“Los Papeles de Panamá”: El abogado guatemalteco vinculado al caso Odebrecht y el helicóptero del hijo de Martinelli

“Por favor revisemos quién es el beneficiario final de la sociedad. Actualiza las búsquedas y hablemos para determinar si se trata de la misma sociedad. En Twitter están circulando los cheques con los que (Ricardo) Martinelli dice haber pagado la compra del helicóptero por lo que te agradezco conseguirlos. Comparte con el cliente los links de las noticias para recibir sus comentarios y determinar si presentamos el ROS o no”. Quien escribió este mensaje es Sandra Naranjo de Cornejo, la titular del Departamento de Cumplimiento (Compliance Departement) del bufete panameño Mossack Fonseca, en abril de 2017.

Mossack Fonseca se hizo famoso en abril de 2016, luego de que saliera a luz una masiva filtración de datos internos a la cual tuvieron acceso periodistas del periódico alemán Süddeutsche Zeitung y que fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Aliados de más de cien medios de comunicación a nivel global se dedicaron a investigar las prácticas corporativas del bufete. Esas investigaciones revelaron la refinada manera en la que políticos, macroempresas y supuestos miembros del crimen organizado, evadían los controles locales para esconder fortunas, negocios, sociedades anónimas, a través del establecimiento de Offshores.

Mossack Fonseca ya no existe. Pero en abril de 2017, luego de la filtración, se esforzaba por demostrar que sus controles funcionaban. 

De ahí que cuando el helicóptero matrícula N1626L, propiedad de Luis Enrique Martinelli Linares, fuera inmovilizado por las autoridades mexicanas el 31 de marzo de ese año, en Chiapas, y después enviado a Panamá, las alarmas de Mossack Fonseca se dispararan.

El 6 de abril de 2017, Wendy Agard empleada del Departamento de Cumplimiento, escribió a Naranjo De Cornejo para ponerla al tanto de la noticia. Les preocupaba que se hiciera público que la venta del helicóptero a favor de Martinelli Linares, la había realizado Franconaves S.A., compañía que Mossack Fonseca había ayudado a constituir en Panamá dos años atrás, y cuyos intereses se extienden hasta Guatemala.

Martinelli Linares es hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), señalado en su país por actos de corrupción, y recientemente deportado de los Estados Unidos para ser procesado por delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que habría funcionado durante su administración.

El helicóptero, que Martinelli Linares había adquirido en 2014, fue inmovilizado por las autoridades mexicanas a petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, que liga su compra con el caso Odebrecht. La fiscalía panameña sospecha que la aeronave fue pagada con parte de los sobornos con los que la empresa brasileña supuestamente benefició a Martinelli Berrocal durante su mandato presidencial.

Parte de esta información consta en la nueva filtración de “Los Papeles de Panamá”, hecha a Süddeutsche Zeitung y compartida al ICIJ, del cual Plaza Pública es aliado. Se trata de más de 1,2 millones de documentos en los que quedan expuestas las actividades y reacciones de Mossack Fonseca para paliar la tormenta desatada tras la primera filtración de abril de 2016.

A partir del 6 de abril de 2017 las comunicaciones se intensificaron entre el bufete panameño y el cliente que manejaba la cuenta de la filial de Franconaves S.A. en Panamá. Se trataba de Consultores Legales, S.A., bufete dirigido por el abogado guatemalteco Juan Manuel Molina Coronado. El abogado no tuvo diligencia para contestar lo que le pedían.

Consultores Legales, era el intermediario entre Mossack Fonseca y varias compañías guatemaltecas que deseaban constituir offshore. Uno de sus clientes fue Franconaves de Guatemala, S.A., a la que asesoró en la constitución de su filial Franconaves Panamá, S.A., a través de Mossack Fonseca.

El bufete panameño envió correos electrónicos solicitando información a Consultores Legales desde el 7 de abril por la tarde. Buscaban completar el perfil de Franconaves Panamá, S.A. y de Consultores Legales, en el reporte de Due Dilligence (Debida Diligencia). El requisito es una recomendación internacional exigido por las leyes antilavado de dinero.

El reporte de Due Dilligence pretende evitar la secretividad de los paraísos fiscales o entidades financieras. Nombres y pasaportes de los directores, accionistas y propietarios, carta de referencia bancaria, detalle de cuentas a nombre de la sociedad, empresas vinculadas a la offshore, entre otros, son los datos que los bufetes deben requerir a cada uno de sus clientes para incluir en el reporte.

