Lave dinero pero lávelo bien, y no tema

Marllory Dadiana Chacon Rossell apenas era conocida por Guatemala hasta el mediodía del 19 de enero de 2012. Pero la tarde de aquel jueves todo cambió. “Chacon Rossell encabeza una organización de narcotráfico y lavado de dinero con sede en Guatemala y con operaciones en Honduras y Panamá, que provee a los cárteles mexicanos de la droga”, se podía leer en un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, después de colocar su nombre en un listado de personas y empresas vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo.

La noticia unificó la agenda de los medios del país –no todos los días se descubre  a la reina del sur guatemalteca-, acaparando los titulares durante los siguientes días. Todas las notas de prensa también tenían un punto en común: ningún funcionario entrevistado del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Gobernación (Minigob) o el Organismo Judicial (OJ) aceptó tener una leve idea de lo que hablaba el gobierno estadounidense.

Hasta ahora ninguna institución reconoce que existiera investigación alguna sobre Chacón Rossell o la red a la que se la vincula antes de la publicación del Departamento del Tesoro. Ninguna, aun cuando la información que presentaron los estadounidenses se basaba en información pública y privada generada en Guatemala, analizada en la Intendencia Especial de Valores (IVE), de la Superintendencia de Bancos (Sib). ¿Ninguna autoridad en Guatemala estaba al tanto de que Chacón Rossell presuntamente blanqueaba de dinero del narcotráfico como nadie en el país?

A la luz de las declaraciones, no.

Aun ahora, un mes después que el Departamento de Estado ampliara la red de personas y empresas que supuestamente Chacón Rossell utilizó para lavar dinero del narcotráfico, no existen investigaciones abiertas en el Ministerio Público contra tres de los seis miembros: Christina Stefanel Castellanos Chacón, su hija; María Corina Saenz Lehnhoff; y Mirza Silvana Hernández de Borrayo, representante de Bingotón Millonario, una lotería que funcionaba desde 2008 sin controles del Estado. 

En noviembre del año pasado, Eduardo Stein, coordinador de la  Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (laRed) y exvicepresidente guatemalteco, aseguró que se podía presumir que en el país se lavaba dinero en casinos, loterías y en conciertos públicos, sobre los cuales no hay control de las ganancias ni sobre quiénes son sus propietarios. Hoy, el viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, suma iglesias, organizaciones de la sociedad civil, carwashs. “Cuando uno revisa en donde participan, lo que hay que buscar es en dónde no participa el crimen organizado para lavar su dinero”, dice el funcionario y hace un listado que pasa por construcciones y termina en chicharronerías. 

Los ‘coches’ de Don Cristóbal

Cristóbal Calderón, ex alcale de Dolores, en Petén, lleva bitácoras de las noticias más importantes que han salido en los periódicos y que afectan a su pueblo. Las recorta y las pega sobre las páginas rayadas de medio centenar de cuadernos. De vez en cuando, entre recorte y recorte, escribe con letra de molde los hechos más importantes para su natal Dolores4. El 25 de junio de 2010, en la página de uno de ellos, escribió: “Matan a Giovani España Arrue, supuesto narcotraficante, en enfrentamiento armado en la Fragua, Zacapa”. España era el heredero de “Juancho” León, era entones el hombre fuerte de “los Leones” y quien disponía del precio del ganado en Dolores.

En Dolores cuentan que España tenía muchas tierras en Petén. Que en sus tierras había pistas de aterrizaje y miles de cabeza de ganado. La sospecha es que sobre ellas  descendían avionetas con droga, luego transportada a la frontera mexicana; el ganado, servía supuestamente para lavar el dinero del “negocio”.

“Aquí en Dolores, tenía una finca grande con más de dos mil cabezas de ganado… Él, al final, era el que ponía el precio del ganado en pie en el pueblo”, dice Cristóbal Calderón, que es porcicultor. “También el precio de los ‘coches’, de la tierra y de todo lo que pudiera comprar.”

Aprovechando este mercado informal, el lavado de dinero era un negocio seguro. Con el líquido que, según la versión de habitantes del área, obtenía por el tráfico de drogas, compraba ganado por arriba del precio de mercado, asegurándose la mayor cantidad posible de animales de engorde; y lo vendía a los rastros a un precio menor. En el proceso se perdía una pequeña fortuna, pero el sobrante salía limpio, legal. Y a los rastros, bajo la ley del mercado, parecía no importarles el origen del dinero con que se había comprado aquel ganado.

