La despedida de un visitante incómodo

La primera vez que llegó a Guatemala fue en 1990. Una tesis sobre el desarrollo de las ciencias sociales para la Maestría que estudiaba en México, lo trajo a este país, del que 26 años después se despide por cuarta ocasión. En 1994 regresó para trabajar con la Cooperación Italiana en un proyecto “mal pensado” de recuperación de alcohólicos en El Tejar, Chimaltenango. Cuatro años después se incorporó a la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), como jefe de la oficina en Barillas (Huehuetenango). En enero de 2008 regresó para formar parte, durante seis meses, del primer equipo de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); y en julio de 2010 fue designado como representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cargo que ha ocupado durante los últimos seis años, y que concluirá oficialmente el 14 de septiembre.

¿En estos seis años, cómo ha evolucionado el respeto de los derechos humanos en Guatemala?

Estos seis años tienen un antes y un después. El después es a partir de abril (de 2015). Hasta abril teníamos la maleta lista para irnos. No se iba a renovar el mandato de la CICIG, y pensé que tampoco renovarían el nuestro; ambos vencen en el mismo plazo, en septiembre. En estos seis años hemos trabajado con cuatro gobiernos distintos (Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales). Cuando termina el período de Colom y empieza Pérez Molina, no escondo que estábamos muy preocupados, tanto así que la Alta Comisionada vino a las pocas semanas; eso habla del nivel de preocupación que había en Ginebra en relación al rumbo que podía tomar el país…

¿Porque era un Gobierno militar? ¿Por la amenaza de la “mano dura”?

Por el tema de la mano dura, que por más que fuera un slogan, era un lenguaje político públicamente lanzado, pero también porque se temía un retorno al pasado, a pesar de que se había firmado la paz, y él (Pérez Molina) había estado en la firma de la paz. La sensación general era de que Guatemala podía tener un retroceso notable. Y como detrás de él se venía lo que después sucedió: no una militarización, pero sí una des-civilización de instancias de inteligencia, o la misma SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia) que ahora vemos. Fue en esos años en que volvieron a poner militares o exmilitares al frente de esas instancias civiles, cosa que se había logrado desmantelar con los Acuerdos de Paz. No ocurrió lo que temíamos, pero sí volvieron a ocupar espacios públicos hasta en la SAE (Secretaría de Asuntos Estratégicos) que había sido un ejemplo, un proyecto exitoso.

¿Hay alguna preocupación similar con el gobierno de Jimmy Morales, por la presencia de los militares que le acompañan y que han sido señalados públicamente?

No. No la hay. En general no es esa la percepción. Siempre digo que Guatemala pasó de ser un caso emblemático negativo a un caso emblemático positivo. Pero no es que haya un riesgo de retroceso como lo ha habido antes. Lo que sí es que los procesos de cambio van a costar, porque aún no se ha cumplido el objetivo.

¿Por qué establece el parteaguas, el antes y el después, en abril del año pasado?

Porque ese abril con sus marchas, cambia la historia del país. A pesar de que siempre ha habido marchas en el interior, el hecho de que las universidades hayan vuelto a ocupar espacios políticos públicos, cambia la percepción. El parteaguas es que hoy sabemos que más de un millón de personas salieron a las calles, cosa que antes no sabíamos. Cuando fue el caso del genocidio, al final quedamos la comunidad internacional, exigiendo que se cumpliera lo que los tratados internacionales dicen, y las victimas, en un proceso que fue difícil de superar. Hoy creo que se ha superado bien, se ha demostrado que algunos personajes del pasado actualmente están involucrados en casos delictivos del presente. Se ha demostrado que no sólo lo público es corrupto, sino que también lo privado.

¿Cómo se relacionan esos hechos con el respeto a los derechos humanos de los guatemaltecos?

La corrupción afecta los derechos humanos. Guatemala tiene una de las crisis de salud más graves de la historia, hay  discriminación y racismo en la atención primaria, también un desvío de recursos, y se sigue achacando la responsabilidad a los pactos colectivos del movimiento sindical. Todo mundo habla ahora del debido proceso, de una justicia pronta y cumplida. Pero la justicia pronta y cumplida no ha llegado a Huehuetenango. Rigoberto Juárez pasó en prisión más tiempo del que finalmente lo condenaron.  El tema de los derechos humanos se mantiene vigente. Con excepción de la marcha campesina, una acción exitosa del movimiento campesino durante el gobierno de Otto Pérez Molina; la deuda agraria  y la negociación del Chixoy, ha sido lo más importante que se ha logrado. Pero el resto ha sido un poco oscuro.

