Si bien con la llegada de la comunicación electrónica los medios se han diversificado y multiplicado, es innegable que los medios tradicionales, sean impresos, radiales o televisivos, aún captan a la mayor cantidad de usuarios. No se puede negar la idea de que los medios de comunicación comerciales son creados y desarrollados para producir beneficios a sus propietarios, por lo que la tendencia a monopolizarlos, si bien beneficia grandemente a sus propietarios, perjudica de manera significativa al consumidor porque no hay mayor posibilidad de elección, dado que los monopolios tienden a reducir costos manteniendo un mismo tipo de información con la misma calidad. Pero esa monopolización también puede darse si los anunciantes se imponen como los actores más importantes, se alían en defensa de sus intereses particulares y, en cierta medida, monopolizan el control de los medios.
El desarrollo de las tecnologías y de los mecanismos de reproducción ha hecho que los medios dejen de privilegiar cada vez más la venta de sus productos para ofrecer esos usuarios cautivos a los anunciantes. La información puede entregarse gratis, pues lo que interesa al propietario es tener mayor número de consumidores para hacer más amplia la difusión de sus comerciales. Y si los intereses de esos anunciantes son la única razón de ser de los medios, las opciones de la diversidad de opinión quedan totalmente restringidas.
En Guatemala, esa tendencia se observa con claridad en los canales de televisión abierta y en los radionoticieros, en los cuales el consumidor recibe la información gratis a cambio de quedar expuesto a la intensa y extensa pauta de los anunciantes. Pero también es ya notoria en los canales por cable situados en la ciudad capital y con una fuerte tendencia a la transmisión de información. Sucede también en los medios impresos obsequiados en las calles, pero la tendencia es aún menor, dado el volumen de recursos que se requieren para posicionar comercialmente al medio.
De esa cuenta, la calidad del producto informativo dependerá mucho del nivel de exigencia de los consumidores. A mayor escolaridad y formación intelectual, mayor la exigencia de información balanceada y apegada a los hechos. A mayor convicción democrática, mayor la exigencia de que la información no sea unidireccional o descaradamente propagandista de una ideología determinada.
En países como el nuestro, donde la escolaridad y la convicción democrática son bajas, la exigencia del consumidor es muy baja, de modo que es mucho más fácil para los medios servir de simples amplificadores de los intereses ideológicos de las élites económicas.
La tan mencionada y discutida libertad de expresión resulta siendo, en consecuencia, la libertad del propietario del medio a decir lo que considere adecuado a sus intereses, lo que no es otra cosa que poner en manos del consumidor aquello que los anunciantes consideran no perjudicial al consumo de sus productos, sean estos efectivamente beneficiosos o no para la población a la que están intentando captar.
El retiro de una serie de columnistas del periódico Prensa Libre tiene que ver con todo este proceso. La reducción del número de páginas reducirá efectivamente los costos de producción, sin afectar el número de ejemplares producidos, con lo que las ganancias de los propietarios podrán verse aumentadas. Sin embargo, si se analiza con cuidado la lista de los columnistas silenciados, veremos que se callan aquellas voces que de manera abierta, frecuente o coyunturalmente, han hecho críticas directas a la minería a cielo abierto, a la expansión en áreas semiurbanas de la empresa cementera o al modelo económico predominante. Máximo Ba Tiul, Magalí Rey Rosa y Francisca Gómez Grijalva fueron silenciados por todas esas razones. Samuel Pérez Attias y Franco Martínez Mont, porque sin ser tan radicales y directos cometieron esa falta en varias de sus notas. Haroldo Shetemul y Carolina Escobar Sarti se quedaron con solo una nota semanal, avisados indirectamente de que, si siguen opinando de manera contraria a los intereses de los grandes consorcios anunciantes, pueden perder el espacio.
El caso de Shetemul es posiblemente el más serio y evidente, pues, siendo profesional de tiempo completo durante más de una década en ese medio, su retiro le afecta no solo como emisor de opinión, sino profesionalmente, de manera que su situación es un aviso para todos los demás laborantes de esa empresa de que deben modificar o al menos ocultar sus ideas.
En el medio informativo guatemalteco va quedando más que claro que se puede criticar, cuestionar y hasta movilizar a la sociedad contra los gobernantes, pero que no se pueden cuestionar formas de enriquecimiento y depredación del ambiente porque rápidamente las voces serán silenciadas. Una revisión rápida a las secciones de opinión de los distintos medios comerciales nos muestra que, cuando mucho, menos de la cuarta parte de ellos son críticos al sistema económico, aunque más del 90 % hayan llegado a ser críticos del régimen militar en sus últimos meses.
Y esto es evidente tanto en los medios impresos diarios como en los semanales, tanto electrónicos como televisivos. Se puede criticar ácida y hasta irresponsablemente al poder político, pero no se pueden cuestionar en lo más mínimo las formas de explotación de las personas y del medio ambiente. En algunos medios se acepta la apología al crimen, al racismo y a la misoginia, pero en ningún momento la crítica a las formas de explotación y dominación económica y social.
Mi solidaridad con los silenciados. Mi preocupación con el futuro de la información y de la opinión en el país.
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