“Si el MP lo solicitara, pediríamos la lista a las autoridades suizas”

José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, dice que la noticia de Swiss Leaks lo sorprendió. Pero más sorpresa fue cuando lo cuestionaron por qué no había iniciado una investigación de la lista: él sostiene que la Superintendencia de Bancos (SIB) no tiene jurisdicción para hacerlo. “Nosotros no revisamos las operaciones de un banco que está fuera del país… Pero claro, como a todos, que un listado sobre esto se haga público despertó curiosidad”, dice.

Ahora, ¿no investigaría los nombres de la lista? No, por lo menos no de oficio. La ley le permite investigar si una entidad financiera nacional reportara a esos cuentahabientes por sospecha de manejar fondos ilícitos dentro del país o si el Ministerio Público (MP) se lo solicitara. “De otra manera, no podemos”, afirma.

¿Cómo toma la SIB las revelaciones de Swiss Leaks?

Después de que se conociera la información, activamos nuestros propios mecanismos de verificación, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Pero la IVE solo puede actuar basada en dos disparadores. El primero es que las personas obligadas (todas las empresas financieras) nos entreguen un reporte de transacción sospechosa. Sin él, no podemos actuar. Las instituciones financieras tienen la obligación de conocer a su cliente. No deben de manejar cuentas sin que sepan quiénes son los cuentahabientes. Lo que los bancos llaman know your client. Esto implica que tienen que conocer el perfil del cliente y de sus transacciones. La primera alerta es una operación inusual. En ese momento, el banco tiene la obligación de documentar y de pedirle a su cliente razones de la procedencia de esos fondos. Y puede haber razones totalmente legítimas, como que haya vendido su casa y recibió un pago. Si la institución financiera se da por satisfecha con las explicaciones que le da su cliente, se archiva la operación inusual. Pero si ésta determina que existen dudas, tiene la obligación de emitir un Reporte de Transacción Sospechosa. Solo en ese momento interviene la IVE, que hace un cruce de información con bases de datos locales e internacionales verificando los movimientos de dinero de esta persona, ya sea natural o jurídica, en el territorio. Si resulta que hay indicios de la comisión del delito de lavado de activos, entonces se traslada inmediatamente al MP.

¿No se reportan las operaciones inusuales de tal manera que le permita a la IVE analizar en el tiempo el perfil de un cliente?

Esas operaciones caen en el ámbito de las reservas que tiene el banco con su cliente. Los bancos o las instituciones financieras son los responsables por ellas.

¿Hasta ahí llegan ustedes?

Hasta ahí termina nuestra intervención. El MP, por mandato constitucional, es el único que puede hacer investigación penal y la persecución de delitos. Y nosotros nos damos cuenta de cómo terminan eso casos cuando los jueces, ante la evidencia presentada, giran ordenes de aprehensión.

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¿Y el segundo disparador cuál es?

Que el mismo MP nos pida directamente que investiguemos. Muchas veces el MP, por sus propias investigaciones, pide que analicemos información de personas y cuentas del sistema financiero. Ahí estamos obligados de investigar y darles la información solo a ellos. Nosotros no podemos dar a conocer los resultados de esa información porque los datos están en reserva.

En el caso de Swiss Leaks, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir la IVE o la SIB?

De acuerdo con la ley, no podemos actuar si no tenemos una solicitud del MP.

¿El MP le ha solicitado una investigación de este listado?

Seg{un el artículo 36 de la Ley de lavado de dinero, no puedo divulgar si el MP ha solicitado o no que investiguemos.

En el caso hipotético que el MP le solicite investigar este listado, ¿qué pueden hacer la SIB o la IVE?

Bueno, lo que tendría que hacer es preguntar a las autoridades suizas sobre este listado y la posibilidad de obtenerlo.

Suiza es un “paraíso fiscal abierto”. Puede entregar información bancaria si es solicitada por autoridades de otros países.

