Los Guerra: Otra fortuna construida con los negocios del Estado

En 2005, Wilder Ronaldo Guerra Villeda, de 25 años, daba los último toques a su tesis de ingeniería civil de la Universidad San Carlos, sobre el sistema de alcantarillado en la municipalidad de San José Petén. En los agradecimientos de su trabajo de graduación, mencionaba a su padre, José Guerra, a su hermano Gabriel y, en especial, a Julián Tesucún, entonces alcalde del municipio, “por su apoyo y por su amistad”. En aquel momento, Wilder Guerra coordinaba la oficina de planificación municipal de este pueblo ubicado más de 500 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala. Allí empezaba todo.

Julián Tesucún Tesucún, quien según sus propias palabras introdujo en política a Manuel Baldizón, el malogrado candidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), permaneció 12 años al frente de la alcaldía de San José antes de entrar al Congreso en 2008 bajo la bandera de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para, siguiendo los pasos de Baldizón, pasarse a Lider en 2012.

Fue durante los años en que Tesucún dirigía la municipalidad de San José cuando otorgó los primeros contratos a la familia Guerra. En 2005, cuando Wilder coordinaba la oficina de planificación,  su hermano Gabriel Guerra recibió tres contratos a través de la Constructora del Atlántico y la  Constructora Petén, de José Rodolfo Guerra Díaz, el padre del clan.

Ese fue el inicio de una serie de contratos que han llegado a sumar más de Q1 millardo en una década.

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El 17 de julio de 2015, la CICIG y el Ministerio Público (MP) ofrecieron una conferencia. Ese viernes, ante decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil, presentaron un informe sobre partidos políticos y financiamiento ilegal de campañas electorales. El comisionado Iván Velásquez dijo que el 50% del financiamiento de los partidos proviene de contratistas del Estado; el 25% del crimen organizado; y el otro 25% de grupos empresariales y financistas individuales.

El documento detalla al menos tres prácticas de financiamiento político ilícito en torno a la obra pública. Por un lado, los constructores aglutinados en asociaciones; por otro, estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales; y, por último, redes político-económicas ilícitas, construidas alrededor de diputados y alcaldes, que desde el poder local articulan redes de constructoras y organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que otorgan contratos de obra pública para facilitar el enriquecimiento y el financiamiento.

En ese informe, la familia Guerra fue presentada como ejemplo de una red político-económica ilícita. “Los Guerra tienen vínculos con partidos políticos y con relaciones del entorno de Byron Berganza, condenado por narcotráfico en Estados Unidos (2003)”, señala el texto de la CICIG, que cita un reportaje del periodista Asier Andrés publicado en elPeriódico en 2012, en el que se contabilizaban 14 empresas vinculadas a José Guerra y sus dos hijos.

Las constructoras de esta familia ya habían sido denunciadas como financistas del Partido Patriota (PP) y del Partido Lider. Los diputados de la UNE, Carlos Barreda y Orlando Blanco, en  la primera vuelta de las elecciones, revelaron que siete constructoras de esa familia habían sido favorecidas durante el gobierno del PP por intermediación del candidato de Lider, Manuel Baldizón. Lo que no detallaron los congresistas es que cuatro de esas empresas también habían sido contratadas durante el gobierno de la UNE (2008-2012).

Aunque el informe de la CICIG no implicaba ningún proceso judicial, fue el banderazo de salida para que MP iniciara investigaciones. La vocera de la Fiscalía General, Julia Barrera, reconoce que a partir del informe se han desprendido 19 casos de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, la Fiscalía Contra Delitos Electorales, y la Fiscalía contra la Narcoactividad, entre otros. Sin embargo, no adelantó nada respecto al estado de las averiguaciones en torno a la familia Guerra.

Empresas y alianzas, todo en familia

José Rodolfo Guerra Díaz, el patriarca, tiene 63 años y es originario de Camotán, Chiquimula. Inició negocios en Petén a finales de los 80, y más tarde, junto a sus hijos Carlos Gabriel y Wilder Ronaldo Guerra Villeda, articuló una red de constructoras y de personas en diferentes instituciones del Estado, encargadas de asignar obras, tanto en las ONG, como en las oficinas de planificación municipal de ese departamento.

