La Pasión: El río, el enemigo

Antes de ver a los peces flotando por el río, Eduardo Caal, pescador de la aldea El Chorro, sintió olor a podrido. Supo que algo andaba mal. Tomó el camino que baja desde su casa hasta una pequeña playa donde están amarradas las lanchas. Se sentó a la orilla del río y no contuvo las lágrimas. Como en una pesadilla, vio pasar miles y miles de peces sin vida. “Peces de este tamaño”, dice, sin poderlo creer aún, poniendo su mano a la altura de la cintura. La mancha mortal que arrasó con la vida acuática del río La Pasión a partir del 6 de junio, tardó cuatro días en bajar desde la aldea El Pato —sede de la planta de extracción de aceite de la Reforestadora de Palmas del Petén, Sociedad Anónima (Repsa)— donde muchos testigos dicen que se originó, hasta El Chorro.

En un día normal de pesca, Eduardo Caal sacaba del río entre 30 y 40 libras de pescado que le aportaban unos Q500. Como no tiene licencia de pesca, se las vendía a un pescador autorizado en Sayaxché. Sus presas principales eran las mojarras ya que los róbalos, uno de los peces más cotizados, son demasiado rápidos y fuertes para sus medios rudimentarios de pesca. Hoy, sus atarrayas están colgadas del techo de su casa, y no sabe cuándo las utilizará de nuevo.

Eduardo Caal no siempre fue pescador. Antes era agricultor como casi todos los habitantes de El Chorro, aldea situada a unos 15 kilómetros al sur de Sayaxché, en el departamento de Petén. Pero un día, un finquero compró los terrenos alrededor de las parcelas de unas 20 familias de la aldea, entre ellas la de Eduardo Caal. Sin derecho a cruzar esa propiedad privada, estas familias ya no pudieron acceder a sus cultivos y se vieron obligadas a vender sus tierras al terrateniente. Éste se las arrendó o vendió luego a una empresa de palma africana. Eduardo Caal logró convertirse en pescador con algo de suerte y bastante esfuerzo.

Pero esta vez, con la contaminación, Eduardo Caal no sabe qué hacer. La pesca está prohibida en todo el río La Pasión y corre la voz de que se va a decretar una veda de dos a cinco años. “En cinco años nos morimos de hambre”, dice sin emoción, como si fuera algo obvio e inevitable. Las fuentes de trabajo son escasas en el lugar, y aunque las hubiera, ¿quién contrataría a un viejo pescador de 61 años?

En realidad, lo de los cinco años de veda pesquera no es más que un rumor que circula entre pescadores: Dipesca, la institución del Ministerio de Agricultura y Ganadería que administra los recursos pesqueros, no se ha pronunciado al respecto, ya que aún no tiene todos los elementos en la mano. La única certeza es que las poblaciones de peces fueron diezmadas por la contaminación, y se necesitará un tiempo para que se regeneren.

Las 136 familias que habitan en El Chorro han visto su vida oscurecerse con la contaminación del río La Pasión. Éste es la base de su subsistencia. El pescado nunca faltaba en la mesa de los pobladores de la rivera. Gracias al río no necesitan comprar pollo o res. De todas formas, la mayoría no podría costeárselo. Hoy, la recomendación es no comer peces, ya que podrían estar contaminados. Roy Flores, director del área de Salud del sur de Petén, está preocupado por esta situación. “Como la tragedia es reciente, todavía no nos damos cuenta de las consecuencias, pero de aquí a unos meses, van a llegar a los hospitales personas con síntomas de desnutrición”, pronostica.

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El agua es un problema aún más apremiante que la falta de un alimento básico las comunidades. Los habitantes de El Chorro suelen tomar el agua del río después de hervirla. Ahora, puesto que no se ha determinado qué sustancia fue vertida en el río, las autoridades han recomendado no consumir su agua. Tampoco se considera seguro bañarse o lavar ropa.

El Chorro depende para mientras de un nacimiento de aguas cristalinas que cae a una pequeña poza. Allí se pueden ver mujeres lavando ropa y niños jugando a ser peces. Pero esta fuente tiene los días contados: cada año en estas fechas, el nivel del río La Pasión sube varios metros. En unos quince días, calculan los habitantes, este oasis quedará bajo sus aguas. Cuando esto ocurra, los habitantes de El Chorro vivirán como en un desierto: como refugiados de una guerra, dependerán sólo del agua que aporte la ayuda humanitaria.

