Los alfiles en el tablero de Otto Pérez

Algunos analistas políticos han descrito cómo se hizo la repartición del pastel gubernamental: un trozo grande para los sectores económicos; otro para los políticos cercanos al Partido Patrita (PP), a la Vicepresidente y al Presidente; una rodaja, bastante dietética, para los técnicos; y el índice calórico que podrían constituir los militares –de baja en la mayoría de casos-, aunque no está totalmente dimensionado.

Los primeros meses de gobierno, como en una foto Polaroid fueron apareciendo rostros y nombres de ex militares situados en puestos relacionados con la seguridad: el Ministerio de Gobernación (Mingob), pero ningún viceministerio; la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), la Secretaría Privada y algunos “pesos pesados” en el Consejo Nacional de Seguridad. Se ha rumorado el nombramiento de asesores militares y ex militares en otros ministerios, pero para este reportaje no han podido ser confirmados. En el Congreso, el diputado que sorpresivamente fue nombrado por el PP en la Junta Directiva, Estuardo Galdámez, también es exmilitar.

A 60 días de la toma de posesión, hay más especulaciones que certezas; los analistas entrevistados, con alguna excepción, prefieren ser cautos y no dar un diagnóstico sobre las posibles intenciones de un fortalecimiento militar en el gobierno de Otto Pérez Molina. Al inicio del gobierno, algunos tenían clara cuál iba a ser una de las jugadas: el movimiento directo de los alfiles en busca de una confrontación directa con el narco; anunciado por Pérez en campaña, rumorado por analistas de Stratfor, y sospechado por columnistas de opinión. Pero el presidente de un manotazo, movió el tablero y lanzó la propuesta al diálogo por la despenalización de las drogas.

“Es pronto para hacer conclusiones”, parece ser una consigna establecida. Pero sí, puede ser un buen tiempo para dar un vistazo al panorama y calibrar, cómo ha influido o si podría influir negativamente en la seguridad civil, la historia y los amigos de Otto Pérez Molina.

¿Ya lo pasado, pasado?

Los cables internacionales y los medios extranjeros hicieron énfasis en la condición de ex militar de Otto Pérez; la comunidad internacional y algunos sectores de la sociedad guatemalteca están alertas. El periodista Gustavo Berganza lo definió como “el hándicap de Otto Pérez”: El récord de militar progresista que tuvo Pérez desde su puesto en inteligencia para estabilizar el autogolpe de Jorge Serrano y su participación activa en los Acuerdos de Paz, se ven opacados por un pasado más lejano y oscuro durante el conflicto armado en Nebaj y con acusaciones directas como la de Jennifer Harbury por la desaparición de Efraín Bámaca en 1992. Su estrecha relación con otros exmilitares tampoco ha servido para consolidar a Pérez Molina como un presidente civil con un pasado militar, en lugar de un presidente militar en un puesto civil.   

Bernardo Arévalo, sociólogo, autor del libro Sobre arenas movedizas: Estado, Sociedad y Ejército en Guatemala, es prudente: “El hecho de que sea militar el candidato y, después presidente, no implica que el gobierno sea militar”. Arévalo explica que Eisenhower y De Gaulle fueron militares y esto no implicó que sus gobiernos lo fueran. “Yo lo que digo es que no necesariamente un candidato, un presidente de una trayectoria militar, implica la militarización, o que haya militares en posiciones de gobierno quiere decir que vaya a militarizar el gobierno”, pero acota “tampoco significa que no lo vaya a hacer”.  Arévalo afirma que la candidatura no ha sido parte de un plan militar.

En el mismo sentido, un coronel retirado del ejército que prefiere quedar en el anonimato, considera que la misma historia de Guatemala ha provocado polarizaciones que impiden matizar el rol que juega Otto Pérez actualmente. El ex coronel considera que desde que Pérez se dio de baja su trabajo ha sido “netamente fuera de lo militar y ha sido político”. Esto no impide que su campaña haya aprovechado el tema de seguridad, asegura. En la campaña de 2007, se presentaba en como “General Otto Pérez Molina” y en 2011 ya se quitó el título, utilizado por el partido de Álvaro Colom para atacarlo en la segunda vuelta de hace cinco años. “El reto de Otto Pérez es que tiene los reflectores encima; yo esperaría que tenga la habilidad para hacer la mezcla entre lo nombramientos de las personas a las  que tiene confianza –los militares que coincidieron con él en su carrera- y otras personas civiles que son capaces”, dice el coronel retirado.