¿Las personas que exigen ahora el debido proceso, se habían acercado antes a la OACNUDH para manifestar sus preocupaciones por el tema de los derechos humanos?

No. Una preocupación por el debido proceso, no. Curiosamente hoy se demanda el debido proceso. En el caso de La Puya, sí se habló de derechos humanos y se logró parar el primer desalojo, no así el segundo. No hubo la mano dura que se temía, pero sí ha habido movimientos propios del pasado, porque está la observación internacional y hay un Procurador de los Derechos Humanos atento a estos hechos.

¿Existe aún en Guatemala una política de Estado que promueva la violación sistemática de los derechos humanos?

No. Ha cambiado. Hay bolsones de sectores que sigue utilizando eso, y que hay que investigarlos, como el caso del dirigente del CUC en Alta Verapaz, o de agencias privadas de seguridad que están fuera de control porque la Policía Nacional Civil no tiene capacidad de controlarlas. Ha habido expresiones de sectores militares que siguen atacando con el discurso del odio. Pero política de Estado no hay.

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Pero recién se ha denunciado que miembros de la Secretaria de Asuntos Administrativos de la Presidencia se dedican a espiar y perseguir a opositores. Eso, de ser cierto, es una violación de los derechos humanos…

Las instituciones que fueron desmilitarizadas, se han entregado a exmilitares. Hay que recordar que desde una óptica militar esa conflictividad se analiza como amigos y enemigos. Por ejemplo, en el caso de Huehuetenango, en el expediente judicial se encuentra una hoja en blanco, sin membrete, donde se analiza a un personaje con antecedentes de que fue parte del movimiento guerrillero; eso no es parte de una evaluación procesal porque el hecho de que alguien haya sido parte de un proceso donde hay delitos amnistiados no tendría que constar en el expediente judicial. Cuando uno ve ese expediente hace pensar que funcionarios públicos o de empresas privadas hacían el análisis con una lógica del pasado. Eso no quiere decir que haya una política de Estado, pero sí hay sectores que todavía analizan la realidad con esa lógica. Se habían desmantelado destacamentos militares en la época de Otto Pérez Molina, cuando fue Comisionado en el gobierno de Óscar Berger que ahora vuelven a abrir en todos lados. Resultado: ningún impacto. Ahí hay una cultura que cuesta cambiar. Lo que pasó en Totonicapán es lo que la OACNUDH ha repetido, y no lo dice solo en Guatemala, lo dice en todo el mundo: el riesgo de los militares en la calle es que hay incidentes y que se militarizan las instituciones del Estado.

¿Cuando habla de “bolsones de resistencia al cambio”, a quiénes se refiere?

Algunos de esos bolsones son los que todavía desvían ríos, que antes eran impunes y hoy son denunciados por el Ministerio de Ambiente. Los otros bolsones son aquellos empresarios del sector agrario que en lugar de cumplir con el salario mínimo, como hemos detectado en fincas de distintas partes del país, no lo pagan o recurren al apoyo de la esposa o hijos del trabajador para cumplir con las metas fijadas, o les distribuyen anfetaminas para que el trabajador cumpla. O aquellos que todavía siguen pensando que los casos de lesa humanidad pueden ser amnistiados, cosa que no es aceptable ni aquí ni en ningún lugar del mundo.

Todo eso tiene que ver con la cultura de arbitrariedad, ilegalidad e impunidad que heredó la guerra y que forma parte del sistema…

Pero no es que sean todos. Hay quienes se benefician de ese sistema. Pero están los indispensables: los Gálvez, las Yasmínnes, las Helen, las Claudias, muchos que se han distinguido por cumplir con su papel. Hay otros funcionarios que no se conocen, que hacen bien su trabajo. No es que sea una cultura difusa en la que todo el mundo es así.

¿Hay una política del Estado para respetar los derechos humanos?

Hay una política del Estado de respetar los derechos humanos, pero que todavía es muy deficiente, y que debería fortalecerse con el reconocimiento y fortalecimiento del trabajo de los defensores de los derechos humanos.

¿Ha avanzado Guatemala en el respeto de los derechos humanos de segunda y tercera generación?

En pobreza no porque Guatemala ha empeorado. Ha habido avances en materia de salud, por ejemplo, cuando se incluyó a las empleadas domésticas al Seguro Social para que tuvieran cobertura en emergencias de salud. Sí ha habido avances, pero de ahí a que estemos del otro lado, todavía falta. Guatemala es un Estado de ingreso medio que debería de tener instituciones más sólidas.

