Este es el instrumento legal que usa la Feci para perseguir a periodistas y afectar las elecciones
Este es el instrumento legal que usa la Feci para perseguir a periodistas y afectar las elecciones
Hay un factor que une la persecución contra José Rubén Zamora y el partido Semilla: el uso de la Ley contra el Crimen Organizado. Con esa excusa, el MP obvia otras normativas como la libertad de expresión o la ley electoral; además, pone en riesgo el orden constitucional.
El Congreso de la República aprobó en 2006 la Ley Contra la Delincuencia Organizada para perseguir a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, secuestros, corrupción en el Estado, trasiego de armas y tráfico de personas, entre otros temas. Con esta ley, impulsada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala dirigida por Francisco Dall'Anese , se aprobaron las intercepciones telefónicas, los agentes encubiertos y las entregas controladas debido a la complejidad para investigar a estos grupos.
Sin embargo, 17 años después el Ministerio Público usa esta herramienta legal para investigar a periodistas por sus publicaciones y a un partido político por supuestas firmas falsas con las que se conformó la agrupación Movimiento Semilla.
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En febrero pasado, usando como excusa el caso contra José Rubén Zamora, dueño del desaparecido medio elPeriódico, el juez décimo de primera instancia penal, Jimi Bremer, ordenó investigar a seis periodistas y dos columnistas a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) quien argumentó que los comunicadores al realizar publicaciones sobre jueces y fiscales habrían incurrido en el delito de «obstrucción a la justicia» que está normado en el artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Esto fue posible porque a Zamora lo acusaban del lavado de dinero por intentar introducir al sistema financiero 300,000 quetzales con la ayuda del exbanquero Ronald García Navarijo. Esto hizo que la Fiscalía argumentara que los periodistas podrían formar parte de una estructura de lavado de dinero, pero con otros roles.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) argumentó que todo lo relacionado sobre publicaciones de medios se debía dilucidar mediante la ley de Libre Emisión del Pensamiento que tiene rango constitucional.
Sin embargo, el juez Bremer siguió con el proceso. Incluso la fiscal de la Feci, Cinthia Monterroso, argumentó que debía investigarse a medios independientes por su «financiamiento». En la argumentación de la fiscalía insinuaron que podría darse una «asociación ilícita» que también está regulada en el artículo 4 de la misma ley.
Otra vez la ley
El pasado 12 de julio el juez séptimo de primera instancia penal, Fredy Orellana, ordenó suspender la personalidad jurídica de Movimiento Semilla a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) porque según, indicó el jefe de la dicha fiscalía, Rafael Curruchiche, hay evidencia que para la conformación del partido se presentaron firmas falsas y además que fueron inscritas al partido 12 personas fallecidas. Sin embargo, el partido político aún no ha tenido acceso al expediente a pesar de los requerimientos de sus abogados.
En mayo del 2022, una persona denunció que aparecía inscrito al partido Semilla sin su consentimiento y que habrían falsificado su firma. El caso lo tuvo la fiscalía de delitos electorales, pero en abril pasado fue trasladado a la Feci. Fue después del día de las elecciones, cuando Semilla obtuvo los votos suficientes para disputar la segunda vuelta electoral junto al partido Unidad de la Esperanza (UNE), que el expediente salió a la luz.
En ese caso la Feci otra vez utiliza la ley contra la delincuencia organizada para encarrilar su estrategia. Esta vez utilizó el artículo 82 de dicha ley para solicitar al juez la suspensión del partido semilla.
Curruchiche declaró que Semilla pagó 7 quetzales por firma recolectada «por lo que multiplicado por más de 25,000 quetzales firmas que necesitaba para constituirse como partido político suman la cantidad de 175,000 desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos».
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No es casualidad que Curruchiche utilice esta narrativa. Es que la ley contra la delincuencia organizada está destinada a grupos que nacieron y se crearon justamente para actividades criminales. Semilla es un partido político, pero al agregar el lavado de dinero intenta continuar con la estrategia de utilizar dicha ley.