Francisco Jiménez, ex ministro de Gobernación en tiempo de Colom y coordinador del Programa Seguridad y Justicia de Interpeace, afirma que “se escuchan muchos rumores y es normal que se dé ese fenómeno. Porque es un exmilitar en el poder y sucede por primera vez en Centroamérica”. “Hay que ser muy cuidadosos, sólo lleva unas semanas” –la conversación fue realizada en febrero-. Sin embargo, sí destaca algunos elementos como la presencia de militares “fuertes” en los sistemas de seguridad, pero que no necesariamente están en los puestos más importantes.

Jiménez destaca la presencia de Mauricio López Bonilla como ministro de Gobernación, “quien no es mal visto por los sectores de la sociedad civil, progresista de la línea militar, y con muchos años de estar fuera de la jerarquía”. El ex ministro recuerda que en los viceministerios no hay ex militares, “en los temas más importantes hay civiles, los jefes de los fuerzas de tareas también lo son ¿Dónde están los militares?”, se pregunta.

Tanto Jiménez, como Ana Glenda Táger, experta en asuntos de seguridad también de Interpeace, explican que hasta el momento los supuestos asesores militares en otros puestos de poder son sólo rumores no confirmados. “No podemos decir que sí es así, pero tampoco queremos descartar, porque sería irresponsable”, afirma Jiménez.

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y excandidato de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), sí considera que hay motivos para la alarma. Asturias observa un reacomodo de las fuerzas. El diagnóstico del analista es que hay una vuelta a la consolidación del poder militar y del refuerzo de cimientos y de las estructuras de los sectores económicos conservadores. La diferencia, según Asturias, con el status quo del conflicto armado es que ahora estos sectores no tienen el apoyo de Estados Unidos. Los capitales emergentes de los últimos años, según el analista, volverán a desplazarse a  puestos de menos protagonismo.

Arévalo, Jiménez y el ex coronel entrevistado consideran, en cambio, que los nombramientos de los militares retirados, hasta el momento no son motivo de preocupación. Es lógico que una persona que llega a puestos de poder quiera rodearse de personas de confianza, y que compartan sus intereses políticos y su ritmo de trabajo. Según el ex coronel, ahora lo que guía a Pérez es lo político, no lo militar. Sin embargo, sí es posible afirmar que hay elementos de la formación castrense que distinguen a otras profesiones.

“Es una profesión como los curas de tipo totalizador, con marcos de socialización autónomos, y con ciertos distintivos muy marcados”, compara Arévalo y enfatiza que en la formación militar se definen patrones al estudiar juntos, internados, viven entre ellos en barrios militares”,  y esto marca la mentalidad, “pero no necesariamente implica que va a actuar siempre por un interés institucional militar”.

Julio Balconi, coronel de baja y ex ministro de Defensa y recién nombrado asesor de la intervención en la Portuaria Quetzal, confirma que entre los miembros del ejército se crean lazos que en otros gremios no. Él hecho de cuidar la vida de los compañeros y convivir en situaciones extremas estrecha las relaciones y promueve lealtades.

El ex coronel entrevistado no niega que haya una cercanía especial con ex colegas, pero considera que más allá de los lazos de lealtad generados por la institución, detecta que los nombramientos se han dado a personas que en determinado momento de la carrera militar de Pérez, trabajaron con él, subordinados, en la mayoría de casos.

La prensa también ha trazado otro hilo conductor en los nombramientos de militares retirados: el “gramajismo”, es decir, los oficiales que cerrarían filas detrás de la línea más progresista de Alejandro Gramajo, que apostó por la democracia y la firma de la paz frente a los uniformados más radicales de derecha. Según Balconi, “Gramajo fue una figura importantísima, que generó movimientos importantes. (La generación que trabajó con Gramajo) cambió  la forma de conducir al ejercito, no solo por antigüedad si no capacidad; se le debe el reconocimiento como militar”.

