Negocios, traiciones y la voluntad de monopolizar el fraude

Estos papeles no son los borradores de los autores de The Wire; no es el guion de un drama policiaco para la televisión, pero sí que podría dar material para muchos libretos. Esta es una historia real sobre la corrupción en puertos, sobre instituciones infiltradas por el crimen organizado, con medios de comunicación cooptados, y políticos y sindicalistas desfilando al compás del dinero de sobornos. Este reportaje se basa en documentos redactados con todo detalle por investigadores de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y fiscales, analistas y técnicos del Ministerio Público (MP) para presentar ante el tribunal. Esta es una historia real, en la que sus protagonistas se comunican por una “línea”, por múltiples líneas telefónicas, en donde dan cuenta de sus negocios, de sus rutinas, de sus traiciones...

Una línea es una sucesión de puntos, nos enseñan en la escuela. Para los nacidos antes de 2000, una línea también hace referencia a ese engorroso cable que une los ya casi obsoletos teléfonos fijos, con la maraña de interconexiones de una red telefónica. “La Línea” fue el nombre elegido por los propios integrantes de la estructura criminal para denominarse. El extremo de este hilo ha alcanzado, de momento, a Juan Carlos Monzón Rojas, considerado el jefe de la red, prófugo de la justicia desde el pasado 16 de abril, y Secretario Privado de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. La mujer más poderosa de la administración del presidente Otto Pérez Molina que debió renunciar liada en una serie de mentiras sobre el paradero de su hombre de confianza y el clamor de manifestaciones ciudadanas y presiones sectoriales.

Los informes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), a los que Plaza Pública tuvo acceso, dan cuenta de las escuchas telefónicas consideradas relevantes por los investigadores para explicar la forma de operar de la estructura, quiénes eran sus integrantes, qué roles desempeñaban, cuáles eran sus nexo con los usuarios de “La Línea”, y qué tipo de vínculos los relacionaban. Todo esto con llamadas interceptadas, fotografías tomadas en seguimientos policiales, correos electrónicos y documentación aduanera recolectada entre mayo de 2014 y febrero de 2015. Una redacción aséptica que detalla los movimientos de los integrantes de la red. Un cúmulo de datos analizados hasta abril pasado, que resume las alrededor de 66 mil llamadas interceptadas durante cerca de 10 meses y alrededor de 6 mil correos electrónicos.

Un hilo del cual tirar

En el proceso de las investigaciones policiales hay dos momentos: el de recolección de información y el análisis. Los reportes de la CICIG y el MP revelan el segundo momento; y son el libreto que utilizan ya los fiscales para presentar su caso en el juzgado, a la vez, representa el punto de partida que se complementará con la fase de investigación iniciada luego de las detenciones del 16 de abril y que continúa. Aún restan más capítulos, protagonistas y sorpresas en esta saga en la que se sumaron al menos 25 mil documentos, luego de los allanamientos al centro de operaciones de la red, Boutique Emilio, y en al menos otros cinco sitios. La investigación en marcha, nombrada en un informe externo de CICIG como Furgones II, es la continuación del caso “Furgones”.

El expediente judicial al que tuvo acceso Plaza Pública no precisa la fecha de inicio de la investigación. Una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que les despertó un importador cuyo flujo de ingresos de mercadería resultaba sospechoso. Se trataba del ciudadano chino Miao Miao, alias “Erick”, quien el 8 de mayo de 2014 telefoneó y preguntó por los precios para el ingreso de mercancías a una persona externa a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad del Estado encargada del cobro de impuesto. Dubitativo, “Erick” le cuestionó si estaba “de nuevo en eso”. Su contacto le respondió que sí, y añadió: “En el puerto hay nuevas cosas que le llaman Línea (…) Es cuando alguien tiene el control de todo, que ahora ellos tiran un listado de precios (…) Ya adentro, saber cómo se lo reparten. Ahora va a haber un precio fijo”.

