La semana pasada, cuando “los Cachiros", unos famosos narcotraficantes hondureños, declararon en Estados Unidos, muchos se pusieron nerviosos. Y cuando cantaron que el expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió sobornos de su parte y su hijo coordinó toda la relación, se le comenzó a tambalear el piso al oficialista Partido Nacional, que en este momento está en la recta final para establecer su dictadura.
Los hermanos Rivera Maradiaga, “los Cachiros”, lideraban un cartel de droga que controlaba el trasiego en la costa norte de Honduras. Originarios de Tocoa, en el Bajo Aguán, era un supra gobierno que controlaba todo, desde el sistema de justicia hasta los liderazgos comunitarios. Practicaban frecuentemente la narcofilantropía, mucha gente pobre los respetaba y quería por sus constantes regalos. Habían conformado un reinado. Todo eso cayó cuando comenzaron a caer otros narcos, capturados por la DEA. La guerra por el control del tráfico de drogas se volvió contra ellos. Los hermanos Rivera se entregaron en enero 2015 a las autoridades estadounidenses. Se adelantaron a que los quemaran primero o a que los mataran para asegurar que no delataran a otros de las grandes ligas. A Juan Gómez, gobernador político del Partido Nacional, testaferro de los Cachiros, lo mataron poco tiempo antes.
Ese año los hermanos dieron su primer concierto en Estados Unidos y cayó el imperio Rosenthal, la familia judía más poderosa de Honduras, en la lista de los millonarios de Centroamérica. Otros comenzaron a preocuparse.
Más de un año pasó para que generaran el siguiente temblor. La semana pasada declararon que sobornaron al expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa para les garantizara seguridad, y que Lobo Sosa se comprometió a celebrar contratos con ellos durante su gobierno. Fabio Lobo, su hijo, capturado hace un año, coordinaba esta relación, según la declaración. También sale implicado su hermano, Ramón Lobo. Porfirio Lobo Sosa fue el presidente de la reconciliación nacional después del golpe de Estado y fue en su llegada al poder, cuando, según las declaraciones de los Cachiros, Lobo Sosa les prometió no extraditarlos y hasta les aconsejó invertir en proyectos para blanquear el dinero.
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Desde entonces a Honduras la envuelve una nube aún más densa que no deja ver lo que sucede en las esferas del poder. Y en las calles donde las víctimas son, con frecuencia, pasadas por alto.
De 2009 a 2012 aumentó la tasa de homicidios, el gobierno tomó el control de todos los poderes del Estado, y la DEA entraba y salía de los territorios libremente, se llevaba y traía presidentes para hablar de la lucha contra el narco, en sus helicópteros, con sus condiciones. La dupla del poder: Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. La política de mano dura contra el crimen organizado que promulgaron en su gobierno, solo es pantalla de lo que ocurre: una relación de concubinato entre las mafias y el Estado.
Lobo Sosa fue llevado a Estados Unidos cuando era presidente, según el ex fiscal del Ministerio Público Jari Dixon, ahora diputado de oposición.
De allá volvió con la ley de extradición, que nunca se reglamentó en un Congreso Nacional en ese entonces presidido por Juan Orlando Hernández, presidente y candidato a reelegirse.
En ese entonces, el gobierno de Obama ya veía a los Cachiros como peligrosos narcotraficantes pero contaban con la protección del Estado hondureño.
Estados Unidos se lleva a los narcos con un auto acordado, una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Y todo se negocia desde entonces.
Dice Pepe Lobo que los Cachiros solo buscan reducir su condena, que quieren hacer caer a inocentes como él para mermar la dureza de la sentencia que deberán afrontar por delitos de narcotráfico y asesinato. El Partido Nacional dice que es parte de una campaña para favorecer a la oposición política en este año electoral. El Ministerio Público podría actuar de oficio y se ha comprometido a hacerlo. La gente en las calles habla de esto como el chisme de la semana. Y los Cachiros volverán a declarar.
Otro señalado en las declaraciones de los Cachiros es Julián Pacheco Tinoco, actual secretario de seguridad, militar reconocido en Honduras. Un grande dentro del gobierno. Tan grande que la Secretaría de Seguridad del Estado emitió un comunicado rechazando las acusaciones contra su ministro. Los Cachiros confesaron haber ordenado el asesinato de 78 personas incluido el director de la Dirección de Lucha contra el narcotráfico, Julián Arístides Gonzalez, el “zar antidrogas”. Pagaron, según su confesión, entre US$200 mil y US$300 mil a la cúpula policial y a algunos soldados por el asesinato. La historia se detalla en este reportaje del New York Times: Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras.