Aunque desde una visión moderada, se pueda considerar normal que el mandatario nombre a personas de su confianza y con determinada experiencia en temas de seguridad –aunque sea seguridad militar y no seguridad civil-, se definen algunos elementos que podrían trazar líneas que sirvan de límites a temidos excesos en el marco de una seguridad democrática.

Luces amarillas

A los pocos días de la toma de posesión se empezó a observar en las carreteras puestos de control –combinados entre Policía Nacional Civil y ejército- y, en el algunos casos, se detectó únicamente puestos de Policía Militar. Era un tema anunciado, Otto Pérez ya lo había ofrecido en campaña, ya se planificaban las fuerzas de tarea, y el ministro de Defensa Ulises Anzueto lo anunció cuando recién fue ascendido y nombrado jefe de la cartera. En espacios públicos como la Plaza de la Constitución se pasean periódicamente soldados y policías, que revisan y piden papeles a los paseantes, por primera vez en 15 años desde la firma de la paz.

Francisco Jiménez recuerda que en todos los gobiernos de la era democrática, en especial los primeros meses de gobierno, se ha recurrido a la participación militar en operativos conjuntos. La debilidad de las fuerzas policiales es, según Jiménez, el motivo principal por el que se recurre a este tipo de operaciones. Además, de que es una estrategia bastante efectiva para obtener reacciones positivas de la población que está a la espera de acciones concretas. Satisface de alguna manera la solicitud generalizada y la percepción ciudadana de mayor presencia del Estado, y de que se realizan acciones para lograr seguridad. Balconi comparte que la presencia militar en las calles no es novedad y recuerda que cuando fue ministro de Defensa, Arzú le solicitó apoyo, e incluso las fuerzas armadas llegaron a participar en tareas de control de tráfico de drogas.

Aunque Táger y Jiménez consideran importante mantener un monitoreo sobre los despliegues de fuerzas combinadas; definen otros puntos que podrían atentar mucho más contra la seguridad democrática y traspasar los límites.

Táger opina que hay un desconocimiento generalizado sobre lo que implica “militarizar” y lo que es seguridad ciudadana: “una cosa son los nombramientos, hasta allí esta bien. Lo importante es observar la lógica con que el Estado pueda empezar a actuar”. Una de los motivos de preocupación de Táger sería que se empezara a detectar a  militares de alta en puestos gubernamentales, dando seguimiento a funcionarios civiles. “Esto podría ser peligroso y allí sí podríamos sospechar un tema de militarización que sea preocupante”.

Otro de los elementos a observar, según Jiménez y Táger, es la forma en que se manejen los estados de sitio, y la lógica con que se operen éstos. Durante los Estados de Sitio los ciudadanos pierden sus derechos y lo que prevalece es la seguridad, pasando sobre los derechos individuales; es allí donde podría cometerse excesos, que las fuerzas empiecen a sobrelimitarse de sus responsabilidades, poniendo en grave riesgo los parámetros democráticos.  Según Táger esto “puede no llegar a darse, pero hay que ponerle atención”. De momento, el gobierno todavía no ha decretado ningún estado de sitio.

En otra casilla, hace un tiempo que el tema de las “maras” se había borrado del imaginario colectivo, o de los debates nacionales. Por cuestiones mediáticas o reales, o por el discurso del gobierno anterior, los jóvenes de las pandillas dejaron de ser los enemigos públicos número uno y fueron desplazados por antagonistas más abstractos como “el crimen organizado” o “el narcotráfico”. La socióloga de Interpeace se muestra preocupada en este sentido; menciona que ya ha vuelto a sugerirse una confrontación directa contra las pandillas. Táger asegura que se requiere hacer lineamientos claros y estar atentos a la forma en que se maneja este tema y a considerar que se debe evaluar con cuidado los derechos de niños y jóvenes y la forma en que la ley los protege o los castiga. La entrevista a Táger se realizó antes de la muerte del menor en Huehuetenango, donde se señala como culpables a dos menores de edad; pero este caso ha servido para que se ponga en discusión las medidas correctivas a los menores, se sugiera que les sea juzgados como adultos por parte del Gobierno, y apenas llegó a discutirse la necesidad de la prevención y de una revisión a los sistemas penitenciarios o correccionales.