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En el correo que Mossack Fonseca envió a Consultores Legales indicó que los datos solicitados eran necesarios para completar sus archivos. De lo contrario se exponían a altas multas. La respuesta que recibieron del bufete guatemalteco fue que no podrían contestar hasta la semana del 17 de abril, cuando hubiera finalizado el asueto de Semana Santa.

Minutos después que Mossack Fonseca enviara el correo solicitando la información a Consultores Legales, ordenó abrir el reporte de Due Dilligence para Franconaves, S.A. y Consultores Legales, S.A. Reporte que debió tener desde que los aceptaron como clientes.

El reporte de Debida Diligencia permite la búsqueda en distintas bases de datos internacionales de las personas o empresas que son clientes o con potencial de serlo. Con ello buscan determinar si se trata de Personas Políticamente Expuestas (PEP), o que estén vinculadas a actos delictivos. El objetivo era evitar relacionarse con el manejo de dineros de procedencia sospechosa o aumentar sus niveles de monitoreo, en el caso de los PEP.

Si Mossack Fonseca hubiera cumplido con ello antes de abril de 2017, cuando el helicóptero fue incautado en México, se habría percatado que el director de Consultores Legales S.A., Juan Manuel Molina Coronado, ya arrastraba varios cuestionamientos públicos. Había utilizado empresas de cartón para  ocultar el trazo de la propiedad de un helicóptero, bajo sospecha de pertenecer a la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías. También había sido obligado por un tribunal a pagar una multa de Q115,547 (unos US$15 mil) por comprar facturas de empresas de cartón para simular ventas.

Un año después de los correos con Mossack Fonseca, Molina Coronado era arrestado por su presunta vinculación con el caso Odebrecht. La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) señalan al abogado de haber recibido US$1.2 millones de fondos procedentes de sobornos pagados por Odebrecht a través de una cuenta bancaria a nombre de la empresa panameña Brianza Marketing Corp, de la que el abogado era representante, la cual está vinculada con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo, quien se habría beneficiado con los sobornos de la constructora brasileña.

De vuelta a abril de 2017. El día 10, Mossack Fonseca volvió a ponerse en contacto con Molina Coronado, para advertirle que de no recibir la información renunciaría como agente de Consultores Legales, S.A.

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Media hora después, Molina Coronado respondió el correo: “Lamentamos de sobremanera la abrupta decisión, especialmente porque su firma ha sido víctima de situaciones como esta y nosotros les hemos tenido bastante paciencia y consideración; por lo que hubiéramos deseado la misma reciprocidad de parte de ustedes. Le comento que Franconaves S.A. Panamá es una filial de la sociedad del mismo nombre en Guatemala, la cual tiene más de 50 años de trayectoria y presencia en Centroamérica. El haber vendido un equipo a una persona no les convierte en un sujeto delictivo como para que ustedes necesiten tomar medidas tan abruptas y drásticas sin un plazo prudente para escuchar a su cliente”. 

La molestia de Molina Coronado llevó a enviar otro correo de una sola línea, 30 minutos después: “Adicionalmente a lo anterior, le comento que el Dr. Mossack adquirió un helicóptero de Franconaves”, escribió haciendo referencia a Jürgen Mossack, uno de los dos fundadores del bufete Mossack Fonseca.

El mismo 10 de abril, Wendy Agard de Mossack Fonseca contestó que entendían “su posición como cliente”, pero que “nuestro interés es demostrar la urgencia que tenemos de obtener la información de la debida diligencia y una respuesta sobre las investigaciones que han surgido a la luz de la sociedad en mención por verse vinculada dentro de un marco político”.

La respuesta definitiva llegó siete días después, luego de un nuevo recordatorio de Mossack Fonseca a Molina Coronado. El correo era un punteado de algunos datos que le habían solicitado, en el cual confirmaba que la compañía que vendió el helicóptero al hijo del expresidente panameño fue Franconaves S.A. Guatemala, y no la filial panameña. Y también le indicaba que no enviaría más información.

