Nicaragua: autoritarismo, una dinastía familiar y el avance del neo-extractivismo

El camino hacia el autoritarismo y el giro hacia la derecha

Después de la derrota electoral en los años 90 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dio los primeros signos de fractura interna, la cual se resolvió con la salida de figuras prominentes del sandinismo y el triunfo del “ala izquierda” del FSLN liderada por Ortega, sobre el “ala derecha” liderada por Sergio Ramírez, quien se retiró del partido junto con otros antiguos dirigentes y formaron el Movimiento de Renovación Sandinista. Las luchas internas, sin embargo, no cesaron. Ortega giró gradualmente hacia el centro a través de la marginalización de los dirigentes más radicales de izquierda y del estancamiento de la discusión ideológica, que fue sustituida por una lucha por los espacios de poder dentro del partido. Miembros del grupo que se conoce como “el bloque de empresarios sandinistas” pasaron a ocupar puestos claves en la dirección del partido.

El giro a la derecha había iniciado con el apoyo de Ortega y sus leales al presidente Arnoldo Alemán dentro de la asamblea nacional para la aprobación de leyes que terminaban de revertir la reforma agraria. Los que dentro del FSLN se opusieron a este giro fueron excluidos del partido. Cuando Alemán se vio envuelto en una serie de escándalos por corrupción, se empezaron a vislumbrar los contornos de lo que se conocería como el pacto de gobernabilidad. Tanto Alemán como Ortega enfrentaban la posibilidad de ser alcanzados por la justicia, uno por corrupción y  el otro por incesto. El pacto se cristalizó en 2000 a través de una serie de reformas a la Constitución, la modificación de la ley electoral y el reparto de cuotas de representación en diferentes instituciones clave del estado. Con ello inició el desmantelamiento institucional en Nicaragua.

Daniel Ortega podrá no ser el más inteligente de los antiguos dirigentes sandinistas, pero su capacidad de establecer compromisos, pactos y alianzas ha sido su herramienta. Ese ánimo conciliatorio, que fue crucial para la unificación del FSLN que condujo al triunfo de la revolución, fue no menos importante en la consolidación del poder del Danielismo neo-extractivista.

“Unida Nicaragua Avanza” y el régimen ro$$a chicha

En la campaña electoral de 2006 el FSLN de Daniel Ortega sustituyó todas las consignas revolucionarias por frases vacías y apolíticas: unidad, amor, reconciliación y un fuerte fetichismo religioso. Cambió la lucha de clases por la lucha electoral, el debate ideológico por el mercado de las alianzas y los pactos, el pueblo como protagonista de la historia por la historia de una nueva dinastía familiar. Y así sentó las bases para el avance del proyecto neo-extractivista. La acumulación de tierras, el agua, la explotación de minerales, la expansión de los agrocombustibles continuaron transformando el área rural de Nicaragua, pero con Ortega, bajo una nueva lógica de alianza entre el capital y el estado que ha transformado la dinámica de acumulación. La estructura agraria en Nicaragua presenta en 2017 un patrón similar al que existía antes de la revolución, muchos de quienes se beneficiaron con la re-privatización de tierras pertenecen al bloque de empresarios sandinistas. Y estos, junto con la elite tradicional nicaragüense y la elite trans-centroamericana no solo se han beneficiado de las políticas neo-extractivistas de Ortega, sino han sido sus aliados y defensores.

Los productores de leche y carne, por ejemplo, accedieron al mercado venezolano bajo condiciones ventajosas. El grupo Pellas, un conglomerado de empresas que dirige el multimillonario Carlos Pellas, construyó a través de una “Alianza Público Privada” un aeropuerto para traer directamente a turistas del segmento más exclusivo a su lujoso hotel “Mukul Resort” que también ofrece apartamentos en una comunidad cerrada.

En lo que alguna vez fueron tierras reformadas (distribuidas por la reforma agraria) ahora se erigen lujosos hoteles y gated communities para quién pueda pagar, generalmente estadounidenses y europeos. Desde las playas de esta parte del pacífico es más fácil sentir que se está en California que en Nicaragua. Pero no sólo por el turismo se ha “extranjerizado” la acumulación de tierra en el país. Nicaragua ha sido parte de una excepcional expansión centroamericana de la caña de azúcar y la palma africana para la producción de agrocombustibles. Estas agroindustrias están controladas en la región por un reducido número de grupos empresariales (El guatemalteco grupo Pantaleón junto con el grupo Pellas son los dueños de los ingenios azucareros más grandes de Nicaragua). La expansión de la producción de agrocombustibles ha sido estimulada por un acuerdo realizado en 2007 entre Brasil y los EE.UU. sobre el incremento del uso de etanol en el mercado estadounidense. Una parte de ese etanol se produce en Nicaragua, pero, además, una parte es producida en Brasil y exportada vía Nicaragua a los EE.UU. con tarifas más favorables gracias al tratado de libre comercio (CAFTA).

La Asamblea Nicaragüense aprobó sin mayor discusión y sin los estudios de impacto social y ambiental adecuados, la construcción de un controvertido canal interoceánico. Este sería construido con capital de una empresa china propiedad del inversionista Wang Jing. El canal implicaría la excavación y remoción de tierra en el lago más importante para la regulación climática de América Central y el desplazamiento de miles de familias. El proyecto nunca se concretó ya que el empresario chino se vio en serios apuros económicos. Además ha despertado muchas dudas, no solo porque no es viable en términos económicos sino porque tampoco contaba con el apoyo oficial de la República China, país que prefirió firmar acuerdos con Panamá. Aún así la concesión a la empresa de Jing podría permitir el acaparamiento de tierras para otros proyectos —turismo, palma africana— de los cuales los probables beneficiarios serian la familia y los allegados al régimen de Ortega-Murillo.