¿Militares duros versus militares demócratas?

Aunque hasta el momento los nombramientos han sido bastante “discretos”, a Sandino Asturias éstos no dejan de preocuparle. Asturias nombra específicamente a Ricardo Bustamante como secretario técnico en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Según Asturias, Bustamante concentra mucho poder y es muy cercano a Otto Pérez Molina. El CNS en su estructura podría empezar a trazar lineamientos sobre las políticas del Estado. Además, por no tener demasiada exposición pública, en sus departamentos podría haber cambios en la lógica del manejo de la inteligencia civil. La experiencia de Bustamante en los sistemas de Inteligencia (donde coincidió con Otto Pérez y por eso también está demandado por Jennyfer Harbury), provoca suspicacias a Asturias.

Otro activista y un diplomático también muestran sus reservas en torno al papel de Bustamante. Se le considera el militar más duro y de pasado cuestionado en el círculo de confianza de Otto Pérez, en contraposición al militar más democrático, que sería Mauricio López Bonilla; una disputa de visiones sobre seguridad se estaría gestando entre ambos y por eso alguno de los viceministros de Gobernación es más cercano a Bustamante que al propio ministro, coinciden las dos fuentes consultadas. El ministro de Defensa, según las mismas fuentes, sería cercano a Bustamante. Pero al final Pérez Molina, como en el resto de decisiones del gabinete, será quien incline la balanza.

Está también en el CNS el ex coronel Mario Mérida; quien en un principio se especuló que ocuparía algún cargo más alto, por su cercanía a Pérez y su trabajo en el partido en temas de seguridad. Mérida fue nombrado como director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad –INEES-; órgano del CNS dedicado, según sus estatutos, a la profesionalización y capacitación de los funcionarios a cargo de la seguridad. Mérida explica que planea alianzas con universidades para promover estudios de posgrado; Bustamante ya ha sido directivo y catedrático de la Universidad Galileo, del ex presidenciable Eduardo Suger. Otro de los nombramientos en el CNS es el de Marco Vinicio Mejía, que aunque no es militar ha mantenido una relación estrecha con Bustamante y otros miembros del ejército.

También en la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), órgano civil que sustituiría a la inteligencia militar en el encargo de canalizar la información recopilada por tres entidades que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, tiene ahora como subsecretario un ex militar, el general retirado José Luis Barrientos Paau.

¿Podría tratarse de un despliegue táctico para ocupar los sistemas de inteligencia? ¿Aunque en gobernación haya civiles las estrategias de seguridad podrían surgir del CNS? Son preguntas que se resolverán al evaluar con detenimiento las acciones que se vayan tomando.

De momento, un académico denunció el jueves pasado, para este reportaje, que ha visto en dos ocasiones vehículos del ejército circular sin placas, en una práctica de los regímenes dictatoriales que parecía desterrada después de la firma de la paz.

Tager menciona una última preocupación: que se empiecen a utilizar los puestos para gestionar negocios entre los funcionarios, otros militares y el sector privado. “Actos de corrupción, pero también otro tipo de negocios que rayan en lo ilícito”. Sandino Asturias sospecha que podría empezar a desvirtuarse los sistemas de inteligencia civiles, que para varios analistas de seguridad son el motivo de la reducción del 20 por ciento de asesinatos entre 2010 y 2012. Asturias recuerda que la mayoría de empresas de seguridad privada pertenecen a ex militares y que podrían entrar en cooperación con los sistemas de seguridad. De hecho, Mario Mérida afirma que una de las estrategias que podría utilizar el Estado es entrar en colaboración con las empresas de seguridad; incluso sugiere que los guardias podrían servir como fuente de información para el sistema.

Movimiento inesperado

En temas de seguridad, la sorpresa más grande no ha venido por una intensificación de la presencia militar en la seguridad, sino por una declaración que soltara el presidente un sábado, entre tractores, en medio de la inauguración de obras de la carretera de Sacatepéquez que lleva a la Antigua: La necesidad de debatir la despenalización.

El ofrecimiento de la participación de kaibiles en la lucha contra las drogas –que ya lo hacían gobiernos anteriores- o los rumores de que el narcoconflicto sería un pretexto para revitalizar a la desmayada institución, se fueron a pique, por el momento.

