La PNC, la cenicienta del Estado

La cenicienta que cuida de la seguridad de los guatemaltecos ha demostrado en sus quince años de vida que sabe más de hacerle daño a la sociedad que de protegerla de los delincuentes. Su historia habla de agentes que extorsionan a los automovilistas, violan mujeres, roban, secuestran y asesinan, así como de jefes, ministros y poderosos grupos que se han aprovechado de su debilidad para gestionar sus crímenes con impunidad.

Los últimos tres gobiernos han anunciado sendos procesos de transformación y modernización de esta institución adolescente, sin que los ciudadanos percibieran notables acciones de cambio que les hayan vuelto la confianza. En lo que va de este año, cada mes han sido expulsados de sus filas 31 agentes en promedio tras ser sorprendidos en diversos delitos. Los últimos 19, que integraban una banda que asaltaba a personas que transportaban considerables sumas de dinero en efectivo, fueron detenidos hace una semana.

La Reforma Policial, el proceso que por medio del cual se pretende “cambiar la cultura de los miembros de la PNC”, devolver la dignidad a sus integrantes, profesionalizar a la institución, dotarla de los recursos técnicos e insumos para hacer bien su trabajo, comenzó formalmente hace tres años y todavía no termina de arrancar. De momento, da la impresión de que el asunto no es una prioridad para el gobierno.

La PNC nació un 4 de marzo de 1997, ni de doloroso parto natural ni de urgente cesárea. Fue una apurada fecundación in vitro producto de la fusión de los dos siniestros cuerpos de seguridad "civiles": la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda. Durante los 36 años de guerra interna que vivió el país (1960-1996), ambos sirvieron de fuerzas operativas del Estado contrainsurgente para ejecutar la indiscriminada represión desatada en contra de los opositores a la dictadura militar.

Fue apadrinada por la desaparecida Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), y la Guardia Civil Española, que, muy a su modo, le inculcó el espíritu de servicio a la ciudadana que cualquier institución dedicada a la seguridad pública debe tener en un país democrático, el cual no terminó de cuajar.

En los Acuerdos de Paz el Gobierno y los alzados convinieron que la nueva institución, además de civil, fuera profesional, y que tuviera rango constitucional para garantizar que en la Carta Magna fuera “el único cuerpo policial armado (del Estado) con competencia nacional”, y con la función de “proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir, investigar y combatir el delito, y mantener el orden público y la seguridad interna”.

 Cuando en 1997 trataron de llevarse a la Constitución los Acuerdos de Paz, los guatemaltecos, en consulta popular, rechazaron las propuestas de modificar la Carta Magna, entre ellas la relacionada con la PNC. Ahora, quince años después, el gobierno ha retomado esa aspiración y la reforma constitucional que promueve el presidente Otto Pérez Molina incluye de nuevo el tema de la policía. Sin embargo, es difícil predecir si éstas serán aprobadas por el Congreso como lo pretende el Ejecutivo, debido al rechazo de la cúpula empresarial, de varios sectores sociales, y de algunos partidos de oposición.

Dos mujeres, ambas íconos de la lucha contra la impunidad y violencia que padece el país, pero cada cual en circunstancias diferentes, han arropado en su regazo a la vilipendiada PNC y luchado para devolverle le dignidad que el mismo Estado se ha encargo en hacerle añicos. Sin embargo, la mezquindad, la ambición y el egocéntrico protagonismo con que se hace la política en Guatemala, han enturbiado el proceso de reforma policial que ellas han liderado, sin que por ello la ilusión de transformarse haya desaparecido.

Es fácil echarle la culpa al policía que anda en la calle. Lo hacen todos, la gente (los ciudadanos), los jefes, los ministros, el presidente, pero la culpa de que esto no funcione no es de nosotros (los agentes), sino de la cabeza. Si la cabeza, falla, todo el cuerpo falla. Y en la PNC, si los jefes, que son la cabeza, fallan, pues fallamos todos. Así nomás es la cosa, pues.”
Oficial de PNC, con catorce años de servicio

Sus primeros tres años de vida fueron estables y de crecimiento institucional: Rodolfo Mendoza, como ministro de Gobernación, y Ángel Conte, como comisario general, dirigieron sus pasos iniciales y, aunque bajo la sombra del grupo de militares que influyó el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), encabezados por el general Marco Tulio Espinoza, lograron que la ciudadanía empezara a percibir una imagen positiva y de confianza.