Todo inició con la Constructora Petén, empresa fundada a nombre de José Rodolfo Guerra Díaz en 1996 en Santa Elena, Petén. Un año más tarde se fundó la Constructora del Atlántico, inscrita a nombre de su hijo Carlos Gabriel Guerra Villeda, quien además aparece como socio de una tercera constructora, Constructora y Desarrolladora Monte Alto, S.A., inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2007, en sociedad con Nasser Youssef Nasser Sanabria, esposo, hasta enero de 2012, de Jennymari Berganza Roque, hija de Byron Alcides Berganza Espino, líder de un grupo ilícito que operaba en el oriente de Guatemala, y que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2003.

El mismo día en que se inscribió Monte Alto, y ante los oficios del mismo notario, fue inscrita una cuarta constructora: Constructores Asociados de Guatemala, a nombre de Wilder Antonio Chan Salas, empleado de José Guerra en la Constructora Petén, según consta en el registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones.

Así, con el mazo de empresas constructoras, apoyándose en relaciones familiares y en empleados, tejieron una red que les sirvió para obtener decenas de contratos con el Estado, aumentar su capital, su poderío, y ampliar sus alianzas. (ver infográfico).

Compitiendo entre allegados

En 2014, Innovaciones Constructivas (fundada en diciembre de 2012) recibió un contrato de Q10 millones para el dragado del río Bravo, en Suchitepéquez, por parte del Fondo Social de Solidaridad (FSS), que le adjudicó la obra sin que tuviera experiencia en contratos con el Estado. Las otras dos competidoras para este concurso fueron Constructores Asociados de Guatemala, a nombre del operario de Constructora Petén, Chan Salas, y Construcciones de Guatemala, la empresa de Wilder Guerra Villeda. En esta, además se presentó como cuarto competidor Carlos Gabriel Guerra Villeda, quien más tarde fue sacado de la oferta.

A los negocios de los Guerra se anudan las constructoras de tres hermanos: Adrián Antonio, Hugo Leonel y Pedro Antonio Barillas Solares, propietarios de Transportes y Constructora Barillas, Transportes y Constructoras Solares y Constructora Petén Itza. Las tres empresas fueron fundadas en los años 90, realizan constantes contratos de obras y comparten personal con Constructora Petén. Así, suman 12 constructoras que, de las 624 adjudicaciones otorgadas durante los últimos 11 años registrados por Guatecompras, compitieron exclusivamente entre ellas en 162 concursos y, como únicas oferentes, en 264 concursos. Es decir, sólo 200 de estos concursos, se otorgaron en competencia con empresas, en principio, ajenas a la red.

Si bien es cierto que, a priori, este actuar ambicioso no incumple  la Ley de Compras y Contrataciones, el hecho es que casi un 80 por ciento de los concursos donde han participado, las empresas de los Guerra y las que se les relacionan con ellos, han sido las únicas oferentes o han competido entre sí. En los informes de la Contraloría General de Cuentas, aunque aparecen hallazgos por anomalías en los contratos adjudicados por los municipios, no se detalla ni audita el papel de las constructoras. Según advierten expertos de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas, los reportes son a las municipalidades, no a las empresas.

Los tres principales contratistas de los Guerra han sido las municipalidades, las ongs y el Gobierno Central. En el caso de las municipalidades, destacan Petén, en donde han recibido a través de cientos de pequeños contratos adjudicaciones por un total de Q292 millones de los fondos de infraestructura de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL). El mecanismo de las ONG encargadas de gestionar obra pública se desarrolla durante el gobierno de la UNE. Y la relación con el Gobierno Central, mucho menor  en cuanto a la cantidad contratos, pero muy superior en los montos, comienza durante el gobierno de la UNE, a través de la Unidad Ejecutora de Conservacion Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones, y termina de armarse en la administración del PP, cuando destacan en cantidad los contratos concedidos por el Fondo Social de Solidaridad.

