Oxec se convierte en la batalla por las consultas a los pueblos indígenas

El 18 de julio de 2017, Bernardo Caal Choc se preparaba para entregarse ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, en Alta Verapaz. En esos momentos era un hombre prófugo. Llevaba tres meses y medio con una orden de busca y captura. Estaba acusado de no acudir a su puesto de maestro en la escuela de la aldea de Semoch y quedarse con el dinero de su salario. Rodeado de papeles, con la preocupación lógica de quien tiene la certeza de que si algo sale mal puede terminar en prisión, ordenaba las pruebas que presentaría ante el magistrado. No sabía que, dos días después, el juez lo dejaría en libertad, aunque sindicado, por un presunto delito de apropiación indebida. Lo exoneraron del cargo de “estafa”.

Esta historia no trata de su causa penal, todavía pendiente hasta el 9 de octubre, aunque él asegura que todo está vinculado. “El tema por el que se me tiene procesado no tiene que ver nada con la defensa del territorio, pero no descarto que estas fuerzas hayan trabajado para buscar un delito. El peor delito que he cometido por estos procesos es poner las denuncias porque se están robando los ríos en el departamento de Alta Verapaz”, afirmaba, mientras se ejercitaba mentalmente para las dos opciones: salir en libertad y volver con su familia o ingresar en prisión.Nadie está preparado para ir a la cárcel, menos por su propio pie. Si algún policía lo hubiera ubicado en ese momento, habría sido inmediatamente detenido. Aunque él reiteraba que solo intervenciones externas le harían dormir en la bartolina cuando concluyese la audiencia.

Bernardo Caal Xoc no es un maestro cualquiera. También es activista. Y, sobre todo, es el tipo que en diciembre de 2015 interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la que pedía que se paralizaran los trabajos de las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II. 

Era una decisión clave para el futuro de las consultas a pueblos indígenas en base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).En su recurso argumentaba que, antes de otorgar la licencia, no se había preguntado a las comunidades indígenas de la zona y que se violaba el derecho al agua por la reducción de los caudales de los ríos Oxec y Cahabón, que afectaba al equilibrio ecológico de la región (con problemas para flora y fauna) y que el Estado que no cumple con el principio de legalidad.

“Empezamos a recopilar documentos, cuando tuvimos todo a la vista fue que, por cuestiones técnicas, pedimos el apoyo al colectivo Madreselva, porque sabíamos que se dedicaban al tema medioambiental. Decidimos que para cortar el paso lo más adecuado era presentar un amparo ante la Corte Suprema. Ahí nos empiezan a devolver los derechos. Es ahí donde empiezan los ataques en mi contra”, indica Bernardo Caal Xoc.

Como señala el activista, en primera instancia, en abril de 2016, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dieron la razón y obligaron a la empresa a cesar momentáneamente sus trabajos. El recurso de Oxec S.A. y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) permitió que la empresa siguiese trabajando. Hasta febrero de 2017, cuando fue suspendida de nuevo. El 26 de mayo de 2017 la Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia en la que admite que los indígenas no fueron consultados pero da permiso para que la compañía siga operando durante un año más. También insta al MEM a preguntar a los afectados, aunque sea a posteriori. Limita la consulta a las once comunidades de la denominada “área de influencia” (La Escopeta, Pulisibic, Pequixul, Las Tres Cruces, Sacaltacab, Sepoc, Sector 8, Chacalté, Seasir, Salac I, Sacta). Establece las pautas para que el proceso se desarrolle en base a su doctrina. Debe ser organizado por el Estado y contar tanto con comunitarios como con el sector privado. Y obliga al Congreso a aprobar un reglamento, dos décadas después de que Guatemala se adhiriese al tratado. Por eso es tan importante, porque marca lineamientos y establece la base sobre cómo debe consultarse en el futuro.

Esta era la décima sentencia en la que la CSJ reclamaba un reglamento que regule este tipo de procesos. El fallo introduce una advertencia: si la administración, en este caso el MEM, no realiza la consulta en el plazo de doce meses, los jueces podrían ampliar el permiso para la empresa hasta que esta tenga lugar.

