La sentencia por genocidio que Ríos Montt no logró refutar

Poco más de 25 audiencias fueron necesarias para llegar a esta última parte del debate. Por esta sala de vistas habían desfilado sobrevivientes de masacres, peritos, militares en retiro, ex guerrilleros, familiares de cientos de víctimas, antropólogos, estadísticos, sociólogos y hasta periodistas. La mayoría de los convocados declaró para que la acusación de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad pudiera ser probada. Eso fue a causa de la estrategia del Ministerio Público y los abogados querellantes adhesivos. “Más de 10 años de investigación”, como ellos decían.

La defensa en cambio fue más técnica y complicada. Cada día de audiencia, durante el debate (y desde el inicio del proceso), abogados y periodistas, estaban atentos a la estrategia que los militares utilizarían. Amparos, apelaciones, recursos, quejas… todo con posibilidad de retroceder, suspender o anular el debate. Pero muy pocas veces con la intención de cuestionar los delitos que se juzgaban.

En medio de ese contexto los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitimul y Patricia Bustamante llegaron a la última fase del debate. Expusieron que darían lectura a su resolución pidiendo no ser interrumpidos. No querían más intervenciones de los abogados. No. Y fueron tajantes al prohibir cualquier interferencia. Por nada del mundo suspenderían una vez más el debate, como obligadamente lo hicieron en dos ocasiones. Una el 19 de abril a causa de una sentencia de anulación. Y otra el 2 de mayo, cuando se incorporó un nuevo abogado defensor. Para las cuatro de la tarde del 10 de mayo, los jueces habían deliberado por más de ocho horas y anunciaron que tenían una sentencia.

El veredicto que finalmente determinaría jurídicamente si en Guatemala hubo o no hubo genocidio.

La sala vibró entre murmullos.

Ahora todo dependía de los jueces.

“Les voy a contar una historia”

Apenas un día antes de que el tribunal convocara a la audiencia de sentencia, la defensa tiró su última carta. Una que había sido guardada, con recelo, por más de un año en los juzgados. Efraín Ríos Montt pedía declarar. Sería la primera vez, desde que fue ligado a proceso el pasado 26 de enero de 2012, que su voz sería escuchada para defenderse. Nunca antes lo había hecho.

“Lo que diga o deje de decir puede ser usado en mi contra”, fue su mantra para no decir nada hasta ese momento antes de la sentencia, cuando ya no había posibilidad de hacer otra cosa.

Ahora pedía la palabra justo en ese instante en el que el Ministerio Público y los abogados del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), como querellantes adhesivos, ya habían presentado las conclusiones que resumían las horas de declaraciones. La intervención de la parte acusadora había terminado. Significaba, pues, que  nadie –solo sus propios abogados– podía cuestionar la declaración de Ríos Montt.

La estrategia fue hablar sin que fuera debatido.

Sabía, para entonces, el enfoque exacto de la acusación en su contra tras escuchar los argumentos finales de la fiscalía. La intención de genocidio, la cadena de mando, las órdenes, las 1326 víctimas asesinadas en el área ixil, las 420 osamentas extraídas de Nebaj, Cotzal y Chajul, todo lo que fue contabilizado durante los 26 días que había durado el debate era de su conocimiento.

Efraín Ríos Montt, con 86 años de edad, caminó hacía el estrado, lento, aun con algunos indicios de firmeza en su cuerpo envejecido. Era la última oportunidad que tenía para persuadir la decisión del tribunal de sentencia. Desde luego, todos querían escucharlo.

Cuando se sentó, a su alrededor, los jueces, los abogados de la defensa y de la fiscalía, y sobre todo los periodistas, parecían niños pequeños, muy ansiosos, a la espera de escuchar un cuento. “Les voy a contar una historia”, dijo Efraín Ríos Montt, frente al estrado, ante el tribunal. Parecía –rodeado de tanta gente– un abuelito que hablaba con sus nietos.

En contraste, el otro acusado, Mauricio Rodríguez Sánchez guardó absoluto silencio. Se remitió, como siempre lo hizo durante todo el proceso, a mantener su bajo perfil. Al final no declararía tan abundantemente como estaba a punto de hacerlo el ex jefe de Estado.

Ríos Montt contaría su historia, pero sobre todo, la de Guatemala.

