan su generación y altas emisiones de CO2 que producen. Esta es una empresa fundada en 1992 por la estadounidense Enron, con un 50% de participación; la empresa de agronegocios y electricidad King Ranch Inc. de Estados Unidos, tuvo el otro 50%. En 2000, la inglesa Commonwealth Development Corp. (CDC) adquirió 25% de la participación.

En 1993, Puerto Quetzal Power firmó un contrato de suministro de electricidad a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), por más de 200 MW. Fue el primer firmado y la primera empresa en instalarse en Guatemala en el marco del proceso de privatización del sector eléctrico iniciado por el gobierno de Jorge Serrano Elías. De esa manera, el control del mercado que tenía el estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE), de 90% a 1992, se redujo a 30% actual.

La asesoría legal de Jaguar Energy está a cargo del bufete de abogados Asensio, Barrios, Andrade & Asociados, que representa a varias transnacionales en el país, entre ellas a la minera Montana Exploradora. En ese bufete destaca el abogado Jorge Ernesto Asencio Aguirre, presidente. Asencio Aguirre, además de ser representante legal de las mineras Montana Exploradora, Entre Mares, Minera San Rafael y Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), también fue el abogado y representante legal de la transnacional eléctrica ENRON Guatemala. Asensio Aguirre ha sido gerente de la comercializadora Poliwatt, S.A., una subsidiaria de Puerto Quetzal Power, ambas propiedad de ENRON hasta 2003 cuando quebró. Tras la quiebra de ENRON, esas empresas fueron adquiridas por AEI a través de su subsidiaria AEI Guatemala, S.A., de la cual Asensio Aguirre también ha sido gerente, y que suministra electricidad a EEGSA. AEI Guatemala fue registrada en Guatemala en 2000.

Estos son los poderosos intereses económicos detrás de Jaguar Energy y el negocio de su proyecto generador. El descalabro que hubiera significado que la china CMNC se hiciera de los activos de Jaguar Energy fue, quizá, el motivo principal de lo que hoy la CICIG y el MP han destapado como el “Caso Redes”.

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La CNEE, hasta ahora sigue sin pronunciarse sobre las pesquisas y las primeras acusaciones de CICIG y MP. Se supone que legalmente es la responsable de intervenir para dirimir los problemas como el que Jaguar Energy y CMNC manifestaron. Según la CICIG y el MP se determinó con relación al conflicto que Jaguar Energy Guatemala tuvo con una empresa constructora china, y que Gustavo tuvo información y coordinación con la Dirección de Migración e incidió en las acciones que se tomaron en un conflicto migratorio de la misma empresa; y para obtener información privilegiada a favor de la empresa.. Quizá la falta de acción de Martínez condujo a que el conflicto se “resolviera” por “mecanismos” fuera de los órganos jurisdiccionales. A la postre, la Presidencia de la República, vía Gustavo Martínez y Edwin Rodas Solares, ha sumado una mancha más al tigre; en esta sucesión de casos que se han ido acumulando relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias.

Presentación pública de CICIG y el MP. 

Nota de edición: (19:47 15/07/15) En el original, por error, se decía que dos plantas de la empresa Puerto Quetzal Power son de carbón. En realidad, operan con búnker C. Lamentamos el error.