Política y obra pública una relación incestuosa

El germen de la relación simbiótica entre contratistas y políticos comenzó con la democracia. La Constitución de 1985 creó el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que buscaba la descentralización de la inversión pública y que llevó más recursos a las municipalidades, gobiernos locales que ya realizaban contratos en un marco de discrecionalidad.

El exministro de Finanzas (2008-2010), Juan Alberto Fuentes Knight, identifica cuatro determinantes que pervirtieron los procesos de contratación pública. En primer lugar, la creación de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y su fortalecimiento con la reforma constitucional de 1993 —que asignó el 10% del Presupuesto del Estado a las municipalidades—. Como segundo factor, cita los procesos de privatización y contratación de servicios por medio de las ONG durante el gobierno de Álvaro Arzú, y que acompañó “el desmantelamiento de la Dirección General de Caminos y la privatización de la contratación de obra pública”. El tercer factor fue la nueva Ley de Contrataciones, de 1992, que por una parte “permite que no se apliquen regulaciones durante los estados de excepción (por ejemplo, durante las emergencias climáticas) y, por la otra permite la contratación de ONG sin concursos”. Por último, la creación de fideicomisos, como el del Fondo de Conservación Vial, y el uso de fondos creados durante la administración del presidente Jorge Serrano Elías, como el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y el Fondo de Inversión Social, que permite hacer adjudicaciones sin recurrir a los concursos públicos ya que el dinero para los proyectos era trasladado al banco administrador de los fideicomisos, y quedaba fuera de las restricciones de la Ley de Contrataciones. La lección fue aprendida por gobiernos posteriores, como el de la UNE, que creó el Fondo Social de Solidaridad.

Eduardo Stein, exvicepresidente de la República durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), considera varios “momentos de degradación”. Según Stein, la consolidación de este modelo se aseguró durante la legislatura del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y bajo el férreo control del presidente del Congreso Efraín Ríos Montt. En 2002, en menos de un mes se aprobaron tres decretos que aseguraron la influencia de los diputados en la asignación de obra: la Ley de Consejos de Desarrollo, un nuevo Código Municipal y la Ley General de Descentralización. Stein explica que, al no existir mecanismos de supervisión y control que acompañen a la descentralización de recursos públicos, las decisiones han quedado en muy pocas manos.

El modelo ya se encontraba plenamente consolidado para el gobierno de la Gran Alianza Nacional, Gana (2004-2008), una agrupación sin cohesión formada por el Partido Patriota (PP), Partido de Solidaridad Nacional (PSN) y Movimiento Reformador (MR), que contribuyó a la disgregación de los intereses y favoreció el surgimiento de figuras de poder locales. Ejemplo de ello son los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, ambos con procesos de antejuicio abiertos, por asociación ilícita y tráfico de influencia, y Martínez, además, por financiamiento electoral ilícito, dentro del caso de la CICIG “Lavado y política”.

 Asegurando lealtades mediante la cercanía a los partidos

“Cuando las municipalidades empezaron a invertir en infraestructura, los candidatos a alcalde comenzaron a recibir financiamiento proveniente de empresas interesadas en contratos de obra pública”, asegura Mariano Rayo Muñoz, exdiputado y gerente de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Arzú, y actual Ministro de Salud, en el estudio Partidos Políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad. Un congresista, exfuncionario del gobierno de la GANA, los identifica como caciques. “Algunos de estos caciques vienen de la legislatura del PAN (1996-2000) y se consolidan con el FRG (2000-2004), y ahora ya se dan el lujo de escoger con qué partido participar. Porque ya tienen su red de empresas y conocen el mecanismo del Estado. Cuando un gobierno no les da lo quieren, se venden al siguiente candidato. Les dicen ‘le traigo tantos alcaldes, tanta gente al partido´. Se volvió un círculo vicioso, porque los diputados ya no dependen tanto del financiamiento privado ni de los partidos. Un partido si quiere ganar se tiene que apoyar en estos caciques porque saben que son autofinanciables”, señala.