Dijo que en abril del año pasado tenía listas las maletas para irse, ¿por qué?

La OACNUDH ha estado en temas gruesos de derechos humanos y había un discurso de injerencia internacional, en contra de la oficina de la coordinadora residente de las Naciones Unidas, de esta oficina, de la CICIG. Teníamos la percepción de que la idea (del gobierno de entonces) era liberarse de todos; de que no renovarían los mandatos. Y como ya había sido atacado por diferentes frentes, ya se estaba volviendo incómoda esta situación. Era el momento en que pensábamos que el discurso de la injerencia iba a funcionar; y como se había dado el juicio por genocidio que tanto enojó a ciertos sectores, en donde fue clave la presencia internacional, yo tuve la certeza de que íbamos a pagar caro la presencia de todos los embajadores en la audiencia del juicio.

¿Y ahora por qué se va?

Porque ya llevo seis años, y me dieron un buen puesto en una oficina regional de la OACNUDH. A decir verdad, ya estoy un poco cansado, pero también porque no es sano; cuando uno se vuelve un símbolo de una oficina, quiere decir que ya cumplió y siento que la oficina está personalizada en Alberto Brunori y eso en Naciones Unidas no es conveniente.

¿Es cierto que el gobierno de Jimmy Morales pidió que le retiraran del cargo?

No. A lo largo de mi estancia en Guatemala ha habido intentos, pero no ha habido una política para ello. Eso ha sido aclarado tanto con el Presidente como con el Canciller.

¿Le ha tocado morderse la lengua con algunos temas?

No. Yo soy directo, pero sé que hay cosas que no puedo decir sin salirme del mandato. Pero que haya tenido que callarme, no. Ni lo hice con el genocidio ni sobre el salario mínimo. He encontrado fórmulas para decir exactamente lo que pienso, pero siempre respaldado en el mandato.

Finalmente, el Gobierno renovó el mandato de la OACNUDH por un período más. ¿Cree realmente que Guatemala aún requiere de la presencia de esta oficina?

En un mundo ideal, una oficina como ésta yo la pondría en Suecia o Noruega. ¿Qué país no necesita una asistencia técnica? El mandato no es solo de supervisión, sino también de asistencia para mejorar las condiciones del país. Yo creo que sí hace falta.

Pero el país ya cuenta con una institucionalidad para la defensa de los derechos humanos…

Sí, pero es débil. Comparado con antes, sí. Pero hay temas que esta oficina aporta, como el acompañamiento al diálogo nacional por la reforma de la justicia con estándares internacionales de derechos humanos, es importante. Nunca hay una fecha para irse, pero vamos por pasos. La presencia de la OACNUDH ayuda.

¿Lo que sucedió en abril, pudo haber ocurrido sin la presencia de la comunidad internacional?

No. No pudo haber ocurrido. No quiero ser arrogante, pero creo que la presencia internacional creó un ambiente de confianza para que la gente ejerciera con más libertad sus derechos. No excluyo que sin presencia internacional pudo haber habido represión porque los intereses que tocaron esas marchas fueron muy fuertes. El hecho de que coincidieran en algún momento la CICIG, la ONU y diría que casi todo el espectro de la comunidad internacional, le cerró la puerta a quien haya pensado en reprimir. Ahora, que yo atribuyo a las marchas el 70% de lo que ha sucedido, también es cierto. La sola comunidad internacional no hubiera generado mucho. Que se caen por las marchas, se caen por las marchas. Que tuvieron un impacto que nadie esperaba es evidente.

¿Por qué las manifestaciones urbanas de clase media tuvieron ese impacto y no las manifestaciones, marchas y ejercicios de resistencia que vienen sucediendo desde hace mucho en el área rural?

No lo sé. No lo sé. Un poco porque el país tiene niveles de discriminación y racismo que hacen que no se le dé el mismo peso a unas y a otras. El que se sumara clase media urbana desbarató el concepto, pensaban que tenían todo el control y no era así. Sobre todo cuando se unen las universidades y llegan todos los estudiantes, se les desbarata el juego. No sé por qué… Es difícil comprender.

Alguien de la CICIG, al hablar de lo que sucedió en 2015, decía que había sido una alineación de astros, que estaban las personas adecuadas en las instituciones adecuadas.

