Los «científicos» del agua son jóvenes comunitarios

Jhony siempre madruga, pero una vez a la semana cambia el cuidado de sus cultivos por el monitoreo de fuentes de agua. Cuando el día llega se levanta a las 5 de la mañana, pone a calentar el viejo pickup azul, sube el maletín negro con los instrumentos de medición y sale a recoger a sus cinco compañeros. Jhony Rodríguez tiene 23 años, una hija de un año y un collar del que pende un dije de madera con la silueta de Cristo crucificado.

Mientras Johny va al volante sus cinco compañeros se acomodan en la palangana del pickup. Todos viven en la aldea El Volcancito, en el municipio de Casillas, Santa Rosa; todos se reconocen como xincas, son agricultores y, desde hace tres años, científicos comunitarios del agua.

Desde 2018, la Iglesia Católica, a través de la Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza (Codidena), impulsó un proyecto para que las comunidades cuenten con datos propios que les ayuden a sustentar su defensa de los recursos naturales. En él participan 18 jóvenes, divididos en tres grupos, que cada semana realizan monitoreos en las principales fuentes de agua.

Este esfuerzo de ciencia ciudadana es acompañado por Guadalupe García Prado, antropóloga; Carmen Sierra, ingeniera ambiental, y el biólogo Francisco Castañeda, que se encargan de la coordinación, la interpretación de los datos y la capacitación constante para los jóvenes científicos.

Los datos de cada monitoreo pueden consultarse en el sitio web del Observatorio de Industrias Extractivas, una plataforma con datos sobre la industria y los procesos legales que la regulan.

En los debates sobre el agua las personas se oponen porque dicen que está contaminada o que está escaseando. Lo dicen de forma empírica y creímos que era oportuno involucrarlas no solo para que comprendieran el problema desde un punto de vista más técnico, sino para que participaran en la generación de sus propios datos», explica Moisés Divas, coordinador de Codidena.

Jhony y sus compañeros se encargan de las fuentes de agua de los municipios de Mataquescuintla, en Jalapa; y Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.

En la última década, estos municipios fueron el centro de uno de los mayores casos de conflictividad social del país debido al intento de instalar el proyecto El Escobal, propiedad de Minera San Rafael. Desde el inicio de la exploración del terreno hasta la suspensión de las operaciones decretada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la población se dividió entre los que resistían y los que apoyaban a la mina. Un centenar de familias tuvieron que vender sus casas. Hubo bloqueos de carreteras, sabotajes y retención de policías. También dos Estados de Sitio, represión de protestas pacíficas, allanamientos, amenazas, secuestros y el asesinato de al menos dos líderes comunitarios.

Aquel infierno se fue enfriando a partir de la noche del 3 de septiembre de 2018 cuando la CC falló a favor del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y obligó a Minera San Rafael a suspender sus operaciones. Según la Corte, el Estado incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Oit), al haber autorizado el proyecto minero sin antes consultar al pueblo xinca.

La suspensión de las operaciones mineras impuso una tensa calma en Santa Rosa. Las comunidades saben que tarde o temprano habrá una consulta y la minera intentará regresar. Por eso la resistencia mantiene en pie sus campamentos y sus banderas rojas y amarillas.

La mina vieja o el túnel para ver el futuro

«Los recursos se defienden con cara, nombre y apellido», dice Joel García, de 21 años, cuando se le preguntó al grupo si preferían el anonimato. Todos lo secundaron. Por seguridad solo se omite el nombre del único menor de edad, un joven de apenas 16 años al que llamaremos Jesús.

La jornada abarcaría cinco fuentes de agua en un recorrido que iba desde la parte alta de la «mina vieja» en la aldea Morales, en Mataquescuintla, Jalapa; hasta las inmediaciones de la mina El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Al llegar a la mina vieja Joel toma la delantera y avanza para mostrar un pequeño túnel cavado en la montaña.

«Aquí los españoles mataron a nuestros ancestros», dice mientras toca las paredes en la oscuridad. Entre la roca se filtra agua y uno que otro animal se mueve rápido al ser alumbrado por el celular de Joel.

La cueva es una de las áreas principales de las minas Santiago y Mercedes, que popularmente se conoce como «mina vieja». Ambas las explotaron los jesuitas entre 1850 y 1871, y luego por varias empresas privadas. Es el primer antecedente de minería de plata en la región.

No hay mucha historia documentada sobre esta mina abandonada, pero los jóvenes insisten en que los españoles esclavizaron allí a sus antepasados. Una constante en el grupo es el esfuerzo por reivindicar su identidad xinca. Ninguno habla el idioma pero el conflicto minero y sobre todo la resolución de la CC que reconoció, basada en estudios antropológicos, la presencia de pueblo xinca en la zona, les despertó el interés por su pasado y por reconstruir su identidad.

«Es como si a usted le hubieran ocultado quien es su verdadero papá y hasta ahora se entera no sólo de quién era sino que además le dejó terrenos», explica Luis Rodríguez, de 40 años. Él no es parte del grupo de jóvenes que hacen los monitoreos pero los acompaña siempre «por si pasa algo».

