Jimmy se va quedando solo

Apenas sigue siendo respaldado por una parte todavía no bien definida del Congreso, los altos mandos del Ejército, una porción corrupta o muy conservadora del sector privado que piensa que se está armando un escenario propicio para el avance de la izquierda y personas afines a la Fundación contra el Terrorismo y la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua), que lo apadrinaron para que llegara al poder. Y los exfuncionarios, empresarios, militares y políticos (y sus respectivos círculos) detenidos y procesados por delitos de corrupción, a los que les une la animadversión y la táctica en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por haber iluminado las estructuras criminales que crearon dentro del Estado para enriquecerse.

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El pasado jueves, cuando abordó el avión que lo llevó a Nueva York para reunirse con el Secretario General de las Naciones, Morales ya sabía —por advertencias de algunos miembros de su Gabinete y diplomáticos— que si pedía la destitución de Iván Velásquez al frente la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), se iría quedando paulatinamente solo. Pero pudieron más los consejos del reducido grupo de asesores que le hablan al oído. El domingo, por medio de un vídeo casero publicado en las redes oficiales del Gobierno, el Presidente declaró non grato a Velásquez y ordenó su expulsión inmediata del país. Antes de dar a conocer su decisión, destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, y al primer vicecanciller, Carlos Ramiro Martínez, que, según fuentes oficiales, “hasta el último momento” trataron de persuadirlo. La cartera de Relaciones Exteriores fue ocupada de inmediato por Sandra Jovel Polanco, una internacionalista con un proceso penal abierto por una supuesta adopción ilegal. La segunda vicecanciller, Ana María Diéguez Arévalo, renunció al cargo entrada la noche del domingo.

#NonGrato @jimmymorales declaró non grato a @ivan_velasquez. Un amparo presentado anoche puede restarle validez. https://t.co/iOjtnqId7Y pic.twitter.com/696C7URxZY

— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT) 27 de agosto de 2017

La decisión de Morales, revertida horas más tarde por la Corte de Constitucionalidad (CC), le sirvió, por otra parte, para medir sus apoyos. La ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y sus viceministros, llegaron personalmente a la Secretaría General de la Presidencia a entregar la carta de renuncia, en la que le reprochaban por asumir “una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país”. Lo mismo hizo minutos después el presidente de Instituto de Fomento Municipal y comisionado presidencial en materia de desarrollo urbano, Enrique Godoy García-Granados.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas dijo que se mantendrá en su cargo “para preservar la institucionalidad”, mientras garantizaba su apoyo a la Cicig. El titular de la cartera de Gobernación, Francisco Rivas, emitió un comunicado en el que informaba que seguirá trabajando junto con sus viceministros para mantener “la paz, la seguridad y Estado de Derecho”, y, en un momento propicio para las adhesiones personales como las del Ministerio de Defensa, que manifestó estar a las órdenes de su Comandante en Jefe, añadió que ha instruido a todas las dependencias para que continúen al servicio “de todos los habitantes del país”. El resto de miembros del Gabinete no se pronunciaron, aunque según dos fuentes del Ejecutivo, “la mayoría de Ministros está inconforme”.

Contundentes en manifestar su apoyo al comisionado Velásquez, y pedir a Morales dar marcha atrás con la decisión, fueron el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; el Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos; y la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, entre una larga lista de embajadores, miembros de organismos internacionales, senadores y representantes estadounidenses, académicos, organizaciones sociales, empresariales, religiosas, indígenas, políticas y culturales.

El del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) fue uno de los pocos mensajes en que una organización civil evitó mencionar el papel de Velásquez y optó por una defensa  de la lucha contra la corrupción como prioridad “no negociable” y un llamado más o menos teledirigido a abandonar todo interés personal y concentrarse en el nacional.

Seis horas después de declarar “non grato” a Iván Velásquez y expulsarlo del país, Jimmy Morales se encontraba mucho más solo que cómo estaba el miércoles, cuando se filtró a la prensa su intención de deshacerse del comisionado. “Está descompuesto y nervioso”, dijo una fuente cercana a su círculo.

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Morales sabía desde hace varios meses que el Ministerio Público (MP) y la Cicig investigaban a su partido por un supuesto caso de financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015, y que esa investigación podría llegar hasta él por haber sido el secretario general del FNC-Nación y su representante legal. En lugar de preparar una estrategia de defensa para desvirtuar los posibles señalamientos, su más cercano círculo de influencia “le hizo creer que se trataba de un plan para derrocarlo”, dice una fuente del Ejecutivo, que el proceso judicial iniciado en contra de su hijo José Manuel Morales y su hermano Sammy Morales, eran parte de trama, y que “la única opción posible era destituir a la fiscal general (Thelma Aldana), y forzar la salida de Velásquez”.