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En ese momento los investigadores aún no lo sabían, pero el contacto de Miao Miao era Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la estructura en Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros, según la fiscalía. No tardarían en averiguarlo: Después de la conversación con Miao Miao, los investigadores pidieron permiso para intervenir su línea telefónica. Luego se sentaron a esperar hasta que Aldana, en una llamada a su banco, entregó toda su información, nombre completo e incluso Código Único de Identificación (CUI). Hoy está detenido, pero entonces, sin pertenecer a la SAT, era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba la responsabilidad en un subalterno, enviaba correos electrónicos a los importadores con el listado de precios que la estructura ofrecía. De hecho él mismo era, al menos en el papel, un importador y tenía registrados a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusalén, e Importadora y Exportadora Gecko. Las conversaciones interceptadas en cuatro de sus números telefónicos fueron importantes catalizadores de la investigación.

Las conversaciones entre Aldana y Miao Miao, alias “Erick”, evidenciaban ante los investigadores que existían redes de cobros ilegales anteriores a “La Línea”. La necesidad de un intermediario para lograr un cobro más favorable no era desconocida entre importadores y agentes aduaneros. Se preguntaba entre socios, entre conocidos, entre amigos: “¿Cómo están los precios?”. La pregunta se refería al precio de un pago extraordinario para evadir los impuestos.

Atado este cabo, la fiscalía decidió rastrear los correos electrónicos. Desde asetea01@yahoo.com y julio9160@hotmail.com, Aldana enviaba sus datos de contacto por teléfono a nuevos clientes. Sus mensajes ayudaron a desenredar la madeja. Al primero de estos correos se accedió cuando la esposa de Aldana, Mónica Patricia Jauregui Zamora, también procesada por el caso, le dio la clave del correo a otro colaborador por teléfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con valores alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus productos. Declaraciones de mercancías, conocimientos de embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y facturas comerciales. Todos estos documentos desde el inicio permitían una rebaja en el pago de impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo sabían. El listado de precios que intermediaros externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado en el Código Arancelario Centroamericano.

Pero los investigadores intuían algo más: la coordinación externa no tendría ningún efecto sin la supeditación de los funcionarios de la SAT encargados inspeccionar los contenedores: los técnicos aduaneros conocidos como “vistas”. Los “vistas”, palabra sacada de la jerga proveniente del control del Ejército de las aduanas en la década de los ochenta, atendían a las instrucciones de operadores externos a la SAT. Aldana tenía incluso la potestad de ubicar a su antojo a los técnicos aduaneros.

Al tener el reporte de un contenedor que iba a ser beneficiado, Aldana ordenó a los encargados oficiales de la aduana de Puerto Quetzal:

—Ahorita a Nazario.

Se refería a Nazario Elpidio Arana Navas, técnico aduanero de Puerto Quetzal. Según los reportes, Nazario Arana no tiene orden de captura.

La cadena de mando

La subordinación de los vistas no era ni gratuita ni fortuita. La CICIG y el MP calculan que recibían Q7,500 cada semana. Ellos eran quienes se encargaban del primer contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT. La red que finalizaba con los vistas, incluía, según la investigación, al menos 28 funcionarios de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de esa institución, el gerente de Recursos Humanos, el jefe de la División Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores de aduanas, y 14 técnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos Superintendentes ahora detenidos, Carlos Muñoz Roldán, primero; Omar Franco, después. Toda la red distribuida entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de “La Línea”, participaron hasta 64 personas en la operación.

Cuando en mayo de 2014 iniciaron las pesquisas nada estaba claro acerca de la estructura de esta bien aceitada organización. ¿Hasta dónde llegaban los nexos al interior de la SAT? ¿Qué tan arriba seguía la cadena? Miao Miao dio, sin saberlo, una pista. En una conversación, le preguntó a su interlocutor con quién trabajaba. Solo con los de “La Línea”, le respondió: “Ahora ya no se puede trabajar con los muchachos, si alguien quiere trabajar por aparte nos pueden echar”.

