El crecimiento es uno de los fines supremos en la macroeconomía actual. Por lo general, un crecimiento pronunciado del Producto Interno Bruto (PIB) —la suma de toda la riqueza que se produce en el país— se convierte en un elemento recurrente en los discursos políticos, que atribuyen la subida a la buena gestión de los gobernantes. Pero cuando sucede lo contrario, suelen obviar el tema.
Desde 2001 a 2012, la economía guatemalteca creció un promedio anual del 3.43%, aun cuando la crisis menguó la producción de otros países. Pero ese crecimiento no necesariamente implica que la situación haya mejorado para todos los guatemaltecos. Existen diferencias en la distribución de la riqueza que se ponen en evidencia al desglosar el PIB.
(Cálculos en moneda constante).
¿Se traduce el crecimiento de la economía en el bienestar de la población?
Para quienes obtienen sus ganancias de las rentas del capital —aunque no se pueda identificar cuántos son—, se puede afirmar que sí. El excedente de explotación (es decir, las utilidades, beneficios e intereses resultado de invertir capital o de la operación de empresas) ha crecido en mayor proporción que el PIB.
Entre 2001 y 2012 el porcentaje del PIB que va a los rentistas aumentó de 38.2% a 41.4% . Así lo mostró el informe Prosperidad, ¿en el atasco?, del investigador del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep) de la Universidad Rafael Landívar, Fernando Valdez, quien toma como base datos del Banco de Guatemala. En 2012 hubo un incremento adicional de 0.1 puntos porcentuales.
Para los trabajadores, la situación no ha sido la misma que para los empresarios. Al contrario que las rentas, el salario se redujo en esa década: del 33.4% al 30%, pese a que hubo un ligero incremento de 0.2 puntos porcentuales en 2009, y un incremento adicional de 0.1 por ciento se registró en 2012.
Esta caída generó una reducción en el poder adquisitivo de los trabajadores. “Muchos hogares no lograrán salir de la pobreza ni tener los recursos suficientes para un mínimo de bienestar por medio del salario”, explica Jonathan Menkos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), un centro de pensamiento de corte progresista.
La brecha que se abre entre las gráficas que dibujan las rentas al capital y la remuneración salarial se hace más grande cuando se toma en cuenta el ingreso mixto. Es decir, el que corresponde a las empresas que no son sociedades, como empresas familiares en las que es muy difícil diferenciar los ingresos por trabajo de los de las rentas.
Entre 2001 y 2012, este rubro aumentó del 20.3% al 21.7% del PIB. Así, en 2012, la suma de las rentas al capital y actividades empresariales llegó al 63.2%, mientras que la remuneración laboral era de menos de la mitad.
El porcentaje restante (6.8%) corresponde a la carga tributaria a las actividades productivas.
Por debajo del mínimo
En 2002, los salarios sumaron Q52,659.6 millones y había 5,008,170 trabajadores registrados hasta noviembre de ese año, por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI). Cada uno recibió en promedio Q876.23 mensuales. La canasta básica de alimentos durante ese año nunca estuvo por debajo de los Q1,179.41. Todos son datos del INE.
Las diferencias entre la canasta básica y los salarios no se redujeron con los años. En 2012 cada miembro de la población ocupada ganó en promedio Q1,632.83 mensuales. Q816.98 menos que la canasta básica más baja de ese año.
La situación para los 5,008,170 integrantes de la población ocupada —trabajadores mayores de 10 años de edad, dentro o fuera de la formalidad— que obtuvieron el 32.4% del PIB en 2002 fue mejor que diez años más tarde, cuando, con 1,047,656 personas adicionales en este grupo se tuvieron que repartir un 30.1%.
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El Código de Trabajo de Guatemala define las regulaciones acerca del salario mínimo y establece que cada año el Organismo Ejecutivo debe fijar mediante “acuerdos emanados del Ministerio de Trabajo”, el salario más bajo para las diversas actividades económicas. A pesar de ello, los montos que se fijan cada año continúan estando por debajo de la canasta básica. Y este año incluso se pretende introducir un salario mínimo menor en cuatro localidades del país.
En el estudio Más y mejor empleo: La mejor apuesta para el desarrollo de Guatemala, elaborado por Menkos para el Icefi, se evidencia esta brecha: el salario mínimo (de Q1,953) era Q153 más bajo que la canasta básica de alimentos y cerca de la mitad de la canasta básica vital, en la que se incluyen salud, educación y servicios básicos.
Si en ese momento la canasta básica de alimentos hubiera tenido un valor equivalente al salario mínimo, el resultado no habría sido muy diferente debido a que, con excepción del sector público y de una parte de los empleados urbanos metropolitanos, los salarios no llegaban a ese mínimo establecido.
Édgar Ortiz, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES), considera que no necesariamente este distanciamiento entre salarios y rentas es un sinónimo de desigualdad. Según plantea, hay elementos externos que también afectan estos indicadores.
“Un incremento mundial de materias primas representaría para países productores como Guatemala un incremento en las rentas”, asegura, y agrega que el porcentaje del PIB que les corresponde a los asalariados depende directamente de la productividad. “Mientras la productividad no aumente, los salarios tampoco lo harán”, enfatiza.
