“Este Gobierno no tiene la voluntad política de no violar los Derechos Humanos”

Santiago Canton volvió a Guatemala, ya como exsecretario de la CIDH —la Corte encargada de evaluar la responsabilidad de los Estados ante denuncias por violaciones a los Derechos Humanos—, y como secretario ejecutivo del Robert Kennedy Center para la Justicia y los DDHH. Coincidió el mismo día y en la misma zona, donde se realizaba la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en la que se hablaría sobre la política ante las drogas, con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Una coincidencia incómoda ya que la salida de Canton de la CIDH estuvo relacionada con las presiones de Insulza por su postura ante la situación de Venezuela.

El jurista argentino, durante su gestión en la CIDH, fue muy crítico con la situación venezolana, tanto así que se le negó la entrada a ese país. Para él la justicia, el derecho a la protesta social, todos los Derechos Humanos no tienen ideología.

Ahora, como secretario del Kennedy Center llegó al país para reunirse con 30 líderes de la sociedad civil y de movimientos sociales, para evaluar la situación de los defensores de Derechos Humanos y para dar asesoría. Tras esas reuniones, las conclusiones de Canton sobre Guatemala no parecen optimistas.

¿Ha cambiado algo en Guatemala en estos 15 años, desde su primera visita?

Muchas cosas no han cambiado, lamentablemente. Cuando vine, había un problema serio de otorgamiento de licencias, de minería y otros proyectos, y sigue siéndolo. Las amenazas a periodistas, siguen siendo un problema, continúa habiendo algunos casos de asesinatos a periodistas. Problemas en el acceso a la información pública: La verdad es que en muchos aspectos no hay cambios, acciones judiciales en contra de periodistas por parte de funcionarios públicos. La propiedad de los medios sigue siendo todo un problema, la verdad es que uno se pone a ver hacia atrás y mucho no ha cambiado.

En cuanto a los movimientos sociales y la protesta social. ¿Percibe cambios?

Como parte de la reunión que tuvimos con un grupo amplio de defensores de Derechos Humanos (DDHH), hubo expresiones bastante generales de preocupación por el aumento de las amenazas, persecución a los defensores y aumento en la conflictividad. Eso está claramente sobre la mesa. Me tocó, como secretario ejecutivo de la CIDH, venir a Guatemala muchísimas veces, durante casi 12 años y es un tema que probablemente siempre existió en Guatemala, pero sí noté una percepción de un aumento en la conflictividad social y sobre todo un aumento en las amenazas.

¿Cuál es la principal vía de estas amenazas, el origen de ellas?

Muchas de estas amenazas en general son algo histórico. A esto se le suman los megaproyectos, ya sea de minería o de hidroeléctricas. Más allá de los conflictos sobre minería que seguirán existiendo, también están los de las hidroeléctricas. Todo está relacionado con algo esencial que ha planteado el Sistema Interamericano de DDHH, el tema de la consulta con comunidades y los pueblos indígenas, es esencial desde un punto de vista básico de Derechos Humanos y desde un punto de vista de desactivación de conflictos sociales, muchos de estos problemas se deben a la falta de consulta previa con los pueblos indígenas. La consulta no necesariamente va a terminar en la aceptación de los proyectos y megaproyectos, pero sí es un proceso necesario que se ha planteado desde el Sistema Interamericano, la Corte Interamericana y la OIT y que lamentablemente no se ha avanzado en Guatemala. Lo cual sería esencial para tratar de reducir la conflictividad social en consulta con los pueblos indígenas y allí creo que no hay ningún avance.

Para las consultas es clave que haya representatividad de los líderes y de las organizaciones, ¿cómo se puede establecer que estos liderazgos son representativos en las comunidades?

Uno de los temas más complejos del Sistema Interamericano y de la región latinoamericana es el de los pueblos indígenas y allí uno tiene que partir de que en general aquellos sectores no indígenas que quieren organizar megaproyectos y distintas actividades sobre pueblos indígenas: No entiende, no quieren entender o no tienen la visión o cosmovisión que poseen los pueblos indígenas sobre una gran cantidad de temas. Entonces, plantear que no saben de qué manera se va a representar una comunidad, empieza mal sobre lo que debe ser un debate serio y una consulta seria. Que los pueblos indígenas tengan su propia organización, sus propios procedimientos para distintas cosas, ya sea políticas, o actividades propias de los pueblos es algo importante que hay que reconocer. Para realizar una consulta previa eso se tiene que tomar en cuenta de antemano. Lo digo con base en cosas que hemos visto en otros países, “no sabemos con quién tenemos que hablar”, dicen impulsores de proyectos. Eso va a llevar un tiempo muy distinto a lo que están acostumbrados en pueblos no indígenas. Puede llevar años, tal vez, pero es el proceso que se tiene que seguir. Lo que hay es una falta de conocimiento profundo por parte de todos los Gobiernos de la región sobre cómo hacer las consultas previas. Y hay una deuda pendiente de toda América Latina en ese tema que da lugar a conflictividad social. Guatemala no es el único país con tierras y pueblos indígenas, y continuar con el mismo camino (que es lo que veo en Guatemala) de ignorar esa situación, no lleva a ningún lado, sólo a un aumento de la conflictividad.