Pese a que la columna vertebral de su fuerza estaba integrada por agentes de la Policía Nacional y Guardia de Hacienda, expertos en represión, sobornos y malas prácticas, bajo la vigilancia (y presión) de Minugua y la Guardia Civil Española, se inició el proceso de la carrera policial y se creó la Academia de agentes, que durante ese período graduó 5.485 elementos Fueron los primeros frutos de la nueva institución. Hasta ahí, todo bien.

Pero a partir de la llegada al Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), el “sano” crecimiento de la párvula PNC empezó a cambiar para mal. “La mafia que llegó al poder con Portillo se apoderó de los cuerpos de seguridad estratégicos, la cúpula del Ejército y la de la policía, para tener el control absoluto”, explica una fuente cercana a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que desbarató la estructura criminal dirigida por el expresidente que desbancó al Estado.

Durante la administración de Portillo se rompió la recién iniciada carrera policial, se echó por la borda la débil mística que empezaban a abrazar los agentes y se retomaron abiertamente las nefastas prácticas de la corrupción. El desfile de cuatro ministros, dos de ellos militares, por la cartera de Gobernación, y de ocho directores de la PNC, evidenciaron la inestabilidad a la que fue sometida. “Todo lo que se había iniciado con los españoles lo tiraron a la basura”, dice un oficial que se integró a las filas policiacas en los primeros meses de 1998, y que pocos años después se desilusionó al constatar que “todo ese del servicio y la entrega por la patria era una farsa”.

Con la llegada al poder de Óscar Berger, en 2004, se incrementó la corruptela dentro de la PNC, y volvieron las represivas prácticas del pasado. Grupos ilegales organizados y dirigidos por los altos cargos del Ministerio de Gobernación se dedicaron a ejecutar extrajudicialmente a reos y pandilleros juveniles, con el supuesto objetivo de reducir los niveles de criminalidad.

Pasado el ecuador de la administración de Berger, la situación dentro de la PNC era insostenible: el temor de la ciudadanía hacia la institución había vuelto a niveles a los que tuvo la Policía Nacional en los años ochenta, con el agravante de que las modernas estructuras criminales y los carteles internacionales del narcotráfico que empezaron a afincarse en el país en esa época, lograron colarse con facilidad dentro de sus estructuras para procurar impunidad.

Al llegar a los diez años de vida, la PNC era una niña que ya había sufrido todo tipo de vejaciones por parte de sus mismos jefes. En abril de 2007, Berger ordenó la destitución de al menos 600 policías, entre ellos varios mandos altos y medios, vinculados con actos delictivos, y encomendó a su entonces ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, iniciar un proceso de transformación institucional.

Durante los diez meses que estuvo al frente del Ministerio (de marzo de 2007 a enero de 2008) Camacho asegura que hizo un “diagnóstico profundo” para evidenciar los “problemas reales” que originaban la “inestabilidad, corrupción y falta de amor a la institución”. Como resultado de ese estudio, explica, se concluyó que la PNC “necesitaba de una reevaluación de funciones y de su organización, porque había muy poca estabilidad”. Cosmetología pura, insuficiente para emprender la reingeniería que la institución (y la sociedad) exigía a gritos antes de llegar al colapso definitivo.

Los altos niveles de violencia e inseguridad marcaron los primeros dos años del gobierno de Álvaro Colom, aunque menores respecto a los alcanzados en tiempos de Berger, sin que ninguno de los cuatro Ministros que desfilaron por la cartera del Interior durante el período récord de 26 meses lograran en unos casos -o se preocuparan por ello en otros-rescatar a la niña preadolescente disfuncional y descarrilada que era ya la PNC.

El primero, Vinicio Gómez, que había sido el principal viceministro en tiempos de Adela Camacho de Torrebiarte, falleció con menos de medio año en el cargo, en un misterioso accidente aéreo; Francisco Jiménez, el segundo, no fue capaz de demostrar en la práctica la vasta teoría y conocimiento académico que resume en su currículo vitae; y los dos restantes, Salvador Gándara y Raúl Velásquez –actualmente presos y procesados por delitos de corrupción- se dedicaron a vaciar las arcas del Ministerio.