El resultado final rompió con la lógica del mercado de carnes de vacuno y porcino de la región. “Si uno lograba comprar algunos animales para mantenerse en el negocio, tenía que pagar el precio que ellos (los narcos) ofrecían…. Y después, cuando querían vender, había que hacerlo por debajo del precio real. El negocio solo servía para ellos, para lavar su dinero… A nosotros, en poco tiempo, nos sacaron del mercado de cerdo, no pudimos competir con ellos, con su dinero”, explica Calderón.

El día que se presentó el estudio “Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica: lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional”, Salvador Paiz, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), hizo hincapié en esa precisa idea. “Los negocios ilícitos”, dijo, “se han consolidado y han sustituido a los empresarios legítimos, a quienes se les hace difícil competir con quienes no juegan las mismas reglas y generan ganancias ilícitas”. Lo que no mencionó Paiz fue dónde están las denuncia de las empresas que saliéndose ven afectadas con lo que llamó una “economía cada vez más adicta a los negocios ilícitos”. 

¿Nadie denunció? “¿Usted sabe quién era Giovani España? Cuando estaba vivo, nadie se hubiera atrevido a denunciarlo a él o a los otros”. ¿Nadie investigó? Según Cristóbal Calderón, el ex alcalde, no, nadie.

Para 2010, según datos de la Superintendencia de Bancos, en todo el país se tenían registradas transacciones sospechosas hasta por Q21 millones solo en la compra de ganado. España no es el único del que se sospeche que lavaba dinero de esta manera: ahora las autoridades hablan de narcoganaderos en Petén, Izabal, Jalapa y Zacapa, entre otros departamentos. Y hablan de los Lorenzana, de los Mendoza, de Walter “el Tigre” Overdick, entre otros.

Dos meses después de la muerte de España, el expresidente Álvaro Colom anunció que había dado órdenes al ejército para sacar el ganado del área protegida. “Para este 15 de septiembre he ordenado al ejército que ingrese y tome la Laguna del Tigre. Adiós a los narcos y su ganado”, dijo. El anuncio lo hizo con 16 días de anticipación; los ganaderos de la zona aprovecharon el plazo de dos semanas para sacar de allí por su cuenta cuatro mil cabezas de ganado. ¿Cuántas de ellas eran para lavado de dinero? Nunca se supo.

Dos años después, según un investigador policial que por su seguridad solicitó no ser identificado, el lavado de dinero a través de ganado se mantiene. “Quizás es en menor escala, pero todavía existe. Es un mercado bastante informal y sin muchos controles. Y donde los hay, ahora se tienen estructuras legales –sociedades y empresas bajo prestanombres– que disfrazan todo”, dice.

¿No se puede controlar de alguna manera? Para este especialista, una verdadera investigación del lavado de dinero y del crimen organizado en general pasaría por tener mayores controles tributarios en la SAT y mayor control de quiénes y cómo se hacen nuevas empresas en el Registro Mercantil. “Un tercer punto”, dice, “es tener acceso judicial a investigar sus cuentas bancarias… ¿No entiendo por qué no quieren darnos esta herramienta?”.

Todo lo que falta por hacer

Hay dos puntos que no caminan en la agenda del Congreso Nacional: la modificación que permita romper el secreto bancario durante la investigación fiscal, antes del juicio, - la iniciativa de ley 4326, que reforma el Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos Financieros- y la ley contra el enriquecimiento ilícito. Ambas normativas, según autoridades y especialistas, permitirían mejorar el combate contra el lavado de dinero. “Hay que romper con la idea que el lavado de dinero solo proviene del narcotráfico o de las extorsiones. ¿La corrupción no genera dinero ilícito?”, pregunta Stein, hace una pausa y responde: “¡Claro y hay que tener herramientas para investigarlo!”.

