La crisis política, los intereses de Tigo y "un negocio de US$250 millones"

Los nombramientos de Ricardo Sagastume y  de Acisclo Valladares Urruela, como ministro de Economía y Comisionado Presidencial para la Competitividad, respectivamente, en un Gobierno que agoniza y hundido en señalamientos de corrupción, ha generado dudas y suspicacias. Cuando todos abandonan el barco, ellos se aprestan a abordarlo. A falta de explicaciones coherentes de parte de la Presidencia y de los nuevos funcionarios, todo apunta hacia Tigo, la empresa telefónica de la cual provienen ambos y un negocio millonario a su favor como resultado del río revuelto en el que se encuentra el país.

Para Juan Carlos Paiz, excomisionado presidencial de competitividad, resulta “raro” que los nuevos funcionarios, Ricardo Sagastume y  Acisclo Valladares Urruela, provengan del sector de las telecomunicaciones y llama su atención que  su llegada se dé en un momento en que la concesión de banda 4G, para la telefonía móvil con implicaciones en la conexión de internet y la televisión digital, está en juego. “Es un negocio de al menos US$250 millones que debe ser licitado para que esté disponible para cualquiera de las empresas. Es importante que no se concentre en un solo proveedor, pues esto abarataría el precio de las llamadas”, explicó Paiz a Plaza Pública.

El nombramiento de Sagastume al frente del Ministerio de Economía se produce después de que Acisclo Valladares Urruela, el hijo del embajador de Guatemala en el Reino Unido, Acisclo Valladares Molina, y hasta hace dos días mano derecha del magnate de las telecomunicaciones Mario López, fuera designado como Comisionado Presidencial para la Competitividad. Valladares fue director general de la Fundación Tigo y a su vez, sucesor de Sagastume como presidente del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. La gremial que reunía a Tigo, propiedad de López, el hombre más rico de Centroamérica; Claro, perteneciente al mexicano Carlos Slim; y Telefónica-Movistar, con participación del grupo Multi Inversiones, de la familia Gutiérrez.

Valladares, como directivo de Tigo, lideró las discusiones sobre la implementación del registro móvil de celulares por parte de las empresas de telecomunicaciones (para prevenir el robo de los aparatos) y tuvo un papel importante en la decisión de las telefónicas de devolver seis millones de líneas celulares, luego de la aprobación de nuevos impuestos al sector, contenidos en la Ley del Presupuesto 2015. Durante su gestión, el 10 de abril del año pasado, a Tigo le fue adjudicado un contrato de servicios de internet móvil, para un sistema de cámaras de vigilancia por Q1,281 millones; más otros cuatro contratos por Q1,232. 27 para el arrendamiento de estas cámaras de vigilancia. Todos estos adjudicados por excepción.

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El conflicto dentro del sector privado tradicional, como se consideran los empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se produce en un momento en que éste ha perdido, o retirado, a un importante representante dentro del Gobierno, el anterior ministro de Economía, Sergio de la Torre, un exdirectivo de la Cámara de la Industria, quien junto a Paiz, y la ministra de Educación, Cinthya del Aguilar, renunciaron a sus cargos el pasado sábado, tras conocerse los señalamientos del Ministerio Público en contra del presidente Pérez Molina de ser el líder de la estructura de defraudación aduanera denominada “La Línea”.

“Mario López es un hombre pragmático”, responde una fuente cercana al empresario, al ser consultada sobre lo arriesgado que podría ser para su nombre y sus intereses, pactar con un gobierno tan desprestigiado como el de Pérez Molina.

Javier Zepeda, presidente de la Cámara de la Industria, indica que aún no hay una postura conjunta del sector privado organizado en torno a CACIF, pero que de momento ven las designaciones de Sagastume y Valladares como “decisiones individuales”, desligadas de la Cámara. Lo cierto es que importantes ejecutivos del sector de telecomunicaciones, son ahora el único soporte empresarial en un gobierno desconocido por la propia patronal que insta a la renuncia del Presidente.