“La PNC siempre ha sido la prostituta del Estado. Ha sido violentada, maltratada, víctima de violencia intrafamiliar. Con esos antecedentes ninguna niña puede ser una persona normal… ninguna institución puede cumplir con el papel que le corresponde.”
Helen Mack, primera Comisionada Presidencial para la Reforma Policial

Aunque Camacho reivindica como suya la iniciativa de someter a “una profunda transformación” a la PNC, fue realmente la activista Helen Mack quien, a título personal, asumió el reto de meterse “en las aguas turbias del Estado” para iniciar el proceso de reforma a la institución más despreciada por los guatemaltecos.

“Lo que pretendíamos con la reforma era lograr un cambio cultural en la PNC. Cambiarles el ‘chip’ a los agentes. Convertir la institución en una policía preventiva en vez de reactiva, una institución profesional, digna, humana, que responda a las necesidades de una policía moderna, comprometida con la ciudadanía”, relata Mack que durante más de dos años trabajó con el objetivo de sentar las bases para “devolverle la dignidad” a la PNC.

Tras aceptar colaborar “con cierta autonomía” con el desprestigiado gobierno de Colom, Mack conformó un equipo de jóvenes profesionales para que la acompañarán en la titánica tarea. Logró que el Presidente emitiera un Acuerdo Gubernativo en el que la nombraba como Comisionada Presidencial para reformar la PNC e institucionalizaba el proceso, y que el Congreso asignara un presupuesto específico para cumplir con el proceso. Pero para su sorpresa, dice, las zancadillas a su trabajo no llegaron desde “los grupos de poder” que dentro y fuera del Estado podrían estar interesados en mantener a la PNC en la situación en la que la habían sucumbido para favorecer sus intereses, sino el mismísimo ministro de Gobernación, Carlos Menocal, uno de los hombres de mayor confianza de Colom, de quien por su trayectoria progresista como periodista y novel político, ella hubiera esperado que fuera su aliado.

“Desde el principio Menocal lo obstaculizó todo. Su ego y ansiedad por el poder lo cegaron y se empeñó en neutralizarme. No es que se haya opuesto a la reforma, sino que se opuso a mí. No soportaba que yo fuera una Comisionada Presidencial. Quería que fuera una simple coordinadora para poder hacer él lo que le diera la gana”, sostiene Mack.

Cuando aceptó dirigir la reforma, asegura, le pidió a Colom –y éste lo aceptó- “absoluta independencia”, institucionalizar el proceso de reforma como una política de Estado y no de gobierno, que trascendiera los cuatro años de una administración, que no se inmiscuyera la política partidaria en el proceso, y que se respetarán los recursos asignados a la Reforma y a la PNC.

Menocal, dice la excomisionada, no entendió que el proceso de reforma no podía ser suyo ni de nadie, sino de los mismos policías, y que, al final de cuentas, él como funcionario político sería el que se llevaría las palmas al hacerse efectivos y tangibles los resultados. Pero su visión fue corta. “Él quería controlar la reforma para decir que era suya, y no tenerme bajo su control le molestó”.

Durante los dos años que Mack dirigió el proceso lo hizo ad honorem. Es decir, no cobró ni un solo centavo. Con su equipo técnico y delegados de las diferentes jerarquías policiales, diseñó el proceso de transformación institucional, perfiló el nuevo modelo de la PNC, generó los ejes programáticos, las líneas generales de la nueva filosofía y cultural policial, y elaboró las propuestas de reformas a los reglamentos internos, la carrera policial y la Ley Orgánica.

Dentro de la Cicig, algunas embajadas y organismos de cooperación internacional, hay quienes opinan que el proceso de reforma no caminó lo suficiente durante el paso de Mack por la comisión, e incluso algunos califican su gestión de “suave” y “desubicada”. Sin embargo, ella está “orgullosa y satisfecha” con el trabajo realizado. “Se sentaron las bases”, dice, “se hizo lo que se tenía que hacer”. “Una reforma de este tipo tiene que ser silenciosa porque sus frutos se observarán hasta que la PNC cambie de actitud y los ciudadanos lo perciban con hechos y acciones concretas”.

