La “coperacha”: el turno de los exministros más poderosos del PP

Los militares retirados Héctor Mauricio López Bonilla, Héctor Manuel López Ambrosio, Ulises Noe Anzueto Girón y Juan de Dios Rodríguez, así como los empresarios Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y Erick Estuardo Archila Dehesa, fueron dadivosos con el binomio presidencial del Partido Patriota (PP), según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según la Fiscalía, entre 2012 y 2014, sin miramientos ni tacañerías, sus tiempos de gloria, cuando administraban los recursos del Estado, los exministros hacían “coperachas”, juntaban sumas millonarias para agradar a sus jefes, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a quienes regalaban lanchas, helicópteros, casas de verano… Pero no fueron la generosidad y simpatía que estos exfuncionarios mostraron por el expresidente y la exvicepresidenta en sus cumpleaños lo que motivó la persecución penal iniciada en su contra el sábado 11 de junio. Lo que llevó tras las rejas a López Bonilla, López Ambrosio y Anzueto Girón, fue la sospecha de los investigadores de que las sumas millonarias aportadas para comprar los suntuosos obsequios tienen origen ilegal. Una forma de “repartir” con los jefes las corruptelas originadas en sus carteras.

López Bonilla y López Ambrosio fueron detenidos en sus residencias. Anzueto Girón se entregó  horas más tarde. Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), guarda prisión desde mayo del año pasado, por el caso denominado IGSS-Pisa. Mientras que los exministros de Comunicaciones, Sinibaldi Aparicio, y de Energía y Minas, Archila Dehesa, se encontraban en el extranjero y no fueron capturados. Contra ambos se dictó orden internacional de captura. Según fuentes de la CICIG, Sinibaldi se encuentra en Italia “desde hace varias semanas”, y Archila viajó a Estados Unidos el pasado 31 de mayo. Sinibaldi publicó en sus redes sociales un comunicado en el que calificó de “payasadas” las acusaciones en su contra, pero lo borró minutos después. Archila, también publicó un comunicado que divulgaran las redes sociales de los medios del Grupo A (ContraPoder, Diario Digital, Canal Antigua y Antigua Sport), del cual es el principal accionista. El exministro aseguró que regresará al país para ponerse a disposición de la justicia cuando sus médicos se lo permitan, y anunció la cesión de la dirección administrativa del consorcio mediático a su hermano Rolando Archila Dehesa, quien también ocupa cargos directivos en los grupos Emisoras Unidas y el diario Publinews.

La huella del dinero

Es la ruta del dinero, la ruta de pagos sin justificar, por parte de los exfuncionarios el origen de esta investigación. La fiscal general Thelma Aldana explicó que las millonarias sumas de la “coperacha” “tenían la intención de agradar al jefe, o la jefa, como en las estructuras de delincuencia organizada, para permanecer en la jerarquía y tener su permiso de operación”. La imagen más elocuente de esta forma de operar lo mostraba el inicio de la presentación del MP y CICIG: Roxana Baldetti levantando la mano de Alejandro Sinibaldi en una fotografía de su proclamación como candidato presidencial el 21 de septiembre de 2014. Sinibaldi, el delfín del partido naranja, habría aportado al menos Q2.5 millones y US$245 mil para los regalos del binomio presidencial. Un mínimo aporte para el hombre que ocupó el número 3 en la escala de influencia del Partido Patriota, desde su feudo en el Ministerio de Comunicaciones, y que, tras la debacle de la agrupación en 2015, intentó desligarse de toda responsabilidad.

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Al igual que en algunas de las más famosas investigaciones contra el crimen organizado, el delito en común para iniciar estas investigaciones es el lavado de dinero. El eterno problema de la delincuencia organizada: cómo justificar grandes cantidades de dinero en efectivo y su empleo en bienes caros y ostentosos, en este caso lanchas, casas de playa y un helicóptero.

Cooptación del Estado/Fase 2

El pasado jueves 2 de junio, cuando finalizaba la conferencia de prensa en la que ofreció detalles sobre el caso denominado “cooptación del Estado”, Aldana hizo un anunció entre líneas: “Y lo más triste es que esto no es lo último". Diez días después, apenas horas antes de que iniciara una manifestación convocada por organizaciones ciudadanas para manifestarse en la Plaza de la Constitución en contra de la captura del Estado, se materializaba el anuncio de la Fiscal. Y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, con un tuit publicado en su cuenta personal un día antes, motivaba la participación en la protesta: “¡La Plaza, esa entusiasta reunión de la esperanza, construcción de democracia!”.

Durante la conferencia ambos ofrecieron el sábado, Aldana recordó que parte de esta investigación ya había trascendido: “Este caso era de dominio público, cuando se hicieron los operativos del caso La Línea se encontraron restos de escritos a mano que indicaban varias sumas de dinero”, explicó la Fiscal.