Un reportaje publicado por la revista Contrapoder, señala que la disputa alrededor de la frecuencia de la banda 4G, inició con el sorpresivo anuncio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) de sacar a licitación dos frecuencias (1670-1850 Mhz y 2110-2290 Mhz). Esto se produjo mediante la resolución SIT-265-2015 el 24 de abril, ocho días después de que saliera  a luz el caso de “La Línea”, que también ha involucrado a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y una veintena de exfuncionarios y particulares.

Reportes del Registro de Telecomunicaciones de la Gerencia de Regulación de Frecuencias y Radiodifusión, de la Gerencia Jurídica,  y una opinión de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicaciones,  permitieron este trámite. La SIT, una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, emprendió un camino sobre el cual tuvo que dar marcha atrás. El 14 de mayo, otra resolución frenó el proceso. La Procuraduría General de la Nación resolvió no avalar la licitación de frecuencias radioeléctricas que estaban reservadas para el uso del Estado.

El interés por estas frecuencias, sin embargo, parece haberse reanimado con la crisis política. Y con la necesidad de apoyo que tiene Pérez Molina, y el interés de Tigo por obtener el control absoluto de la frecuencia 4G: se juntaron el hambre con las ganas de comer. En una negociación a puerta cerrada entre el domingo y el lunes, cuyos detalles se desconocen incluso por los funcionarios que aún integran el Gabinete de Gobierno, un desesperado Pérez Molina acordó designar a Sagastume como nuevo Ministro de Economía, y a Valladares Urruela como su comisionado para la Competitividad.

En su única declaración pública al tomar posesión Sagastume afirmó: “Hemos sido invitados por el señor Presidente para iniciar un proceso de transición, tomando en cuenta que necesitamos rescatar la parte institucional dentro de este proceso de elecciones y luego de cambio de gobierno (…)”. Entre sus planes, declaró el nuevo Ministro, se incluyen la aprobación “de leyes importantes en el Congreso, compromisos comerciales y tender puentes con los sectores empresariales”.

Si el Gobierno retoma las intenciones de sacar a licitación la banda 4G, el próximo signo en este sentido lo representará el nombramiento del sustituto del Ministro de Comunicaciones, Víctor Corado. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) depende de esta cartera y los dictámenes necesarios para reactivar una propuesta de licitación recaen en sus autoridades, además el Gobierno debería superar el escollo de la Procuraduría General de la Nación, que  en un comunicado oficial emitido el pasado miércoles, se unió a las voces de rechazo y pidió la renuncia a Pérez Molina. 

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El exsuperintendente de Telecomunicaciones, y actual diputado por el partido Creo, Óscar Chinchilla, advierte que de retomarse las intenciones de licitación de la frecuencia por parte del Ministerio de Comunicaciones se podría caer en una “guerra jurídica en tribunales”, ya que la misma ya ha sido impugnada por el empresa Telefónica, el operador minoritario del mercado de telecomunicaciones de Guatemala.

Chinchilla cree poco probable que se intente librar una disputa entre Telefónica y los otros dos operadores por la frecuencia 4G.

Un comodín político/empresarial

Sagastume no es ningún extraño en los vaivenes políticos. Fue precandidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), un partido formado por militares retirados de “línea dura” en las elecciones de  2011, aunque no llegó a competir; luego fue candidato del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), sin llegar a resultar electo.  No fue su última incidencia en la arena política y ni en sus implicaciones comerciales.

Sus acciones más evidentes en favor de Tigo, fueron, según fuentes del Legislativo, alrededor de la Ley de Control de Telecomunicaciones, como presidente del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones para lograr la aprobación de la denominada Ley Tigo. Con la excusa de frenar las llamadas desde los centro penales, la normativa confirió facultades a las empresas de telefonía para instalar torres de repetición e instalar cableado incluso dentro de propiedades privadas.