“A pesar de las limitaciones, zancadillas y adversidades, se inició un proceso de reforma técnica, hecha y concebida por policías para policías. Una reforma con visión de Estado”, asegura Mack.

Mientras la política dominaba los pulsos entre Mack y Menocal, la adolescente PNC seguía siendo manoseada por los mismos de siempre: durante los 22 meses que Menocal dirigió el Ministerio del Interior, tres comisarios pasaron por la Dirección General de la PNC y más de una veintena de agentes y oficiales fueron destituidos por estar vinculados con el crimen organizado.

“De la PNC se han aprovechado todos. Siempre, todos, todos”.
Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación

El exministro reconoce que Mack “hizo bien su trabajo”, que durante su gestión “hubo avances importantes en el proceso de reforma”, que los ejes sobre los cuales giró “fueron bien diseñados” y que sentar las bases de la transformación de la PNC fue uno de los principales logros de la administración de Colom.

Sin embargo, señala, el mandatario cometió “un gran error” al crear la figura de Comisionado Presidencial e investir con ella a un ciudadano notable, en este caso a Mack, “porque lo que resultó de todo esto fue una ‘supercomisionada’” que pretendió estar sobre su autoridad y jerarquía.

Mack, asegura Menocal, “hizo que se perdiera el impulso institucional” al “apoderarse” de la Comisión, burocratizar los procesos y “oenegizar” el trabajo, “sin lograr que los proyectos se concretarán en acciones” visibles.

Personalmente, dice, no tiene nada en contra de Helen. La respeta, afirma, pero no comparte su forma de trabajar. Reconoce que “hubo discrepancias de metodología” debido a que él, como Ministro, con intereses más políticos que técnicos, “necesitaba que las cosas se hicieran con más urgencia”, mientras que Mack, “dada su lógica oenegeista, era más pausada”.

Menocal niega haber obstaculizado el trabajo de la excomisionada. En todo caso, asegura que ella misma quien “con tanto filosofar” detuvo el proceso y se convirtió en “inoperante”. El mejor ejemplo, indica, fue la ejecución presupuestaria de 2011. “La Comisión de Reforma tuvo un presupuesto de 60 millones de quetzales, de los cuales solo se ejecutaron 2,5%, y la mayoría de esos recursos se ejecutaron en salarios. De reforma, nada”.

La baja ejecución del presupuesto, responde Mack, “fue culpa del Ministro: no autorizaba nuestras propuestas, siempre me llevaba la contraria para después tener con qué atacarme. Eso habla mucho de su ética”.

“Menocal se burlaba de que nosotros éramos ‘filosóficos’. No entendía que esa es la base para formarle esencia e identidad a la policía. A una policía que ha sido violentada y abusada no se le puede pedir que salga de su rol de víctima, y que en automático cambie, cuando nunca le han dado la oportunidad”, reflexiona Mack.

Pero “a pesar de las discrepancias de metodología”, señala Menocal, el camino trazado por Mack para la reforma “fue el correcto”. “La base conceptual del proceso que definió la excomisionada es lo que hay que hacer”.

“Helen no tenía ninguna intención política. Estaba realmente comprometida con el proceso de reforma, actuaba de manera institucional”, agrega.

“La PNC es una adolescente que tiene que madurar. Los políticos tienen que dejarla crecer y respetar. Lo importante es que se le está devolviendo el mando policial a los policías. Tenemos que ser respetuosos de sus escalafones  y trabajar para que se actualice.”
Adela Camacho de Torrebiarte, Comisionada Presidencial para la Reforma Policial

Luego de su triunfo en las urnas, en noviembre pasado, Otto Pérez Molina pidió a Mack que continuara al frente del proceso de reforma. Le ofreció independencia, recursos y apoyo político, pero la activista prefirió no formar parte de un Gobierno “altamente integrados por exmilitares”, y optó por retirarse de la institución.

Tras la negativa de Mack el presidente le encomendó la tarea a Adela Camacho de Torrebiarte, “por la experiencia que obtuvo como Ministra de Gobernación”, asegura un funcionario cercano al mandatario, pero también “porque había que darle algo por el apoyo que le otorgó durante la campaña”, acota otra fuente del oficialista Partido Patriota.