¿Quién debería estar obligado a realizar esa consulta?

El Estado tiene que hacerlo, una consulta con pueblos indígenas ya sea en situaciones de proyectos dentro de territorios de pueblos indígenas o donde hay pueblos indígenas cerca de megaproyectos, para la sobrevivencia de la cultura, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Muchos países lo han hecho, por ejemplo Ecuador, Perú, que fue el primero que hizo una ley seria con respecto a consulta previa, no sé si llega a ser un modelo de ley, muchos dicen que lo hizo una vez que ya había entregado la mayor cantidad de licencias posibles, puede ser que sea cierto, pero aquí no existe una ley de consulta previa, ni procedimientos, y si se está tratando de realizar todavía no está en ejercicio. A lo que siempre lleva eso es a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, ya lo ha dicho la Corte Interamericana desde el año 2001. Esto no es una idea de alguien, es algo que la Corte ha dicho desde hace años.

¿Qué sucede cuando el Estado, que debería realizar la consulta, es el mismo que promueve estos proyectos? ¿No se convierte así en un juez y parte?

Bueno, el Estado puede promoverlos (los megaproyectos), la consulta se puede hacer sobre distintos temas no sólo si se quiere que se haga o no, lo que exige el Sistema Interamericano es que exista una consulta previa. Puede ser que el pueblo no esté de acuerdo y aun así el Estado tenga el derecho a realizar la obra, pero tiene que haber la consulta previa. Es importante y no es simplemente una mera formalidad, porque aparte es un procedimiento de entendimiento de distintas culturas. No hay que partir de la base de que el pueblo se va a negar a eso. (Las leyes pueden indicar) que cuando la obra pueda poner en riesgo la sobrevivencia de la cultura de ese pueblo no se puede realizar, si el pueblo así lo considera. Pero, en otros casos no, puede que surjan otras etapas previas que se puedan resolver fácilmente. Todo lo relacionado con consulta con los pueblos indígenas es algo relativamente nuevo, aunque el problema tenga un par de siglos, pero el tema del derecho de consulta es relativamente nuevo, probablemente de los últimos 25 o 30 años, por lo tanto la falta de conocimiento de los Estados sobre cómo realizar estas cosas tiene cierta lógica, lo que no tiene lógica es que el Estado no acepte que hay que hacerlo y no empiecen a pensar la forma de hacerlo y hacerlo bien. Y eso es particularmente cierto para Guatemala con una historia de conflictividad social en relación a ese tema.

Estos proyectos muchas veces se dan en lugares donde el Estado está totalmente ausente. ¿Se inicia mal si esos acercamientos los realizan las empresas interesadas y no el Estado?

Tiene que ser el Estado y no las empresas. Desde ningún punto de vista tienen que ser las empresas. Las empresas, primero, tienen un menor conocimiento; segundo, tienen un interés muy claro en el resultado que tenga esa encuesta. Otro aspecto es que, muchas veces, según la experiencia de otros países, cuando lo realiza la empresa, y en ocasiones con la participación del Gobierno, lo único que se logra es la división interna de los pueblos indígenas por distintos mecanismo no muy apropiados.

La división en las comunidades es un factor común, cuando están presentes los megaproyectos. ¿Empiezan viciados los procesos?

De acuerdo, por eso yo insisto que lo importante acá es cambiar un paradigma: en donde no existía ningún tipo de consulta, comenzar a tener un diálogo, y tener una consulta previa con los pueblos indígenas, en todos los proyectos que generan conflictividad social. Es un cambio de paradigma muy importante y no sólo estoy hablando de Guatemala sino de toda Latinoamérica. No existe el conocimiento, y allí le doy cierto beneficio a los Estados, no existe el conocimiento de cómo realizar la consulta. Frente a esa falta de conocimiento el Estado debería empezar a ver cómo hacerlo en lugar de ignorarlo, porque esto lo único que asegura es más conflictividad social.