Sí, pero viene de antes. Creo que ha habido ya una generación de funcionarios. Yo no tengo duda de que todo empieza con Claudia Paz y Paz. Cuando cae Lorenzana. Los que hemos vivido en oriente en la época de Mendoza y Lorenzana en la época de Minugua sabemos que la gente lo sufría, pero como no afectaba aquí… Claro este caso no tuvo el mismo efecto, pero es como una ola que se viene. Y, sí, influye la coincidencia de algunos funcionarios. Los que eran más convencidos y otros que al final se convencieron.

Como la fiscal Thelma Aldana, por ejemplo.

Sí, la fiscal. Pero la misma embajada (de Estados Unidos) es así. Es cierto que hay líneas políticas de Estado, cuando se dio la audiencia de genocidio y llegan varias embajadas, incluyendo de países que en otro momento no estarían allí. Está la foto. Entonces, coincide con los funcionarios, con Iván Velásquez, con el Ministro de Ambiente de ahora. Está el funcionario o funcionaria que es tan preminente como (Miguel Ángel) Gálvez o Yassmín (Barrios), otras veces hay otros funcionarios que pueden ser grises, pero que puestos en condiciones de trabajar se vuelven una estrella.

¿Les tocó subirse a la ola…?

O les tocó o vieron finalmente la oportunidad de subirse. Porque tal vez no la habían tenido. Y bueno, a algunos les ha costado. Como el caso de Claudia Escobar, que no era una estrella, nunca lo ha sido, es una persona normal, amiga, sin embargo, le toca decidir qué hacer y se vuelve un personaje crucial para un cambio de mentalidad. Porque Claudia Paz siempre había dado batalla, pero Claudia Escobar, correctísima, de una clase media urbana intelectual, tiene que decidir y opta por la opción, la única que tenía, la honesta.

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¿Y la Fiscal General?

Thelma… Mucho se ha hablado, incluso se dice que tiene cosas en el closet, yo hasta que no lo vea no lo sé. Con ella siempre hemos trabajado, desde la Corte Suprema con la justicia especializada, y siempre súper bien. Es una clásica funcionaria que viene de carrera, que al final, puesta ante la responsabilidad de ciertas acciones, toma las decisiones y las hace. Si hay algo escondido, yo no lo sé.

Cuando Aldana tomó posesión, la Fiscalía de Derechos Humanos temía que hubiera cambios y que se detuvieran procesos.

Sí, y no la ha tocado para nada. Prácticamente ella no movió una hoja en esa fiscalía, y todos temerosos de una nueva gestión. Sabíamos que Thelma no era Claudia Paz, no era la funcionaria que iba a llevar un caso así... Sin embargo, hasta en eso fuimos sorprendidos, como ahora en enero que llegan a Zona 16, que antes era inviolable, y apresan a 16 (exmilitares), en una zona donde nadie se había atrevido a entrar, y todos se sorprendieron. Es una funcionaria de Estado. A lo mejor hubiera sido una funcionaria que sólo hace su trabajo, pero le ha tocado jugar un papel y con valentía.

El Estado sigue siendo cooptado, el Organismo Judicial también…

Partes, sí.

¿Cómo ha sido su trabajo con el Organismo Judicial?

Cuando empezamos con la Corte Suprema fue de lo más difícil. Como en una entrevista que di a Prensa Libre sobre la Comisión de Postulación y que fue muy atacada, y me costó bastante caro. Uno siempre piensa: “¿cómo vas a criticar una instancia con la que tienes que trabajar?”, y que a veces es mejor quedarse medio callados. Y yo dije: “¿Qué tenemos que perder? Nos la jugamos ahora”. Y hasta ahora ha sido positiva. Y después de un inicio difícil, hemos logrado tener con franqueza una relación de trabajo. Sí, hay todavía bastante trabajo, pero creo que si logramos meter esos mecanismos que aseguran la independencia…

Más que personas, el marco jurídico es importante. ¿Las reformas constitucionales son fundamentales?

Yo no tengo la menor duda. Quienes dicen que no se puede responder con un cambio constitucional a temas coyunturales, no han entendido que éstos no son temas coyunturales. Aquí o hay un cambio estructural en cómo se ha hecho justicia o cómo se ha hecho injusticia en los últimos años, o el país va a seguir sumido en la impunidad. Hay sectores, voces que se oponen, pero en el diálogo nacional, en los diálogos que se hicieron en todos los departamentos, los sectores están de acuerdo en que debe haber una reforma. Hay algunos debates, pero hay puntos firmes: alargar los tiempos, tener una carrera, que la Corte Suprema no tenga la potestad de trasladar a los jueces, hay temas súper claros. Hay muchos consensos.

¿Qué sucede con el pluralismo?

