El análisis del área política de la ANC demuestra lo visionarios que fueron los autores de esta, ya que se intentaba crear mejores condiciones para el desarrollo de la cultura democrática, la profundización de la democracia representativa, la modernización del sistema de partidos políticos, la reducción de la influencia de los poderes fácticos en los partidos políticos y el fomento de la construcción de ciudadanía. Todo el evento intentó demostrar cuán vigente siguen siendo estos ideales y objetivos plasmados en la ANC, pero también lo ineficaces que han sido los mismos representantes partidarios en impulsar las acciones que se derivan de ese excelente instrumento.
Para empezar, la crisis institucional que se vivió intensamente en este 2015 no habría ocurrido y muchos de los males y conflictos que han surgido desde el año 2003 se habrían evitado si desde que se hizo pública la ANC se hubieran implementado al menos la mitad de sus considerandos. Lo paradójico es que la misma suerte han tenido otros esfuerzos por concertar y delinear un futuro mejor. El último de esos esfuerzos fue elaborado en el malogrado gobierno de Otto Pérez Molina, la agenda de desarrollo K’atun 2032, que probablemente seguirá el mismo destino de la ANC: convertirse en un documento valioso como intención, pero completamente inútil para influir en la política nacional.
¿Qué misterioso mal es el que corrompe y transforma cualquier buena iniciativa en Guatemala? ¿Qué deberíamos hacer para superar el caduco e insatisfactorio sistema partidario y lograr que este transite hacia una realidad diferente?
Al final de la noche lancé una provocación que desde hace rato viene rondando mi cabeza: si tomamos en cuenta el peso personalista que tiene la política y la forma como las personas con liderazgos carismáticos son más importantes que las reglas formales y las instituciones, fácilmente podemos apreciar que el modelo institucional que se estabilizó en Guatemala es lo que Max Weber llamó «patrimonialismo», pese a que muchas leyes y discursos formalmente lo niegan.
El escepticismo de muchos ciudadanos y analistas que afirman que aprobando leyes no se resuelve el problema se explica en que las leyes y declaraciones combaten formalmente el patrimonialismo, pero secretamente lo alientan y validan gracias a una variedad de recursos. El principal de ellos son las sutiles contradicciones que se instalan en el corazón de las leyes para favorecer una amplia discrecionalidad política, especialmente cuando se logra nombrar actores que responden a la misma lógica patrimonial del gobernante de turno.
Si entendemos esta marcada tendencia política en la cual los líderes son más importantes que las instituciones, el sistema político guatemalteco tiene un grave fallo: instaló la no reelección del presidente. Y es que la institucionalidad formal solo es una fachada que esconde la institucionalidad informal. ¿Una prueba fáctica? El fenómeno Arzú en la Municipalidad de Guatemala.
(Continuará).
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