Otro exintegrante del Partido Lider, actual diputado del Congreso que pide no ser identificado, describe al menos cuatro formas de financiamiento: En primer lugar, explica, las constructoras pagan a los candidatos con bienes inmuebles: centros comerciales, hoteles, áreas residenciales; un financiamiento en especie que incrementa el patrimonio de los candidatos, aunque luego les resulte difícil explicar el origen de estos recursos. La segunda es con pagos en efectivo que el partido utiliza en sus mítines. La tercera, según el diputado, es mediante cheques, que sí se registran en la contabilidad del partido, y que luego se reportan ante el Tribunal Supremo Electoral. Y el cuarto método es mediante el pago a través de terceros, quienes contratan, por ejemplo, a medios de comunicación, o a vehículos para transportar a votantes el día de elecciones.

“En muchos casos se simula la contratación de una obra. El constructor pone una empresa de cartón y de manera espuria se adjudica un contrato. Esa es una gran anomalía. Hay motivaciones ocultas. Razones que uno no puede ver a primera vista. Un financista de una campaña local que le dice al candidato: ‘voy a financiar su campaña, y el acuerdo entre usted y yo es que cuando yo sea alcalde me va a asegurar la construcción de una obra’”, explica Ricardo Barrientos, exviceministro de finanzas durante el Gobierno de la UNE y encargado de la Unidad de Acción Política del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

El informe de la CICIG, además del financiamiento de los empresarios, señala el vínculo de algunos financistas con estructuras criminales. El comisionado Iván Velásquez, explicó durante la presentación del documento, que los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) han mutado a Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI): “Estas se desplazan entre lo público y lo privado, entre lo gubernamental y lo empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido”.

Dentro de este sector se encuentran los llamados “contratistas emergentes”, nuevos constructores que, tal como se detalla en el informe Política Fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), compiten con los empresarios de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC) por la adjudicación de los contratos de obra gris y el pago de los compromisos asumidos por el Estado en esos contratos.

Oenegizar la corrupción: diputados, alcaldes y los Guerra

Uno de los nodos más importantes en la red de negocio de los Guerra es el que concentra las ONG que adjudicaron obra gris entre 2004 y 2012. Estas incrementaron su influencia durante el primer año del gobierno de la UNE, cuando Manuel Baldizón, un joven y ambicioso diputado de Petén con aspiraciones presidenciales, entonces presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, encabezó la aprobación de un presupuesto con modificaciones que favorecieron la contratación de estas organizaciones. En el presupuesto de 2009 se establece que las ONG podrían ejecutar proyectos de las entidades centrales, como el Ministerio de Comunicaciones, y unidades descentralizadas como las municipalidades, mediante la simple suscripción de un convenio.

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El grupo de constructoras de la familia Guerra recibió obras de 22 ONG por un total de Q298.2 millones entre 2004 y 2012. Dentro de estas ONG destaca la Asociación para el Desarrollo Integral de Petén (ADIPET) que, de los Q155 millones que gestionó entre 2008 y 2010, otorgó Q86.8 millones a la red de constructoras de los Guerra, un 56% del total de su asignación.

La presencia de integrantes de ADIPET se vincula y se posiciona en diferentes instituciones del Estado. La ONG se vincula con los Guerra con dos integrantes de ADIPET: Luis Arturo Acevedo Castellanos, quien figura en actas como miembro de la junta de cotización de esta ONG y según información recogida en el registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones y publicada por elPeriódico, es el contador de José Guerra en la Constructora Petén. Y, como integrante de una planilla anterior, en 2008, aparece Edy Lecointe Alvarado, esposo de una hija de José Guerra.

El presidente de ADIPET durante esos tres años fue Luis Fernando España Albanez, y la vicepresidenta fue Deysi Emilsa Hichos Posadas, sobrina de Baudilio Hichos, el diputado que representa a  Chiquimula hace 21 años y sobre el que pesa una solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público y la CICIG. Deysi Hichos es representante legal de Constructora del Oriente, empresa individual registrada a su nombre que compite en varios concursos con constructoras de la familia Guerra, según actas de adjudicación de esta ONG y de la municipalidad de Chiquimula. Sin embargo, no hay reportes de contratos a nombre de esta empresa en portal de Guatecompras. Deysi Hichos ocupa también una plaza en el Congreso como asistente administrativo.  Esto a pesar de que la Ley prohíbe que cualquier funcionario sea contratista.