En caso de que Oxec impidiese la consulta, se revocaría su licencia, mientras que en caso de que fuesen “los pueblos indígenas” los que no permitiesen preguntar, la compañía tendría vía libre para actuar.

Bernardo Caal reivindica que los consultados sean los habitantes de las 195 comunidades de Santa María Cahabón (70.000 habitantes) y no las once comunidades (6.400 vecinos) y cree que esta sentencia abre la vía a un “informe final”: “que somos los comunitarios los que no quisimos la pregunta, que somos conflictivos”.

Paradojas de la vida: las cámaras empresariales, que hace años veían con desconfianza la consulta, meten prisa para que se implemente la reglamentación, apelando a la “certeza jurídica” y celebrando múltiples foros para tratar los beneficios de la futura normativa. Por el contrario, diversas organizaciones indígenas, así como autoridades ancestrales, que antes apelaban al Convenio 169, rechazan el reglamento, argumentando que no se puede imponer un estándar para comunidades con tradiciones diferentes en un país tan diverso.

“La orden, lo que mandata la sentencia es que el MEM realice las consultas. Es muy legítimo ese ejercicio que se va a llevar a cabo por los propios pueblos, pero, ¿sin el Estado?”, opina Leticia Teleguairo, ministra de Trabajo y responsable de configurar la guía para las consultas a los pueblos indígenas.

Por parte de la empresa se han limitado a expresar su respeto por las decisiones judiciales y poner a disposición del MEM los delegados para la consulta que desarrolla esta institución.

El mismo día en el que Bernardo Caal se entregaba a un juez, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hacía pública la guía con la que se regulará el derecho a consulta de los pueblos indígenas. Nada más abandonar el tribunal de Cobán, y tras saludar a decenas de personas que se habían desplazado hasta allá para recibirle, el activista anunció que las comunidades de Santa María Cahabón celebrarían su propia consulta en relación a Oxec. Sería el 27 de agosto. Una fecha ratificada en asamblea por representantes de las 195 aldeas que, según los convocantes, conforman el municipio.

Al mismo tiempo, el MEM realiza las gestiones para celebrar la consulta según plantea la CC. Ya ha instado a las instituciones que estarán representadas (comunidades mayas q´eqchís del “área de influencia”, municipalidad de Santa María Cahabón, ministerios de Cultura y Deportes y de Ambiente y Recursos Naturales, junta directiva de la comunidad lingüística q´eqchí, consejos comunitarios de desarrollo de Santa María Cahabón, y representantes de Oxec I y Oxec II). Está previsto que la comisión de preconsulta se constituya en setiembre.

Aquí empieza el choque de legitimidades. Representantes de las comunidades que promueven la consulta de buena fe reclaman que las 195 comunidades deben ser preguntadas. El MEM y la empresa se aferran a la sentencia de la CC y aseguran que basta con los once núcleos de los alrededores de la hidroeléctrica.

La consulta comunitaria en las 195 aldeas

“Vamos a empezar a hacer consultas sin el consentimiento del concejo municipal. Vamos a pedir apoyo internacional. Incluso personas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que vengan a observarlas. ¿En quién más podemos confiar?”, reflexiona Caal Xoc.

La historia de la consulta en Oxec viene marcada por el “ahora no es el momento para la consulta”, “esperen un ratito” y “no les corresponde a ustedes”. Muchos de los entrevistados en varias asambleas celebradas durante los meses de mayo y junio en las aldeas de Champerico y en Tzalantum expresaban su impaciencia ante la

tardanza en ser interrogados. Oxec I funciona desde noviembre de 2015. Y la segunda planta se está construyendo para entrar en funcionamiento en 2018.

“La primera licencia de la hidroeléctrica fue otorgada por Erick Archila, actualmente prófugo de la Justicia”. Julio González, activista de Madre Selva, grupo ecologista que acompaña a los comunitarios, hace balance de los últimos años.

Estamos a 26 de mayo, son las 9 de la mañana y una multitud de representantes de las aldeas de la zona se reúne en la casa comunal de Champerico, en Alta Verapaz.