Ayuda insuficiente a todas luces. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) llegó a El Chorro 10 días después del desastre para entregar bolsas de agua e Incaparina, 15 litros de agua y una caja de Incaparina bebible por familia. Según Remigio Caal, el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo, la Conred prometió “volver pronto” con una ayuda similar, muy por debajo de las necesidades de las familias.

Por su parte, Repsa ha enviado camiones cisterna a las aldeas de su “zona de influencia”, de donde provienen sus empleados y jornaleros. Pero El Chorro no recibe esta ayuda: queda lejos de Repsa, no aporta trabajadores y se ha sumado a las protestas en contra de la empresa acusada de ser la causante del desastre ambiental.

Según el Ministro de Ambiente, Óscar Medinilla, las muestras de agua y de peces realizadas por la institución que dirige no arrojaron indicios de contaminación por pesticidas. En cambio, la hipótesis más sólida es que los peces murieron por falta de oxígeno, lo cual apunta directamente a las lagunas de oxidación de Repsa en donde acumulan los desechos líquidos muy contaminantes generados por la extracción de aceite. La empresa admitió que el 29 de abril, cuando se registró la primera muerte masiva de peces, sus lagunas se rebalsaron. En cambio, asegura que ningún incidente se produjo el 6 de junio, cuando la mortandad alcanzó niveles de catástrofe ambiental.

Vivir a la orilla de un río venenoso

De comunidad en comunidad, la historia se repite. A lo largo de 150 kilómetro del río La Pasión, entre El Pato y Canaán, 17 aldeas han visto su vida diaria gravemente perjudicada por el vertido.

Según Conred, hay 14 mil personas afectadas que necesitan ayuda y cuya seguridad alimentaria está en peligro. Algunas aldeas disponen de un pozo o un nacimiento, pero no siempre se pueden dar abasto a toda la población. Además, los técnicos del Ministerio de Salud han observado que en muchas aldeas el agua está contaminada con bacterias de origen fecal. Otras veces los pozos están demasiado cerca del río, y por lo tanto, no es aconsejable utilizarlos. Existen comunidades, como San Juan Acul, ubicada a15 kilómetros al norte de Sayaxché, que no tienen una sola fuente de agua y viven de la ínfima ayuda de Conred y del agua de lluvia que pueden recoger. Apenas unos días después del paso de mancha tóxica, ya se veía a mujeres lavando ropa con medio cuerpo dentro del río.

El problema no es sólo de agua y alimento. La contaminación del río La Pasión es un golpe moral durísimo para los habitantes del municipio. Julio César Hun, habitante de la prístina comunidad de Canaán, lo expresa con infinita tristeza:

—Éramos como hermanos con el río. Le teníamos amor y confianza. Era la base de nuestra alimentación, nuestra higiene y la diversión de la familia. Ahora le tenemos miedo.

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Por doquier, circulan rumores de personas que se bañaron en el río contaminado y salieron con granos, con los ojos hinchados y dolores de estómago. Se habla de perros muertos por comer pescados muertos o haber bebido agua en el río. Roy Flores, del área de Salud, indica que en el hospital de Sayaxché, todos los supuestos casos de intoxicación por peces o por agua del río en realidad tenían otras causas. Pero es igual: los vecinos ya no perciben el río La Pasión como una fuente de vida, sino como un torrente venenoso.

Julio César Hun observa la espléndida pradera verde a la orilla del río, punto de encuentro de todos los habitantes de Canaán. “Aquí, a estas horas, todos los días era como un día de campo. Las mujeres venían a lavar ropa, los niños nadaban, los muchachos jugaban al futbol y luego se bañaban en el río. La gente sacaba su pescado y allí mismo armaba una fogata y lo asaba en familia”. Hoy, la explanada está desierta. Canaán le ha dado la espalda a su río.

Protestas contra la palma y la impunidad ambiental

Las mujeres de El Chorro, reunidas frente al precario nacimiento de agua que aún las abastece, están indignadas. Culpan por igual a la empresa Repsa y a la plantación de palma africana que rodea la aldea. A esta última, de la que desconocen el dueño, la hacen responsable de las magras cosechas de maíz y frijol que han obtenido en los últimos años. La acusan también de contaminar el río La Pasión. La finca extrae agua por una tubería para irrigar la palma, y la devuelve por un pequeño arroyo. Con la contaminación, los administradores de la finca han tomado la precaución de cerrar la tubería de riego.

—Si los hombres no tienen el valor de ir a botar las palmas, nosotras las mujeres sí lo vamos a tener —lanza una mujer.