La segunda ONG que más contratos le otorgó a la red de los Guerra fue la Organización para el Desarrollo Social Integral (DSI), que dio Q108 millones de los Q304 millones en obras adjudicadas a diferentes constructoras entre 2009 y 2011. Algunos de los integrantes de esta se repiten en otras ONG, y otros laboraron también durante estos años en oficinas municipales de planificación de municipios el Petén.

Entre estos, Hansell Iovany Madrid Ríos, miembro de la junta de cotización de DSI. Según las actas de adjudicaciones de la municipalidad de San Benito, Madrid Ríos trabajó dentro de la Oficina de Planificación Municipal (OPM) de 2003 a 2010, ocupando varios años el cargo de coordinador de esa oficina cuando también integraba la junta de DSI.

En 2012, con la llegada a la alcaldía de Flores de Edgar Armando Aragón González, del Partido Patriota, Hanssell Iovany Madrid se trasladó de la OPM de San Benito a la de Flores. Ese mismo año se integran a la planilla de esa OPM otros tres individuos de otras ONG que otorgaron contratos a los Guerra. Entre estos se encuentra, Julio César Méndez Palacios, de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR), junto a Carlos Antonio Kuylen Morales, exgobernador de Petén durante el gobierno de Berger, y electo alcalde de San Benito el pasado 6 de septiembre.

Dentro de la planilla de la OPM de Flores, también aparece Nelson Rodríguez Melgar, un tercer integrante de la madeja de estas organizaciones, quien además, era miembro de la junta de cotización de ADIPET, así como miembro de la junta de cotización de la ONG Tayazal. En esta organización, que otorgó Q5.2 millones en contratos en 2011, de los Q18 millones estatales que gestionó en total, también trabajaba Luis Arturo Acevedo, el contador de José Guerra.

Consultado vía telefónica, Acevedo confirmó que labora como contador de la empresa Constructora Petén y que fue integrante de ADIPET y Tayazal. Acevedo asegura que ADIPET fue cancelada en septiembre pasado, y reconoce que aún es integrante de Tayazal. Al ser consultado sobre cuándo empezó a trabajar para la familia Guerra en la Constructora Petén y en las ONG aludidas, Acevedo dijo “fue al mismo tiempo”. Asegura que prestó sus servicios profesionales a las ONG y a la constructora, al igual que a cualquier cliente en su oficina Consultores El Faro.

Con la integración de estas personas a la OPM de Flores, esta oficina comienza a contratar a las empresas de los Guerra. Sólo en 2012 la municipalidad de Flores les otorgó Q7 millones en contratos, Q5 millones a través del listado geográfico y Q2.5 al Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol). De 2012 a 2015 otorgó 14 contratos que suman un total Q27.3 millones: Q22.9 millones a las constructoras Petén, del Atlántico y Constructores de Guatemala, de José Guerra, Carlos Gabriel Guerra y Wilder Rolando Guerra, respectivamente.

El todavía alcalde de Flores, Petén, Aragón González, electo por el PP, admite la preponderancia de las empresas de la familia Guerra en Petén, y asegura que se les otorga las obras porque garantizan su finalización y por ser vecinos del departamento.

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El alcalde también reconoce que muchas de las empresas que compitieron por los concursos pertenecen a la red de los Guerra. “Sí, lo más seguro es que las empresas que compiten tenga que ver con ellos, lo más seguro, sí”, sostiene.

Aragón dice que no pretende “entrar en conflicto” con estos constructores, e identifica a estos empresarios como financistas de candidatos en Petén, aunque, aclara, no ha recibido recursos de ellos. “Es gente tan fuerte que le da Q15 millones a uno y Q15 millones al otro, y meterse uno a andar averiguando cosas de ellos es contraproducente”. Las relaciones de esta familia, señala, “eran más arriba, parece que con el Presidente y la Vicepresidenta, lo demás son interioridades que uno no sabe”.