El ejército dividido

El relato de Ríos Montt inició en el año de 1973, cuando él era jefe de estudios del colegio Interamericano de Defensa. “De allí me fueron a proponer para que fuera candidato a la presidencia”, dijo. Su voz, desarticulada y salivosa, expresó que había ganado las elecciones en 1974. “Pero aquí había un régimen militar. A mí me llamaron para oponerme a ese régimen militar. Y ganamos las elecciones. Desgraciadamente, los diputados recontaron los votos y perdí”.

En ese momento él se rindió y no peleó ante ese fraude electoral. “Se enojaron conmigo los jóvenes de la izquierda porque no salí a las calles a guerrear. Yo les dije que no me hicieron comandante de guerrilla sino candidato a la presidencia. Me sacaron de Guatemala. Me fui de agregado militar a la embajada de España”.

Rios Montt regresó a Guatemala después del terremoto de 1976. Esperaba su retiro del ejército como maestro de educación en la escuela cristiana Verbo, cuando todo por lo que hoy es juzgado estaba a punto de suceder. Ese minuto previo a todas las masacres en contra de etnia ixil por la cual hoy es acusado. “Allí estaba yo cuando se dio el golpe de Estado de 1982. La situación política en Guatemala era sería. La subversión estaba en el parque central ya lista para tomar el poder. El ejército, según un informe de un general fallecido, estaba con cansancio de guerra”, le dijo al tribunal.

La fiscalía encuadró los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, en el área ixil, en Quiché, entre dos eventos: el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, en el que Ríos Montt fue declarado presidente, y el 8 de agosto de 1983, en la que fue derrocado.

“Cuando yo llegué como jefe de Estado, el gran compromiso fue ‘Vamos a trabajar por una democracia en ley’”, resaltó, exaltó su voz, y recuperó por unos breves instantes el tono característico que tenía en sus discursos presidenciales y sermones dominicales. Las manos ya extendidas, llenas de ademanes, completaban los gestos de su rostro, a veces nervioso, otras impaciente. Ríos Montt seguía embebido con su historia. No miraba al tribunal, miraba, sentados allí, atentos, siempre como pequeños niños de escuela, a los periodistas frente a él.

“¡Tenía que reorganizar el Estado!”, espetó. “El Estado era una de compadrazgos. Descompuesto. Quebrado porque el presupuesto estaba siendo ejecutado con un 7 por ciento de déficit del PIB. Esto naturalmente nos arrinconó”. “Se contaba en ese momento con una fuerza armada cansada, enojada y muy molesta”, indicó, “porque jóvenes militares desplazaron a las jerarquías superiores”.

El Ministerio Público, en sus conclusiones, le hizo ver al tribunal que Ríos Montt comandó un ejército sólido y unificado.  Él quiso rebatir esa aseveración: “Esa unidad granítica del ejército que decía la fiscalía es falsa”, refutó. “Teníamos a la subversión a la puerta del Palacio. Con un Estado quebrado. Partidos políticos en todo polarizados, porque acababan de pasar las elecciones del 7 de marzo, de 1982, donde ninguno salía conforme con las elecciones. Y finalmente, nosotros, teníamos una pobreza tremenda. Esas fueron las circunstancias en la que encontré a Guatemala”.

Con cada declaración de Ríos Montt,  el silencio se apoderaba como nunca antes de toda la sala. En más de un año de audiencias, antes de que fuera abierto el juicio en su contra, el general en retiro había tenido entre sus manos distintos documentos. Entre ellos la Constitución de la República, el Código Penal y otras leyes. Apuntaba, siempre apuntaba. Se detenía en las partes donde se hablaba de las funciones del presidente. Anotaba. Llegaba a la pena de los delitos de genocidio y escribía. Quizá todo eso lo hacía esperando este momento. Esperando a contar su versión de la historia del ejército de Guatemala.

El poder en el gobierno

“Ustedes han oído bastante a los acusadores que yo era Ministro de la Defensa Nacional, que Ministro de la Defensa General. Sí, y también el vocal primero era Ministro de Gobernación, y el vocal segundo, era Ministro de Comunicaciones. Los tres éramos ministros porque no teníamos dinero para hacer nada. No teníamos presupuesto. Lo interesante es que en el Ministerio de la Defensa están los acuerdos respectivos en el sentido de que el Ministro de la Defensa era el presidente de la Junta de Gobierno. Se dejó por escrito que el encargado del despacho era el viceministro, y tenía que dejarse por escrito, a efecto de que pudieran hacerse todos los trámites legales y económicos y políticos que al Ministerio de la Defensa correspondían. Entonces el encargado del despacho era el viceministro de la Defensa. No yo”. Así relató su poder de mando para el 23 de marzo de 1982. Acusaba hacía abajo dentro de la línea jerárquica.