También responde Ricardo Barrientos, economista de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi): “Los políticos hablan de transparencia pero no dan muestras de querer transparentar sus ingresos y, por ejemplo, menos los de sus campañas políticas”. Y Julio Rivera Clavería, viceministro de Seguridad: “¿Solo funcionarios santos ha habido en el gobierno desde 1985 para acá? No puede ser. La corrupción es una realidad y genera impunidad. Entonces, yo me puedo robar lo que quiera, me voy del gobierno tranquilamente y aquí no pasó nada. ¿Cuántos casos hay así?”.

Para Rivera Clavería, el problema está en la falta de personal adecuado y mejores herramientas técnicas. “Tenemos leyes, pero no las herramientas para cumplirlas”, dice. El viceministro va más allá y habla de la necesidad de armar una unidad especial de lavado de dinero en la PNC, que según él está todavía en la fase diseño; y mejorar las investigaciones en el MP, encargado de la investigación. En ninguna de estas instituciones existen especialistas en el área. Así, los únicos expertos en auditoría forense son los de la IVE, la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.

Los últimos grandes golpes a grupos de lavadores de dinero se derivan de las investigaciones previas realizadas por esta dependencia. El mismo día que se presentaba el estudio de laRED, el jefe de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Rolando Rodenas, dijo en declaraciones a Siglo XXI que este año se conocieron alrededor de 70 denuncias presentadas en el MP, la mayoría de ellas enviadas por la IVE. La realidad es que hasta julio, cuando empezó el proceso de centralización de auditores dentro del MP para la creación de la División de Análisis Financiero de la nueva Unidad de Inteligencia, la mayoría de investigaciones de lavado de dinero tenían que pasar por los analistas de esta intendencia.

Así fue con el caso “los Pitufos”, que ingresó a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos tras una denuncia de la ex intendente de Verificación Especial, Susan Paolas Rojas, en junio de 2011, y que partió de indicios derivados de una investigación previa de la Fiscalía de Delitos contra la Vida en un caso de sicariato y extorsión. Las investigaciones de la IVE señalaron que, durante dos años, se utilizaron a 43 personas para enviar dinero a Panamá con autorizaciones de 23 empresas o sociedades, las cuales no tenían un respaldo financiero para manejar tales cantidades de dinero.

Sin embargo, por ley, la IVE se centra en las actividades que pasan por la banca pública y privada del país. Esta oficina tiene a su disposición a 88 personas, 62 más que los dispuestos en la Fiscalía contra el lavado de dinero, y, de ellas, 37 son personal operativo de la Dirección de Investigaciones de Transacciones Financieras. Otros 24, pertenecen a la Dirección de Prevención y Cumplimiento. Una investigación, según reconoció el exsuperintendente Víctor Mancilla en una entrevista a Plaza Pública, tarda en promedio ocho meses en dar resultados. Después, pasa al MP. De nuevo, toda investigación se inicia solo si la transacción pasa por el sistema bancario. Sino, no. Es decir, lo que pasa por los bancos puede que sea investigado. No lo será, con toda seguridad, lo que no entra en el sistema.

Mientas tanto, como en el caso “los Pitufos”, dentro del MP, las investigaciones de lavado de activos no pasa necesariamente por la fiscalía encargada de este delito. Por ejemplo, el caso del exfiscal Carlos de León, acusado de haber transferido US$260 mil a una cuenta de su propiedad cuando era ejecutivo de la Corporación de Inversiones Corporine, nació en la fiscalía de Delitos Económicos y no pasó por la de Lavado de Dinero en ningún momento. Así, un caso que ingresó a Antinarcóticos no necesariamente pasará por Lavado de dinero ni por Delitos contra la vida.

En teoría, el lavado de dinero es un delito autónomo pero que se desprende de un delito previo, como es el tráfico ilegal de estupefacientes, extorsión, sicariato o corrupción. Una vez obtenido el dinero de una fuente ilícita, un lavador o blanqueador intenta ingresarlo al sistema para esconder o disimular su origen y aparentar que proviene de una actividad legítima. Así, por lógica, la fiscalía contra el Lavado de dinero y activos no puede estar aislada del resto de fiscalías. En la práctica, sí lo está.

