En menos de dos semanas Otto Pérez Molina ha quedado tendido sobre la lona. El expresidente de Guatemala ha perdido todo su poder. El juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, luego de tres días de audiencias, lo ligó a proceso penal y lo envió a prisión preventiva después de que el Ministerio Público lo acusara de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera. Pero, en realidad, la pelea para Pérez Molina apenas inicia: es el principio de algo más grande que puede terminar en un juicio y una condena.
Para el juez Gálvez la duda sobre la inocencia de Otto Pérez Molina fue clara. Las pruebas contra el exmandatario aportaban indicios suficientes para sospechar de su liderazgo sobre la red de defraudación aduanera llamada “La Línea”. “Esto es lo que tengo. No tengo nada más. Si tan sólo, usted, Otto Fernando Pérez Molina, hubiera accedido a responder las preguntas del MP (Ministerio Público) tendríamos al menos más indicios para decidir”, explicó el juez durante su resolución.
Pero Otto Pérez Molina, asesorado por su abogado César Calderón, el viernes pasado se había negado a responder a la fiscalía y a las preguntas del juez.
Y de esa manera el expresidente fue enviado a prisión preventiva seis días después de que el Congreso de la República aceptara su renuncia; quince días después de que la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fuera ligada a proceso penal, acusada, también, de liderar junto a él la defraudación en las aduanas; cinco meses después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticulara “La Línea”; dos días después de que se llevaran a cabo las elecciones generales de Guatemala, en las que su partido, el Partido Patriota (PP), apenas alcanzó un 4.62 % de los votos válidos para la Presidencia, y sólo consiguió 17 de 158 diputados en el Congreso. Otto Pérez Molina llegó ante las cortes de justicia siendo Presidente, con algo de poder, y ahí dentro, frente al juez Miguel Ángel Gálvez –frente a toda Guatemala–, poco a poco todo se desvaneció. “No entiendo la resolución del juez, no entiendo las razones por las cuales se me liga a proceso. Me siento tranquilo porque nunca he pertenecido a una estructura criminal”, dijo el expresidente minutos antes de ser llevado a la prisión en el interior del cuartel de Matamoros.
El número uno
“Las pruebas contra Otto Pérez Molina no pueden entenderse solas sino todas en conjunto”, dijo José Antonio Morales, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ante el juez Gálvez.
Durante su exposición, respaldada por decenas de escuchas telefónicas, el fiscal Morales relató de manera detallada la forma en que operaba “La Línea” dentro de las aduanas más importantes de Guatemala. Una historia que la fiscalía ha relatado en otras ocasiones para acusar a otros integrantes de la estructura externa e interna de la red, entre ellos la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
—Los importadores llegan a las aduanas con productos que deben pagar impuestos.
—La mayoría de contenedores debe pasar un proceso burocrático bastante largo.
—La red de defraudación ofrecía un servicio exprés: una notable disminución de los impuestos a cambio de un soborno. “La Cola”, le llamaban.
—Los importadores debían llamar a un número telefónico, “La Línea”, para ser usuarios de este servicio.
—El 39% de las ganancias era repartida entre mandos medios y bajos. El 61% se distribuía entre los altos mandos, donde se ubicaba al expresidente, Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, al secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y al jefe de la estructura externa, Estuardo González, alias “Eco”.
—Según la fiscalía, la red de corrupción desvió Q28.5 millones (US$3,8 millones), de los cuales US$800 mil habrían correspondido a Otto Pérez Molina.
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“Quiero decirle, señor juez, que mi dignidad no vale la cantidad de dinero que el MP me acusa de haber recibido”, se defendió el exmandatario al momento de prestar su primera declaración en contra de las imputaciones. Fue su argumento más grande, el más importante, que acompañó con el recuerdo de su pasado como uno de los elementos de Inteligencia del Ejército que capturó al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán en 1993. “No acepté dinero, ninguna negociación”, dijo en su declaración.
Las comunicaciones entre los miembros de “La Línea” presentadas por el MP, sin embargo, relataron ante el juez la existencia de un personaje que tenía un poder importante dentro de toda la estructura. Le llamaban el “uno”, “el dueño de la finca”, “El presidente”, “el alto señor”. Su injerencia en todas las operaciones de “La Línea” resultaba importante. Decidía, daba órdenes, tenía capacidad de colocar gente en puestos determinantes para el funcionamiento de la red de defraudación.
