Juzgar los crímenes del conflicto armado o morir en el intento

Un dictador anciano y enfermo, postrado en cama, acusado de genocidio y asesinato. Un kaibil al que se acusa de participar en una masacre que arrasó una comunidad entera de campesinos. Ocho militares responsables de un destacamento en el que fueron sepultadas decenas de personas en fosas clandestinas. Cinco miembros de la Inteligencia Militar señalados de desaparecer a un menor y detenido, violado y torturado a la hermana de este.

Son algunos de los casos, relacionados con el conflicto armado, que en 2017 se mueven en la torre de tribunales: Dos Erres (genocidio y masacre); Zona Militar 21, conocida actualmente como Creompaz; y Marco Antonio y Emma Guadalupe Molina Theissen.

Casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento armado, que están varados en los juzgados de mayor riesgo y tribunales de sentencia, en la antesala a la confrontación de la verdad, de la justicia y de la historia.

Todos presentan retrasos en sus ejecuciones judiciales, ya sea por recursos de los defensores de los acusados y de los fiscales y querellantes, por amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) o por impasses en los tribunales. Los cuatro tribunales de sentencia de mayor riesgo son presididos o están integrados por jueces que ya conocieron procesos contra algunos de los imputados o incluso resolvieron en los mismos casos que ahora tienen protagonistas distintos, como Dos Erres.

La justicia transicional en 2017 se ha topado con un común denominador: una administración de justicia errática y deficiente para todas las partes involucradas en los procesos.

1. La comunidad que desapareció del mapa

El proceso contra el expresidente de facto Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio en los casos ixiles y del poblado de Dos Erres, se encuentra en el limbo. Los entes de investigación y de la administración de justicia del país han sido testigos de cómo ha mutado el nonagenario, desde diciembre de 2011 cuando se presentó al Ministerio Público a conocer las investigaciones en su contra. En casi siete años, pasó de entregar la curul que ocupaba en el Congreso, ser condenado y absuelto con buen estado de salud, a tener enfermeras 24 horas al día en casa por su estado avanzado de demencia senil.

Ríos Montt está acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad de 1,761 personas del triángulo ixil y tiene otro juicio pendiente también por genocidio, deberes de humanidad y alternativa de asesinato, por la masacre de 201 personas en el parcelamiento de las Dos Erres.

En marzo de este año, la juez contralora de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, envió a juicio al exdictador, pero el caso aún tiene un recurso pendiente. Sobre este recurso, la auxiliatura del juzgado se negó a detallar información ­–una práctica constante en cada uno de los procesos que lleva–.

“La justicia tardía evitó que Ríos Montt fuera juzgado de forma ordinaria, como cualquier persona y con ello evitó la cárcel”, apunta el director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Édgar Pérez Archila.

Por la masacre de Dos Erres, donde ya han sido condenados cuatro kaibiles entre 2011 y 2013, también está pendiente de ir a juicio el conductor de la Escuela Kaibil, Santos López Alonso, a quien el MP le imputa cargos de asesinato, incumplimiento de deberes de humanidad, así como el secuestro y alteración de la identidad de un menor.

A diferencia de los demás procesos que se han movido este año, el de Santos López no ha presentado mayores trabas mediante acciones legales de acusadores y defensores. Pero hay un impasse desde el 2 de junio, cuando fue decretada la apertura a juicio y se ofrecieron las pruebas, pues no está listo el tribunal de sentencia. El que le correspondería sería el de Mayor Riesgo grupo A, presidido por Yassmin Barrios, quien ya conoció y dictó sentencia contra otros kaibiles. Mientras los tribunales de sentencia B, C y D, cuyos presidentes son Jeanette Valdés, Pablo Xitumul y Sara Yoc Yoc, también conocieron procesos de la misma masacre. Quedará esperar que resolución toma la CSJ sobre a dónde trasladar los casos.

2. La zona militar de la muerte

Hasta hace cinco años, a 15 minutos del parque central de Cobán, Alta Verapaz, dentro de las instalaciones de Creompaz, la antigua Zona Militar 21, el Ejército escondía 565 cuerpos de víctimas de diferentes masacres ocurridas entre 1981 y 1988. Eran niños, ancianos, mujeres y hombres, muchos de ellos atados de pies y manos, vendados de ojos y amordazados.

Tras el destape mediático del caso, previo a que el presidente Jimmy Morales fuera investido en enero de 2016, ha habido un cúmulo de acciones legales de fiscales, querellantes, defensores y hasta de la propia juzgadora, también Claudette Domínguez, que han puesto en riesgo el futuro del proceso.

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Están acusados los militares Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar. Mientras que se encuentran prófugos nueve oficiales más, encabezados por el exdiputado Édgar Ovalle.

La auxiliatura del juzgado A de Mayor Riesgo, presidido por Domínguez, tampoco ofrece información sobre las acciones que detienen el proceso debido a que el expediente se encuentra bajo reserva, y se limita a indicar que “existen cinco amparos de ambas partes” contra la apertura a juicio.

Uno de ellos es el que presentó el abogado Moisés Galindo para que su cliente, el coronel Carlos Augusto Garavito Morán, fuera desligado del proceso por ser una persona de la tercera edad. El amparo fue rechazado el 10 de agosto pasado.

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Existe también un amparo para incluir los planes militares y manuales de guerra contrasubversiva, que fueron ignorados por la jueza ya que los consideró secreto militar. También un amparo que pide la inclusión como querellante de la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi).