La comunidad de Canaán también tiene cerca una plantación de palma. La indignación es la misma.

—Primero son los peces, luego somos nosotros —lamenta Celia, representante del comité de mujeres—. Unos van a acabar llenos de billete y otros en una caja. A nosotros nos va a tocar la caja.

—Lo que pasa es que esto es una guerra, distinta de la anterior, pero es una guerra —le contesta un hombre altísimo y delgado que fue soldado durante los últimos compases del conflicto armado.

En Canaán, la consigna es clara: ni una parcela más para la palma africana. Los líderes reúnen regularmente a la comunidad para mostrarle documentales y explicarle por qué no se debe vender terrenos a las empresas palmeras.

—Hay que defender la tierra —afirma Julio César Hun, vicepresidente del Cocode—. Las palmeras son como los egipcios, por cómo explotan a la gente.

Las protestas en todo el municipio se han multiplicado desde que se declaró la segunda contaminación el 6 de junio.

Dos días después, comunidades aledañas a la empresa entraron a las instalaciones de Repsa, hicieron algunos destrozos y arrojaron peces podridos en la garita de la empresa. El 11 de junio, la población bloqueó el ferri de Sayaxché sin el cual no pueden pasar vehículos hacia Flores y Santa Elena. El 15, un bloqueo de carretera cerca de las instalaciones de Repsa impidió el paso durante unas horas de un camión de Conred. Del 23 al 25 de junio, habitantes del municipio llegaron a Guatemala y tomaron la sede de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (Codisra).

Sin embargo, estos movimientos de protesta no han sido sostenidos, y sus líderes no han podido presentar un frente común en contra de Repsa. Hay posturas distintas y divisiones entre los grupos.

Uno de los colectivos, encabezado por Carlos Mucú, presidente del Cocode de la microrregión La Ceiba y candidato a diputado por el partido CREO, decidió negociar con Repsa ayuda para las comunidades cercanas a la planta extractora. De esta forma, estas poblaciones han recibido toneles, suministro diario de agua y la promesa de la empresa de realizar ciertas obras de infraestructura.

Otro grupo es el de los pescadores de Sayaxché. Lo lidera Evaristo Carmenate, un antiguo pescador que ahora vende suministros de pesca. Carmenate no pide que Repsa se vaya de Sayaxché puesto que brinda 4,500 empleos. Pero sí exige que se responsabilice por los daños y dé un resarcimiento. Evaristo Carmenate pidió a la empresa Q30 mil para los 200 pescadores de Sayaxché. Este dinero, asegura, debía servirles como capital inicial para empezar otra actividad durante la probable veda pesquera. Luego de unas conversaciones con Repsa, bajó la demanda a Q15 mil. La empresa ofreció Q4 mil, lo cual fue tomado como una burla por los pescadores que rechazaron la oferta.

Un tercer grupo, llamado “Comisión por la defensa de la vida y la naturaleza”, es liderado por el activista Saúl Paau. La comisión se creó al cabo de una reunión que mantuvieron representantes de varias comunidades afectadas. Es el grupo que mantiene las posturas más radicales. Exige el cierre definitivo de las plantas extractoras de aceite y propone que las tierras de Repsa sean expropiadas y repartidas entre los damnificados. “Si se les cobrara por cada pez muerto, Repsa no tendría suficientes palmas como para pagar”, afirma Paau.

Esta comisión, que rechaza toda negociación con la empresa, inició una acción legal en contra de Repsa por la contaminación ambiental. Tras la toma de las instalaciones de Codisra, en la capital, logró que el Ministerio Público nombrara a un fiscal especial de la capital para investigar el caso. Esto, porque muchos desconfían de la independencia de los fiscales y jueces de Petén frente a una empresa tan poderosa como Repsa. Además, la Codisra y el movimiento Pro Justicia serán querellantes adhesivos en esta causa penal.

Cada grupo trabaja por su lado. Incluso, entre ellos afloran divisiones previas, como por ejemplo entre comunidades y pescadores de Sayaxché, enfrentados desde años atrás por las zonas de pesca. Divisiones que, obviamente, favorecen a una empresa que rechaza la palabra resarcimiento, puesto que no acepta ser la responsable de la contaminación.

