Verdades y mentiras sobre las cuentas guatemaltecas de #SwissLeaks

Periodistas y medios de 45 países, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), analizaron los datos obtenidos por el periódico francés Le Monde, y mostraron que había más de mil millones de dólares de 106 mil clientes provenientes de 203 países en la base de datos de cuentas reveladas por Hervé Falciani, un exempleado de HSBC.

Los datos de la investigación coordinada por ICIJ y en la que participó Plaza Pública provienen de tres tipos distintos de documentos internos del banco HSBC que fueron analizados por las autoridades francesas en 2008.

Los primeros son resúmenes de los montos máximos que manejaron diferentes clientes en sus cuentas durante 2006 y 2007, y son los únicos datos que hacen referencia al dinero depositado por los cuentahabientes. La realidad en el caso guatemalteco es que existían 41 cuentas bancarias: 11 ligadas a personas individuales; 9, a empresas off shore; y 17 cuentas cifradas.

El segundo es un listado simple de personas con cuentas en la entidad, en su mayoría de 1998 a 2007.

Por último están los apuntes u observaciones hechos por empleados del banco sobre las conversaciones mantenidas con diferentes clientes durante 2005. En algunas de ellas, los banqueros aconsejan a sus clientes diferentes formas de eludir el pago de impuesto en sus países de origen o se describen los mecanismos que emplearon los dueños de las cuentas para no declarar los montos ingresados en ellas. En este último apartado, no figuran personas relacionadas con Guatemala.

La investigación de ICIJ arrojó que entre los clientes que tuvieron cuentas en HSBC en Suiza hay políticos y exfuncionarios de Liechestein, Ucrania, Reino Unido, Georgia, Rusia, Kenia, Rumanía, India, México, Líbano, Túnez, República Democrática del Congo, Zimbawe, Ruanda, Paraguay, Djibuti, Senegal, Filipinas y Argelia. En el caso de Guatemala, no hay registro de figura pública alguna del estilo de los precandidatos a la presidencia. No hay tampoco políticos o ex políticos conocidos.

Si bien, como detalla ICIJ, estos documentos exponen fallas sistémicas significativas en el HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, y muestran cómo algunos clientes, a veces ayudados por empleados de la institución, trataron de evadir impuestos en sus países de origen, muchos de los registros son de naturaleza privada y no de interés público.

En ese punto, ICIJ aclaró que no daría a conocer los datos personales de forma masiva e indiscriminada, aunque se seguiría ahondando en ellos con los periodistas de diferentes países que han participado en la investigación. Como explicó ICIJ, los nombres de los titulares de las cuentas solo se publicarán en el caso de que hubiera indicios sólidos de delito o un interés público patente. Plaza Pública se acogió a estas normas, y seguirá investigando.

Orígenes y profesiones

En el listado simple de personas de cuentas, según los datos analizados por Plaza Pública, aparecen 34 personas y una empresa. En éste se encuentran 26 guatemaltecos, uno de ellos nacionalizado brasileño en 2006 y otro que falleció el año pasado a los 90 años de edad; un argentino y un colombiano nacionalizado español.

Además, hay seis personas que, aunque acreditadas en Swiss Leaks como guatemaltecas, no pudieron ser identificadas en bases de datos públicas en Guatemala. Veinte de los guatemaltecos pertenecen a siete familias originarias del país, todas ellas con participación en empresas creadas en el Registro Mercantil de Panamá.

También se encuentra una empresa, Rosecliff Development Company, Sociedad Anónima, creada en el Registro de Comercio de Panamá en 1986. Según los datos de esta institución, dicha sociedad acordó “su disolución mediante escritura pública número 3027, del 30 de septiembre de 1994, de la Notaria Decima Segunda del Circuito de Panamá”. Los registros panameños no dan cuenta de quiénes fueron sus directores ni quiénes conformaron su junta directiva. Además, no aparece registrada como una empresa en Guatemala.

Todos los nombres mencionados en este apartado sólo son acompañados de un código de identificación del banco HSBC de 10 caracteres sin espacios. En ningún momento se mencionan los montos de sus depósitos o las fechas en los que se hicieron ni desde cuándo mantenían una relación con la sede del banco en Suiza.