Poco a poco, las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales de reuniones de integrantes de la red en restaurantes de comida rápida para el intercambio de bolsas donde se presume había dinero, fueron mostrando a los investigadores el grado de permeabilidad de la SAT: los técnicos de aduanas respondían a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que están bajo la responsabilidad del Jefe de División Región Sur (en Puerto Quetzal, Central y San Tomás de Castilla). Las comunicaciones entre los funcionarios de la SAT no resultaron tan reveladoras como aquellas entre las personas ajenas a la institución. Las órdenes no provenían sólo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de fuera.

Pero esta supeditación no era suficiente. Si se precisaba quitar de en medio a un mando inferior o trasladar a alguien más afín, se hacía sin miramientos. Una llamada entre el gerente de Recursos Humanos de la SAT, Sebastián Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda Castellón, el financiero de la estructura, revela cómo el gerente de Recursos Humanos mueve a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT, se ocupaba, según la acusación, de otra arista: cobraba para asegurar que no hubiera ningún pronunciamiento sindical por cualquier cambio.

Un feliz cumpleaños para Osama

Pese a los millonarios ingresos de la red, calculados en Q2.5 millones a la semana por un periodo indefinido de tiempo, según la fiscalía, no todo era paz y concordia entre los integrantes de “La Línea”. No todos estaban “alineados”.

Algunos técnicos aduaneros continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores. En mayo de 2014, Aldana telefoneó a un colaborador no identificado y puso a los investigadores al tanto del enojo de un jefe superior externo a la SAT por esta situación.

Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y dos días más tarde, este seguimiento les llevaría a una reunión en el restaurante San Martín de la zona 16. Además de Aldana, a la reunión asistió el otro encargado externo de la red, Byron Izquierdo, y los llamados al orden: Byron Leonel Linares, técnico de aduanas de Puerto Quetzal, y su superior el coordinador de esa misma aduana, Manuel Alejandro Recinos Morales. El jefe externo también emergió de las sombras: se trata de Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen palestino, de 47 años, propietario de las empresas individuales Almacén Río Jordán, Distribuidora Río Jordán, y Karina. Osama, llamado Óscar, Olga, o El Árabe, poseía también la importadora Universal Baby´s y un importante nexo con otros clientes de “La Línea”. A la reunión también asistieron los encargados externos de la red: Julio Aldana y Byron Izquierdo.

Lo que Osama desconocía, según dejan entrever las escuchas, era que mientras sus lugartenientes organizaban los cobros externos a la red, un pequeño grupo formado por su misma gente hacía negocios por su cuenta. Este grupo lo dirigía Byron Izquierdo, un responsable externo del grupo; los miembros de la estructura que defraudaba a los defraudadores eran Mynor Pineda, William Morales y Julio Aldana. El grupo de traidores se autonombró “Puto”. La investigación no precisa qué ocurrió con éste.

Desde los escalones más bajos a los mandos medios y llegando a los líderes, la estructura de la red comienza a tomar su forma final para los investigadores cuando pusieron sus ojos sobre una fiesta.

El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaños en una reunión con varios integrantes de la red, recibió la visita de alguien denominado en las escuchas como “Eco”.

“Eco”, que llegó en un picop de matrícula registrada a nombre de Corporación de Noticias, S.A., la casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día, pronto fue identificado: se trataba de Salvador Estuardo González Álvarez, representante legal y presidente de la corporación. Aunque en ese momento los investigadores no tenían forma de saberlo el papel de “Eco” les llevaría mucho más lejos, les llevaría ante un jefe superior a “Eco”, un personaje nombrado en las escuchas como “JC” o “el Moreno”.

El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial a “Eco” reveló la identidad del “JC”, “J2” o “el Moreno” al que se referían las llamadas de días antes. En una escucha al financiero de la red, Mynor Pineda informaba: “entrará otra línea, otra línea va a entrar por JC”. Este “JC” era quien controlaba la “la línea”, y quien controlaba “la línea” tenía el control de la SAT. En el seguimiento policial de este día “Eco” tenía una reunión con él en el vestíbulo del hotel Grand Tikal Futura. JC era Juan Carlos Monzón Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.