“Una red criminal se organiza en función de sus propios intereses. Lo que se buscaba en este caso, como se puede inducir, tras el análisis de la crítica lógica razonada, es el control total de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Llama poderosamente la atención la constante mención del ‘uno’, del ‘alto señor’, del ‘presidente de la empresa’”, indicó Gálvez al momento de dictar su fallo en contra de Pérez Molina.
De hecho, en una de las escuchas telefónicas, Roxana Baldetti habla con Estuardo González y menciona al presidente: “Es que estaba platicando con el jefe de la reunión de anoche, entonces me estaba contando los números que hicieron… Yo personalmente, sabe que a Julio yo le tengo desconfianza… Yo no creo que el presi… que el señor… que el presidente de la empresa tenga que pagar eso, yo creo que deberíamos hablar con Mario…”, dijo la exvicemandataria, el 27 de marzo de 2015, en una escucha que el MP utilizó para confirmar una reunión entre Estuardo González y, presuntamente, con Otto Pérez Molina.
La voz del expresidente
El 3 de noviembre de 2014, dentro de la red criminal de corrupción, había problemas de liderazgos. Algunas malas decisiones, el desorden, según los miembros de “La Línea”, los habían expuesto ante la CICIG. Según las escuchas, por orden de “el Presidente”, se debía reordenar la recaudación de los sobornos y colocar el dinero, “la cola”, en cuatro cuentas bancarias a nombre de la empresa CorpoGold S.A. “La Línea” necesitaba cambiar a los mandos medios de la estructura externa, y pasar de Osama Aziz Aranqui, a Miguel Hernández, como una transición a la espera de Javier Ortiz, “el Teniente Jerez”, a cargo de la recaudación. Pero, como indicó el MP, también era necesario el control total sobre la SAT. “Desde el Superintendente hasta el encargado de Recursos Humanos”, dijo el fiscal Morales.
El expresidente, en consecuencia, escuchó su voz dentro del edificio en un momento en que todavía era Presidente: “El de Recursos Humanos, que habíamos dicho de los cambios, porque si no, no me va a caminar nada. Ya el sindicato ya dice que va a empezar a boicotear y hacer cosas, entonces antes de eso... Entrémosle. ¿Por qué no me quiere cambiar al de Recursos Humanos?”, preguntaba Otto Pérez Molina al entonces superintendente Carlos Muñoz.
Y a partir de entonces, el relato del MP se enfocó en contarle al juez sobre la forma en que la estructura no descansó hasta cambiar al Superintendente de Administración Tributaria. Omar Franco sustituyó a Carlos Muñoz, el 28 de enero de 2015. Las escuchas, no obstante, describen que “La Línea” sabía del cambio un mes antes de que sucediera. Y lo más importante: “Era una designación a cargo del presidente Otto Pérez Molina”, dijo la Fiscalía.
Gálvez dijo: “¿Cómo es posible que se supiera 34 o 36 días antes de este cambio en la SAT si no fuera un indicio real de la existencia de una estructura criminal bien definida?”.
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La defensa de Otto Pérez Molina, a cargo de César Calderón, llevaba sus alegatos bajo el intento de refutar cualquier implicación del exmandatario. “Son indicios y no hay nada concreto. No hay una sola mención que se refiera directamente a Otto Pérez Molina”, señaló Calderón. Antes de dar paso a las palabras finales a cargo del juez, la defensa cuestionó los tipos penales por los que se acusaba al expresidente. Ninguno encajaba, según la defensa, con el actuar de su defendido. “No dirigió, no defraudó, no fue responsable como funcionario público de lo que pasaba”, resumió Calderón.
“Los líderes de las redes criminales, hay que entenderlo, delegan responsabilidades. Esa es su capacidad”, replicó Gálvez. Y agregó, casi al final: “la relación es directa, sin tener que haber comunicación entre el Presidente y los integrantes de la estructura de defraudación”.
Una vez que el juez dictó su fallo, Otto Pérez Molina explicó a la prensa su frustración. “Si este sistema trata así a un ex presidente no puedo imaginar cómo trata a un ciudadano común y corriente”, dijo. Lucía resignado, ofendido, cansado, y sin embargo, su semblante quería recobrar por ratos la fuerza de un Presidente al hablar frente a la Nación. Pero la realidad de ir a prisión preventiva, derrotado, con la posibilidad de escuchar que se pide juicio en su contra luego de los tres meses de investigación que pidió el MP, ya no se lo permitía. Se trataba en ese momento de un Otto Pérez Molina junto a su resignación de haber dejado de ser Presidente.