Tres meses después de haber dado el golpe de Estado, Ríos Montt se autoproclamó presidente. Lo hizo desde junio de 1982.  En esa fecha, dijo el acusado, desde el Gobierno trataron de hacer un marco legal que les sirviera de referencia. “Como golpe de Estado no podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre, todo se cayó solo. Teníamos que hacer un Estatuto Fundamental de Gobierno. Ese Estatuto fue el que sirvió para reemplazar a la Constitución. Y naturalmente al Ejecutivo se le dio el poder legislativo. Eso siempre asesorado por los honorables abogados”.

Para ese momento, el Estado tenía un staff conformado por los ministros de Estado. El jefe de esos ministros era Ríos Montt. Fueron organizados en tres grupos: un gabinete político-social, uno económico-financiero, y uno de seguridad.

Mauricio Rodríguez Sánchez era parte de esa estructura. Era el jefe de Inteligencia del ministerio de la Defensa. Le llamaban la D2, y era la sección encargada de recopilar toda la información de lo que ocurría a nivel nacional. Reportaba la información y asesoraba al Presidente.

“A cada ministerio lo ubicamos con sus características a efecto de que cada gabinete hiciera estudios de la situación en la cual nos encontrábamos”, indicó Ríos Montt.

Encontró, dijo, como si lo dijera sorprendido, que la URNG, a través de sus grupos, le había declarado la guerra al Estado de Guatemala. “Hermanos contra hermanos, no se vale la guerra. No es una guerra. Querían que se declarara que había una guerra interna para declarar territorios libres”. Se refería a lugares que quedaban bajo el control de la subversión.

Su relato estuvo en pausa por varios minutos.

Rodríguez Sánchez escuchaba la declaración muy atento. Asentía de vez en cuando.

Ríos Montt reanudó su intervención al concretar su postura ante la acusación: “Quiero manifestar que de acuerdo con las conclusiones de la fiscalía y los querellantes adhesivos, yo no puedo, de ninguna manera, aceptar las acusaciones en mi contra”.

Señaló que él aceptaba que había sido el Jefe de Estado de Guatemala. Pero que la cadena de mando en el ejército, explicó, comienza por el comandante en jefe del ejército y el ministro de la Defensa Nacional. “Pero el comandante en jefe del ejército solo hace tres cosas importantes: movilización, ascensos y condecoraciones, y pensiones”.

Casi una función decorativa.

Los argumentos de Ríos Montt ante el tribunal, desde su defensa en solitario, depositaron el poder sobre el ejército en mandos inferiores a su puesto. “Es así por mandato del Estatuto Fundamental de Gobierno, y la ley constitutiva del ejército”, decía. “En cambio para el ministro de la Defensa Nacional, además de sus funciones, tiene el mando y la administración del ejército. Y cumplir y hacer que se cumplan las leyes”.

Óscar Humberto Mejía Víctores era el Ministro de Defensa durante esos años. Desde enero de 2012 se ordenó cesar la persecución penal en contra del que después fue también jefe de Estado, al considerar que su estado de salud no era apto para enfrentar a la justicia.

Ríos Montt delegó la responsabilidad sobre Mejía Víctores mientras él explicaba también que el poder en el ejército era autónomo. “Del jefe del Estado Mayor dependen los comandantes. Y de cada uno de los comandantes, un territorio, una jurisdicción. El poder es una autonomía”.

Cuando la fiscalía presentó los esquemas de mando, iban de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba. En todo tocaban el despacho del presidente. Orlando López, del MP, indicó que ambos acusados estaban informados de todo lo que sucedía. De las masacres, de la quema de viviendas, de los desplazamientos en la región ixil.

Ríos Montt dijo que eso no pudo suceder así: “Los señores que me acusan, hicieron un trabajo al revés. Fueron a preguntar por los cabos y sargentos, e hicieron un estudio especial, y de allí para arriba empezaron a hacer informes. A mí el jefe del Estado Mayor, y el ministro de la Defensa Nacional, no me daban informes de ninguna naturaleza. Yo era un jefe de Estado, ocupándome de abrir los espacios internacionales”.