Los investigadores no lo tendrían claro hasta meses más tarde, después de otras cientos de conversaciones interceptadas, en parte los cambios en estos altos mandos de la estructura externa obedecían al conocimiento que la red tenía de una investigación en marcha.

Además de González y Monzón, en el encuentro repetirían varios de los que habían estado días antes en el restaurante San Martín: Byron Izquierdo, Mynor Pineda, y Jorge Guillén, jefe externo de la aduana Santo Tomás de Castilla. De la reunión, Izquierdo salió convertido en la nueva cabeza del grupo externo de la red: destronaba a Osama. Los investigadores se enterarían de ello, días después.

Osama tenía un estilo bullicioso y exhibicionista, según se aprecia en las escuchas telefónicas e incluso en sus publicaciones en redes sociales como Facebook donde exhibía vehículos de alta gama y un fastuoso estilo de vida. Esto ahora parecía pasarle factura. Se había jactado de ser el responsable de la recaudación aduanera. En una de las escuchas, respecto a la recaudación aduanera, Osama había dicho:

—Damos una asesoría para el bien de todo el mundo, para Guatemala, para 15 millones de guatemaltecos…

Osama se sintió traicionado. “Me dieron un tiro en la nuca”, dijo en una llamada días después, ya separado del poder y de los recursos de la estructura, que alcanzaban para los mandos superiores, como él, hasta Q40 millones al año, según los cálculos de los investigadores. El derrocamiento se venía fraguando desde hacía un tiempo. De algunas llamadas se deduce que Pineda le había propuesto a Jorge Guillén quedarse con “la Línea”. “La dirección de Osama no está bien. William (Morales coordinador de Aduana Puerto Quetzal) es un cabrón”, había dicho Pineda. Guillén había respondido con una propuesta: conocía a “dos militares que si se unieran, sí lo agarran”.

En el horizonte comenzaban a aparecer Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias “Teniente Javier”; y Luis Alberto Mendizábal Barrutia, un empresario, agente libre en la comunidad de inteligencia desde finales de los años setenta quien sin, ser militar, llevaba años complotando junto a varias generaciones de oficiales.

Las “cinco letras”

Izquierdo no duraría mucho al frente. El 1 de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunció al operativo Aldana la llegada de Ortiz Arrega a la estructura:

—Entró el mero cacique. No estamos desplazados, ni vos ni yo. Aquellos que miren y que luchen por ellos, pero yo te estoy jalando a vos. Es el ‘Teniente Jerez’, estoy con él.

La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Teniente Jerez como nuevo dirigente apenas mes y medio después, hacia finales de septiembre, no obedecieron sólo a los descontentos internos.

En la misma conversación, Pineda le reiteraría a Aldana:

—El que va a mandar todo esto es Jerez. Ellos quieren agarrar directo a los clientes. El tramitador en el precio tiene que cobrar lo de ellos. Quieren dejar fuera al que cobra 5% (en referencia a Carlos Muñoz, entonces Superintendente de Administración Tributaria), porque Jerez dijo que se volvió un mercado y por eso la CICIG tiene información. Y eso lo ordenó ‘El Presidente’, que calme, por eso está poniendo cuatro cuentas bancarias para que se hagan los depósitos, todo lo que reporte se le va a pagar (…) El importador va a tener que llamar al número si no quiere pagar lo que dice el sistema de allí; o pagan o la mercadería está ahí parada.

En los informes analizados, alrededor de 600 páginas de reportes y 1.000 páginas de documentos los analistas no identifican al personaje nombrado como “El Presidente”.

La red al crecer en ingresos también buscaba ser hegemónica, acaparar el mercado, eliminar la disidencia, fortalecer los nexos entre los mandos superiores y los agentes operativos.

