La máscara del terror oficial en Venezuela

En la localidad de Caucagua, parado a las puertas de su comando, un oficial explicó para qué servía la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP. Llevaba botas de campaña, trenzadas hasta las pantorrillas, sobre el pantalón verde oliva, y una franela negra con su nombre bordado en el extremo superior izquierdo. Afincó su pie con fuerza contra el piso de tierra, levantó el talón, sin despegar el calzado del suelo, y lo movió lentamente de izquierda a derecha, como si aplastara una cucaracha. Luego respondió: “¿La OLP? La OLP es como esto. Es como cuando pisas un hormiguero y acabas con lo que hay ahí. -Hace una pausa, revisa en su memoria y suelta un número-: Nosotros hemos matado hasta a 15 en un procedimiento, pero a las dos semanas te salen 30...”.

El oficial, que habló en condición de anonimato, no porque se avergüence de sus acciones, sino por temor a ser sancionado, pertenece al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los cuerpos de seguridad que participó en la OLP. Su frase final no es una metáfora. La OLP ha matado a más de 560 personas en Venezuela en dos años, según datos recopilados para esta investigación en informaciones registradas por la prensa de todo el país. Esta cifra es similar a la totalizada en el informe sobre las actuaciones del Ministerio Público en las OLP, que registra 505 personas asesinadas.

Las OLP son operativos conjuntos de las múltiples fuerzas armadas y de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro, para acorralar la delincuencia. Un documento “reservado” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de ese país, define así el objetivo de la OLP: “…para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.

Sin embargo, el improvisado plan de seguridad ha estado fuera de control desde que se activó en julio de 2015. En una de sus primeras acciones en el populoso sector conocido como la Cota 905, al suroeste de Caracas, se reportó asociada a la intervención de la OLP una masacre de 15 personas. También se denunció el uso excesivo de la fuerza cuando autoridades destruyeron la propiedad y robaron bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. Estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se convirtieron en el sello de la política que se ha convertido en una "masacre por goteo", como la denominó Keymer Ávila investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Los testimonios de víctimas y victimarios, así como el riguroso seguimiento a archivos oficiales, y cobertura de medios realizada para esta investigación del portal venezolano RunRun.es en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS (Consultar acá todo el especial), documentan como bajo la OLP se han cometido 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos, en al menos 44 masacres. En la convulsionada Venezuela de hoy, esto ha sucedido sin escándalos mediáticos, pese a que las operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y drones para la identificación de las víctimas.  

Es así como la política de pacificación se ha traducido en una fórmula de terror y zozobra, que ha incluido hasta el uso de atemorizantes máscaras en los operativos, para mantener bajo control a los venezolanos principalmente en las zonas menos privilegiadas en diferentes partes del país.

Esta investigación además evidencia que detrás de algunos de estos procedimientos en realidad lo que había eran venganzas personales, el cambio de manos de territorios de un grupo criminal a otro, o la protección a los intereses de militares y personajes del alto gobierno.

Colectivos sustituyen a bandas delictivas

Mañonguito, en las afueras de Valencia, la capital de Carabobo, solía ser un territorio habitado por bandas dedicadas a robo, hurto, secuestro, extorsión y venta de droga, confirman autoridades policiales locales. Después de la OLP de agosto de 2015, continuaron los delitos pero cambiaron los actores: los delincuentes desplazaron o mutaron a paramilitares civiles o colectivos, a manera de conversión de identidades.

La llegada de los colectivos a Mañonguito está asociada a la ocupación territorial de grupos afectos al Gobierno que actuaban durante las protestas de la oposición como bandas de choque dedicadas a reducir las manifestaciones que tenían lugar precisamente en el norte de Valencia. “Pero no sólo tomaron el terreno sino también el negocio de las bandas delictivas, como el secuestro, extorsión y robo. En definitiva, ejercen un control político y social del sector recuperado”, explicó la socióloga y experta en temas de violencia, Verónica Zubillaga.  

Los colectivos son grupos de civiles armados, con una estructura similar a la de los paramilitares. Algunos cuentan con el apoyo del Gobierno de Venezuela desde la época de Hugo Chávez. En ocasiones son utilizados en funciones represivas, de control de orden público y de seguridad ciudadana, sin que estas actividades estén reguladas o amparadas en alguna legislación. Algunos colectivos se dedican a actividades delictivas, como la extorsión, el secuestro y el contrabando de alimentos. También imponen sus propias normas de control social en las zonas donde operan, se encargan de la administración de las bolsas de alimentos denominadas Comités Locales de Abastecimiento (Clap), de la venta informal de productos básicos y de servicios de seguridad privada a comercios. En el pasado, algunos recibieron asignaciones de divisas asignadas por las estructuras de control de cambio del Gobierno.

Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado, identificó a estos grupos como mercenarios, extraídos de alguna forma de los cuerpos de seguridad del Estado, colectivos o megabandas que son pagados para generar violencia.

La pacificación que no llegó

Dolor y tristeza fue lo que dejó uno de estos operativos en los Vegas-Azuaje*. Aunque ya han pasado más de seis meses, el patriaca de la familia no puede evitarlo, todavía se ahoga en llanto cuando recuerda ese día, el día que la OLP mató a su único hijo varón. “A mi hijo lo asesinaron el 10 de marzo. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana entró la Policía Nacional Bolivariana, los llamados hombres de negro (Fuerza de Acciones Especiales de la PNB), algunos encapuchados y otros no. Le dieron un mandarriazo (golpearon con un mazo) a la puerta. A mi esposa, a mi hija y a mí nos sacaron a la fuerza, prácticamente desnudos. Estuvieron como media hora con él en el cuarto y lo golpeaban. A mi hijo lo mandaron a vestir, porque estaba durmiendo y lo bajaron a la sala. Le dieron un solo tiro en el corazón a mi muchachito de 16 años, sin ningún motivo… Me mataron a mi muchacho así, malamente”. Luego fue presentado como un “presunto delincuente”.

Tras la OLP la violencia no se ha reducido. Al contrario: el año pasado, los crímenes -según cifras oficiales- aumentaron un 12 por ciento con relación al año anterior llegando a la cifra de 21.752 homicidios. Tampoco está claro el argumento de ser una política contra una supuesta fuerza extranjera que busca desestabilizar, pues menos del uno por ciento de las víctimas, entre asesinatos y detenidos sin orden judicial son extranjeros. Dentro de ellos está el caso del religioso estadounidense Josjua Anthony Holt y su esposa Thamara Caleño Candelo, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos hace más de un año sin ninguna fórmula de juicio luego que en uno de los allanamientos masivos de una OLP, supuestamente encontraron en su residencia un fusil AK-47, una granada MK2 y municiones.

Se ha demostrado que en varios casos las OLP han sido operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos móviles y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban como resultado de labores de inteligencia en los que han echado mano desde dispositivos electrónicos de monitoreo, de prostitutas que pasan información de sus clientes, hasta de información obtenida a través de la denominada “inteligencia social”, un mecanismo de información mediante el cual las comunidades, vecinos y representantes de las estructuras políticas del Gobierno suministran detalles de identidad y ubicación de los presuntos “paramilitares”. Así lo llamó públicamente la entonces viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores, Katherine Harrington. Luego se supo que varios de los informantes que estaban dentro de las propias comunidades y algunos de estos “delatores” fueron asesinados por las bandas delictivas que se quedaron tras la OLP.

El equipo de investigación de RunRun.es visitó los cinco estados que han registrado más víctimas debido a los procedimientos de la OLP: Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Miranda y Bolívar.  Los familiares de las víctimas coinciden al asegurar que sus parientes fueron ejecutados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y en que ninguno ha tenido acceso a las autopsias, pese a haber casos desde 2015. La mayoría solo disponía de un acta de muerte expedida en la morgue de su localidad. Este documento no daba  detalles las causas de la muerte, solo especificaba si el cuerpo presentaba herida de arma de fuego y en dos líneas una descripción de su efecto: “Hemorragia interna. Herida por arma de fuego toraco-abdominal o shock hipovolémico”, era la explicación que más se repetía.  

“Lo que buscan es que no se haga justicia. Las víctimas se cansan. Viven un duelo y luego caen en un sistema que las vuelve a revictimizar”, asegura Ronnie Boquier, abogado de la ONG Cofavic, organización que se ha especializado en atender casos de ejecuciones sumarias. Más de 95 por ciento de las denuncias que ha recibido Cofavic están en etapa de investigación y muchas tienen entre dos y cuatro años en ese estado. Eso es cuando las familias se deciden a denunciar, porque en la mayoría de casos, los deudos reciben amenazas y prefieren guardar silencio. La impunidad es el denominador común.

En la región, aún no se supera la conmoción por el centenar de muertos que hubo entre abril y julio de 2017 en Venezuela en medio de las protestas contra la controvertida realización de la Asamblea Nacional Constituyente. La implementación de las OLP multiplica por cinco ese saldo trágico. Una política de seguridad que ha terminado convirtiendo a los ciudadanos no en los beneficiarios sino en el objetivo, todo en aras de una supuesta pacificación que no llega, y que lo único que ha traído es más angustia y dolor.

Encuentre los detalles de este reportaje en Runrun.es y Connectas.org