La moralidad, la “guatemalidad” en el discurso

Ríos Montt ha sido visto varias veces en la pantalla gigante de este tribunal. Allí luce joven, gallardo, retórico y sonriente, con el pelo engominado, y un semblante que se perfila para describirlo como prepotente. Y Ríos Montt, atento, tomando nota, se ha visto a sí mismo desde otra época. Es un video de hace 31 años el que han repetido en distintas audiencias. Antes y durante el debate, en las anteriores partes del proceso.

Un día antes de la sentencia, en su declaración ante los jueces, Ríos Montt recordó ese video: “Probablemente ustedes se han dado cuenta, y lo tienen grabado en sus cámaras, cuando me señalan de racista cuando yo digo que somos un país compuesto de muchas naciones. Y efectivamente así es. Yo les decía, esos son qeqchíes, esos quichés, esos mames, esos pocomames, ¡juntos!, hacen una nación grande. Esa era la intención política. Pero como ellos –la parte acusadora– agarran la partecita que les conviene. Yo quiero decir que lo que interesaba en ese discurso era la unidad, a través de la individualidad, de cada una de las naciones que funcionan en Guatemala”.

“Es cierto, es cierto que pusimos doctrinas”, agregó. Esa fue la razón por la que el gobierno de Ríos Montt implementó el concepto de “guatemalidad”. Según explicó ante el tribunal, la guatemalidad significaba un producto acabado de altísima calidad.  “Y eso queríamos entender. No quitar la identidad a los pueblos mayas, sino consolidarlos en ella, pero equiparlos, darles una infraestructura”.

Un documento que, según dijo Ríos Montt, podía respaldar esa visión política de integración nacional que él tenía en 1982 como algo bueno, era un informe del subsecretario de Naciones Unidas para Guatemala de aquel entonces: “No cabe duda que las medidas se están dando, y hay un proyecto, pero lo que pasa es que cuesta mucho”, relató el acusado recordando aquel informe. Pero ese informe ha desaparecido, y nunca lo logró colocar dentro de las pruebas a su favor.

Su proyecto de nación para 1982 y 1983, también tenía un enfoque de moralidad dentro de su discurso. Buscaba que lo moral trascendiera dentro del Estado, según dijo. “Había una necesidad y una frustración, hasta que cambiamos la manera de pensar. Hicimos una campaña a nivel de Estado, en la cual, cada uno de los miembros del Estado eran, antes que nada, servidores públicos, pagados por los impuestos del pueblo. Aprendimos a causa de ello a exigir. Aprendimos que los empleados son servidores y no jefes. En esa campaña de moralidad dijimos que todos los empleados públicos se iban a comportar mejor. Que no iban a robar, que no iban a mentir y que no iban a engañar. Eso fue parte de la campaña que hicimos de moralización del Estado. Porque el Estado no es más que un servidor público”. Era lo que, como indicó, quería establecer para su gobierno.

La institución armada como protagonista

Hubo algo claro para Ríos Montt en su relato sobre la historia de Guatemala: “Desde 1944 hasta 2013 todos los movimientos en una o en otra forma que han hecho que progrese el país han sido guiados por el ejército. Unos suben y otros bajan. Van componiéndose las cosas de tal manera que a la institución armada se han debido los cambios. Después los revisten de ropajes para que todos –y ellos- digan que hicimos este gobierno”.

El 20 de octubre de 1944, dijo, fue simple y llanamente una sublevación a la Guardia de Honor. El 13 de noviembre fue porque el general Miguel Ydígoras Fuentes estaba comprometiendo a Guatemala con la cuestión de Cuba. Y el 23 de marzo, según Ríos Montt, fue porque el presidente estaba muy afectado y los compromisos estructurales ya no soportaron los cambios. No había financiamiento y la política no funcionó.

Al fracaso de su gobierno, Ríos Montt lo llamó “inercia política”. “Esta inercia es imposible, para un jefe de Estado, detenerla. Sobre todo en un país tan dividido por diferentes problemas y la falta de capacidad económica y financiera que se tenía para trabajar”.

Pero en la acusación se ha escrito que antes de inercia lo que hizo su Gobierno fue darle continuidad a una política contrasubversiva ya establecida, desde años anteriores, por los regímenes militares. La diferencia consiste en que durante su gobierno hubo evidencias de cómo se implementó la estrategia militar en contra de la población civil. Los planes militares Victoria y Sofia 82, y el plan Firmeza 83 han sido presentados como la evidencia de que el gobierno de Ríos Montt catalogó a la población civil como enemigo interno.