Entre julio y agosto aparecieron más menciones veladas a cuidar las comunicaciones telefónicas, a cambiar cada tanto el chip de los teléfonos, a tener cuidado porque “las cinco letras” andaban cerca. Las cinco letras eran C-I-C-I-G.

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En las llamadas, en sus transcripciones, los fiscales empezaron a detectar desconfianza, los implicados aludían a investigaciones previas de la Comisión que no los habían alcanzado, pero también expresaban cierta satisfacción por la llegada de personas “con experiencia” como jefes de la estructura. En una conversación de octubre entre Javier Ortiz y uno de los responsables financieros de la red, el primero dice: “Lo que pasó es que tanto Inteligencia como CICIG le están haciendo seguimiento a todos los recaudadores que habían, y que nosotros entramos a quitarlos. Hay que guardar la distancia para que no salgan perjudicados, hay grabaciones donde nos explicaron cómo lo estaban haciendo y todo, parte del blindaje que ofrecimos fue este, para que tengan cuidado”. Era demasiado tarde, Ortiz también estaba siendo grabado.

Mendizábal, el sastre de Guatemala

Para entonces el “Teniente Jerez” había incorporado a la estructura a dos encargados de finanzas: Miguel Ángel Lemus y Roberto Antonio Ramírez. Pero pese a ello, Estuardo González no había sido reemplazado. Su posición, vinculada directamente con Juan Carlos Monzón, seguía siendo privilegiada. Pero no por mucho tiempo. Un nuevo actor, Luis Mendizábal, quien acompaña al Teniente Jerez, lo haría menguar.

En esta etapa, que la investigación de CICIG denomina “de transición”, durante de octubre de 2014 aparece por primera vez la Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizábal, como el centro de operaciones de la red criminal. La sastrería, también conocida como la “Oficinita”, era un lugar con cierta fama en los círculos políticos y de inteligencia no solo porque hace unas décadas se había erigido en el único lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudían políticos de cierto renombre, sino porque allí operaba su dueño, experto en asesorías en materia de inteligencia. Un lugar donde además en 2008 se gestó el célebre video del abogado Rodrigo Rosenberg contra el gobierno de Álvaro Colom.

Por razones no precisadas en la investigación judicial, la Fiscalía no solicitó la captura de Mendizábal. Pero más tarde, después de las primeras detenciones por el caso “La Línea”, algunas llamadas les mostraron a los investigadores que Mendizábal se encargaba de gestionar recursos para buscar las medidas sustitutivas para los principales dirigentes de la estructura.

Para el caso “La Línea” es clave por constituirse en su principal centro logístico a partir de octubre, entre las primeras cosas que se tramaron allí estuvo la destitución de Carlos Muñoz como Superintendente de la SAT. Según coligieron los investigadores, con esa operación lograban, un control aún más directo de la SAT, siempre que consiguieran colocar a Omar Franco al frente de la institución. Y eso no tardó en suceder.

Muñoz “el inútil”, y el ascenso del nuevo grupo

El máximo encargado de “no ver, no oír y no hablar” de lo que ocurría en las aduanas era el Superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz Roldán, electo por el presidente Otto Pérez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el Directorio de la SAT. Las escuchas sugieren que ese silencio tenía como precio el 5% de todo lo recaudado en la “cola”: el pago irregular realizado a la estructura de “La Línea”. Muñoz, a quién en algunas intercepciones de llamas miembros de la red llaman “el inútil”, no estaba sólo. El entonces Intendente de Recaudación y Gestión, Álvaro Omar Franco Chacón, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir sólo “135,000 pesitos” (posiblemente al mes) por su colaboración. La participación de Franco no era menor: su responsabilidad incluía vigilar la recaudación y una alerta suya podía desbaratar la red.

La gestión de Muñoz fue muy criticada: acusaciones de nepotismo, de incumplir las metas de recaudación fiscal de 2013 y 2014, y sobre todo, señalado por su intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor, que pretendía terciarizar los servicios de recaudación.