Tras explicarle el contenido de la lista, sin revelarle los nombres que hay, Miguel Gutiérrez, economista y extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aseguró que “con ese listado se sabe que guatemaltecos tienen dinero en Suiza, pero de ahí para adelante no se puede hacer nada”. Según su parecer, es imposible investigar si este dinero es de origen ilícito o estas cuentas se utilizaron para evadir el pago de impuestos.

Los US$31,6 millones “guatemaltecos”

En el primer grupo de datos (los resúmenes de los montos máximos durante 2006 y 2007) aparecen nueve cuentas vinculadas a Guatemala en la que participaron 17 personas naturales y una empresa off shore, con sede en Islas Caimán. Entre todas estas cuentas se llegó a tener un monto máximo de US$31,453,345.00 depositados. Según los datos analizados, siete personas de estos archivos son guatemaltecas y el total de depósitos alcanzó los US$23,532,269.00, el 74.82% del dinero reportado en el período de los datos.

Entre los guatemaltecos, aparece un matrimonio originario de Patulul, Suchitepéquez, identificado por las autoridades francesas con pasaporte mexicano. Iniciaron su relación con HSBC Suiza el 24 de mayo de 2005 y llegaron a tener un moto máximo de US$ 3,233,908.00. Según las fichas, el esposo es “emprendedor” y ella, “ama de casa”. Él ha tenido diferentes cargos en empresas inmobiliarias desde 1991, algunas de ellas de su propiedad.

También se encuentra un grupo familiar, integrado por tres hermanos y su madre, que hicieron operaciones por US$2,634,257.00 según la base de datos analizada por ICIJ. Los tres hermanos han tenido diferentes cargos en 58 empresas de banca, inmobiliarias y en empresas de importaciones y exportaciones de diferentes productos. El 76% de estas empresas tienen domicilio en Guatemala. Otras 12 compañías fueron creadas en Panamá y dos más en El Salvador.

Uno de los hermanos es miembro de la Junta Directiva de un banco nacional. La dirección registrada en la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi), dependencia del Ministerio de Finanzas (Minfin), es la misma reportada por sus cuentas.

Según los datos a los que tuvo acceso Le Monde y que fueron entregados a ICIJ, los integrantes de esta familia iniciaron operaciones con el banco el 3 de febrero de 2004. Movieron dinero a través de Banniff Investment Co., una off shore creada con sede en Anderson Square Building P.O. BOX 2002, Gran Caimán, Islas Caimán, y todas registraron su último movimiento el 22 de noviembre de 2006. Banniff Investment Co. reporta la misma dirección de esta familia en Guatemala como su dirección en el país al momento de hacer la transacción de los US$2,634,257.00.

Plaza Pública se comunicó con esta familia para preguntarle por su aparición en el listado de Swiss Leaks y ellos negaron tener o haber tenido vínculos con el banco HSCB en Suiza o conocer la off shore Banniff Investment Co.

Las off shore o entidades fuera de plaza son empresas dedicadas a la intermediación financiera, constituidas o registradas bajo leyes de un país extranjero pero que realizan sus actividades principalmente fuera de dicho país. En Guatemala fueron regularizadas en 2002, cuando se obligó a las que funcionaban en el país a registrarse en la Superintendencia de Bancos (SIB), según la ley de Bancos y Grupos Financieros, pero en marzo de 2004 aún estaba pendiente legalizar 11 de ellas.

Justo en ese mes, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre de Lavado de Dinero (Gafi), vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mantenía a Guatemala en un listado de siete países que no habían hecho lo suficiente para frenar el blanqueo de capitales. Además de Guatemala, el listado incluía a las islas Cook, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria y Filipinas. “Hemos constatado progresos, pero antes de tomar una medida queremos hacer una visita sobre el terreno”, señaló entonces Claes Norgren, presidente de Gafi. Tras una verificación en el país, en julio de 2004, el GAFI sacó oficialmente a Guatemala de la lista negra.

Según explicó José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, mover dinero a través de este tipo de empresas no constituye ningún delito. “Lo que lo convierte en delito, desde el punto de vista del lavado, es el origen de los fondos”, dijo.

