Jimmy Morales, de las llamas a las brasas

Un centenar de diputados de diferentes bancadas, credos e intereses se aliaron con el partido oficial para proteger al presidente Jimmy Morales de los peligros que le conllevarían una investigación penal por el supuesto delito de financiamiento electoral ilícito. Diversas fuentes dentro del Legislativo atribuyen a Hernández el triunfo por haber sido “el negociador” de las votaciones en las que la mayoría de diputados rechazaron la petición del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de retirar la inmunidad al mandatario.

En la primera votación, en la que se preguntó a los diputados si estaban a favor de retirar la inmunidad al presidente, faltó un voto para lograr el objetivo: 104 favorecieron a Morales, 25 votaron en contra, y el resto de los 158 legisladores no estuvo presente en la sesión o no votaron. El resultado le mantenía la prerrogativa.

Hubo entonces una segunda ronda para saber cuántos estaban en contra de retirarle la inmunidad: 99 votaron que no querían retirársela, y 28 que sí.

Las votaciones se realizaron con base en el dictamen emitido “por consenso” por los diputados que integraron la comisión pesquisidora, en el que sugirieron al pleno despojar de su inmunidad al presidente. Consenso que rompieron al momento de ratificarlo: de los cinco diputados que conformaron la comisión pesquisidora, sólo Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), votó a favor de quitarle el antejuicio al mandatario. Las diputadas Eva Monte, de Alianza Ciudadana, y Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador, lo hicieron en contra. Gabriel Heredia, de la UNE, y Juan José Porras, del partido Visión con Valores, se ausentaron del pleno.

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Hernández, jefe de la bancada del FCN-Nación, gritó, rio, aplaudió y saltó de la emoción al finalizar la segunda ronda, en la que vio cristalizado su esfuerzo de la última semana.

Pero el triunfo de Morales ha sido sólo parcial. Debido a que en ninguna de las dos rondas de votación obtuvieron los 105 que ordena la ley para alcanzar la mayoría calificada, el expediente fue engavetado en la Dirección Legislativa. Ahora, duerme a la espera de que en cualquier momento un diputado lo desempolve y someta de nuevo a la votación del pleno si, por cualquier motivo, la correlación de fuerzas llegara a cambiar en el Parlamento o lo acuerdos negociados por Hernández y compañía no llegaran a honrarse.

“El presidente tiene la espada de Damócles en el cuello”, señaló con ironía el diputado Mario Taracena, de la UNE.

Las autoridades del Congreso impidieron el ingreso a los activistas que llegaron a manifestarse a favor de que le fuera retirada la inmunidad a Morales. “No pueden ingresar; sus nombres no están en la lista”, le indicaron los miembros de la seguridad del Palacio Legislativo a quienes intentaron entrar, sin explicar quién o cuándo hizo la lista. En ella solo figuraban los nombres de unas 50 personas que portaban carteles que denunciaban un “golpe de Estado” y lanzaban consignas a favor de Jimmy Morales y en contra del “intervencionismo extranjero” y la “izquierda comunista”.

Aunque nadie pone en duda el liderazgo de Hernández en las negociaciones, algunas fuentes aseguran que el apoyo del sector privado organizado fue vital para proteger a Morales, y que la distribución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para 2018 fue la moneda de cambio. “Le pido a la población que esté atenta a la forma en que se aprobará el presupuesto. Vean cómo seguirán acá las negociaciones y quiénes están apoyando a Jimmy”, dijo la diputada Sandra Morán de la bancada de Convergencia.

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Un diputado de la UNE que pidió no ser citado, aseguró que “los empresarios operaron a favor del presidente para garantizar influencia en el presupuesto que se asignará al Ministerio de Comunicaciones”, y que esto se concretará el próximo mes durante la celebración del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) que organizado la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el cual girará sobre infraestructura.

También pesó —aseguran las fuentes— la animadversión de una gran mayoría de diputados en contra de la Cicig, por el temor a ser implicados en las investigaciones que la comisión y el MP realizan por casos de corrupción. “Hay quienes tiemblan cuando escuchan las palabras Cicig y Odebrecht juntas”, se mofó un legislador, en alusión al mega caso de corrupción internacional.

Otros diputados aludieron a supuestas negociaciones con las bancadas del Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana y Todos, para favorecer en el presupuesto a entidades, municipios y organizaciones donde esos partidos tienen influencias e intereses. El proyecto del presupuesto para 2018, por un monto de Q87,900 millones, fue entregado al Congreso el pasado 1 de septiembre para su discusión y aprobación, previo al dictamen que deberá rendir la Comisión de Finanzas y Moneda, la cual es presidida por el diputado de FCN-Nación, Evin Admin Maldonado.

“El presidente cayó de las llamas a las brasas. Quizá no llegue a ser investigado por financiamiento ilícito, pero tendrá que pagar todos los favores y lealtades que pidió, empezando por las de su propio partido”, indicó un diputado de la UNE. “Nosotros mismos pagaremos el costo de estar divididos y no haber votado en bloque”, agregó.

Se intentó obtener la versión de Javier Hernández, pero no respondió las llamadas a su móvil. Su asesor, Otto Campos, indicó que no estaba en disposición de promover una entrevista.

Por medio de un comunicado de prensa, el presidente Morales señaló que “con la decisión asumida por el Congreso, se demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos del Estado actúan”, e hizo un llamado “para que evitemos las confrontaciones políticas e ideológicas”. Desde el 23 de agosto, cuando se conocieron las intenciones del gobierno de expulsar del país al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, Morales se ha negado a hablar con los periodistas. Y aunque su portavoz Heinz Heimann ha ofrecido un par de escuetas ruedas de prensa, no ha ahondado sobre los hechos que llevaron al MP y la Cicig a pedir el antejuicio en contra del mandatario por el supuesto financiamiento ilícito que habría recibido el FCN-Nación durante la campaña electoral de 2015.