El hombre que denunció al presidente Otto Pérez Molina hace menos de tres meses, por delitos de lesa humanidad por el caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la empresa Pisa; que pidió al Tribunal Supremo Electoral la cancelación de los partidos políticos como el oficialista Partido Patriota; y que logró recortar, a través de un amparo, en seis meses el mandato de la anterior fiscal general, Claudia Paz y Paz; es ahora el nuevo  ministro de Economía. El ministro de Economía de un Presidente al cual el sector privado tradicional le ha pedido su renuncia.

En el campo político, Sagastume, exdirector de la Cámara de la Industria, presentó acciones legales contra el divorcio de Sandra Torres del expresidente Álvaro Colom, aduciendo que en la práctica era un fraude de ley; en el actual gobierno sus acciones también tuvieron resultados políticos, a título personal presentó una acción de amparo contra el periodo de la ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, resolución que permitió que la Corte de Constitucionalidad ordenara se adelantara el proceso de elección de la nueva fiscal general.

En el plano mercantil sus acciones más evidentes fueron, según fuentes del Legislativo, alrededor de la Ley de Control de Telecomunicaciones, como presidente del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones para lograr la aprobación de la denominada Ley Tigo. Con la excusa de frenar las llamadas desde centro penales la normativa confirió facultades a las empresas de telefonía para instalar torres de repetición e instalar cableado incluso dentro de propiedades privadas.

Un actor clave en un sector emergente

En el rubro de Telecomunicaciones, Tigo es el gigante que domina el mercado en Guatemala. Su influencia trasciende los negocios y llega al Congreso. En las discusiones por la Ley de Control de Telecomunicaciones, centradas originalmente en el registro de celulares del robo de celulares y la prevención de las extorsiones desde centros de detención, derivaron finalmente en una normativa que centrada en la promoción de las actividades comerciales del sector. Esta ley fue aprobada con el beneplácito los partidos Patriota y Lider, así como otros minoritarios. Su redacción permitirá a los grandes operadores de telefonía “la colocación de antenas, postes, cableado o cualquier estructura para la transmisión de datos en terrenos públicos o en propiedad privada”, con la sola autorización y pago de un arbitrio a la SIT. A la vez que reducía el pago a las municipalidades y ordenaba a las autoridades locales a facilitar cualquier procedimiento para su implementación, sancionando penalmente cualquier resistencia.

Mónica Leonardo, integrante del Movimiento Pro Justicia, quien participó en las discusiones alrededor de esta ley da cuenta de un cabildeo de Sagastume en contra de reconocer “el rol de las empresas en la lucha contra el robo de celulares y las extorsiones, al no hacer ese reconocimiento, se oponía a cualquier obligación que derivara en responsabilidad para las empresas como lo era la lista blanca (registro de usuarios de teléfonos) y que incidió en las restricción de la responsabilidad de las telefónicas con el Ministerio Público”. Se consultó a la oficina de comunicación del Ministerio de Economía y a los números particulares de Sagastume, pero no se obtuvo una respuesta del ministro.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, quien también participó en la discusión en torno a la Ley de Registro Móvil de Celulares, recuerda el papel de Sagastume como “muy cerrado” respecto a este punto. “Él tuvo una lucha muy férrea porque no se aprobará, como representante de un sector del empresariado. Ha jugado un papel ambiguo, que no deja de sorprender y nunca se sabe por dónde va a saltar la libre” afirmó.

Fuentes del Ministerio de Economía apuntan a que si bien Sagastume es el designado como titular de esa cartera, otros puestos clave, entre ellos sus posibles viceministros, vendrán designados directamente por el Ejecutivo. No se descarta que el sector de Telecomunicaciones, y en particular de los afines a Tigo aumente aún más su presencia y su poder en el Minsiterio y, por tanto, en la nueva administración.

La llegada de Sagastume sorprendió incluso a la gremial que dirigió antes de asumir, el Consejo Empresarial de Guatemala. Fuentes de esa institución aseguran que el mismo día de su toma de posesión presentó su renuncia “por motivos personales”, sin especificar las causas. En pocas horas, el nuevo Ministro pasó de férreo opositor al gobierno a su principal contacto con un sector del empresariado.