Tanto Hanssell Iovanny Madrid Ríos, como Julio César Méndez Palacios y Nelson Rodríguez Melgar, todos ellos integrantes de las juntas de cotización ONG que durante el gobierno de la UNE  otorgaron decenas de contratos a la familia Guerra, fueron contactados por vía telefónica en la municipalidad de Flores, donde conformarn la Oficina de Planificación Municipal. Fueron cuestionados sobre su participación dentro de las ONG y su relación con la familia Guerra.

Madrid Ríos confirmó que mientras trabajaba en la POM de San Benito, también se desempeñaba como auxiliar de supervisión de la Organización para el Desarrollo Social Integral . Se separó, dijo, para “no ser juez y parte” y por no tener tiempo para hacer ambos trabajos a la vez. También negó tener alguna relación con la familia, más allá de conocer a José Guerra y Wilder Guerra por los contratos otorgados desde las oficinas de las municipalidades de San Benito y Flores. Además, explicó que la Oficina de Planificación Municipal no es la que otorga los contratos, sino que es la encargada de elaborar los proyectos, y admitió que Julio César Méndez Palacios, integrante de la Asociación para el Desarrollo Rural, trabajó con él en DSI. El arquitecto Méndez Palacios, actual director de la OPM de Flores, nervioso, reconoce haber sido supervisor de proyectos en ADR. En DSI, admite, otorgó “uno o dos proyectos” a los Guerra. Méndez figura en actas de la asociación como miembro de la junta de cotización de ADR. Al consultarle si desde la municipalidad de Flores había asignado obras a las empresas de los Guerra, dice no poder dar esa información por teléfono.

El último en hablar es el contador Nelson Rodríguez Melgar, quien, más relajado que Méndez, confirmó haber sido integrante de la junta de cotización de ADIPET, pero negó tener una relación con los Guerra, a quienes asegura que solo veía cuando había concursos en los que competían. Asegura haberse incorporado a Adipet, una de las ONG que otorgaba contratos a la red de los Guerra, por invitación de una persona que no recuerda.

La municipalidad de Flores no fue la única en incrementar su contratación a las empresas de la red de los Guerra en 2012. La alcaldía de San Benito fue la que más obras otorgó a la familia Guerra, un total de Q106 millones en contratos. En 2012 la familia Guerra recibió Q5 millones en contratos de los Q9.8 millones del listado geográfico contempladas como inversión de los CODEDE y otros Q12.2 millones en obras de la municipalidad que provendrían de Fonpetrol. Otras de las municipalidades que incrementan sus contratos a los Guerra, principalmente en 2012, fueron las de La Libertad, Dolores y San José, así como los municipios de nueva creación El Chal y Las Cruces. Los Guerra también fueron favorecidos en 2012 por las municipalidades de Guastatoya (El Progreso) y Guazacapán (Santa Rosa).

La UNE, Baldizón y los Guerra

“¿Quién impulsó el uso de las ONG durante su administración?”, se le pregunta al expresidente Álvaro Colom. El exmandatario dice “no recordar” de quién fue la idea. “No sé cómo explicarlo, pero todo esto de las ONG/constructoras es como un tsunami que no te das cuenta hasta que aparece un caso, como pasó con La Línea”, explica, eludiendo toda responsabilidad. “Lo que sí te puedo decir es que no fue una decisión de Gabinete o de la Presidencia, eso debió haber sido de las instituciones”, asegura.

Durante el gobierno de la UNE aumentaron las contrataciones a favor de las empresas de la familia Guerra. Se cuestiona al expresidente si sabía de la existencia de contratistas como los Guerra.

—Toda esta red de constructores… Yo en estos tres años me he enterado de muchas cosas de las que no tenía ni idea. Como los Guerra hay un montón que generan empresas que tienen acceso a contratos millonarios. Cuando nos metimos en el 2008 a investigar todas estas redes de constructores todo parecía legal, no encuentras una prueba, pero tú sabes que algo está pasando —responde Colom. —Se sabe que hay algo raro porque se repiten sus ofertas, porque las mismas empresas de la red compiten entre sí.

 —En el caso de constructores, desde hace mucho tiempo esta gente copa los CODEDES, las alcaldías, en donde está la gran inversión, enorme inversión. Si ustedes revisan este gran movimiento positivo contra la corrupción se menciona muy poco a los CODEDES y las alcaldías, y ahí es donde está el dinero tirado al vacío —justifica el exmandatario.