El “círculo de influencia” al que con más frecuencia se refieren las fuentes lo integran los militares retirados Ricardo Bustamante, Edgar Ovalle (prófugo de la justicia desde marzo pasado), Armando Melgar Padilla y Mario Aragón Paredes; el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría Privada, Eduardo Andrés Castro Montejo; y Allan Martínez Montt, anterior colaborador de Manuel Baldizón. También mencionan a “un embajador de larga data” dentro del cuerpo diplomático guatemalteco, que no identifican, y dos personajes más “que no forman parte del gobierno”, que tampoco fueron identificados.

Al regresar de Nueva York, el sábado por la noche, a Morales lo esperaban en las afueras de Casa Presidencial cientos de ciudadanos que manifestaban apoyo a Iván Velásquez y condenaban las, hasta entonces, supuestas intenciones del Gobierno de deshacerse del comisionado de la Cicig. También lo esperaba una noticia “que le hizo entrar en cólera”, según dos fuentes. Sus asesores le aseguraron que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) gozaban del apoyo de los 105 diputados que se necesitan para retirarle la inmunidad por los señalamientos que el MP y la Cicig habían hecho un día antes en su contra, y que “no sólo sería procesado, sino que también sería derrocado”. Miembros del Gobierno sospechan que le aconsejaron declarar non grato al Comisionado, y denunciar su intromisión en la soberanía del país, como única opción para evitar el golpe de Estado.

El Acuerdo Gubernativo ya estaba preparado; el comunicado de prensa para anunciar la decisión (que nunca se divulgó) ya estaba redactado. Solo faltaba firmar el acuerdo. En el último momento decidieron grabar un vídeo para anunciar la medida.

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La orden de Morales de expulsar a Velásquez apenas estuvo vigente durante cuatro horas. En una votación dividida —tres magistrados contra dos— la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a dos miembros del grupo #JusticiaYa en contra de la decisión presidencial. Por la noche, la CC resolvió en el mismo sentido otros dos amparos interpuestos por el abogado Alfonso Carrillo y el Centro para la Acción Legal Ambiental y Social (Calas). Los magistrados Neftalí Aldana y Dina Ochoa Escribá —esta última designada en el cargo por el presidente Morales en marzo de 2015— razonaron sus votos en contra de conceder los amparos. El primero alegó motivos de forma. La segunda, desacuerdo con el fallo.

Aunque la decisión del gobernante quedó sin efecto desde la mañana, por la tarde, miles de personas se congregaron en la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia de Morales y manifestar apoyo a Velásquez. Mientras tanto, en las afuera de la sede de la Cicig, en la zona 14 de la capital, coincidieron dos grupos de ciudadanos con diferentes intenciones: unos repudiaban a Velásquez y exigían que se cumpliera el deseo del Presidente de expulsarlo del país, y otros se congratulaban con el trabajo de la comisión y expresaban apoyo a Velásquez. La escena en ese lugar era de una Guatemala dividida y confrontada, llena de tensiones y señalamientos mutuos, pero sin violencia física.

Durante todo el domingo, un sereno y sonriente Iván Velásquez, vestido de beige y celeste, recibió a decenas de embajadores y líderes sociales, que llegaron a manifestarle solidaridad a la sede de la Cicig. La fiscal Thelma Aldana, quien el jueves advirtió que renunciaría al cargo si se pedía la dimisión del comisionado, dijo que seguiría al frente del Ministerio Público tras conocer del amparo otorgado por la CC.

Morales, por su parte, no se pronunció con respecto al revés que derivado de que la CC dejara sin efecto su declaratoria. A media tarde del domingo, en un mensaje a la nación de nueve minutos —esta vez sí producido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia— ratificó su disposición de expulsar a Velásquez del país. Aseguró que la ley no le obliga a explicar los motivos de su decisión, pero enumeró tres de ellas: por lealtad a la Patria; porque el comisionado abusó de su mandato y violó la soberanía nacional al presionar al Congreso para que aprobara las reformas a la Constitución (que el mismo Morales presentó ante el Parlamento); y porque Velásquez violentó el debido proceso y el derecho de defensa de los sindicados en los diversos casos, al informar los detalles de éstos en los medios de comunicación.

Luego hizo un pedido y una aclaración: “Pido al pueblo su confianza ante una decisión de esta envergadura. Les garantizó que actúo por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad, y no, como se les está haciendo creer, por razones personales. He sido respetuoso de la ley y lo sigo siendo, como seguramente quedará demostrado tras esta decisión de Estado. Dios les bendiga”.