Ríos Montt se defendió: “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todas las pruebas no hay una sola que evidencie mi participación”. Y con más ímpetu, agregó: “El plan Victoria 82 lo firmó el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Yo lo vi, y no hay ningún renglón que tenga la intención, el propósito, el objetivo, y que tenga la orden de ir a destruir a algún pueblo, alguna etnia o religión o algo por el estilo. No hay nada de eso. Yo lo vi, firmado por quiénes estaban allí. No vi otros planes. Porque yo tenía mucho trabajo a nivel nacional”.

De Rodríguez Sánchez se sospecha que fue el autor de redactar e implementar estos planes. Su firma aparece en uno de los anexos de inteligencia. Aunque él defendió hasta el último momento de audiencia que no había sido así. “Eran apreciaciones. Nunca órdenes”, sostuvo.

El Ministerio Público solicitó una condena de 75 años de prisión en contra de Ríos Montt y lo mismo para Mauricio Rodríguez Sánchez. Pidió que fueran juzgados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad que se cometieron en 1982 y 1983 en el área ixil.

“Me declaró inocente”, dijo Ríos Montt al final de su exposición. “Nunca he tenido la intención o el propósito de destruir a una etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado, mi ocupación, fue específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en la borda. Guatemala estaba en fracaso. Y la guerrilla en las puertas del palacio”.

Rodríguez Sánchez se pudo pronunciar hasta el día siguiente, la mañana antes de escuchar la sentencia. También se declaró inocente.

Sí hubo genocidio

Al final (un día después de escuchar la defensiva voz de Ríos Montt) la sentencia separará a los dos acusados. Su largo camino juntos, a lo largo de 31 años, a veces hacia el pasado, otras en el presente, desde las cortes, terminará por demostrar una cosa: en Guatemala hubo genocidio. Los minutos pasan despacio antes de que el tribunal inicie su dictamen. Y cuando lo hace, lo que se escucha es un repaso de todo lo que ha ocurrido. Pero hay un orden en la lectura del tribunal.

Primero: los testimonios de los sobrevivientes sirven como la plataforma de hechos sobre los cuales el tribunal analizará cada uno de los peritajes.

Segundo: Desplazamientos, matanzas, viviendas incendiadas, violaciones sexuales y quema de cosechas forman parte de un panorama que establece un patrón de comportamiento de parte del Estado: la destrucción de un grupo étnico.

Tercero: Un 5.5 por ciento de la población ixil fue asesinada.

Cuarto: En cualquier actividad humana a realizar un proceso de planificación ha existido una motivación previa.

Quinto: Definir a la población civil como enemigo interno.

Sexto: Los planes militares: Victoria 82 y Firmeza 83 dan lineamientos. Sofía 82 concretiza la misión.

Séptimo: “José Efraín tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración, además de estar enterado de los planes militares victoria 82, firmeza 83 y operación Sofía, los cuales autorizó”, dijo el Tribunal.

Octavo: Un D2 no tiene capacidad de mando. No tiene injerencia. No se le responsabiliza en el mando.

Noveno: Una sentencia en contra de Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Con una condena de 80 años en prisión.  Y la absolución completa de José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Décimo: La intención inmediata de apelar esa sentencia por parte de la defensa. ¿Repetir su estrategia de apelaciones, amparos, recursos?, ¿condenar al juez? ¿Qué sucede con la no condena de Mauricio Rodríguez Sánchez si logran que alguna de sus estrategias anule la sentencia contra Ríos Montt?

El ruido de fondo, con Efraín Ríos Montt rodeado de cientos de periodistas, a la espera de ser conducido a la prisión de Matamoros, son los aplausos entre el público, los poemas musicalizados de Otto René Castillo y las canciones de Mercedes Sosa. Es lo que corean en el público.

Los familiares de las víctimas, en ixil, agradecen al tribunal: “Tantix, tantix”.

La voz de Efraín Ríos Montt se escucha tenue una última vez: “El tribunal dispuso ponerme a mí como genocida. No se preocupen por mí. He cumplido con la ley y me voy sin ninguna angustia”.

Rodríguez Sánchez guardó silencio y no fue condenado. Ríos Montt, con su larga historia, no logró persuadir a ninguno de los jueces.

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