De la reunión que tuvo con líderes de la sociedad civil guatemalteca, ¿cuál es su diagnóstico de la situación?

La percepción es de un aumento de las amenazas a defensores de los Derechos Humanos y no me limito al tema de los conflictos que están surgiendo con relación a la propiedad de la tierra, también se incluye a defensores de medios de información, radios comunitarias, es más amplio. No es sólo un grupo. Todos los temas relacionados con amenazas contra periodistas, acciones contra algunos medios de comunicación…

Esos liderazgos de los movimientos sociales, ¿van por la ruta adecuada?

La tarea de los defensores de Derechos Humanos a veces puede estar equivocada, pero la ruta es siempre defender los derechos y lo que el derecho internacional te dice. Mi experiencia es que en la mayoría de los casos se hace de la manera correcta, reclamando a los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana, yendo por la vía pacífica para resolver los conflictos.

En cuanto a la protesta social. Se suele debatir entre lo que es legal y legítimo. En la confrontación de derechos, por ejemplo, el derecho a la protesta y la libre locomoción. Se suele informar sobre “bloqueos” y no de “protestas”.

Eso pasa en todos los países. Un primer aspecto es la necesidad de que no se criminalice la protesta social, porque es un derecho. Además de un derecho es algo positivo para la democracia, es el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho de reunión, es el ejercicio del derecho a asociación. Un conjunto de derechos que permite que exista la protesta social, eso sí, ésta debe ser pacífica, no debe haber uso de armas, tiene una serie de requisitos que pide el derecho internacional y siempre se plantea si se puede cortar una calle. Es un debate que cada país ha decidido de distinta manera, una respuesta del Sistema Internacional es que se puede hacer siempre que exista otro camino para llegar al distinto, sea éste más largo o más corto. Sin embargo, no hay una regla que se pueda aplicar para todos los países, pero sí existe un marco del derecho internacional donde no solo se reconoce el derecho de la gente a la protesta y se denuncia que no se puede criminalizar. Cuando se juntan los defensores de Derechos Humanos y hacen una protesta social, inmediatamente vienen las acciones contra ellos, eso es una violación a la libertad de expresión, claramente.

¿Cuál es el consenso en Latinoamérica sobre este tipo de prácticas, va en la línea de que la protesta trascienda a denuncias internacionales, o se toman las dos vías en paralelo acciones de hecho y acciones legales?

Yo creo que es en paralelo, dependiendo de los países, sí buscan los mecanismos internos de defensa de sus derechos y frente a la ineficacia de los procedimientos internos, acuden al Sistema Interamericano o a Naciones Unidas, eso se da prácticamente en todos los países de la región.

Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela donde usted ha tenido una participación directa, cómo ve la situación: ¿También se llega al mismo punto de que no hay vías internas para resolver esas demandas?

Se ve en Venezuela, y en otros países de la región, donde en el pasado los defensores y las personas en general ya no cuentan con mecanismos internos para defender sus propios derechos. Tal vez existan mecanismos, pero que claramente no van a funcionar. En esos casos se ha dejado de exigir que se resuelvan estos problemas, reconociendo de antemano el fracaso. Venezuela ha sido uno de esos casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; en el pasado uno puede remontarse a Fujimori en Perú y varios otros casos más o menos recientes en América Latina. O aún más en el pasado, en situaciones que no quiero comparar con el presente, las situaciones de violencia sistemática de las dictaduras de los 70 y 80. Donde claramente los mecanismos internos eran inexistentes.

¿Qué sucede cuando un país ignora las presiones externas de los organismos internacionales, ya sea en el caso de Venezuela o en Guatemala?

