Berta protestaría en la actualidad contra las nuevas reformas al Código Penal que amplían el delito de terrorismo en Honduras a tal extremo de criminalizar la protesta social y crear nuevas penas para medios de comunicación y personas activas en redes sociales que hagan apología de manifestarse públicamente.
El presidente Juan Orlando Hernández aprendió de su colega Daniel Ortega, de Nicaragua, a cooptar el Estado con sus instituciones desde la familia y las Fuerzas Armadas. Así, con la concentración de poder y el asistencialismo, se ha venido asegurando un largo tiempo en la presidencia desde el golpe de Estado de 2009.
En enero de 2017, el presidente llevó al Congreso Nacional un paquete de reformas al Código Penal, los tres artículos más alarmantes: el 335 a y b que amplían el delito de terrorismo y el 25 que deja libre de culpa a miembros de las fuerzas de seguridad si matan a una persona en el ejercicio del deber. El diputado que le ha dado seguimiento a esta propuesta de Ley es Óscar Álvarez, ex ministro de Seguridad en 2003, que implementó la Ley Antimaras y la “mano dura” en ese entonces, con fracaso.
Como si fuera el chiste que explica toda la realidad hondureña, la vicepresidenta del Congreso Nacional y empresaria hidroeléctrica, Gladys Aurora López decía en un programa radial: “Con las reformas penales evitaremos atentados como el de las Torres Gemelas”. Así se aprobaron y hoy están vigentes las reformas antiterroristas.
Ha pasado un año del asesinato de Berta y esta semana, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras, la organización que ella fundó junto con otras del movimiento social, salió a las calles de Tegucigalpa, capital de Honduras, para decir que no tienen miedo y que Berta no se murió, que se multiplicó. Pero a Berta la siguen matando quienes hoy cercenan la libertad de expresión y el derecho a que las comunidades adquieran su soberanía.
Antes de que estas reformas fueran aprobadas en el Congreso que el Partido Nacional controla, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió un documento con recomendaciones sobre estos tres artículos que son violatorios de los tratados internacionales de derechos humanos contra la tortura y otros tratos lesivos.
La reforma al artículo 335 se lee así:
Se aplicarán las penas contempladas en el artículo precedente a quien en forma personal o como integrante de organizaciones criminales de cualquier tipo, busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, tales como el control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de la justicia penal, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemáticamente e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país.
La OACNUDH mostró preocupación por lo ambiguo de este artículo que deja a discreción de quienes lo apliquen términos como el de control territorial, o los atentados a la soberanía y la estabilidad económica del país. Además, en el siguiente inciso castiga con una pena de cuatro a seis años a medios de comunicación y personas particulares que hagan pública la apología del terrorismo. También recordó al Estado que es firmante de tratados internacionales de Derechos Humanos que no permitirían la reforma al artículo 25: dar licencia para matar a la policía y a los militares más mortíferos y corruptos de la región.
El presidente ha realizado una férrea campaña mediática para explicar y convencer a la población de que esto se aplicará a las maras y pandillas que mantienen en el terror a los barrios y colonias, y que el delito de extorsión comienza desde el temor que infunden estas organizaciones criminales. Su campaña se ha basado en su política de seguridad de “mano dura”, militarista y fracasada hasta ahora, en el segundo país más violento del mundo, con una tasa de impunidad de 96% que ha demostrado que la violencia es más profunda y que no solo se puede atacar con medidas coercitivas.
Sin embargo, al irse a la ley, el delito de terrorismo sigue teniendo la causal política que tiene en todo el mundo. Y el presidente puede que haya escuchado las recomendaciones del Alto Comisionado o las advertencias de la Maccih (instancia anticorrupción instalada por la Organización de Estados Americanos), pero tiene el poder para dejarlos en ridículo y no dar ni un poco su brazo a torcer.
Esta es la Honduras que dejó Berta. Río Blanco fue una las primeras comunidades que comenzaron a ejercer control territorial en contra de empresas que entraban sin consultar a la población. Luego le siguieron comunidades indígenas en Yoro para evitar la tala de árboles, y también comunidades de Atlántida contra hidroeléctricas y mineras, también en Santa Bárbara y en muchos territorios dentro del país. Siguen haciéndolo. Se declaran libre de mineras o libre de hidroeléctricas y no son reconocidas legalmente. Siempre sufrieron discriminación y uso de la fuerza por parte de policías y militares. Hoy, con las reformas, podría ser acusadas del delito de terrorismo.
Medios de comunicación y páginas en redes sociales que buscaban visibilizar esta situación, sufrían presiones económicas, amenazas de muertes y atentados. Hoy también es delito de terrorismo.
Cuando en octubre de 2015, el banco Continental, de la familia Rosenthal, cayó porque sus dueños fueron acusados de lavado de activos, un joven exempleado afectado por el cierre de este banco y otras empresas de los Rosenthal, fue acusado de causar inestabilidad en el sistema económico por twittear que otros bancos podrían sufrir el mismo destino que Continental. No pudieron declararlo terrorista en ese tiempo y por eso sigue libre, pero hoy habría corrido con peor suerte.
El presidente entregó las reformas a la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), para comenzar a implementarlas. Los medios de comunicación corporativos lo catalogan como mordaza, pero el presidente hace mucho logró control sobre ellos. A quienes quiere callar es a los medios que lo cuestionan.
A Berta la mataron hace un año por terrorista. Fue una empresa que no consultó a la gente, fue un Estado corrupto que no puede sostener el país y entonces lo vende, fueron las Fuerzas Armadas (los militares y policías más mortíferos de la región) que sostienen su poder con miedo, violencia e impunidad.
La mataron hace un año y la siguen matando cuando amenazan a quienes siguen resistiendo.
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