La ex primera dama no puede salir del país

El juzgado cuarto penal accedió a la solicitud del Ministerio Público de impedir que Torres abandone el país y además de una prórroga  para que la fiscalía continúe con la investigación. Sin embargo el tribunal aclaró que aún no puede decir que hay una persecución penal contra Torres.

“Es una medida cautelar: el Ministerio Público manifiesta que podría obstaculizar las investigaciones que ellos realizan por eso se orden el arraigo”,  declaró a los medios la juez Jisela Reinoso.

La fiscalía solicitó la ampliación del período de investigación  de un mes que terminaba el próximo 5 de febrero. La juez decidió darles casi dos meses más hasta el 13 de abril.

Los fiscales argumentaron que aún no habían recibido los informes de bancos que solicitaron sobre cuentas a nombres de Torres.

En el año 2010, Baldetti solicitó que se investigara a la que entonces era primera dama tras la negativa de Torres a acudir al Congreso pese a haber sido citada para aclarar supuestas anomalías  del programa Mi Familia Progresa. En aquella ocasión argumentó que ella no era funcionaria y no estaba obligada a asistir.

Baldetti y sus abogados intentan ahora que el ex ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, sea llamado a declarar por lo que escribió en su libro Rendición de Cuentas, en el que describe a Torres como una de las personas con mayor poder del Gobierno.

La denuncia que presentó la vicepresidenta electa acusa a Torres de haber usurpado funciones que le corresponden constitucionalmente al vicepresidente de la República.

Los abogados de Torres han dicho en repetidas ocasiones que ella no era funcionaria y su vinculación en los programas sociales residía en su calidad de primera dama. Su función era -la defienden- coordinarlos, pero nunca ejerció como responsable de ningún programa.

Por el momento, se desconoce si Sandra Torres se encuentra en Guatemala.