La estrategia de la división

El 15 de junio pasado, Repsa reunió al alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, y a siete líderes de las comunidades cercanas a la planta extractora. Los subió a una avioneta y los trasladó a la ciudad de Guatemala. Ya en la capital, los llevó al salón privado del restaurante Los Cebollines de la Zona 10. Las versiones sobre lo ocurrido durante la reunión varían según los protagonistas, pero lo cierto es que al final, los siete líderes y Jorge Estrada, gerente de planificación de Repsa, suscribieron un polémico documento. El alcalde no lo firmó, pero sí impuso el sello de la municipalidad.

El documento empieza de la siguiente manera: “Los abajo firmantes convenimos (…) que la empresa no tiene responsabilidad sobre la mortandad de peces”. Enseguida, viene una lista de ayudas bastante modestas que la empresa debe brindar a las comunidades: 201 toneles de agua, una pileta para la aldea Champerico, un pozo artesanal para El Colorado, “resiembra” de peces en el río…

La redacción del acta es bastante torpe, pero cae en lo absurdo en su punto cuatro: “La empresa se compromete a tomar medidas precautorias para el manejo de sus efluentes, no obstante no son los causantes de la mortandad de peces”. Curiosa paradoja que podría reformularse así: “sabemos que no fueron ustedes, pero no lo vuelvan a hacer”.

Una vez publicado, el documento incendió las redes sociales de Petén y causó una oleada de indignación entre pescadores y aldeas afectadas. Los líderes que firmaron el documento, entre ellos Carlos Mucú, fueron tachados de traidores y vendidos.

Según Alejandro Chacón, asesor ambiental de Repsa, que ha hecho de portavoz de la empresa a lo largo de la crisis, la reunión en Los Cebollines se hizo a pedido de las comunidades. El texto, agrega, fue redactado por los propios líderes comunitarios.

Carlos Mucú tiene una versión diferente. Él y los líderes pidieron la reunión con Repsa, pero sólo para coordinar del suministro de agua y no para defender a la empresa. Los diferentes puntos, dice, fueron escritos por Repsa. Es más, cuando firmaron y sellaron el documento, éste no tenía el encabezado en donde se exculpa a la empresa. Este fue agregado después, asegura. “Fue un montaje de la empresa”, afirma hoy el líder comunitario y candidato a diputado por CREO.

“Ahora me están comiendo vivo por eso. Creen que por un pedazo de pollo nos vendimos. Con esa carta se cagó en mí Jorge Estrada”, acusa señalando al gerente de planificación de Repsa. Se intentó obtener la versión del alcalde Rodrigo Pop, pero lleva días con el teléfono apagado.

Cuatro días después de la cita en Los Cebollines, los mismos asistentes se volvieron a reunir para firmar un acta que dejaba “sin efecto” la anterior. Un gesto que no convenció a nadie en Sayaxché ni devolvió a estos líderes el prestigio perdido.

El juego de intrigas y suspicacias se ha intensificado, minando la posibilidad de unirse frente a Repsa. A esto se agregan intimidaciones a las voces que han señalado a la empresa. Evaristo Carmenate, líder pescador, ha recibido llamadas telefónicas con amenazas de muerte, y a Saúl Paau le han hecho llegar el mensaje de que abandone sus acciones. Carlos Mucú también ha denunciado ante el Ministerio Público amenazas telefónicas cuyo origen desconoce.

El 27 de junio, el corresponsal de Prensa Libre, Rigoberto Escobar, denunció que un picop blanco de Repsa lo siguió mientras tomaba fotografías cerca de la empresa. En su reporteo, Escobar mostraba que, a pesar del cierre temporal de las dos plantas extractoras ordenado por un juez, seguían ingresando a las instalaciones camiones cargados del fruto de la palma africana.

Repsa, por su parte, ha sabido movilizar a su importante base social: los 4,500 vecinos a los que asegura da empleo, y sus familias. En una manifestación de empleados que Alejandro Chacón califica de “espontánea”, se leían carteles a favor de la compañía y de los empleos que general. Según Carlos Mucú, esta es una de las estrategias de la empresa para dividir a las comunidades.

Los grupos de Saúl Paau y el de Evaristo Carmenate han decidido abandonar los bloqueos de carretera o la toma del ferri. Dicen confiar en la justicia, sobre la cual tienen los ojos puestos. Mientras tanto, la investigación penal continúa y sigue recabando información y recibiendo el resultado de las pruebas, mientras el Ministerio de Ambiente ha pedido la colaboración de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de expertos de la FAO para analizar la situación del río La Pasión. Nadie sabe, de momento, hasta cuándo La Pasión volverá a ser un río amigo.