Con las declaraciones de los Cachiros ante una corte estadounidenses lo que antes era rumor, va cobrando mayor sustento.
En un artículo de la revista Envío de junio de 2015, Ismael Moreno escribía:
“Se afirma que Juan Orlando Hernández decidió abandonar a su suerte a su antiguo padrino en la campaña que lo llevó a la presidencia, olvidando que Pepe Lobo tiene una importante cuota de poder en el Partido Nacional. Hoy el distanciamiento entre ambos es evidente. Un hecho a considerar en este caso es que la mayoría de los investigados y enjuiciados por el saqueo del IHSS pertenecen al grupo político de Pepe Lobo.
En mayo de este año, Hernández decidió entregar a la DEA a Porfirio Lobo, hijo mayor del expresidente, acusado por narcotráfico y supuestas vinculaciones con el cártel de los Cachiros, recientemente desmantelado por las autoridades en el departamento de Colón. Igualmente se dice, como un secreto a voces, que Juan Orlando Hernández ya no solo estaría dispuesto a entregar a Ricardo Álvarez y a la hasta ahora todopoderosa Lena Gutiérrez —vicepresidenta del Congreso Nacional y mujer de confianza de Pepe Lobo—, recientemente acusada de estafa contra el Seguro Social a través de una empresa farmacéutica, sino que también estaría dispuesto a entregar a ‘mi Rosa’, como le llama el expresidente Lobo Sosa a su esposa, implicada en el saqueo del Instituto Hondureño de la Seguridad Social. Las mismas voces van más allá y advierten que a Juan Orlando Hernández no le bastaría con entregar a la esposa de Lobo, sino que también tendría prevista en su agenda la posibilidad de entregar al propio expresidente, si con ello logra salvar su propia persona y su proyecto presidencial”.
Pero las acusaciones actuales van más allá, al rincón más oscuro de los partidos políticos.
En Tocoa, su ciudad de origen, los Cachiros han reconocido que tenían aliados entre los políticos. Por ejemplo, dos diputados, uno nacionalista y otro del partido Liberal, también un alcalde del partido Libertad y Refundación.
Oscar Nájera, el diputado nacionalista, es un personaje importante, amigo de los Lobo desde la infancia. Construyó su poder desde 1990 cuando fue electo diputado y nunca dejó ese puesto. Un terrateniente que, en el gobierno también nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (preso en Estados Unidos por el escándalo del Fifa Gate), benefició su negocio de palma aceitera con la derogación de la Reforma Agraria y la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Agrícola, que destruyó el cooperativismo y entregó las mejores tierras a quienes podían comprarlas e invertir en ellas.
Nájera ha sido pieza clave en los gobiernos antes, durante y después del golpe de Estado. En el actual gobierno es presidente de la Comisión de energía. Él mismo dice que ningún contrato de generación de energía pasa sin él verlo antes. Y se siente con el poder de manejar al Presidente, ya que la reelección depende de él como uno de los pilares del Partido Nacional.
Nájera juró por su madre muerta que no conoce la droga y que nunca se reunió con los Cachiros. Lo dijo en televisión nacional.
En su momento, cuando Juan Gómez, uno de sus diputados suplentes fue asesinado, sospechoso de ser testaferro de los narcos de su pueblo, Nájera desmintió toda vinculación y hasta negó que él haya sido su suplente.
Los señalados aducen que esto es una campaña sucia en este año electoral en el que está casi asegurada la reelección de Juan Orlando Hernández. ¿Están conspirando los criminales para que el gobierno no siga con sus políticas de seguridad? ¿Está conspirando el crimen organizado y la oposición política sacando provecho de eso? Son las preguntas que lanzan para librarse de culpas.
Si Honduras fuera un país serio, esto haría caer al Partido Nacional como pudo haberlo hecho caer el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social en 2014 en el que se comprobó que había recibido dinero robado para la campaña política de Juan Orlando Hernández. Lobo Sosa admitió que esto pasaba, pero dijo que no hizo nada por miedo a desestabilizar el país.
Los señalados se defienden en la televisión y celebran su reelección (en el caso de Adán Fúnez, Oscar Nájera y Freddy Nájera) después de las elecciones primarias el pasado domingo. Si en Honduras la justicia funcionara, colaboraría con la investigación y juzgaría a estos personajes.
Si Honduras no estuviera cooptado por las mafias, Juan Orlando Hernández no tendría oportunidad de negociar, no estaría haciendo propaganda para asegurar su reelección, estaría siendo investigado por su cercanía con todos los caídos que o están muertos o están en una corte de Estados Unidos.
Honduras en realidad debería tambalearse.