Pero cuando la investigación fiscal comenzó, en mayo de 2014, apenas semanas después de que Muñoz asumiera el cargo, los investigadores creen que él ya participaba en la defraudación

En la estrategia para retirarlo de la SAT y de la red, estaban implicados, según la investigación, Geovani Marroquín Navas, el enlace entre la estructura externa con la SAT, y algunos de sus funcionarios, entre los que se encontraba Omar Franco. Y la maniobra contemplaba al menos cuatro acciones: revelar las salidas del país de Muñoz “sin autorización del 1”; una denuncia en el MP por estafa (expediente MP001-2015-1708); la contratación por excepción y compra directa de su yerno, Iván Martínez Martínez, como técnico de Cultura Tributaria con un pago total de Q181,100. Y también develar que asignaba vehículos de la SAT a familiares suyos.

El plan era acumular señalamientos en contra de Muñoz, que permitieran al presidente Otto Pérez Molina justificar la destitución del Superintendente. El ejecutor fue Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT, quien mantuvo durante el período de la investigación 493 llamadas con Ortiz, y 53 con Lemus. El 21 de noviembre aparece en Siglo21, diario de Corporación de Noticias, cuya presidencia estaba a cargo de Salvador González, un campo pagado del sindicato de SAT con los señalamientos.

Lo que sigue en el informe es el reporte de la serie de reuniones en las que, según hipótesis de los investigadores, se concreta la estrategia contra Muñoz:

El 25 de noviembre de 2014, Segura, el secretario del sindicato, se reunió en la Boutique Emilio con el encargado externo de aduanas, Jorge Guillén, y con Roberto Antonio Ramírez de Paz, uno de los financieros.

El 27 de noviembre de 2014, hubo otra reunión en el mismo lugar. Esta vez Segura se encontró con Ortiz, Lemus Aldana y Luis Mendizábal. Una fotografía de vigilancia muestra a Segura en su vehículo contando dinero tras la reunión.

El 29 de noviembre una publicación de Siglo21 titulada “Sindicato hace acusaciones a jefe de la SAT” recoge los señalamientos y declaraciones de Segura, denunciando a Muñoz y la respuesta de éste.

El 2 de diciembre de 2014, hay una nueva reunión en la Boutique Emilio entre Segura, Ortiz, Jorge Guillén y Alejandro Castañeda Serovic, incorporado a la red por Mendizábal.

El 09 de diciembre de 2014, la investigación registró la última asistencia de Anthony Segura a la Boutique Emilio.

La puñalada final a Muñoz la dio el propio Juan Carlos Monzón Rojas, “JC”, “el Moreno”, que lo llamó el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que seguiría al mando de la SAT:

Juan Carlos Monzón: —Mira. Rapidito. Voy a ser bastante breve y no muy claro. Espero que me comprendas. El amigo que ha tenido interlocución, completamente fuera del tema, no tiene nada más que hacer ahí contigo.

Carlos Muñoz: —¿El Dos? ¿El de lentecitos? —dice en alusión a Omar Franco.

Monzón trata de calmarlo mientras en paralelo fragua su salida delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.

Carlos Muñoz: —Entonces todos los famosos cambios, nada.

Juan Carlos Monzón: —Al tiempo, papaíto. Jamás. Nada que ver. Ahí sos el dueño absoluto de la tienda.

Carlos Muñoz: —Ah, entonces te quiero mucho, mano. Qué bueno.

Juan Carlos Monzón: —Un fuerte abrazo, mi rey. Te agradezco mucho.

Carlos Muñoz: —Ala, no sabes, vos, ahora sí voy a dormir tranquilo. Gracias, mano. ¿Y los cambios del lado externo continúan? La pobre Claudia (no identificada por el MP) la tuve aquí sentada y está preocupada.

Juan Carlos Monzón: —Out a todo. Te agradezco mil. Solo la “R” se va para arriba.