Uno de los que mejor entendieron estas dinámicas fue Manuel Baldizón. Electo como diputado distrital en 2003 por el PAN, pronto se trasladó a la UNE, el partido en ascenso, donde en 2007 fue reelecto en el listado nacional y presidió la Comisión de Finanzas del Congreso ese año y el siguiente. Baldizón dejó la UNE a finales de 2008 por sus diferencias con la dirigencia al buscar la candidatura presidencial, antes de  conseguir un incremento de Q908 millones para el Ministerio de Comunicaciones. Con este decreto además se destinaron Q505 millones al FONAPAZ, cerrado luego por los señalamientos de corrupción; Q210 millones fueron incorporados para las ONG y CODEDES, además se realizaron modificaciones dentro del Listado Geográfico de Obras que alcanzaba los Q1,263 millones, incluyendo cambios asignados al departamento de Petén.

Además, el 26 de enero de 2009, logró que se aprobara la Ley de Fonpetrol (Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación), la cual establece la distribución de lo recaudado por las regalías del Petróleo llevando más recursos a las municipalidades con explotación petrolera en los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal. Estos sumaron Q555.9 millones en 2009 que llegaron a Q1,010,050 millones en 2013.

Los negocios con el gobierno el Partido Patriota

El gobierno del Partido Patriota (PP) empezó con una abrumadora mayoría parlamentaria que le permitió contar en su primer año con un Presupuesto 2012 a su medida, negociado tras ganar las elecciones de 2011. Durante esta legislatura (2012-2016), el PP y Lider coincidieron en el Congreso en la aprobación de los presupuestos de la Nación de 2013 y el del 2015. Aunque el expresidente Otto Pérez Molina prohibió al inicio de su mandato el uso de ONG, la familia Guerra recibió más contratos. Entre 2012 y 2015, la red de empresas ligadas a los Guerra obtuvo contratos por Q835.97 millones.

Aunque muchos de estos contratos provinieron de municipalidades, el mayor monto, en términos cuantitativos, provino del Ejecutivo. Y aunque fue principalmente gestionado a través del Ministerio de Comunicaciones, otras instituciones también les otorgaron contratos. El Instituto de Fomento Municipal (INFOM) le asignó a la Constructora del Atlántico (de Gabriel Guerra) un contrato de Q44 millones para 39 proyectos de abastecimiento de agua potable en el área rural de Chiquimula, a través de fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. También en 2012 el Departamento de Tránsito del Ministerio de Gobernación le dio un contrato de Q6 millones a ADIC para la instalación de semáforos.

Pero el gran botín de los Guerra fue el Fondo Social de Solidaridad (FSS), el fideicomiso sustituto de FONAPAZ para ejecución de obra gris. A través del FSS le fueron asignados Q430 millones en 12 contratos diferentes a constructoras de los Guerra. El más cuantioso, uno de Q115 millones para la construcción de una carretera de 11 kilómetros al parque nacional de Yaxhá. Los demás contratos se tratan de dragados de ríos por contratos entre Q10 millones y Q60 millones en Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa, Retalhuleu, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez y Petén. En gran parte de estos concursos las empresas de los Guerra compitieron entre sí o fueron las únicas oferentes.

El ministro de comunicaciones del gobierno Patriota por casi tres años, Alejandro Sinibaldi, desapareció del mapa político poco después de que la CICIG desmantelara “La Línea”, y antes de que el comisionado Velásquez mencionara al rubro de las Comunicaciones como uno de los que seguiría en su sucesión de investigaciones y capturas. Sinibaldi dejó dentro de este gran Ministerio a sus responsables encargados de los fondos, más o menos a expensas del tiempo. La CICIG pidió a estas dependencias información sobre todos los contratos otorgados, y ahora sus dirigentes están nerviosos. Se percibe en las entrevistas realizadas, tanto en el FSS como en COVIAL, para cuestionarles acerca de los contratos otorgados a esta familia.