 Esa es la pregunta constante sobre los organismos internacionales. ¿Para qué sirven estas condenas? No existen mecanismos de coerción por parte de los instrumentos regionales de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento de sus decisiones y, digamos, el “por la fuerza” no debe existir. Y lo que sí existe hoy en día en América Latina es el entendimiento de todos los Estados que son parte de una comunidad de naciones democráticas respetuosas del Estado de Derecho, todos quieren ser parte de esta comunidad, ningún país quiere ser visto como el que se está cruzando a la vera de enfrente e irrespetar las leyes. En general existe eso hoy en día en América Latina, en contraste a las décadas pasadas, y por lo tanto frente a los organismos internacionales, sea Naciones Unidas o la Corte Interamericana, los Estados tratan de hacer caso, aunque no siempre cumplen, y actúan de manera tal de evitar algunas de esas críticas que se hacen desde afuera. Uno puede decir que en general el sistema funciona. Actualmente Guatemala está siendo duramente cuestionada por la Corte Interamericana de DDHH por no cumplir ninguna de las decisiones que se han dado por la CIDH en los últimos años. En el caso de Guatemala lo han dicho distintas instituciones: pareciera que hay un debilitamiento del Estado de Derecho que está afectando seriamente. La última resolución de la Corte, en ese sentido, dice que Guatemala no está haciendo nada. E incluso hay representantes del Estado de Guatemala que están jugando con la idea de retirarse del Sistema Interamericano. Entonces, allí hay algo que se está deteriorando, lamentablemente, porque a partir de ese momento todas las garantías y derechos de los ciudadanos están en riesgo.

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Regresamos al mismo punto, ¿qué pueden hacer los organismo internacionales?

Si los Estados no tienen ninguna voluntad de cumplir es muy poco lo que los organismos pueden hacer. Es una realidad del sistema, así sea el Sistema Interamericano o Naciones Unidas. Si el Estado no tiene ninguna voluntad de cumplir, no hay mucho margen. Lo que entra en juego allí, es la obligación colectiva de los Estados, hacer que ellos mismo cumplan, hoy en día está reunida la OEA en Guatemala. Allí América Latina está en una gran deuda que no se da en otras regiones del mundo, donde los Estados entienden, por ejemplo en Europa, la idea de que los países deben tener un mayor rol en encaminar a aquellos Estados donde se nota un deterioro. En América Latina eso es lo que están tomando en cuenta, la responsabilidad colectiva de los Estados. Los países son los garantes de que funcione el Sistema, tanto en Naciones Unidas como en la OEA, y que reclamen cuando no se cumple con ésta u otra resolución. Hoy se ha dado una realidad política en América Latina que lamentablemente está llevando a que los Estados no cumplan ese rol.

¿Cómo es la configuración de fuerzas en Sudamérica?

Hoy por hoy, Venezuela, un país que claramente ignora el Sistema Interamericano de DDHH, se ha retirado de la CIDH, hay denuncias de violación a los DDHH por todos los organismos internacionales. Son cuestiones que América Latina tiene que replantearse, lo digo desde el punto de vista de los Derechos Humanos, no lo digo desde una postura ideológica, son graves las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años en Venezuela, pero son mucho más grandes las que se han cometido en Colombia. No es una cuestión ideológica. O fue mucho más grave el golpe de Estado en Honduras en 2009. Las violaciones a los Derechos Humanos no son un asunto ideológico.

¿Qué pasa en el caso de Centroamérica, ya sea Honduras o Guatemala, que no parecen importar mucho ese panorama de fuerzas políticas? ¿Qué esa degradación que usted menciona a los países vecinos pareciera no importar demasiado?

En el caso de Guatemala hay un deterioro importante del Estado de Derecho, al igual en Honduras, donde esto empezó con el golpe de 2009; y en el caso de Guatemala ha ido evolucionando de una manera más constante en los últimos años con un deterioro importante en los últimos años. No se pueden analizar de manera individual. Por ejemplo, el deterioro del Estado de Derecho de Venezuela no fue producto de un día, son años, es un libro al que todos los días se le quita una hoja, uno no ve como se está reduciendo ese libro porque lo hace una vez por día, pero después de 10 años uno nota cómo ha cambiado la situación. En Guatemala uno lo ve en la independencia del poder judicial, la libertad de prensa, la libertad de expresión, hay actividades de inteligencia sobre los nuevos medios de comunicación, amenazas a los periodistas, hay una impunidad absoluta y lo ves en los defensores del poder judicial lo que te hace un panorama de lo que está pasando.

En el caso del deterioro de Guatemala, ¿se puede detectar un punto de quiebre?

Probablemente exista, pero no lo he seguido al detalle para señalarlo. Creo que a un mismo tiempo ha habido una serie de cosas que preocupan a la comunidad internacional. Está el aumento de las amenazas a periodistas, la impunidad en el caso Ríos Montt, donde se había dado un paso realmente importante. Cuando en Guatemala hubo una violación gravísima, masiva, sistemática como el genocidio ocurrido, y que finalmente hubiera justicia y que de una manera muy poco sustanciada jurídicamente: la Corte de Constitucionalidad lo deja de lado. Allí uno ve que hay claramente un patrón en los últimos años de ignorar completamente el Estado de Derecho.