Sí, si una autoridad competente de un país solicita la información, entiendo que están en la disposición de darla. Como no existe un convenio, no sabemos bajo qué circunstancias. Si quieren, nos pueden mandar la información. Si el MP lo solicitara, pediríamos la lista a las autoridades suizas y, si nos contestan, se la trasladamos. Será el MP el que determine si se investiga a las personas que aparezcan en ella.

¿La IVE no podría investigar a las personas listadas?

No, porque no sabemos qué delitos se perseguirán.

¿Solo funcionarían como un vínculo?

En el caso de Suiza no tenemos convenios, pero como es un país que coopera con las autoridades de otros países, se esperaría que coopere ante una solicitud.

¿Aun cuando se tratara de empresa off shores?

La ley que regula las off shores en el país es de 2002. Se tardó un poco en regularlas porque las exigencias y requisitos que se solicitaban eran bastantes y estas empresas no estaban acostumbradas a ellas.

En el caso de la lista, hay personas que movieron dinero a través de una off shore en las fechas que éstas no estaban reguladas, ¿ellas cometieron algún delito?

En realidad, para empezar, mover dinero a través de una off shore no es delito. Lo que lo convierte en delito, desde el punto de vista del lavado, es el origen de los fondos. Y recuerde que los off shore no solo son empresas financieras.

¿Y desde el punto de vista de la tributación?

La entidad que debería estar tras el tema fiscal no es la SIB sino la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien debería investigarlos en caso de que no hayan prescrito. Recuerde que la legislación nacional, en la parte administrativa de pago de impuestos, establece cuatro años para su prescripción a menos que exista un reparo o hallazgo de la SAT antes de vencer el plazo. Después de ese tiempo, la SAT no puede investigar.

En todo caso, el de lavado o el de evasión fiscal, se tiene que probar el origen de los fondos y, como tenemos una renta territorial, solo podemos perseguir los fondos que se graven en el país.

Sí, lo que un guatemalteco ganó a fuera, paga los impuestos de la jurisdicción donde se ganó. Otros países tienen una renta universal y leyes que la regulan. Por ejemplo, la ley FATCA, que entró en vigencia el año pasado, hizo que se registraran todas las rentas, inversiones o ingresos que tengan estadounidenses en todas partes del mundo o, incluso sin ser de ese país, las que hayan tenido personas con fondos que provengan de Estados Unidos.

Por ejemplo, Guatemala no obliga a esto.

Desde el decreto 229 de 1965, siempre hemos tenido una renta territorial y sigue siendo así.

¿Y no va a cambiar?

Sé que hay proyectos para hacerla universal. La fuente correcta para hablar de esto es la SAT, pero sé que se está avanzando en la renta universal porque se empezó a trabajar en un capítulo de la Ley de actualización tributaria que incorpora los precios de transferencia. Uno de los propósitos cuando uno hace off shores en el exterior para la compraventa de mercancía o prestación de servicios es dejar las ganancias fuera del país por el manejo de los precios. Esta norma entró en vigor en este año y estará en vigencia plena en 2015, permitiendo a la SAT seguir algunas ganancias de guatemaltecos fuera del país.

Ya dijo que utilizar una off shore no es un delito per se.

Utilizar una off shore financiera es como utilizar un banco. Decir que la gente que tiene fondos en una de estas empresas es porque es dinero de origen ilícito es como pensar que el dinero de todos los que tienen una cuenta bancaria también proviene de estos orígenes. ¡Y tenemos 15,7 millones cuentas en Guatemala! E igual, se puede utilizar las cuentas de bancos tradicionales para manejar fondos ilícitos. Hemos encontrado cuentas de bancos utilizadas en extorsiones de pandillas, por ejemplo.

¿Y si es una off shore que maneja capitales de inversiones?

Lo que pasa es que nosotros en la SIB solo controlamos las off shore registradas en Guatemala, aunque estén radicadas en otros países, como Islas Caimán o Panamá. Son off shore que forman parte de grupos financieros de Guatemala. Por ejemplo, isla de Man, que está entre Inglaterra e Irlanda, se dedica a hacer off shore y nosotros no tenemos jurisdicción sobre ellas.