De confirmarse la apertura a juicio, al igual que en el caso Dos Erres, la conformación del tribunal de sentencia correría el riesgo de ser impugnado, debido a que la presidenta del mismo, Yassmin Barrios, ya conoció el proceso que desencadenó el descubrimiento de las fosas: la masacre del Plan de Sánchez, ocurrida en julio de 1982 y por la cual en marzo de 2012 condenó a 7,710 años de prisión a cuatro expatrulleros de autodefensa civil y a un comisionado militar.

3. La ausencia interminable

El caso por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la detención, violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe, estuvo detenido por un error casi absurdo: el juez Victor Hugo Herrera se equivocó y confundió a la madre, Emma Theissen Álvarez, con su hija Emma Molina Theissen. Este error logró que la madre no fuera aceptaba como querellante. Hasta el pasado 25 de julio, cuando se celebró una audiencia pendiente desde marzo, se resolvió su inclusión.

Este caso tiene además tres amparos sin resolver. Uno de ellos fue planteado por los tres sindicados, Manuel Antonio Callejas, Hugo Ramiro Saldaña y Benedicto Lucas García, contra el auto de apertura a juicio.

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 Ni pronta ni expedita

En cada nivel de la Torre de Tribunales, en las áreas de descanso de las escaleras o incluso dentro de cada oficina, se encuentran impresos tres afiches institucionales del Organismo Judicial: la misión, la visión y los principios. Estos hablan de que se debe “garantizar el debido proceso”, ser un organismo con “credibilidad y aprobación social”, que vele por “la tramitación oportuna”, bajo principios de “transparencia, integridad, eficiencia, eficacia y efectividad”.

Pero los tres casos del conflicto armado, sin contar los expedientes de la corrupción destapada en 2015, coinciden en los retrasos, las dudas y las deficiencias en resoluciones, trámites y apelaciones.

El presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad y juez de Sentencia Penal de Amatitlán, Jorge Haroldo Vásquez Flores, no duda en asegurar que “el sistema actual está colapsado”. Explica que es común encontrar juicios con más de 10, 20, 30 o 40 personas y, se han visto decenas (o hasta un centenar) de abogados defensores. “Si una misma persona tiene cinco, seis o siete procedimientos en su contra, toma mucho más tiempo”. Al juez Vásquez le preocupa “el abuso o uso inadecuado de los medios de impugnación y del amparo”. Ahí es donde confluyen los tropiezos judiciales, lo que queda en evidencia en los procesos del conflicto armado.

“En casos de justicia transicional vemos que se limita el actuar por la complejidad de las acusaciones y los amparos que presentan los sujetos procesales, además del proceso de investigación de casos que tienen 30 o 40 años”, apunta el juzgador.

Una solución es la reforma al Código Procesal Penal, “mejorar los procedimientos para que sea adecuada a este tipo de procesos. Podríamos poner a un juez de cuatro o cinco procesos máximo. Si existe una cantidad de casos limitada, podría haber más celeridad”, dice.

La clave, añade, es que los temas de mayor riesgo “no deben pasar solo por cuatro jueces contralores o tribunales de sentencia, sino por el hecho de que debería de existir algún juez que conozca determinados procesos sin que se acumulen otros”.

Plaza Pública intentó entrevistar a la presidenta de la Cámara Penal, la magistrada Delia Dávila, sobre los planes para promover las providencias y acelerar el acceso a la justicia. Pero pese a las múltiples insistencias en su despacho y vía telefónica, no contestó.

El abogado Moisés Galindo indica que buena parte de la problemática es la prueba, en la etapa intermedia. “Cuando van a mandar a juicio, todo el mundo lo que necesita es esa arma para defenderse o para que no haya duda de que la tesis de sindicación es la correcta. Pero los jueces actúan de forma discrecional y la única forma de que una prueba sea aceptada es por medio del amparo. Y en Guatemala los amparos son muy tardados”.

Según Galindo, no importa cómo empieza o se desarrolla el proceso, sino la clave son las pruebas con las que se contarán para defender o acusar durante el debate. “Al final de cuentas, un amparo ante la CC puede finalizar con el proceso”, afirma. “Pero ya no hay justicia pronta y expedita”, considera.

Lo que se constató la primera semana de agosto, durante la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión observó durante su estancia en el país un “uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en los procesos, solicitudes de amnistía y la prescripción como tácticas para proteger a los acusados”. También recibió información sobre “dificultades en el acceso de información del Ministerio de Defensa”, así como la “falta de una acción de la Policía Nacional Civil en hacer efectivas órdenes de captura dictadas por jueces desde hace varios años”.

La CIDH, en un comunicado que publicó el 4 de agosto, le recuerda al Estado de Guatemala “su obligación de investigar de manera pronta, imparcial y efectiva las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Es responsabilidad del Estado adoptar las medidas administrativas o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que puedan contribuir a la denegación de justicia e impunidad u obstaculicen los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables”.

Al respecto, emitió recomendaciones en diversos temas, entre los que destacan “redoblar esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y garantizar investigaciones prontas, serias e imparciales en dichos casos”.

Édgar Pérez añade que el propio Organismo Judicial en sus estatutos “indica que debe velar por la justicia sea pronta, cumplida y bien administrada”. La propia Constitución, en su artículo 207, “habla de justicia pronta y cumplida. Y la CSJ, insiste, “manda que haya credibilidad y confianza en el proceso. Todo ese marco trata de impedir el uso abusivo que enreda los casos”.

Con todo escrito, con las recomendaciones internacionales explícitas, con la legislación establecida, los procesos deberían tener celeridad. Al contrario, las resmas de documentos se apilan y las víctimas se vuelven blanco del sistema judicial. El círculo de impunidad sigue vigente.