Una vez que llegan al nacimiento de agua nadie da órdenes, todos saben qué hacer. Jesús, el más pequeño del grupo, es un tipo de pocas palabras. Se pone la caja negra en las piernas y coloca en el turbidímetro las muestras de agua que recolectaron sus compañeros. Luego lee en voz alta el resultado mientras alguien más apunta los datos.

A pocos pasos, Alba Rodríguez, de 19 años, toma la sonda y la sumerge para medir la conductividad eléctrica del agua, explica que cuando más alta es la conductividad mayor es la presencia de sales y metales y por ende es menos apta para el consumo. «Lo que más hay acá es cadmio y plomo que sigue soltando la mina. Eso lo detectamos desde el primer informe», señala.

Ese primer informe fue un estudio impulsado por Codidena junto con el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos (Cecon) para determinar el impacto de la Mina San Rafael. El resultado final fue el informe Desigualdad, Extractivismo y Desarrollo en Santa Rosa y Jalapa, presentado en 2019.

Uno de los hallazgos más importantes de dicho estudio fue que en la mina, pese a que lleva más de 50 años sin operar, se encontró drenaje ácido. Un compuesto utilizado para extraer minerales y metales de las rocas y que actualmente se sigue mezclando con las aguas que nacen en las fuentes naturales. «Por eso el color es como oxidado y si la tocas es como gelatinosa», explica Joel.

La antropóloga Guadalupe García Prado comenta que lo que pasa con la antigua mina es un ejemplo de lo que puede suceder en el futuro con El Escobal. «Cuando terminan las operaciones el Estado no se hace responsable de darle un seguimiento a largo plazo y verificar que el área fuera debidamente clausurada».

Según el informe, el drenaje ácido de la antigua mina excede en un 9.3% los valores permitidos para la presencia de cadmio y plomo. Una parte de esas aguas aún se mezcla con el río que nace de la montaña y que abastece a uno de los dos tanques municipales que sirven para distribución de agua. Esa fuente también es utilizada por las cerca de 10 familias que viven en las laderas de la mina para su alimentación, sus cultivos y sus crías de animales.

El misterio del arsénico

Después de la mina, la siguiente parada en el monitoreo semanal son las inmediaciones de El Escobal justo donde una malla delimita los terrenos propiedad de Minera San Rafael. Alba Rodríguez vuelve a tomar la palabra y explica que examinarán el río El Dorado, justo en el punto donde sus aguas se mezclan con las que provienen de la mina.

Por el conocimiento que Alba y sus compañeros tienen sobre la zona fue que Codidena involucró a los jóvenes en el estudio que hicieron con Cecon. Así ayudaron a identificar 33 fuentes de agua que luego analizaron con apoyo técnico de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos.

Gran parte del trabajo se focalizó en analizar el agua y su hallazgo principal fueron los altos niveles de metales como arsénico, cianuro y manganeso en 13 de las fuentes analizadas, incluyendo en aguas de uso residencial.

Estos resultados se determinaron tanto en el laboratorio de la Universidad de San Carlos como en un laboratorio privado que recomendó Minera San Rafael.

Como parte de la investigación de 2019, hicieron pruebas a 47 personas para buscar metales en la orina. La presencia de arsénico en la orina fue mayor en quienes no compraban agua purificada. En las muestras biológicas concluyen que si bien los niveles están dentro de los rangos normales, estos valores están ideados para prevenir intoxicaciones agudas y no para evitar consecuencias en la salud a largo plazo.

Sin embargo, no toda la contaminación es responsabilidad de la mina. Por ejemplo, reconocen que el manganeso está comúnmente ligado a los fertilizantes y que otro foco de contaminación es el uso de los ríos para lavar los equipos de fumigación.

«El problema del arsénico es todo un enigma porque es regional. Hay niveles altos en la salida de la mina pero también en otras áreas alejadas como la laguna de Ayarza, donde se encuentra en valores ocho veces por encima de lo normal. No tenemos suficientes fondos ni experiencia pero el Estado debería involucrarse en costear un estudio de aguas subterráneas para entender qué está pasando», señala García Prado.

En El Escobal, Minera San Rafael extraía con un método de minería subterránea que es menos contaminante que la minería a cielo abierto. Sin embargo, según señala el informe, tiene un gran impacto en las fuentes de agua subterránea que podrían contaminarse tal y como sucede con la antigua mina.

Esa es la razón por la que Guadalupe García Prado aduce que, con base en los hallazgos del proyecto, el Estado ya debería estar involucrado en costear un estudio de aguas subterráneas para saber a qué responde que haya arsénico. «Nosotros no tenemos ni los recursos ni la experiencia para realizarlo, sabemos que la minera sí hizo un estudio de este tipo porque lo cita brevemente en su Estudio de Impacto Ambiental pero nunca accedieron a compartirlo», comenta.