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El 24 de agosto del 2015, durante una audiencia contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y mientras Otto Pérez Molina aún era Presidente, el MP mostró un documento encontrado en poder de Estuardo Salvador González, en el que se detallaban los supuestos aportes que los hoy acusados hicieron para la compra de un helicóptero por US$3.17 millones. Un suntuoso regalo para Pérez Molina, según detalla una investigación del diario elPeriódico publicada en mayo de 2015. La recaudación de la “coperacha” estuvo a cargo de Juan Carlos Monzón Rojas, ahora colaborador eficaz del MP, a pedido de Baldetti.

En esa oportunidad el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), indicó que se presentaban las pruebas documentales para mostrar cómo el 50% de los ingresos de La Línea eran para el binomio presidencial. Y que este documento, en posesión de González, el encargado financiero de La Línea, mostraba la relación de la estructura criminal con los altos mandos del Gobierno.

Diez meses después de esa revelación, los delaciones de Monzón Rojas, exsecretario privado de Baldetti, y de Víctor Hugo Hernández, su contador, incluyen detalles de la forma de pago (en su mayoría en efectivo), el lugar de entrega del dinero (en oficinas de las instituciones públicas), e incluso el encargado del transporte (Jonathan Chévez, también uno de los acusados del lavado de activos para la estructura), según los investigadores.

El comisionado Velásquez dijo que la evolución de los “regalos” a Pérez Molina muestra cómo la estructura criminal del PP fue subiendo el costo de las dádivas “al jefe”. En 2012 una lancha por Q2 millones; en 2013 una casa en la playa en Taxisco, en Santa Rosa, por US$ 1 millón; y en 2014 un helicóptero por US$3.5 millones. En total, Q33 millones en regalos para el jefe. Roxana Baldetti supuestamente recibió aportes de los mismos funcionarios por US$500 mil para la compra de una propiedad en las islas de Roatán, Honduras. El MP, según Aldana, pedirá a las autoridades de ese país que se inmovilice el inmueble.

En total los aportes de los ex funcionarios son los siguientes, según los investigadores.

De momento Pérez Molina enfrenta cuatro causas criminales: el Caso La Línea, el Caso TCQ (usufructo oneroso de Puerto Quetzal), el reciente Cooptación del Estado, y el Caso la Coperacha. Baldetti suma cinco: los cuatro anteriores, más el Caso del Lago Amatitlán. Según la Fiscal General, en contra de López hay al menos nueve investigaciones en marcha.

Dinero sucio

En la mayoría de los casos el dinero fue entregado en efectivo, dentro de cajas de cartón, en sacos, en los despachos de las mismas instituciones que el Presidente les había encargado encabezar, según declaró Monzón Rojas en su calidad de colaborador eficaz. Él mismo se ha identificado como un “recaudador” de esos aportes a pedido de Baldetti. El reto para el MP será el probar el origen ilícito de ese dinero entregado para la compra de los lujosos regalos para el binomio presidencial.

“Las cantidades entregadas por los funcionarios no están de acuerdo a las declaraciones patrimoniales presentadas en la Contraloría General de Cuentas al asumir el cargo”, aseguró Velásquez respecto a los aportes de los exministros de Defensa, López Ambrosio y Anzueto Girón, así como del exministro de Gobernación, López Bonilla.

El caso de los exfuncionarios y empresarios Sinibaldi Aparicio (con inversiones en inmobiliarias, publicidad y construcción), Archila Dehesa (empresario de medios, principal accionista de Grupo A), y de Juan de Dios Rodríguez (propietario de inmuebles), es diferente. Según los foscales, sus declaraciones de probidad sugieren que sí tenían el dinero suficiente como para realizar esos aportes sin despeinarse. Sin embargo, anotó el Comisionado, llama la atención que en algunos casos hayan realizado las entregas en efectivo, “un método utilizado para ocultar transacciones”.

El Ministerio Público y la Cicig sostienen que Sinibaldi realizó un aporte en efectivo de Q750 mil para la propiedad de Baldetti en Roatán; y US$245 mil para la compra del helicóptero para Pérez Molina. Mientras que Archila habría entregado Q750 mil en efectivo a Monzón en el parqueo de Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para la aeronave del entonces Presidente, y mediante una transferencia bancaria de US$100 mil habría aportado para la propiedad de Baldetti.

#EsElSistema: el Estado como botín

Terminadas la conferencia de prensa sobre el Caso la Coperacha, miles de personas se concentraban en la Plaza de la Constitución para exigir una #RevoluciónÉtica, para denunciar que #EsElSistema el que se debe cambiar, para exigir “fondos de extinción de dominio para salud y educación”, para, con pancartas y consignas reclamar su indignación por la corrupción y el latrocinio.

Como en las protestas del año pasado, esta vez también lucieron decenas de banderas y se escucharon los tambores y las vuvuzelas. Pero esta vez, los objetos de las críticas y señalamientos de los manifestaron no fueron solo los funcionarios del Gobierno anterior. Luego de los casos destapados por el MP y la CICIG, la Plaza también dirigió sus reclamos hacia los actores del sector privado que han sido señalados de participar en la cooptación del Estado: banqueros, contratistas, abogados, medios de comunicación. De ahí la consigna principal de la protesta: #EsElSistema.