En la práctica, como explica el jefe de la recién creada unidad de análisis del MP, Francisco Solórzano Foppa, cada fiscalía lleva sus casos y durante los últimos años no ha existido una comunicación real entre ellas para coordinar las investigaciones. “Ha existido un recelo con dar la información, lo que ha fraccionado las investigaciones dentro del MP. Esto es lo que se quiere cambiar con una unidad que centralice la información, la analice y la convierta en casos penales”, sostiene. Dentro de ésta, estaría la nueva Sección de Análisis Financiero, que reúne a los auditores que tenía el Ministerio en las diferentes fiscalías.

¿Será está sección la que investigará a los sectores económicos que son propensos a ser utilizados por las redes de lavado? No.

Según Solórzano Foppa, la  lógica de investigación en el MP es al revés: se identifica a la persona o personas vinculadas con el crimen organizado y se investiga sus empresas u organizaciones para ver a qué tipo de delitos se les puede imputar. “Vamos de las personas a las tipologías de delito”, sostiene.

La duda por falta de controles

El taxi cruza sobre la avenida Las Américas. El taxista mira de reojo los edificios al lado izquierdo de la vía, en la zona 14. “Todo eso es lavado… Están solos, nadie vive ahí. Los construyeron para lavar dinero”, comenta. No tiene prueba alguna. Son meros rumores. Como lo son los que se hablan de algunos edificios en la zona 15 y de residenciales en la carretera hacia El Salvador, como los de que hay gente a la que le pagan para ir todas las noches a encender y apagar luces y que parezcan que están alquilados. Nada más que rumores.

Pero la lógica no está equivocada: Ser propietario de un edificio es una de las formas de cobrar dinero limpio de alquileres ficticios a testaferros, completando el ciclo de lavado de dinero. Por ello, sin controles que verifiquen el origen del dinero invertido ni los contratos de arrendamiento, el sector  inmobiliario y de construcción se vuelve muy atractivo para los blanqueadores.

“Todos nos podemos dar cuenta de que ha tenido un boom la construcción que es parte del lavado de dinero. Nunca se ha investigado y ahora empezamos a planteárnoslo”, dice Rivera Clavería. No es el primer funcionario en darse cuenta. El mismo expresidente Álvaro Colom se quejó ante el exsuperintendente de bancos, Víctor Mancilla, de que no se controlaba el origen de los fondos con los que se construían nuevos edificios en la capital. Mancilla le respondió que si el  negocio operaba en efectivo y no pasaba por un banco, la Sib no tenía potestad para investigar. Y nadie más lo hacía. 

Lo que es cierto es que economías donde hay alta liquidez y se permite pagar en efectivo transacciones de alto nivel existe una buena posibilidad de lavar dinero. Y la construcción es un caso claro de ello.

Quizás por eso es que despertaron sospechas algunas construcciones millonarias cuando en plena crisis económica mundial los niveles de crédito para el sector cayeron en picada de US$655 millones, en 2007, a US$379 millones, en 2009. Igual, sin controles financieros ni investigaciones sobre esosnegocios en efectivo ninguna información pasa del rumor o de la saber inconcreto; y no hay forma de saber si son o no inversiones privadas legales que se hicieron con la práctica poco común de usar dinero propio y no adelantado por bancos. Nadie denuncia, nadie investiga.

Esa falta de controles se refleja también en otras actividades económicas.

Stein tiene diez meses de hablar de los ingresos provenientes de conciertos internacionales y ve en el caso Cabral un ejemplo claro de ello. “Se contrata a un artista, se llenan los permisos, se pagan los impuestos y nadie verifica de dónde salió el dinero para ello”, dice. La única verificación es sobre la venta de boletos, que paga impuestos. Ese un punto a favor del lavador, quien justifica sus ingresos limpios aduciendo que tuvo una entrada de 20 o 30 mil personas, aunque él mismo pudiera usar dinero ilícito para comprar la mitad de los boletos.

Igual pasa con los casinos y casas de juego, que funcionan bajo licencias delegadas de instituciones sin beneficio de lucro.Rivera  Clavería, el viceministro de Seguridad, reconoce que no se tiene control sobre quiénes son sus propietarios, cuánto dinero manejan y qué se hace con las ganancias que obtienen. “Hoy no se puede controlar, porque no existe una ley que exista para ello”, dice.

Mientras tanto, la posibilidad de lavar dinero ronda en ellos.