Los propietarios de Franconaves S.A. Panamá y Franconaves S.A. Guatemala son los hermanos Jean Maxime, Jean Paul Guy y Rolando René de apellidos Morel De Pocas. La filial panameña fue constituida en noviembre de 2014 a través del bufete Mossack Fonseca, que ejerció desde entonces como agentes registrados.

Según documentos internos de Mossack Fonseca, Franconaves S.A. Panamá funcionaría como una “holding company”. En su acta constitutiva, inscrita en el Registro de Panamá, señala que sus operaciones podrán ser en cualquier país, pero con especial énfasis en Guatemala.

Franconaves S.A. Guatemala tiene más de 40 años de existir. Según datos del Registro Mercantil, además de los hermanos Morel de Pocas, como mandatario vigente también aparece Hugo Heberto Guiraud Vernaza. 

Cuando Franconaves S.A. Guatemala efectuó la venta del helicóptero a Luis Enrique Martinelli Linares aún no existía la filial panameña. Por ello no consta ningún documento de esa operación dentro de los documentos filtrados al ICIJ, más allá de la admisión de Molina Coronado –y su cliente, Franconaves S.A. Guatemala– sobre que fueron ellos los que vendieron la aeronave al hijo del expresidente.

La relación entre los hermanos Morel y el bufete panameño data al menos desde 2001.En el Registro Público de Panamá consta que el 21 de agosto de ese año fue inscrita la sociedad Beechcraft de Centroamérica (Panamá), S.A., en la que aparece como agente residente Mossack Fonseca. Uno de los directores de esa empresa era Roland Rene de Pocas Morel. Mossack Fonseca tenía como dirección para enviar facturas por cobro de anualidades por la administración de Beechcraft de Centroamérica (Panamá), S.A., el hangar 19 a nombre de Franconaves Ltd., a la que identifican como cliente, en el Aeropuerto de La Aurora de Guatemala.

Al igual que en Franconaves S.A. Guatemala, enfocada en helicópteros, los tres hermanos comparten mandato con Guiraud Vernaza en la empresa guatemalteca Beechcraft de Guatemala, S.A., que se dedica al área de aviones y jets. También han tenido representación, a partes desiguales, en otras 17 empresas según datos del Registro Mercantil de Guatemala. 

El titular actual de Franconaves S.A. Guatemala es Rolando René Morel. En entrevista con Plaza Pública explicó que conoció a Martinelli Berrocal en 2003, cuando el futuro presidente estaba en la búsqueda de un avión.

Según Morel, las pláticas con Martinelli rindieron frutos y en el transcurso de unos cuatro años, le vendió un jet Hawker 800 por US$10.5 millones y luego un helicóptero modelo B4.

Martinelli Berrocal fue extraditado de Estados Unidos a Panamá el pasado 11 de junio. Aunque son más de una decena de investigaciones las que lo vinculan con supuestos actos de corrupción, solo responderá por cargos de espionaje, ya que así lo establece el tratado de extradición entre ambos países.

Antes de ser presidente, Martinelli Berrocal era ya un empresario millonario.

Con documentos en mano, Morel explica que la cotización del helicóptero, también modelo B4, le fue solicitada por el hijo del expresidente en octubre de 2013. La entrega de la aeronave, reseña, fue en agosto de 2014, cuando ya se habían efectuado todos los pagos y los trámites de su compra, ensamblaje e importación desde Francia, donde tiene su sede la empresa distribuidora de las aeronaves.

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Desde que la aeronave fue incautada en México, Martinelli Berrocal ha alegado que la adquisición fue hecha con fondos lícitos. El 4 de abril de 2017, en su cuenta de Twitter el exmandatario publicó cuatro cheques girados a favor de Franconaves por la supuesta compra del helicóptero.

Morel confirmó que fue Molina Coronado, a través de Consultores Legales, quien efectuó todos los trámites legales de la importación y venta del helicóptero al hijo de Martinelli.

Después de la respuesta de Molina Coronado respecto a los requerimientos de cumplir con la información para completar los perfiles de los accionistas de Franconaves, Mossack Fonseca hizo un último esfuerzo por obtener la documentación requerida. “Lamentamos mucho su respuesta puesto que esperamos recibir sus explicaciones que hoy en día dicen brindar al gobierno. Como es de su conocimiento, Mossack Fonseca & Co. está sujeto a supervisión con respecto a leyes, reglamentos y/o directrices contra el blanqueo de capitales emitidos por las autoridades competentes (…) Las solicitudes e interrogantes comunicadas son con el fin de completar el expediente de la “debida diligencia” y cumplir con nuestra responsabilidad de ‘Política de conozca a su cliente’. De obtener la información solicitada, no hay necesidad de empezar el proceso de renuncia”, escribió el 19 de abril.