La historia del “banquero retirado”

El resto del dinero vinculado a Guatemala entró a una cuenta a nombre de un solo individuo, guatemalteco de nacimiento, nacionalizado español y residente en Suiza, quien desde 1990 ha trabajado en diferentes bancos internacionales y empresas de inversión de fondos fuera del país. Según los datos de las fichas proporcionadas al Consorcio por Le Monde, inició su relación con el banco el 15 de enero de 2004 y en el período de análisis movió depósitos hasta por US$17,664,104.00. La última vez que sus datos fueron modificados en la base del HSBC en Suiza fue el 3 de febrero de ese mismo año. Durante 2006 y 2007, la cuenta tuvo un depósito máximo de US$15,029,847.00.

Plaza Pública se comunicó al teléfono de la dirección que aparece reportada en dicha cuenta, donde se explicó que él reside fuera del país. El cuentahabiente se intentó comunicar vía telefónica desde Suiza para responder de forma personal por su aparición en el listado de HSBC. En un primer momento, fue su abogada en Guatemala quien aseguró que su cliente “nunca ha tenido una cuenta abierta en HSBC en Suiza”.

“Él trabajó muchos años con bancos en el extranjero”, explicó. “Podrían tener mal los datos en la base de HSBC y él aparecer como mandatario. Él tenía un mandato limitado y lo que aparece reportado podría ser una cuenta que abrió en alguna oportunidad para el banco. Pero como le digo, él, personalmente, no ha tenido nunca una cuenta en HSBC Suiza y no la tiene ahora”.

La base de datos analizada por ICIJ da cuenta de la fecha exacta del nacimiento de este guatemalteco, de la dirección de su familia en ciudad de Guatemala y de su profesión: “abogado y banquero retirado”. Sólo este último dato no concuerda: es economista y con estudios en universidades de Estados Unidos que le posibilitaron a trabajar en bancos extranjeros, primero en España y luego en Suiza. “Podría ser que tengan sus datos y su fecha de nacimiento, pero como apoderado de alguno de estos bancos”, aseguró la abogada.

Desde Suiza,el titular de la cuenta accedió a hablar con Plaza Pública por Skype y dijo: “Tener una cuenta de banco en el extranjero no es ningún delito. Pero, en este caso, es que simplemente no he tenido ninguna cuenta a mi nombre en HSBC”

Reconoció que fue director ejecutivo y de inversiones de una subsidiaria de un banco español desde 2001 hasta el 2008, y que aún sigue trabajando como agente de inversiones. “Trabajaba en una empresa que era una compañía que gestiona dinero para terceros. El poder limitado que tenía no estaba a nombre mío, sino a nombre de esta compañía. Dentro de éste, probablemente habría alusión a otras personas pero que, como no son guatemaltecas, quizá no estén vinculadas a los archivos que le proporcionaron a Plaza Pública”, dijo. HSBC en suiza funcionaba como custodio de los fondos de inversión. “El beneficiario de esa cuenta no era yo, el firmante no era yo sino la empresa en la que trabajaba. Yo era simplemente un agente”.

El banquero explicó que tenía un mandato especial, lo cual le permitía gestionar el dinero de esta cuenta como agente, y que el mismo provenía del fondo de inversión de una fundación asiática. “Este dinero no tiene nada que ver con dinero de Guatemala”, aseguró y recordó que no podía dar a conocer el nombre de dicha fundación porque su contrato lo obligaba a mantener el secreto bancario. Incluso su abogada ofreció mostrar la documentación necesaria sí Plaza Pública firmaba un convenio de confidencialidad.

Aun así, no pudo explicar por qué aparecen ligados a esta cuenta la dirección de su familia en el país o su fecha de nacimiento. “Una alternativa potencial es que el banco, cuando hizo el KWC (siglas en inglés para know your customer, conoce a tu cliente, en español), me investigó por tener un poder. O, y en esto estoy especulando, los bancos tienen prospects, personas con las que les gustaría trabajar, y hayan hecho uno de mí. Puede ser que algún oficial de cuenta haya hecho una lista con los prospects que les gustaría trabajar y la dejó en el fichero electrónico del banco”, resumió.

El resto son extranjeros. El listado incluye a dos hermanos ingleses, que al momento de empezar su vinculación con el banco suizo, a finales de octubre de 2003, tenían 7 y 8 años de edad. A nombre de ellos se acreditan US$169,234.00 vinculados con Guatemala.