En el FSS, Juan Enrique Negreros, coordinador del fideicomiso desde diciembre de 2014 –un cargo designado desde la presidencia-, asegura que la ley que rige al fondo no los faculta para identificar si grupos familiares se presentan a un mismo concurso, ni para inhabilitarlos, siempre y cuando participen como empresas individuales certificadas por el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones.

Luis Villatoro, asesor jurídico del FSS, explica que tampoco están facultados para investigar el origen de los capitales con que se constituyen las empresas que entran a concurso. “La corrupción la evitamos simple y sencillamente con que se den todos los procesos dentro de los cuales estamos contratando: que la obra exista, tenga avance físico y las condiciones que como unidad ejecutora podamos verificar. Ese es nuestro trabajo, no somos un ente que vele contra la corrupción, no nos compete”.

Se pregunta a ambos por las adjudicaciones otorgadas a la misma familia. Se les muestra un ejemplo donde los nombres de Wilder y Gabriel aparecen seguidos, donde fue otorgado un contrato de Q10 millones a una constructora sin experiencia. Solo callan y ofrecen toda la información, todos los expedientes. Expedientes que una vez más, muestran más de una coincidencia entre las constructoras de esta familia.

En otra de las ramas del Ministerio de Comunicaciones, Erwin Armando Quán Galindo, director del COVIAL, parece en un inicio más relajado. COVIAL otorga contratos pequeños, habitualmente de menos de Q2 millones, y según sus palabras no hay forma de comprobar que las constructoras estén vinculadas. “No nos consta formalmente que ellos financien políticos, la estructura que ustedes dicen nosotros no la investigamos, no hacemos una auditoría forense o financiera por cada proyecto que recibimos, no da tiempo, no le corresponde a la unidad ejecutora, sino en todo caso al Registro de precalificados”, dice.

Según explica Walter Figueroa, economista del ICEFI y exdirector ejecutivo de Análisis Estadístico de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el Registro de Precalificados debería ser un verdadero “filtro para los contratistas de obra pública”, pero en la actualidad es una oficina que únicamente vela por que se cumplan trámites administrativos que certifiquen la existencia de la empresa y su capacidad técnica y económica sobre el papel.

“El registro de precalificados debería hacer inteligencia financiera, para evitar que los contratos puedan estar coludidos, para que sea eficiente debería estar separado de las entidades ejecutoras, como el Ministerio de Comunicaciones, y ser autónomo como se propone en la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado”, señala Figueroa.

Redes de contratistas como la de los Guerra no son extrañas en el sistema político de Guatemala, son las que lubrican el funcionamiento. La descentralización de la ejecución de los recursos públicos permitió también la descentralización del financiamiento de las campañas electorales. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Empresarios financistas de campaña o caudillos locales dispuestos a otorgar obra pública a cambio de recursos? En el fondo, no hay mayores diferencias entre unos y otros. El fin es hacer negocios para acumular poder político, o acumular poder para hacer negocios. ¿El huevo o la gallina?

**Se intentó consultar durante dos semanas a los integrantes de la familia Guerra con llamadas telefónicas en sus oficinas en Petén y a números particulares obtenidos de registros públicos, referencias personales y el contador de una de sus empresas, pero nunca atendieron. También se intentó una cita, para contrastar la información, con otras personas que aparecen en los registros relacionados en la red Guerra: Adrián Barillas y contactar a los representantes legales de otras empresas vinculadas a los Guerra, Gerber Soel Roque Peraza y Alberto Rafael de León Escobar, así como a Deysi Emilsa Hichos Posadas, y los alcaldes de San José, Maynor Gustavo Tesucun Cahuiche y de San Benito, Sonia Lily Rivera Ramírez; y el alcalde electo para 2016 de San Benito, Carlos Antonio Kuylen Morales. En todas las ocasiones el resultado fue negativo. Se contactó con Adrián Barrillas para buscar explicaciones a la relación de su personal con la Constructora Petén y la relación de los hermanos Barillas con los Guerra, y aunque se agendó una reunión, Barillas canceló la cita acordada en Ciudad de Guatemala e indicó que solo podría atender las consultas en persona y en sus oficinas en Santa Elena, Petén.  El diputado Julián Tesucún también se negó a responder las preguntas de Plaza Pública.