Casi la totalidad de los asistentes son hombres. Se intercala el idioma q´ecqhi con el español. Hay confusión sobre el significado del último fallo de la Corte de Constitucionalidad, hecho públic días atrás. También están enojados con el alcalde de Santa María Cahabón, Mariano Caal Choc, a quien se exige la convocatoria de una consulta municipal. Y se muestran decididos a celebrar un proceso autoorganizado en caso de que el primer edil rechace la propuesta.

“Hay que perseguir a Rubén Darío Rosales (antiguo alcalde, el que otorgó el permiso municipal a la hidroeléctrica), llevarlo ante la controlaría y el Ministerio Público”, dice un hombre.

“Nos robaron el dinero, la educación y la sanidad, ahora quieren robarnos los ríos”, clama un asistente.

“Están pensando en cómo dividirnos, hay rumores de que ofrecen abono y pesticidas”, alerta otro.

“Estamos hartos de hablar, aquí hay mucha gente dispuesta a actuar”, sentencia un joven.

“Lo importante es evitar el conflicto entre comunidades. Vamos a hacer la consulta que queremos en menos de un año”, tratan de calmar desde la mesa.

Finalmente, se llega a un acuerdo. Se intentará convencer al actual alcalde, Mariano Caal Choc, para que avale una consulta basada en el Código Municipal. En caso de que se niegue, serán las comunidades las que lo lleven a cabo.

“Esta es una sentencia gallo-gallina. Nos da la razón, pero luego permite que la empresa siga operando”, explica González. Es crítico con el aval otorgado a la hidroeléctrica. “Ese acto quedó impune. El pueblo tiene razón, pero la empresa puede seguir funcionando. ¿Dónde está la restitución de derecho y la justicia?”, se pregunta, advirtiendo que la “complicidad” del Estado y la “impunidad” son dos elementos que “van a generar polémica y enfrentamiento”. “La gente está cansada”, asegura.

La impaciencia entre los comunitarios tiene su explicación. Llevan más de un año tratando de celebrar su consulta, sin éxito. El primer referéndum estaba convocado para el 31 de julio de 2016. En ese momento, Mariano Caal, el alcalde, sí que dio su permiso para que se celebrase en las 195 comunidades, cediendo la responsabilidad de la organización a los comunitarios y Madre Selva, la organización ambientalista que los acompaña. Sin embargo, a dos días de que tuviese lugar, un recurso interpuesto por Oxec S.A. provocó que Adolfo González, titular del Juzgado de Primera Instancia Civil de Cobán, lo suspendiese. Actualmente existe un proceso judicial contra el magistrado a causa de la celeridad con la que vetó la consulta a los comunitarios.

Durante el último año, la idea de celebrar una consulta ha estado especialmente en la mente de quienes están en contra de la presencia de la hidroeléctrica. En junio de 2017, tras la sentencia de la CC, volvieron a reclamar a Mariano Caal el aval para su consulta. Después de mucho postergar la decisión final, el primer edil remitió un escrito en el que negaba el permiso, argumentando que el fallo de los jueces no contempla esta opción.

Plaza Pública ha intentado en reiteradas ocasiones recabar su testimonio, pero tras una primera ocasión en la que respondió al teléfono, no volvió a contestar. Las oficinas de la municipalidad en Santa María Cahabón estaban cerradas el viernes 25 y tampoco tienen previsto abrir el lunes 28. Recientemente se presentó un documento que exigía su renuncia y también una solicitud de antejuicio por no haber cumplido con el mandato de los vecinos que pedían el aval institucional para la consulta.

Sin el apoyo del alcalde, los comunitarios han constituido una Junta de Consulta y han celebrado seminarios con organizaciones campesinas, indígenas, autoridades ancestrales y grupos ambientalistas para ultimar los detalles del 27 de agosto.

“Esperamos que se celebre, que la población vaya a participar en todas las comunidades y que la empresa se retire de nuestro territorio”, afirma Raúl Caal, presidente del Consejo Electoral que la regula.