También hay dos personas de origen filipino con el mismo apellido paterno y que fueron identificados con pasaportes guatemaltecos. Una de ellas, tiene diferentes empresas inmobiliarias en Costa Rica, donde pidió su nacionalización en noviembre de 2006 y se identificó como empresaria guatemalteca. Sus cuentas alcanzaron un capital máximo de US$6,042,728.00, durante 2006 y 2007, para el 19.21% del capital ligado al país.

Además, hay seis personas de origen israelí, quienes en dos cuentas tuvieron un capital máximo de US$1,709,114.00, el 5.43% del dinero de las cuentas de HSBC vinculadas a Guatemala. Tres de ellas tienen Número de Identificación Tributaria (NIT) en el país.

¿Investigaciones en Guatemala?

Para corroborar si el dinero que figura en el listado de cuentahabientes que se encuentran en los Swiss Leaks es lícito, las autoridades tendrían que investigar el origen de los fondos para, de no ser legal, poder perseguir los delitos de elusión, evasión o el lavado de dinero.

Según explicó, Miguel Gutiérrez, extitular de la SAT, saber si si se cometió elusión o evasión implicaría fiscalizar el origen de estos fondos y no el hecho de tener una cuenta listada en los Swiss Leaks. “Investigar estas cuentas no llevaría a ningún lado. Primero, porque tener una cuenta en el extranjero no es delito. Segundo, porque el sistema está diseñado para eso”, dijo Gutiérrez, en referencia que las autoridades tributarias solo pueden rastrear información generada en el país. El exsuperintendente se refiere a que, en Guatemala, el pago de tributos se rige por el principio de ubicación territorial de la fuente. En otras palabras, solo se pagan impuestos sobre las ganancias que obtenga toda persona, individual o jurídica, que realice un acto gravado en el territorio nacional. En otras palabras, la SAT tendría que verificar que el dinero depositado en Suiza fue originado en Guatemala, si pagó o no los tributos y si estos montos fueron movilizaron por canales transparentes o no hacia Europa.

Después de eso, se tendría que analizar financieramente las cuentas, el perfil de los cuentahabientes, la relación de las operaciones bancarias respecto a sus actividades legales y las fechas en que se hicieron los depósitos versus las ganancias que reportaron en ese período fiscal. En pocas palabras, verificar la riqueza real de los clientes contra los tributos pagados.

“Puede tratarse de cuentahabientes que pagaron sus impuestos en Guatemala y luego lo mandaron fuera del país, donde reciben mejores intereses. Y eso es legal. Si soy guatemalteco, genero mis rentas en Irlanda, donde recibo el 6% de interés y lo mando a Suiza, ¿y qué?”, dijo Gutiérrez.

“En Guatemala, los controles para los flujos de capitales para el pago de impuesto son inexistentes, entonces, el país no tiene ni siquiera la capacidad para hacerlo”, analiza Manfredo Marroquín, presidente de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. “No hay cómo demostrar absolutamente nada. Lo único que queda es la especulación.”

En el caso de lavado de dinero, según explicó el Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, la Intendencia Especial de Verificación (IVE) no tiene forma de rastrear fondos que se depositaron en bancos extranjeros, algo que está fuera de su jurisdicción.En todo caso, si el Estado quisiera rastrear lo lícito del dinero depositado en las cuentas que revelaron los Swiss Leaks lo primero que tendría que hacer es solicitar el listado de cuentahabientes guatemaltecos a la banca suizas o a las autoridades francesas. Suiza es un paraíso fiscal abierto que permite solicitar a cualquier entidad de justicia información bancaria. La IVE podría, a petición del Ministerio Público (MP), solicitar el listado de guatemaltecos vinculados al caso Swiss Leaks.

Según explicó Arévalo, bajo el artículo 36 de la Ley de lavado de dinero, él no puede divulgar si el MP ya le ha solicitado o no a la SIB que investigue el listado. En el caso de que lo hagan, Suiza copera si una autoridad competente de cualquier país solicita la información. “Si el MP lo solicitara, pediríamos la lista a las autoridades suizas y, si nos contestan, se la haríamos llegar”, dijo el superintendente de bancos.