Sin embargo, los factores que mantienen baja esa productividad siguen vigentes. David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) –de tendencia más liberal, al igual que el CEES–, la atribuye a los bajos niveles de educación formal y de capacitación específica de la mayoría de los trabajadores. Además de la baja productividad para las actividades económicas, esta carencia provoca que los empleados se vean obligados a desempeñar actividades menos remuneradas. Casasola lo ejemplifica con la agricultura: “Hay un bajo nivel de mecanización, especialmente en los pequeños productores. Se dedican bastantes horas de trabajo pero se termina produciendo poco”. Al escenario expuesto por Casasola, Ortiz añade que la industria y servicios alrededor de la agricultura reúnen a un 38% de los trabajadores en una actividad que aporta sólo un 13% del PIB.
Regulación y equilibrio de fuerzas
El informe elaborado por Valdez establece que se trata de un problema de desigualdad y atribuye los rezagos económicos y sociales de Guatemala, a la pugna entre varios actores por tener el control de la política pública para su beneficio. Guatemala, dice, “es uno de los países más desiguales del mundo”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su Anuario Estadístico de 2013, confirma lo planteado por Valdez. Con un Gini de 0.585, el más usado de los indicadores para medir la igualdad, Guatemala está entre los más desiguales. La comparación toma como base los últimos años registrados por cada país. En el caso de Guatemala, sólo hay datos de 2002 y 2006. En esos años, las distancias crecieron.
Pero la tendencia a que las rentas aumenten en detrimento de los salarios se da también en países con menos desigualdad registrada. Este es el caso de Chile, cuyo índice Gini es de 0.516. En este país también se reflejan las tendencias en cuanto a la distribución del PIB. Entre 2003 y 2007, el excedente de explotación subió del 55.56% al 67.43%, mientras que las remuneraciones salariales bajaron del 39.36% al 29.45%.
Esta tendencia no se queda en Latinoamérica. En el último trimestre de 2012 también España registró un monto por rentas más alto que el de los salarios. No obstante, el balance anual de ese país fue de un 44% para el excedente de explotación y 46.9% del PIB para la remuneración salarial.
Pese a ello, tener un total por salarios más alto que el de las ganancias empresariales es el estándar en el continente europeo. En Suecia, las remuneraciones durante 2012 representaron el 53.8% del PIB, contra un 29.2% de las rentas y un 17% de impuestos menos subsidios, una distribución más equitativa, opuesta a la que muestran las cuentas nacionales guatemaltecas.
La diferencia no se limita a qué rubro es mayor, sino también la tendencia. La contabilidad sueca, al igual que la de otros países como Alemania y Dinamarca, ha mostrado una tendencia a incrementar aún más las remuneraciones a costo del excedente de explotación.
“El principal problema es el corporativismo”, asegura la economista Mayra Palencia, quien colaboró con Valdez en la elaboración del documento. En sus páginas, el estudio hace referencia a medidas implementadas desde la década de 1960 para mantener privilegios.
La presencia del sector privado en la toma de decisiones públicas se extiende a varias entidades estatales. La Junta Monetaria es una de ellas, al igual que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) e incluso el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), entre otras.
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¿De qué manera incide esta presencia privada en las tendencias que muestra el PIB?
“Existe una debilidad muy grande en políticas de renta y hay una intencionalidad muy clara de que el Estado no juegue ningún papel en este tema”, asegura Menkos. Desde su punto de vista, las regulaciones deberían orientarse a lograr mejores niveles salariales que se incrementen de manera periódica.
Desde su punto de vista, el argumento de que no se puede pagar más a la clase trabajadora porque no produce lo suficiente debe ponerse en duda, pues hay evidencia de que la producción aumenta en el país, mientras que los ingresos para los empleados continúan en disminución.
Para Ariel Rivera, vicerrector administrativo de la Universidad Rafael Landívar y exministro de Economía y Finanzas (1985), existe una forma tradicional de lograr ese equilibrio de fuerzas que les dé a los trabajadores “una tajada más grande del pastel”, y radica en los movimientos sindicales. Según explica, los países en los que los trabajadores están mejor son reconocidos por tener sindicatos fuertes. “En Francia cada otoño hay huelgas y negocian el aumento salarial para el próximo año”, indica.
El enfoque tabú
La suma del excedente de explotación con los ingresos mixtos, la remuneración a los asalariados y los impuestos menos los subsidios, representan el enfoque por ingresos para determinar el PIB. Hay dos enfoques más. Uno de ellos es por gasto, que toma en suma la inversión, el consumo, las exportaciones menos las importaciones, y el gasto público en bienes y servicios.
El otro es por producción. Éste toma en cuenta todos los procesos en la elaboración de un producto final y suma el valor agregado de cada uno de los procesos. Para ello, clasifica la producción en tres sectores. El sector primario incluye actividades como la agricultura, la ganadería, la caza y la extracción de recursos naturales. El secundario se refiere a la industria y el terciario abarca el comercio, y la prestación de servicios.
No siempre estuvieron documentados los tres enfoques en las estadísticas oficiales del Banguat. “Cerca de 1980 se logró que se incluyera el enfoque por ingresos, pero al poco tiempo lo quitaron”, explica Rivera.
Fue hasta 2001 cuando el tercer enfoque se incluyó en las cuentas nacionales. A criterio de Rivera, se trata de un tema tabú, debido a las diferencias entre la distribución de la producción “y ahora que las remuneraciones disminuyen, es mayor el tabú”, concluye.