El bufete ofreció a Molina Coronado utilizar una plataforma interna de nombre Herus, que le permitía enviar documentos de forma segura, y le envió la guía de uso. Molina Coronado ni siquiera abrió el correo.

El 4 de mayo de 2017, al no obtener respuesta, Wendy Agard escribió un correo a Sandra de Cornejo. Pidió que se autorizara la renuncia de Mossack Fonseca como agente residente de las 14 sociedades que Consultores Legales mantenía con ellos, como cliente y administrador, entre ellas Franconaves S.A. Panamá.

De las 14 sociedades, solo dos tenían información de Beneficial Owner, es decir, beneficiario final o el propietario real de los activos manejados en una sociedad. Las otras doce estaban registradas en Panamá y bajo su administración.

Luego de semanas sin que Molina Coronado contestara correos, y de análisis interno en Mossack Fonseca, el bufete panameño renunció a las sociedades. Consultores Legales también había optado por retirarse. El 29 de mayo Mossack Fonseca ordenó enviar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por “incumpliento” a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno panameño. En ese detalla los datos publicados en medios de comunicación acerca del helicóptero de Martinelli Linares. Antes de ello señalaron que “nos parece importante mencionar que Bufete MF & Co mantiene relación contractual con los clientes intermediarios ya sean personas jurídicas o persona natural, no así con los beneficiarios finales”. Es decir, con las sociedades o bufetes que las administran, y no con sus usuarios finales.

La renuncia de Mossack Fonseca como agente residente de Franconaves S.A. Panamá, y otras 11 sociedades, quedó registrada en la Notaría Octava del Circuito de Panamá, el 7 de junio de 2017.

Según Morel la filial panameña de su compañía nunca tuvo operaciones. “Ni siquiera una cuenta bancaria”. Franconaves S.A. Panamá fue constituida con el único objetivo de “importar un helicóptero, pero nunca se hizo”, explica.

El dueño de Franconaves S.A. Guatemala “no entiende” cómo Martinelli Berrocal pudo involucrarse en los casos de corrupción de los que se le acusa. “El cuate era millonario, no le hacía falta”, dice.

Morel espera que su negocio no se vea afectado por haber vendido el helicóptero al hijo del exmandatario panameño, y asegura que no podía saber el origen de los fondos con los que se le pagó la aeronave. “Uno no tiene tanto acceso a información”, explica.

Dentro del expediente de venta que muestra consta la copia de los cuatro cheques que Martinelli Berrocal publicó en su cuenta de Twitter.

Según el empresario, el expresidente ni siquiera sabía que su hijo había comprado el helicóptero cuando finalizó su período.

Hasta el momento ni la fiscalía panameña ni la guatemalteca le han requerido información sobre esa negociación, pero Morel asegura que supo que el Ministerio Público de Panamá verificó la transacción de fondos y están al tanto de la cuenta empresarial en la que se depositaron. 

El helicóptero vendido a Martinelli Linares costó US$3.2 millones, asegura Morel.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), dice que a esa unidad no ha llegado ninguna petición formal de información de parte de la fiscalía panameña. También asegura desconocer que el abogado Molina Coronado, procesado por el caso Odebrecht en Guatemala, fue quien posibilitó la venta del helicóptero a Martinelli Linares.

La falta de controles internos y cumplimiento de reportes de Diligencia Debida queda de manifiesto con un caso no relacionado a Guatemala. En 2012, uno de los socios fundadores del bufete, Ramón Fonseca, urgió a sus subalternos a renunciar inmediatamente a la relación comercial que tenían con un bufete panameño, salpicado por investigaciones periodísticas por nexos con el entonces presidente Martinelli y sus hijos. "Seguro hay coimas en esto", escribió Fonseca. 

Sin embargo, dos años después, Mossack Fonseca participaría indirectamente en la compra de un terreno efectuada por Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del presidente panameño, por $225,000. Mossack Fonseca hizo el contrato de venta". 