Debilitar el Estado de Derecho es debilitar la misma democracia…

Claramente, cuando uno habla de Derechos Humanos, Estado de Derecho y democracia uno claramente está hablando de un conjunto de cosas que entre sí no pueden analizarse separadamente. En cualquier país en donde las personas que ejecutaron, asesinaron, violaron, desaparecieron, a decenas de miles de sus habitantes y los responsables de eso caminan libres por la calle, —algunos no pueden viajar en el extranjero porque serían detenidos—, pero en su país son libres, ¿qué clase de mensaje estamos dando sobre la justicia? Y después nos quejamos de la corrupción e impunidad, la cual obviamente se da. Cuando los que mataron a miles de personas caminan libremente, ¿cómo puede haber justicia para otras cosas? Y destruyeron el sistema democrático. Tiene que haber justicia. Bueno en este caso se logró por un segundo.

O por diez días… Pero, ¿cómo se le explica esto a la ciudadanía, cuando una parte niega lo ocurrido o se opone a un juicio para juzgar esos hechos, como en el caso contra Ríos Montt?

Esto es el aspecto más institucional: Una decisión de la justicia por más que el 99 % estuviera en contra, es una decisión de la justicia en un proceso llevado adelante por una fiscal (Paz y Paz) que internacionalmente tiene un respeto importante. Uno asume que fue un proceso que se realizó de manera correcta, y que sin un sustentamiento jurídico serio se deja de lado. En Uruguay sucedió algo parecido, un proceso de justicia transicional, finalmente va a la Corte Suprema y ésta decide que no seguiría el proceso. Estábamos en contra, pero al menos jurídicamente era más sólida, no como acá. Ahora bien, en un papel sociológico muchas de nuestras sociedades que pasaron por estos conflictos no tenían y no tienen ese fortalecimiento. La sociedad necesita saber la verdad, una vez que la verdad se sepa muchas de las personas que se oponen a esta clase de juicios pueden terminar apoyándolos. Ha habido un manejo de la comunicación por parte del sector de poder que llevó adelante esas violaciones, dentro del país, y en los centros de poder más importantes, que lleva a que haya una falta de información precisa sobre los conflictos armados. En países como Argentina cuando se comenzó a dar más información a la población y comenzó a salir la verdad sobre lo que había pasado, esa polarización comenzó a reducirse, y eso sucede… Incluso en Guatemala, personas que tenían una visión diferente, al comenzar a conocer la verdad cambian de opinión. Hay un rol muy importante de los medios de comunicación. En el caso de Argentina hubo un periódico, Página 12, que empezó a informar sobre esos hechos, informar sobre todo lo relacionado con la impunidad, justicia transicional… y fue un avance enorme, es un proceso que lleva tiempo.

¿Qué va a pasar con el juicio por genocidio?

Creo que, lamentablemente, aquí dentro está cerrado. Hay distintos mecanismos, pero no creo que avancen. Hay una clara falta de independencia del poder judicial en ese sentido, creo que ahora va a venir la etapa de recurrir al Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. Creo que pasó a esa etapa y esperemos que se mueva la comunidad internacional, no para dar marcha atrás a esa decisión sino para que se haga justicia, para algo que es esencial para la región. Estamos hablando de uno de los genocidios más importantes y graves que ha habido en la región, tiene que haber justicia por eso para los miles de víctimas que lo están reclamando. Muchas veces se dice que eso es una mirada al pasado, argumento de algunos gobiernos o sectores de la sociedad, y es justamente lo contrario, no podés crear un país con impunidad, sin un Estado de Derecho fuerte y con independencia del poder judicial, si las personas que más afectaron el Estado de Derecho y las personas que cometieron crímenes que son una aberración contra la humanidad no son juzgadas. Qué clase de país puedes construir en el futuro, qué clase de justicia le estás enseñando a tus hijos. La justicia transicional es una mirada al futuro, clara. Y eso es algo que muchas veces hay que tratar de explicar, porque dicen “otra vez vuelven a lo que pasó hace 30 años”. Para que no vuelva a suceder. Combatir a la impunidad es una mirada al futuro. No sólo por ese caso, obviamente es el más importante, por el contexto de la región, pero queremos justicia para todo, por casos de corrupción, por ejemplo; por eso lo que está pasando ahora e fundamental. Las denuncias que ha planteado CICIG, es importantísimo porque se está discutiendo el futuro de la justicia del país, ignorar lo que plantea CICIG sería gravísimo.