Camacho, quien se presentó en las elecciones de septiembre pasado como candidata presidencial por el partido Acción de Desarrollo Nacional, además de dar su apoyo público a Pérez Molina durante la segunda vuelta electoral, fue la cara visible de un movimiento político que impidió, por la vía legal, la inscripción como aspirante a la primera magistratura del país, de la exprimera dama Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, al promover, con éxito, sendos recursos ante las instancias electorales y judiciales del país.

“Yo no llegué a este cargo por pago político, sino porque estoy convencida de que la reforma es posible y necesaria, porque quiero una buena policía y porque quiero aportar al país”, asegura.

Sin embargo, contrató como miembros del equipo técnico de la reforma a sus principales colaboradores de su campaña electoral, y designó como Secretario Técnico a Rolando Secaida, excandidato a diputado y secretario general adjunto de su partido, alguien que según fuentes de la PNC cercanas a la Comisión de Reforma.

Pero los policías que participan en el proceso desde el inicio, asegura la comisionada, siguen formando parte del equipo. “La visión sigue siendo la misma. No retrocedimos porque el concepto lo comparto y conozco desde 2007, que fue cuando nació el proyecto de doctrina”, asegura.

Dentro del Ministerio de Gobernación hay quienes aseguran que el titular de esa cartera, Mauricio López Bonilla, intencionalmente ha permitido que Camacho “cometa errores políticos” para “matar dos pájaros de un tiro”: ser él quien verdaderamente dirija el proceso de reforma sin tener la sombra de la comisionada y sin entrar con confrontación con ella, igual que lo hizo Menocal, y desgastar políticamente a Camacho “sin que haya costo político de por medio”.

De hecho, ha sido López Bonilla quien ha impulsado los dos más importantes avances que ha tenido el proceso de reforma en lo que va de la administración de Pérez Molina: la instalación de la Escuela de Oficiales de Policía, y la aprobación y puesta en práctica de la nueva Doctrina Policial, la columna vertebral sobre la que se refunda la PNC.

“Los dos tienen aspiraciones políticas, pero ella es romántica, mientras que López Bonilla es estratega. La diferencia es abismal”, compara un funcionario del Ministerio de Gobernación que ha participado en el proceso de reforma desde sus inicios.

Para dirigir la reformar policial, dice López Bonilla, se necesita de una persona como él, que “entienda de seguridad pública, que conozca técnicamente de las estructuras organizativas de las policías del mundo, de los diferentes modelos que existen, de cuál es el modelo que se debe aplicar en Guatemala. Alguien que conozca a la PNC desde adentro, que entienda las inquietudes de los agentes, que comprenda que es una institución que ha estado abandonada, que tenga liderazgo para poder levantar su autoestima”.

El Ministro no describe con esas cualidades a Camacho. “Ella conoce la PNC de cuando fue ministra. Se le reconoce su genuino interés por sus miembros, y políticamente ha sabido manejarse en ese marco”, se limita a decir, sonriente.

Aunque Helen Mack ocupó el cargo de forma ad honorem, Camacho intentó, sin éxito aparente, hacerse de un jugoso salario. Fuentes del Ministerio aseguran que la comisionada hizo gestiones ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual administra un fondo de la cooperación internacional destinado para la reforma policial, un contrato de 60.000 quetzales mensuales por dirigir la comisión. “Todo iba bien, pero algo pasó a último momento y se frustró lo del contrato”, asegura la fuente.

Camacho, enfadada, niega haber gestionado tal contrato, insiste en que desempaña el cargo de forma ad honorem, y asegura que “nunca” ha pedido salario alguno. Incluso muestra un oficio del PNUD, en el que consta que “no recibe ningún salario ni honorarios, ni tiene contrato vigente” con esa institución en su calidad de Comisionada Presidencial para la Reforma Policial.

“Hubo una confusión”, justifica, al momento de ser preguntada sobre unas declaraciones de López Bonilla en las que no solo acepta que Camacho tiene un salario de Q60 mil, sino que además explica las razones por las cuales se le habría designado un sueldo que, incluso, duplica el suyo como ministro.

Asignarle un salario mensual, dice la Comisionada, “fue una propuesta que él (López Bonilla) tenía, pero que al final no se llevó a cabo”, asegura.