¿Cuándo sí pueden usar esta ley?
El abogado Luis Fernando Bermejo realizó un análisis explicando cómo y cuándo puede utilizarse esta ley. «El artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada busca perseguir grupos delictivos organizados con el propósito de cometer uno o más delitos. Entre los delitos mencionados no están los de falsedad ideológica o material, que serían las figuras en las que encajaría el consignar firmas falsas.
El delito de lavado de dinero si está tipificado en ese listado del artículo 2, pero este delito no se tipifica únicamente porque no saben de dónde provinieron los fondos para pagar las campañas de afiliación. El MP tiene la obligación de comprobar que los fondos provenían de delitos», explicó Bermejo.
Agregó que Semilla se conformó como partido político no para lavar dinero, sino para poder participar en las elecciones. «Así el MP claramente está abusando de las facultades que da la ley contra la delincuencia organizada para poder suspender al partido político», indicó Bermejo.
Para el abogado Gabriel Orellana llevar el caso al «campo penal» es porque los jueces gozan de más amplitud de poderes para poder dictar medidas en contra de personas. «Solo la amenaza de que a cualquier persona lo puedan meter a la cárcel, en un país donde los procesos pueden llegar a tener una duración extensa, antes de la condena, es para debilitar a las personas acusadas», indicó Orellana.
En el caso contra José Ruben Zamora se observó cómo varios de sus abogados fueron acusados y hasta aceptaron cargos ante la presión. Personas allegadas a Mario Castañeda, uno de los primeros abogados de Zamora y que se declaró culpable, comentaron que al enviarlo al centro de detención de Matamoros, donde estuvo aislado y negarle sus medicinas hizo que decidiera declararse culpable antes de seguir en prisión. Lo mismo ocurrió con el exfiscal Juan Francisco Solorzano Foppa, quien también fue abogado de Zamora, y aceptó los cargos para salir de prisión.
En el caso de Semilla, el juez Orellana ya emitió dos órdenes de captura contra Cinthya Rojas y Jaime Gudiel Arias quienes estarían vinculados a la adhesiones irregulares. El equipo legal de Semilla, conformado por Andrea Reyes, Juan Carlos Guerrero y Oswaldo Samayoa, afirma que la estrategía de la Feci es presionarlos para que acepten cargos como sucedió en el caso de Zamora.
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El juez Orellana, además, autorizó allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para secuestrar los documentos relacionados al partido Semilla. También certificó lo conducente —es decir, autorizó el inicio de una investigación— contra el jefe de Registros de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, al no acatar la orden de Orellana de suspender al movimiento Semilla a pesar de que la Corte de Constitucionalidad dio un amparo para dejar en suspenso la orden de Orellana
Este jueves 20 de julio dieron un paso más: el mismo juez ordenó la captura de Eleonora Castillo Pinzón, subdirectora del Registro de Ciudadanos, quien está al frente de esta oficina debido a que Muñoz se encuentra de vacaciones. El acuerdo 1386-2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitido el pasado 16 de julio nombró a Castillo como jefa interina del Registro de Ciudadanos por lo que goza de antejuicio al ocupar el cargo de manera oficial.
Para Alejandro Rodríguez, exsecretario de política criminal del MP, lo que se está viendo es una guerra jurídica que han perfeccionado en los últimos años al tener el control del MP y de algunos juzgados.
«Es una estrategia política militar. La Feci es el principal actor al llevar los casos de criminalización. Pero cuentan con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decide a qué juzgados enviar determinados casos donde hay jueces afines. Antes estaba Mynor Moto. Pero ahora están los jueces Sergio Mena, Fredy Orellana, Julio Cruz, Jimi Bremer», indicó Rodríguez.
Añadió que se complementa con la estrategía mediatica y guerra psicologica de la que se encargan los net center y la Fundación Contra el Terrorismo. El TSE emitió una comunicación oficial desmintiendo información publicada en Twitter sobre la magistrada Irma Palencia. Los magistrados han pedido que la población no confíe en esas publicaciones y se remitan a canales oficiales.
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