La carretera de Cementos Progreso

En San Juan Sacatepéquez no hay visos de que la conflictividad social originada por la oposición de los pobladores a la planta que Cementos Progreso instalará en la finca San Gabriel, se resuelva. Más bien, todo apunta a la agudización de un problema que el Estado no ha podido resolver desde que inició en 2006. El nuevo capítulo se inscribe alrededor de la construcción del tramo del anillo periférico regional que pasará por ese municipio, el cual será financiado por la cementera, un proyecto que además de beneficiar a los vecinos le permitirá contar con una vía de acceso rápida y moderna que le permita movilizar su producción.

Hace dos semanas representantes de las doce comunidades kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez y el Gobierno, iniciaron una nueva mesa de diálogo para buscarle soluciones al problema, pero, al igual que ocurrió en 2008, cuando se instaló la primera mesa de diálogo, esta vez tampoco hubo avances.

La oposición de los pobladores a la construcción de la planta cementera en sus vecindades, así como a la construcción de la carretera que formará parte del anillo periférico regional, tiene razones ecológicas y políticas. Por un lado, se contaminarán los afluentes de agua del municipio, asegura Mauro Cosajay, representante de las doce comunidades kaqchikeles. Y por el otro, agrega, se irrespeta el derecho a la consulta a los pueblos indígenas para ejecutar proyectos en sus territorios originarios, tal como está establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En ningún momento nosotros somos consultados, y esa carretera pasa en medio de tres comunidades: el caserío los Pajoques, El Pilar II y Santa Fe Ocañas. El otro problema es que hay varios nacimientos de agua, hay un río que cruza la carretera. Nosotros somos eminentemente agricultores, y todo esto va a desaparecer por el constante movimiento de todos los trailers que transportarán el cemento que se produce en la finca San Gabriel”, explica Cosajay.

El anillo periférico regional, un proyecto que consiste en la unión de diferentes tramos viales para lograr una ruta que circunvale el área metropolitana, pasará justamente por el kilómetro 38,5 de San Juan Sacatepéquez, delante de la finca San Gabriel donde se está construyendo la planta de Cemento Progreso que se prevé sea inaugurada en el año 2017.

En 2010 Cementos Progreso llegó a un acuerdo con el Gobierno mediante el cual la cementera se comprometió a construir 14,5 kilómetros de carretera y cederla cuando esté concluida para que pueda utilizarse como parte del este anillo periférico regional, que contará con un total de 402 kilómetros.

Además de la ruta de Cementos Progreso, sólo falta concluir dos tramos para que el anillo esté finalizado: el que conduce de Chuarrancho a Sanarate, de 32 kilómetros; y el que lleva de Santo Domingo Xenacoj a San Juan Sacatepéquez, un total de 22 kilómetros.

El viceministro de Comunicaciones, Miguel Cabrera Gándara, indica que la participación de Cementos Progreso en la construcción de esta carretera, forma parte de una alianza público-privada, motivada por la falta de recursos del Estado para satisfacer todas las necesidades viales del país.

El funcionario reconoce que la empresa se beneficiará con la carretera, pero asegura que la vía será una oportunidad de desarrollo para todos los pobladores de la zona.

“Ellos (la cementera) entiendo que tienen su planta, que la quieren desarrollar, pero es parte de que no solo a ellos les va a beneficiar”, explica Cabrera.

La carretera, justifica el viceministro llevará “un desarrollo increíble a todos los productores” de la zona. Y, agrega, “van a tener una carretera que les va a permitir ser más competitivos porque van a ganar tiempo”

María Olga Rosales de Valdez, gerente de Comunicación de Cementos Progreso, dice que la obra, que es ejecutada por la Constructora Nacional, S.A. (CONASA), tendrá un costo total de Q165 millones, y actualmente está en la fase de movimiento de tierras.

El Estudio de Impacto Ambiental ya fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y la compañía ha adquirido el 98,5% de los terrenos por donde pasará la carretera. Esto supondría un trayecto de 14,28 kilómetros ya comprados y solo faltarían 22 metros para poder tener todo el derecho de vía libre, precisa Rosales.

Cosajay asegura que “es falso” que todos los pobladores hayan vendido sus terrenos a la cementera, e insiste en que “hay oposición total al proyecto”.

A pesar de que la nueva carretera facilitará el acceso a las comunidades, el líder comunitario asegura que ésta no es necesaria. En cambio, dice, lo que los pobladores exigen es que el Gobierno repare la carretera ya existente que “está llena de hoyos”.

Desde que en 2006 Cementos Progreso comenzó a trabajar en el proyecto San Gabriel, que incluye la apertura de una cantera y la construcción de una fábrica de cemento, las comunidades de San Juan Sacatepéquez han sostenido una oposición frontal, con marchas multitudinarias y varios intentos de legalizar una consulta comunitaria que fue realizada en 2007 pero que las autoridades se niegan a reconocer como válida.

Desde entonces las comunidades han denunciado amenazas e intimidaciones a los líderes de la resistencia y varios asesinatos relacionados con ésta. Uno de ellos ocurrió el 22 de junio de 2008, un día después de que varios vecinos trataran de impedir la entrada de maquinaria en la cementera, el cual generó protestas violentas y derivó en la declaración de un Estado de Prevención, por parte del gobierno del entonces presidente Álvaro Colom, el cual estuvo vigente durante quince días.

La reunión de hace dos semanas, entre representantes de la población y el Gobierno fue el primero de tres encuentros que las autoridades prevén sostener con las comunidades para limar asperezas en torno a la construcción de la carretera. De momento ninguna de las partes cede.