El señor de los cielos

Hasta hace poco, Molina Coronado era uno de los pocos abogados guatemaltecos especialistas en temas de aviación y transacción de aeronaves.

El rol de intermediario que desarrollaba entre el bufete panameño Mossack Fonseca y sus clientes, a través de Consultores Legales involucra a varias compañías que supuestamente se dedican al negocio del transporte y servicios aéreos. Algunas, incluso, cuestionadas en una publicación periodística por supuestos nexos a un caso de tráfico de oro. Dos de las empresas vinculadas con el supuesto caso de contrabando fueron canceladas por Mossack Fonseca, a raíz del caso de Martinelli.

El Ministerio Público confirmó que la investigación del supuesto contrabando de oro sigue abierta, pero las empresas ya no son objeto de indagación.

Consultores Legales era intermediario de 44 offshore, según documentos de Mossack Fonseca.

Entre las compañías relacionadas hay dos más dedicadas a la venta de helicópteros, que develan los controles laxos de Mossack Fonseca en la política de Know Your Client (KYC), que implica los reportes de Debida Diligencia. Es decir, investigar primero a quién le están brindando sus servicios.

El primero de los casos quedó registrado en la documentación y correos internos de Mossack Fonseca, relacionada a la primera filtración de datos de “Los Papeles de Panamá”. Se trató de la venta de un helicóptero a la empresa panameña Heli Ancón, cuyo presidente al momento de la compra era Mario Fonseca Imendia, según datos del Registro de Panamá. 

El 4 de mayo de 2012, Rigoberto Coronado, abogado de Mossack Fonseca, se puso en contacto con Juan Manuel Molina Coronado vía correo electrónico, para explicarle que su contacto había sido proporcionado por Rolando Morel, representante de Franconaves S.A. Guatemala.

Le proponía que la empresa panameña Heli Ancón, representada por Mossack Fonseca, importaría desde Francia, de manera temporal, un helicóptero en piezas hacia Guatemala para que Franconaves pudiera ensamblarlo, una de sus especialidades según promocionan en su sitio web.

La documentación interna establece que el negocio se efectuó sin problemas: el helicóptero Eurocopter, modelo AS350, de cinco plazas, fue adquirido por US$2.6 millones, e importado desde Francia hacia España, saliendo por Barcelona y llegando al puerto de Santo Tomás de Castilla (Guatemala).

El helicóptero en piezas implicaba más de mil kilos. Molina Coronado explica al abogado Rigoberto Coronado que la negociación requiere de dos contratos: uno de ensamblaje y otro de arrendamiento.

Este trámite, explica, lo ha hecho “muchas veces” con Roland de Pocas.

El abogado de Mossack Fonseca pregunta: “el arrendamiento, ¿para qué sería?”

“Para no pagar impuestos”, respondió Molina Coronado en un correo.

Esa modalidad utilizada por las offhsore para evadir los impuestos de importación de aeronaves ya había sido expuesta a raíz de otra filtración de documentos del bufete legal Appleby, en noviembre de 2017.

El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa, dijo el año pasado a Plaza Pública que luego de descubierta tal triquiñuela, el registro de aeronaves se incrementó más de un 200%. Según Foppa, efectuaron un plan de fiscalización conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). “Rompimos récord de recaudación. Se importaron 123 (aeronaves), más que en toda la historia. Por lo general antes se importaban de cuatro a cinco aeronaves al año”, explicó

Según Morel esto tiene una explicación sencilla: en este caso están ofreciendo el servicio de maquila, figura con la que opera su empresa en el país. “La aeronave nunca entra a Guatemala, por eso no se pagan impuestos de importación, aquí solo se maquila”, dice.

Molina Coronado, agrega Morel, tuvo el tino de volverse “el abogado de las aeronaves” ya que existía un vacío en tal especialización. Aunque dice que trabajó varios años con ellos, actualmente ya no tiene ese cargo.

El abogado Mario Estuardo Archila Maldonado, especialista en negocios internacionales y derecho tributario, dice que “solo el Estado Guatemalteco no se ha dado cuenta que esto es legal”. El abogado cita la Ley de Aviación, la que establece que cuando una aeronave tiene un certificado de arrendamiento, no paga derechos de importación.