Asturias está convencido que “la utilización del discurso de la despenalización es una estrategia para buscar negociar con Estados Unidos el levantamiento del embargo militar”.  El analista del CEG asegura observar una serie de acciones que estarían dirigidas a este fin. De momento, EEUU disminuyó todavía más la ayuda por medio del programa regional antinarcóticos, a US$2 millones.

Jiménez descarta la hipótesis de la estrategia contra el embargo. Asegura que incluso se desconoce que más bien éste es una restricción y que es el levantamiento de ésta está en manos del Congreso de Estados Unidos, que no se ha mostrado, pese a intentos de gobiernos anteriores, anuente: cuestiones como el robo de armas militares que fueron a parar a manos de los Zetas pesan más que un debate público y la Casa Blanca no tiene mucha injerencia en el tema. “Es un momento muy curioso lleno de ambigüedades y paradojas. Es necesario ser prudentes y no asumir que viene (Pérez Molina) con un plan debajo del saco”, dice Jiménez, un as bajo la manga.

La tarea inconclusa

El ex coronel entrevistado afirma que en el sistema, si se crean vacíos, éstos serán llenados por otros. Explica la visión de cómo los vacíos que se hicieran por el repliegue militar después de la firma de la paz, fueron llenados por grupos delincuenciales, por empresas de seguridad privada y que, incluso, el sector privado creó sus propios ejércitos o constituyó a empresas de ex militares como satélites de las propias. Hubo un proceso de privatización de la inteligencia, “todo esto debido a un vacío que el Estado no se apresuró a llenar con fuerzas de seguridad civiles. El problema es que teníamos un control importante (del territorio) con extralimitaciones, pero con el retroceso esos vacíos no se pueden mantener así, se deben llenar de fuerzas civiles”.  

Otros análisis recuerdan que las bases militares han sido utilizadas para aterrizajes de narcoavionetas y enfatizan la relación estrecha durante el conflicto armado entre miembros del ejército, la CIA y el crimen organizado.

Para Arévalo se debe partir de la base de una debilidad crítica existente en el Estado en todo el proceso después de firma de los Acuerdos de Paz. “El fenómeno de violencia que era desde el Estado, emerge desde la sociedad”. Arévalo matiza en que el hecho de que haya militares no implica una intención de militarizar, pero afirma que se requiere de un fortalecimiento integral del Estado y las fuerzas civiles de seguridad para prevenir y controlar la inseguridad.

De no concretarse el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y de otras instituciones: “Se junta el hambre y las ganas de comer: una demanda de una población civil que maneja imaginarios de respuesta coercitiva, que esperaría una respuesta firme, sin contemplar ningún derecho humano a los criminales o supuestos criminales. Existe esa demanda”. Esto pondría en riesgo la seguridad democrática, pero, aclara Arévalo, “esto no se ha dado”.

Lo que queda por analizar, es “la posición de la institución militar frente al gobierno y la posición del Presidente ante la institución. Una primera constatación es que el ejército ha perdido poder político, ya no es un político real”. Arévalo duda que Pérez Molina tenga un interés en reconstruir el poder institucional del ejército; “tiene que ser democrático”, asegura.

Táger asegura que además del fortalecimiento de las instituciones de seguridad civil se requiere “echar diente al reglamento de empresas privadas”, pues se regularía lo que tenga que ver con investigación, con inteligencia y pondría freno a otros sectores.

“El problema no es que intervenga, pues si se deja el campo abierto, el riesgo es mayor. Sin una estrategia global que entiende que el uso militar es necesario, pero de carácter transitorio, mientras se fortalece la institucionalidad y se empiezan a construir estrategias para irlo sacando”, concluye Jiménez. Ambos coinciden con Arévalo en la necesidad de forjar marcos políticos que regulen y aseguren la soberanía.

Y así, mientras siguen como pendientes las tareas urgentes de un fortalecimiento de la seguridad civil, y se coordinan controles de la sociedad civil para auditar los movimientos en el complejo tablero gubernamental, queda otra tarea pendiente: reforzar el imaginario de que la seguridad ciudadana no depende de respuestas represivas y sí parte de un espíritu democrático y de rigurosa fiscalización civil.