Lo importante es que ya hay un debate serio. Pudimos traer a unos expertos de Bolivia —que ha sido un reto, pues algunos piensan “Bolivia” y se asustan—. Hay ciertos desacuerdos en cómo superar las contradicciones que se generan entre los dos sistemas, unos dicen que el (Convenio) 169 (de la OIT) es suficiente, otros no; como algunos dicen que en el caso de consulta (comunitarias) se necesita reglamento y otros pensamos que es suficiente con el 169… Es un debate que, de lo que se lee afuera, ha podido tener formas de discriminación y racismo, pero que no se ha reflejado en el diálogo nacional.

La teoría dice que el único que viola los derechos humanos es el Estado, pero en la práctica, también lo hacen los grupos paramilitares, las empresas de seguridad, los patronos…

La concepción tradicional dice que es el Estado. Pero en los últimos años se ha venido desarrollando una serie de principios que se basan en tratados ratificados por los Estados, como por ejemplo que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Se va ampliando la gama de actores. No aplica, claro, a un conflicto entre individuos, que es un delito y punto.

En Guatemala, ¿quién viola los derechos humanos?

En Guatemala hay empresas que, desde luego, lo hacen. Como los casos de contaminación y desvío de ríos, o derechos laborales. Aunque cada vez está costando más de acuerdo a los nuevos estándares internacionales. Como la economía se fundamenta en exportaciones, los mercados se restringen. Hay formas, no solo represivas, sino acuerdos, como el de Unión Europea, que obligab a respetarlos. El Ministerio de Salud ha estado violando el derecho a la salud. El derecho a la alimentación es otro tema. El Estado sigue no tutelando, no protegiendo los derechos como sería su responsabilidad.

Algunos acusan a la OACNUDH de estar parcializada, como el caso de la toma de fincas, por ejemplo.

A ver… Habría que hablar de casos concretos. Si hablamos del Polochic, fue un caso de desalojo durante el gobierno de (Álvaro) Colom que causó muertes, donde fueron 13 comunidades desplazadas, más de 800 familias. La función del Alto Comisionado es defender los derechos. En el caso del Polochic se ha demostrado, a través de un informe que publicamos, que ha habido un mecanismo de explotación a lo largo de décadas; los que fueron condenados por usurpadores en realidad habían sido usurpados. En Chuarrancho, donde la muni había usurpado la propiedad de la autoridad ancestral, ¿quién es el usurpador y quién el usurpado? Hay que ir al origen de los temas. Tenemos el Programa Maya que tiene la función de litigio estratégico, acompañar desde el punto de vista de estándares internacionales para que puedan revindicar sus derechos, otra cosa sería que la oficina acompañara a ocupar tierras. Hasta ahora se ha demostrado que la oficina ha acompañado a quien tenía que acompañar.

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¿Qué simboliza el juicio por genocidio para Guatemala?

Simboliza que no hay un retorno al pasado. Que finalmente se reconoce que hubo responsabilidades, se reconoció lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico dijo: que había habido actos de genocidio. Se individualizó la responsabilidad de los actos de genocidio. El caso de genocidio abre la brecha de la lucha contra la impunidad del pasado que resulta siendo la lucha de la impunidad del presente.

¿Que simboliza la anulación del proceso por genocidio?

Simboliza que hay fuerzas que no quieren llegar a la justicia, pero se ha podido avanzar en Creompaz, en el caso Molina Theissen, hubo una sentencia por Sepur Zarco. Este proceso no se ha podido frenar y no podrán pararlo. Demuestra que Guatemala va por otro lado, que esa forma que antes funcionaba bien de crear impunidad, ya no funciona. Simboliza que hay un MP y unas partes que a pesar de ser discriminadas y maltratadas están dispuestas a que los casos del pasado se puedan dilucidar.  

¿Qué futuro le prevé a Guatemala?

Esta es la cuarta vez que me voy de Guatemala. Siempre me he ido con una sensación de frustración y pesimismo, y hoy me voy con bastante optimismo porque sé que ahora hay actores que antes no se miraban y están haciendo su trabajo. Sin caer en fáciles optimismos, siento que el potencial humano que tiene Guatemala finalmente está saliendo, y no digo a la calles, está en las instituciones. Y que los detractores, como los que atacan a la Ministra de Salud (Lucrecia Hernández Mack), caen por su propio peso porque no tienen argumentos, ni los abogados de los casos. Esa forma de generar impunidad, de atacar a los defensores de derechos humanos… Creo que están perdiendo la batalla.