De parte del Estado no hay mayor interés en la problemática. García Prado comenta que en noviembre presentaron los resultados del monitoreo a los alcaldes de Santa Rosa y Jalapa. «Nadie apuntó nada, no hicieron preguntas siquiera. Como está justo en el límite de lo permitido no quieren ver el problema», señala.

«En esta parte —dice Alba Rodríguez, mientras señala el río en que beben unas vacas— hay valores mayores de arsénico porque es agua que proviene de los túneles de la mina y que ellos tienen que soltar para evitar inundaciones».

El estudio elaborado por Cecón y Codidena se presentó en febrero de 2019. En ese evento los representantes de Panamerican Silver, compañía que apenas un mes antes había comprado la Minera San Rafael, reconoció los hallazgos, pidió perdón por los problemas ocasionados y prometió nuevos monitoreos.

Hasta el cierre de esta nota Panamerican Silver no respondió a los cuestionamientos sobre los contaminantes detectados por los equipos de científicos comunitarios y sobre la calidad de las aguas que la mina descarga en las fuentes naturales.

Guadalupe García Prado, coordinadora del proyecto comunitario, asegura que la empresa se interesó en que el monitoreo que hoy hacen los jóvenes fuera en conjunto pero optaron por no aceptar la propuesta para mantener su independencia.

En los jóvenes existe un rechazo a la mina. Es más, aunque hubieran aceptado, haber hecho el trabajo en conjunto habría sido imposible. Desde el principio de este viaje el grupo advirtió que era mejor no andar en carros que «parecen de la mina».

«Acá la gente es brava y si sospechan que son de la mina, no los van a dejar salir», comenta Luis Rodríguez, el que los acompaña al grupo «por si pasa algo».

Cuándo volverá la mina

Tres años después de haber iniciado el proyecto, Moisés Divas, de Codidena, se siente orgulloso: «Tenemos a 18 jóvenes que sin ningún tipo de preparación universitaria ahora están involucrados en el monitoreo comunitario con capacidad para medir caudales, hacer geolocalización y sacar datos bacteriológicos. Creo que es un modelo que se puede replicar en el país no solo para empoderar a las comunidades sino para llenar esa falta de interés del Estado por la calidad del agua».

El equipo coordinador planea ahora invertir en comprar nuevos instrumentos no solo para ir ampliando la capacidad del monitoreo sino para que el grupo pueda prestar sus servicios en otras comunidades interesadas. Actualmente el proyecto se financia con fondos de la Universidad de San Carlos y organismos internacionales.

La empuñadura dorada del machete destaca bajo el sudadero negro, su forma es similar a la de un espadín. Su dueño es Mario Quinteros, de 26 años, el mayor del grupo. Durante todo el recorrido Mario viaja atento a los cultivos de los vecinos. Especialmente a las grandes extensiones de plantaciones de cebolla o a la altura de algunos cafetales.

De unos años para acá el cultivo de café se ha visto afectado por la roya. De esos cafetales subsiste la familia de Mario. «Uno está acá por ellos —dice tras contar que tiene un hijo de dos años— porque la cosa está dura. Si ahorita falta el agua no sabemos cómo será después o si nuestros hijos van a tener agua pero contaminada. Por eso esa consulta hay que ganarla a como dé lugar».

De la consulta depende que Mina San Rafael vuelva a operar en los proyectos El Escobal y San Juan Bosco pero no hay indicios de que vaya a realizarse en el corto plazo.

En 2017 la CC, le fijó al Congreso un plazo de un año para normar las consultas a pueblos indígenas pero hasta hoy, según diputados de la comisión de Pueblos Indígenas, la iniciativa no está entre las prioridades del Legislativo.

Incluso si ya estuviera el reglamento, el futuro de San Rafael Las Flores, Casillas y Mataquescuintla no se resolverá con un conteo de votos. En 2018 la CC dejó en claro que la consulta sólo es un requisito a partir del cual el Estado debe buscar un acuerdo entre las comunidades y la mina.

—¿Qué harán si la mina regresa y empiezan las presiones para que ustedes abandonen los monitoreos? —le pregunto a Mario mientras se aleja de los terrenos de El Escobal.

—Es que no va a regresar —responde con una risa nerviosa.

Al medio día todos se suben a la palangana del pickup azul y Jhony vuelve a zigzaguear entre los enormes baches de las carreteras de Santa Rosa para regresar a El Volcancito.

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Entre el 16 de enero y el 7 de febrero de 2021, Julio González y Luis García, miembros del Parlamento Xinca, fueron víctimas de ataques. El primero sobrevivió a uno, a balazos, y al segundo lo retuvieron y amenazaron de muerte cuando volvía, junto a su familia, a su casa en la Aldea El Volcancito. Los comunitarios temen que los ataques sigan escalando mientras se acerca el 20 de abril, fecha en que arrancará la preconsulta sobre el futuro de la Mina San Rafael. Los jóvenes científicos del agua siguen realizando sus monitoreos.