El listado de Swiss Leaks hace sospechar de toda persona que tenga una cuenta en Suiza. Casi que es igual a decir una mala palabra en público.

Esa es la idea que se hacen por las películas.

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¡Es que Suiza es un país de cuentas secretas!

En Guatemala había cuentas cifradas. Eso se modificó… No me recuerdo cuando, pero yo tengo 40 años de trabajar en banca y cuando yo trabajaba de ayudante del ayudante del ayudante del ayudante de un banco privado sabía que había cuentas cifradas, donde no se podía saber el nombre del cuentahabiente, por la legislación de 1946. Así las había en Suiza. Con la entrada del Patriot Act, en 2001, eso se cambió en el país por las reformas de 2002. Ahora hay un principio universal que se maneja, en primer lugar por el G8 y hoy por el G20, que es el de la aspiración que tienen los Estados, especialmente los más poderosos del mundo, de que no debe haber, sobre la faz de la tierra, un lugar donde se pueda esconder dinero de origen ilícito.

Esa es la aspiración.

Sí, y se habla de lavado de dinero o de dinero que financie el terrorismo. Obviamente, las posibilidades para los que hacen estas operaciones se han ido cerrando. A mí no me cabe la mayor duda que este tipo de información, los Swiss Leaks, abona en el proceso de depurar el manejo de recursos de orígenes ilícitos. Pero eso no significa que todas las cuentas que existen en estos bancos sean con fondos de origen ilícito. Al contrario, la mayoría tienen origen lícito.

Hasta Joaquín “el Chapo” Guzmán lavó su dinero en el banco Wachovia, en Estados Unidos.

Era una cuenta entre miles. Y tener una cuenta suiza no es un sinónimo de dinero ilícito. Evidentemente, el que tiene que conocer al cliente es el banco que recibe esos fondos y por eso, igual que aquí en Guatemala, hacemos auditorías sobre si esta política se cumple o no. Hay que recordar que Guatemala ha ido mejorando substancialmente los controles. En 2003 estábamos en la lista negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero).

Y se saca al país de ella en 2004.

Sí, pero es un trabajo grande el que se ha hecho. Ahora tenemos un monitoreo del GAFI cada dos años, antes era cada año o cada seis meses, y eso demuestra la confianza que hay en todo el sistema. El país ha ido mejorando sustancialmente.

¿El secreto bancario evita que se pueda investigar el listado de Swiss Leaks?

El secreto bancario solo le aplica a la SAT. En la SIB no tenemos esa limitación. La SAT necesita levantar el secreto para poder cruzar la información del dinero que se tiene y los impuestos que se pagan. En nuestro caso, entramos a la información de todas las cuentas sin ninguna limitación, pero no para fines fiscales sino por lavado de dinero.

Alguna gente justifica el tener cuentas en Suiza por la desconfianza en la banca guatemalteca…

Esa es una cuestión subjetiva, de apreciación, de dónde se sienta más seguro su dinero. Algunos guardan su dinero bajo el colchón y otros, en un banco. Aquí hay 18 instituciones bancarias y otras instituciones financieras en las que pueden depositar sus fondos, y desde ese momento toman una decisión de confiar en alguien o no. No sé si esa será la justificación.

En este caso, mucha gente puso los ojos en la SIB y se preguntó qué estaba haciendo para evitarlo.

Si hubiera indicios de lavado, se lo trasladaríamos al MP de inmediato. El año pasado recibimos 1,060 transacciones sospechosas. Ahorita, en lo que las primeras semanas de enero, 90 casos. Esas transacciones sospechosas de 2014, las investigamos y terminaron convirtiendo en 224 denuncias al MP y con 4,924 personas involucradas. De las 90 de enero, hemos denunciando 18 casos, que equivalen a Q314,9 millones involucrados.