Las inversiones en hidroeléctricas y plantas eólicas se han multiplicado y las inversiones mineras han crecido enormemente en Nicaragua, empresas de los EE.UU. y Canadá controlan grandes minas gracias a condiciones muy favorables para dichas empresas.

Tan buen amigo del sector empresarial es Daniel Ortega que las cúpulas empresariales le invitan a inaugurar actos oficiales en la región.

“Los bienes de la nación son sagrados y deben respetarse”

Con esta frase rechazaba hace casi cien años Augusto César Sandino, líder revolucionario que inspiró la formación del FSLN, la explotación minera extranjera que representaba el imperialismo y el intervencionismo de los EE.UU. en Nicaragua. La ironía de la historia es que sea ahora un presidente que surgió del FSLN quien esté abriendo las puertas al extractivismo y aflojado todos los requerimientos ambientales para la concesión exprés de licencias.

Los nietos de Sandino, sin embargo, no se han quedado callados. En Nicaragua los campesinos han protestado contra la minería, el canal, la expansión de la palma africana y la caña de azúcar. Han protestado contra las condiciones laborales en los ingenios, mismas que se vinculan a la epidemia de la enfermedad renal crónica. Hace poco estudiantes y líderes indígenas protestaron contra el incendio en la reserva natural Indio-Maíz. Estudiantes y jubilados protestaron contra las reformas a las pensiones y a la seguridad social. Los estudiantes han protestado contra la reducción de la autonomía universitaria y el clientelismo y la manipulación, vinculados al otorgamiento de becas para estudiar en la universidad.

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El gobierno de Daniel Ortega ha reprimido toda protesta, ha mandado a la policía y al Ejército a reprimir violentamente a campesinos y estudiantes. En 2015, Nicaragua fue el cuarto país con mayor número de activistas ambientales e indígenas asesinados y en 2016 Nicaragua presentó la tasa más alta per cápita a nivel mundial de activistas ambientales e indígenas asesinados.

Pero será seguramente 2018 el año en que más civiles han sido asesinados en Nicaragua en tiempos de paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra un total de 295 muertes entre abril y julio 2018 y señala al estado como el único responsable de la represión y la violencia. Hay, además, más de cien presos políticos, estudiantes y campesinos en su mayoría, y miles de nicaragüenses huyendo del país.

Un muro de contención para los fantasmas de la guerra fría

Tratar de explicar las protestas populares que se están viviendo en Nicaragua en 2018 con el argumento de la injerencia estadounidense en el país es tan absurdo como trágico. ¿Qué interés podría tener los Estados Unidos en desestabilizar un régimen que sirve sus intereses no solo en el tema de inversiones estadounidenses en el país, sino en los temas de migración internacional y narcotráfico?

Aunque el 10% de la población nicaragüense ha abandonado el país, el destino más frecuente por razones históricas es Costa Rica, los nicaragüenses no se van a los EE.UU. en la misma proporción que sus vecinos del norte. Pero más importante aún, la política migratoria nicaragüense conocida como “El Muro de Contención” ha sido efectiva en detener el paso de migrantes, caribeños y africanos hacia el norte. En la práctica, esta política se alinea perfectamente con los intereses estadounidenses. El muro de contención fue reforzado con otra política que criminaliza a los nicaragüenses que ayuden a los migrantes a cruzar el país. Esa es la Nicaragua cristiana, solidaria y socialista del régimen Ortega-Murillo que se parece más al régimen populista de derecha de Orban en Hungría.

Aunque los traficantes de drogas utilicen las extensas costas del Pacífico y el Caribe, así como las islas, y a pesar de los indicios de que los traficantes reciben ayuda de funcionarios corruptos, los carteles del narcotráfico no logran establecerse en Nicaragua quien ha estado anuente a colaborar con los EE.UU. en el tema de tráfico de drogas. Una de las razones por las cuales ni los narcotraficantes ni las maras han sido un problema de las mismas dimensiones en Nicaragua, que en los países vecinos del norte, era el enfoque preventivo de la policía comunitaria. La policía era en Nicaragua una de las instituciones en que más confiaban los ciudadanos. Esto, sin embargo, ha cambiado desde que el gobierno de Ortega modificó la constitución en 2014 y con ello desmanteló la institucionalidad tanto de la policía como del ejército. La lealtad al régimen y no los méritos profesionales, es ahora lo que determina quién ocupará puestos clave dentro de ambas instituciones. Los efectos de tales cambios se empezaron a ver con la represión contra las protestas contra el canal y se hicieron innegables con la represión a la protesta popular en 2018.

El surgimiento de grupos parapoliciales armados es un factor de preocupación, las armas que usan estos policías “voluntarios”, como Ortega los llama, no pudieron venir de otra parte que de la policía o el Ejército, pues en Nicaragua el desarme después de la guerra fue un hecho. Dado que no están supeditados al control de ninguna institución, ya armados existe el riesgo de que estos grupos se involucren en actividades criminales. Quizás estos grupos son una de las amenazas más serias para la seguridad y el bienestar de los nicaragüenses.

No cabe duda de que los EE.UU. y el sector empresarial nicaragüense y centroamericano velarán por sus propios intereses en esta crisis. Los grandes empresarios, invitados al diálogo nacional, a pesar de sus divisiones y disputas internas, no siguen otro principio que el pragmatismo de sus intereses económicos. No cabe duda de que tanto los empresarios como los Estados Unidos andan cabildeando y buscando aliados, pero no necesariamente para sacar a Ortega que ha sido un aliado fiel y útil. Ellos pactarán con cualquiera que les ofrezca las condiciones favorables que les ha facilitado Ortega, quien ha probado que es posible ser un capitalista neoliberal, sangriento y autoritario con pasado revolucionario.