El ministro, en cambio, afirma que Camacho sí devenga un salario mensual, lo justifica con el argumento de que “la Comisionada es una ciudadana notable, y por eso debe tener suficientes garantías para que su trabajo esté en el marco de lo que corresponde, y no haya deficiencias que impidan que se lleve a cabo su trabajo”.

La comisionada también ha contratado a al menos una decena de asesores con salarios provenientes de los recursos que Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, han otorgado para apoyar el proceso de reforma. Sobre estos recursos el Ministerio de Gobernación no tiene control debido a que los mismos no ingresan al presupuesto de esa cartera sino que son administrados por el PNUD o por las agencias de cooperación de cada país.

El publicista Hugo Peña, por ejemplo, aunque entre en su currículo no incluye credenciales ni experiencia en temas policiales, ha sido uno de los asesores contratados con recursos de la cooperación internacional destinados para la Reforma Policial.  “Es el encargado de la Dirección de Gestión por Resultados”, dice en voz baja un funcionario del Ministerio, sin poder explicar qué tiene que ver esa nueva instancia de la cartera con la Reforma de la PNC. “Acá pasa cada cosa… Pero uno no puede preguntar, y menos opinar”, agrega la fuente.

De los 60,7 millones de quetzales que le fueron asignados de presupuesto a la Comisión para este año, hasta agosto pasado, solo se ha habían ejecutado el 18,86%. La mayoría fueron gastos de funcionamiento, comunicaciones y salarios. De servicios básicos para las comisarias y demás instalaciones policiacas, suministros y equipamiento, poco.

Al menos, desde mediados de septiembre, aseguró Camacho, ya todas las comisarias cuentan con servicio de internet.

“La PNC es una quinceañera con muchos traumas psicológicos en todo su desarrollo, que no ha tenido la guía de un papá y una mamá que la oriente y respalde; que la han abandonado a su suerte. Una adolescente en peligro que no se ha encontrado a sí misma.”
Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación

El ministro tiene claro el panorama y afinada la estrategia: “Necesitamos rescatarla, definirle la personalidad, darle herramientas que para interactúe con la sociedad en confianza, y fundamentalmente, que se profesionalice”. Esos, dicen, son los objetivos a alcanzar en los próximos tres años.

Bajo esa perspectiva, y según los planes de López Bonilla, en tres años, cuando la PNC alcance la mayoría de edad será una institución “fuerte, rebosada y con dignidad y orgullo”, pero, según sugieren las líneas generales del “plan estratégico” del ministro, con una estructura muy parecida a una organización militar.

Para muestra, algo simbólico pero contundente en el imaginario castrense: el pasado 1 de agosto, durante la graduación de 1.503 agentes, López Bonilla arengó a los nuevos policías de la misma forma que los comandantes lo hacen con su tropa, les hizo gritar consignas marciales, y les exigió “servir a la Patria”, dar la vida por ella si fuera necesario. Y como corolario, junto al presidente Pérez Molina montaron un picop y “pasaron revista” a las filas de agentes, como si de un pelotón se tratara.

En cuatro años, explica el ministro, habrán de estar activos al menos 35.000 agentes, distribuidos “de forma ordenada” bajo un “nuevo repliegue de fuerzas a nivel nacional” en ocho regiones, cada cual con una comisaría general “de alto nivel”, con “concepto estratégico, operativo y táctico”. De cada una de esas ocho regiones dependerán directamente las “comisarias distritales” y de éstas las “comisarías locales” que hagan falta.

“Todos los cambios y transformaciones que se hagan durante estos cuatro años tienen que estar bajo esta sombrilla estratégica”, asegura. Y con el acompañamiento del Ejército, que durante el mismo lapso, según los planes oficiales, deberá incrementar de los 2.500 soldados que integran las fuerzas combinadas junto la PNC, a al menos 6.000 elementos.

De momento ese es el camino que el Gobierno de Pérez Bonilla ha trazado para rescatar a la quinceañera y llevarla hacia la adultez. Pero como en política nada está escrito en piedra, y como ésta Cenicienta desde su nacimiento ha demostrado ser “débil ante la carne”, cualquier cosa puede pasar de acá a que llegue a los 18 años.

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