En el caso de Uruguay hubo un proceso de consulta sobre la ley de amnistía, ¿cómo vio eso el Sistema Interamericano de DDHH?

Para el Sistema Interamericano y la CIDH, en un caso que me tocó a mí, nuestra posición fue que no importa si hay referéndum, porque decir que a través de un referéndum se puede derogar los derechos humanos de las personas es un disparate. Si uno tiene un derecho humano a la vida o al debido proceso, un referéndum no te lo puede quitar. Se sienta un precedente para el resto de los países. Eso lo estamos diciendo a un mes de que la Corte Interamericana sacó una resolución contra Guatemala por incumplimiento total. Pero, lamentablemente no existe la voluntad política en este Gobierno de no violar los derechos humanos.

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Y si el Gobierno ignora la resoluciones de cortes internacionales, tampoco pareciera que hay hay un contexto político regional que lo obligue a cumplir las resoluciones…

Yo diría que esta situación no es ideológica, los Estados de la región por el motivo que sea, no tienen esa garantía colectiva que tienen que cumplir los Estados. Cuando uno va a la asamblea general de la OEA y se discute el informe de la comisión de la Corte Interamericana de DDHH ningún Estado dice: “Bueno señores, la resolución de la corte dice que la situación es sumamente grave en tres o cuatro países, ¿qué hacemos?, ¿qué función cumplimos como garantía colectiva para que esto salga adelante porque esto nos afecta a todos?”. Uno de los avances de los derechos humanos es el “erga omnes” o sea que afecta a todos, ya sea en Venezuela u Honduras. Lamentablemente algunos Estados han buscado los mecanismos para ignorar el Sistema Interamericano, pero las críticas de la comisión, en el caso de la Corte porque transmite las sentencias o de la Comisión que tiene un rol más político, claramente tiene una visión de respeto a los derechos humanos independientemente de la ideología de todos. Al país a quien más ha criticado la Comisión Interamericano y uno de los que más denuncias tienen es Estados Unidos, por ejemplo; más Estados Unidos y Colombia, que Venezuela.

En Guatemala, sin el interés del Gobierno por respetar los DDHH y sin un claro acompañamiento o verificación de los países vecinos, este es un panorama muy desolador.

Bueno, no estamos en la década de los 70 u 80, estamos hablando de gobiernos democráticos con serias falencias. En la historia de América Latina en los últimos 25 o 30 años esta es la etapa más larga de gobiernos elegidos por voluntad popular, eso en toda nuestra historia desde 1810.

Pero pareciera que ponemos reversa. Por ejemplo, la represión a movimientos sociales o los ataques a la prensa que usted mismo menciona. ¿Qué hacemos?

Bueno, el año que viene hay elecciones en Guatemala. Eso es lo importante, de allí de la importancia fundamental de la reunión en el seno de Naciones Unidas, el motor detrás de todo en nuestra región, pero también en todo el mundo, no es el Estado, no son los organismos internacionales: es la sociedad civil. Que ha sido motor del progreso en toda la región, por eso los ataques que reciben, no es gratuito, hay motivos detrás de eso. El fortalecimiento de los defensores de DDHH, mecanismos para proteger a la sociedad civil, ya sea fiscalías o mecanismos para proteger periodistas, son esenciales porque a través de eso se logran avances.

A veces esa sociedad civil, o los movimientos sociales, son también desprestigiados desde la prensa, o están divididos entre sí.

Yo soy muy optimista, salvo en sistemas claramente autoritarios donde no hay ni un mínimo respeto, la sociedad civil tiene una fuerza enorme, puede que sea manipulada en algunos casos, pero en general la sociedad civil activa tiene una fuerza enorme y es muy difícil de controlar. Por eso la importancia desde la comunidad internacional de proteger, defender y fortalecer a la sociedad civil, porque allí está el secreto de nuestro progreso en la región. En lucha de los 70 y 80, la sociedad civil fue esencial para ir terminando con esos regímenes y hoy en día sigue siendo esencial cuando uno piensa en justicia, ya sea justicia transicional o civil; obviamente, sin obviar la independencia judicial. Por eso creo que hay ejemplos muy buenos en algunos países de una coordinación importante de la sociedad civil para empujar por el mismo camino, obviamente no tienen que estar de acuerdo en todo. Siempre va haber diferencias, pero sí hace falta una estrategia conjunta. Pero si no tienes una sociedad civil todo eso no va a pasar. El abc empieza allí.