Según fuentes del MP, al menos en este caso, la “R” se refiere a la recaudación tributaria. En una audiencia judicial, el pasado 2 de junio, Muñoz sostuvo esa versión. Subir la recaudación era una forma de aliviar las tensiones y las sospechas de defraudación, cuando las críticas afloraban en los medios de comunicación.

Y el elegido por el Presidente es… otro miembro de “La Línea”

Mientras Carlos Muñoz intentaba dormir tranquilo, alguien más en la dirección de la SAT pensaba ya en ocupar su lugar. Geovani Marroquín, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba vincular de manera más directa al Intendente de Recaudación, Álvaro Omar Franco Chacón. Marroquín llamó a la asistente de Franco, Vilma Haydee de León Mejía, para concertar una entrevista de parte de Monzón Rojas el 23 de diciembre de 2014.

—¿Está listo para tomar la silla? —preguntó Marroquín.

Franco respondió con contundencia:

—No me rajo.

Marroquín le advirtió que no podía darle muchos detalles por teléfono pero que todo estaba listo y que debía reunirse “con el secretario de la Dos” en el Hotel Clarion. En otra llamada de ese mismo 23 de diciembre Marroquín le indica a Javier Ortíz:

—Quieren que coordine por parte de la Vicepresidenta pero es a través del secretario de ella y que le están pidiendo coordine todo el accionar de la SAT con el Superintendente.

En el expediente consultado, los investigadores no identifican al personaje aludido como “la Vicepresidenta”, al igual que no identificaron a “el Presidente” en una cita anterior.

Ese mismo día, cinco horas más tarde, Marroquín se comunicó con Ortiz. La clave de todo era que Franco le dijera a Monzón que quería estar en el grupo, dijo el Teniente Jerez, y añadió: “que es a lo que va Jota (Monzón) de parte de la Señora”.

—¿La Señora sabe que él va alineado con nosotros? —preguntó Marroquín.

—Ella sabe que usted y yo estamos en la jugada —respondió.

Poco más de un mes después, el 27 de enero de 2015, Otto Pérez oficializaría el nombramiento de Franco.

El vínculo entre Franco y “La Línea” era directo y se concretó un día después de su designación al frente de la SAT. Marroquín llamó a De León, la asistente de Franco, y le dijo que la reunión tenía que celebrarse ese día: “Van a llevar un mensaje del número Uno”. El lugar fue el “El Cafetalito” del Hotel Camino Real. A la cita con el Superintendente acudieron, según muestran videos de vigilancia del hotel, Marroquín, Ortiz y Lemus Aldana.

La trama para la salida de Muñoz consolidó la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el “Teniente Jerez”, y Miguel Ángel Lemus Aldana, alías “Mike”, al frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani Marroquín como enlace con la dirigencia superior: Estuardo González “Eco”, y Juan Carlos Monzón Rojas como líder general de “La Línea”; así como con las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco.

Pero también fue el inicio del fin para la estructura. Menos de tres meses después de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas a “La Línea”, y el gobierno del presidente Pérez Molina entró en una crisis política cuyo final aún es incierto.

Sobre el escenario queda un veterano actor secundario de otras historias de apariencia inverosímil, Luis Mendizábal, prófugo desde mayo pasado; así como Juan Carlos Monzón, quien según el Ministerio de Gobernación, tras enterarse de la orden de captura en su contra, el pasado 16 de abril, atravesó cinco países en tres continentes para evadir a la justicia. Queda también la mujer más poderosa de este Gobierno, la ahora exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya es investigada por el MP por su supuesta participación en “La Línea”. Queda por último el presidente, Otto Pérez Molina, solo, casi monologante, acosado desde diversos frentes que exigen su renuncia. Todo esto como consecuencia de una investigación sobre “La Línea”, la red política/criminal cuyo capítulo final aún no ha sido escrito..

Nota de corrección: 10/06/2015 a las 8:39. En el original se decía que el caso "Furgones" no había sido revelado. En realidad, sí lo fue.