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Tanto Morel como Archila se muestran escépticos de que la estructura legal pueda estar siendo usada para defraudar impuestos. Es decir: declarar que una aeronave está certificada como arrendamiento y su uso sea únicamente privado, y no esté bajo un contrato de leasing (o un alquiler con derecho a compra, amortizado en cuotas).

Sin embargo, ambos opinan que la estructura puede ser utilizada para operaciones ilícitas.

Otro caso que involucra a Molina Coronado como el señor de los aviones, implicó una alerta similar a la activada por el helicóptero de Martinelli Linares.

A inicios de abril de 2014, Ingrid Mejía, asistente de Consultores Legales, se puso en contacto con Mossack Fonseca para saber si tenían alguna compañía ya registrada y disponible para adquirirla, para comprarla y luego efectuar una emisión de acciones a favor de sus verdaderos beneficiarios, e inscribirla como si se acabara de concretar.

Así nació Renton Managament S.A. Mejía había aclarado desde su correo inicial que, en realidad, el único activo de la compañía sería una aeronave.

Cuando la compañía se registró formalmente, y se emitieron los primeros certificados de acciones, quedó claro que entre sus directores y accionistas estaba César Augusto Rosenthal Hidalgo, hijo de Jaime Rosenthal, político, banquero y multiempresario hondureño, vinculado al blanqueo de capitales del narcotráfico, desde finales de 2015.

El caso Rosenthal inició en octubre de 2015, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una sanción administrativa contra el clan familiar hondureño, designándolos como una organización de lavado de activos procedente del narcotráfico. Las pesquisas posteriores revelaron la relación entre los empresarios y los miembros de la familia Rivera Maradiaga, dedicados al narcotráfico y conocidos como Los Cachiros.

Aunque la acusación pública contra los Rosenthal fue después de constituida la sociedad, el ruido generado alrededor de ese apellido no levantó las suspicacias de Mossack Fonseca. Ni siquiera que un avión perteneciente a Renton Management S.A., fuera detenido en el aeropuerto La Aurora, y quedara varado por una inspección antinarcotráfico, en octubre de 2015.

Fue hasta después de la publicación de la primera filtración de “Los Papeles de Panamá”, en mayo de 2016, y la vinculación entre la familia Rosenthal y el bufete legal, que hubo una reacción. Mossack Fonseca, entonces, cumplió con sus pesquisas de Debida Diligencia con Rosenthal Hidalgo y encontró que era un PEP. Encontró también que su familia hacía casi un año había sido ligada a delitos de tráfico de drogas, y que eran representantes de un banco bajo sospechas de blanqueo de capitales.

Como una compañía que cumplen con las normativas internacionales emitieron un Reporte de Operaciones Sospechosa (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno panameño. Dos años después…

Y al igual que casos anteriores alegaron que sus negocios no son con beneficiarios finales, si no únicamente con los intermediarios. Eso a pesar de tener copia del pasaporte de Rosenthal Hidalgo desde dos años antes, y tenerlo registrado en el Registro Mercantil de Panamá como director y único accionista de una de sus sociedades.

Dentro de la actividad de la empresa preconstituida hay un acta de reunión de junta directiva en la que supuestamente se decidió nombrar a Rosenthal Hidalgo como uno de los directores. El acta tiene fecha 6 de febrero de 2014, casi dos meses antes de que Mejía, de Consultores Legales, preguntara si existía una compañía disponible para comprar. Mossack Fonseca también renunció como agente residente a esta compañía, pero los datos para levantar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) lo enviaron a la UAF hasta un año después.

El abogado Archila explica que el uso de sociedades preconstituidas, conocidas como shelf, es perfectamente legal y que responden a una necesidad de cubrir operaciones financieras entre países de forma rápida y ágil. “En Guatemala abrir una cuenta le puede llevar meses, pero usted necesita la sociedad para ya”, ejemplifica.

Sin embargo, aclara que las shelf  "se han visto mal” porque algunos de sus usos es hacer constar actos mercantiles en fechas que no corresponden. Archila calificó como “simulación total” y no legal al ejemplificarle un caso como el efectuado por Consultores Legales, S.A.

Plaza Pública intentó obtener la versión de Consultores Legales, S.A. para este reportaje, pero una persona del bufete contestó vía telefónica que no estaba autorizada para brindar ningún tipo de información y que no había una persona designada ante la ausencia de Molina Coronado.