El viernes 24 por la mañana, Caal y sus principales colaboradores apuraban los últimos detalles. En especial, la logística. Estamos en un territorio con vías de terracería, de mala calidad, donde las aldeas se encuentran aisladas. Así que los organizadores necesitan desplegar vehículos y voluntarios para que, una vez que se desarrolle la consulta en cada una de las comunidades, el acta con los resultados llegue a tiempo a Cahabón, donde se ubica el centro de operaciones.

La tensión que se ha generado en las once comunidades del “área de influencia” llevó a los organizadores a plantearse que los habitantes de las aldeas en las que pudiese desatarse conflicto se movilizarían a otros municipios. Finalmente, únicamente en La Escopeta y Pulisibik no celebrarán asamblea. El resto tenía previsto celebrar su convocatoria, aunque los vecinos han reclamado la presencia de observadores para evitar choques.

“Queremos tranquilidad, que se lleve de buena forma. No queremos enfrentarnos entre campesinos. Esperemos que lleguemos a un acuerdo después de la consulta”, asegura Raúl Caal.

En los últimos días, el MEM ha sido el principal detractor de la consulta. Hace una semana hizo público un comunicado en el que mostraba su “preocupación” por un evento que considera que carece de “sustento legal”. También ha pagado anuncios en las radios comunitarias en las que, en q´eqchí y en castellano, se rechaza la votación que tendrá lugar el domingo. “El MEM está tratando de manipular a la población”, afirma el presidente del Consejo Electoral, originario de Sesaltum.

El Estado, prácticamente desaparecido en este territorio si se habla sobre servicios públicos, sí que se ha desplegado para cuestionar la consulta. “Algunos no quieren reglas, quieren hacer las cosas por su propia cuenta, incluso tenemos ahora el asunto de Oxec, donde las mismas comunidades, a pesar de que existe la sentencia, hacen su autoconvocatoria para el día 27 de este mes”, opina Martín Sacalxot, asesor en temas indígenas de la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, y prosigue: “Mejor es actuar sin reglas para los que no tienen responsabilidad, pero el Estado tiene obligaciones, deberes, y solo hace lo que la ley le permite”. Teleguairo, por su parte, cuestiona la eficacia de esta iniciativa sin la participación de la administración: “Es muy legítimo ese ejercicio que se va a llevar a cabo por los propios pueblos, pero, ¿sin el Estado?”.

La consulta que organiza el MEM

En su apelación ante la CC, la compañía argumentaba que los vecinos ya habían dado su consentimiento a la hidroeléctrica. Y reivindicaba tanto los convenios suscritos en 2012 con las 11 comunidades como las boletas de información que se incluyeron dentro del Estudio de Impacto Ambiental presentado ante el MEM ese mismo año.

Lee también El “error” de Oxec: dinero y ayuda a las comunidades a cambio de rechazar a grupos contrarios a su hidroeléctrica

En ese documento únicamente aparecen 15 boletas en las que figuran las siguientes preguntas.

¿Tiene energía eléctrica en casa?

¿Qué opina de la construcción y operación del proyecto Hidroeléctrica Oxec 30MW?

¿Le afectaría en algo la construcción de la hidroeléctrica Oxec 30MW?

¿Estaría dispuesto a trabajar como operario en el proceso de construcción de la hidroeléctrica Oxec 30MW?

¿Cree que afecte o beneficie a la comunidad la construcción del proyecto de la hidroeléctrica Oxec 30MW?

¿Cree que beneficia al país la construcción y operación del proyecto Hidroeléctrica Oxec30MV?

Las respuestas son unánimes: carencia de energía eléctrica, apoyo a la instalación de la infraestructura y, por supuesto, voluntad absoluta para obtener un empleo.

Estas encuestas se realizaron a 15 habitantes del caserío La Escopeta y de Pulisibic, las dos primeras comunidades con las que Oxec suscribió acuerdos. Muchos de los nombres aparecen también como signatarios de los pactos suscritos en 2012. Algunos trabajan en la propia hidroeléctrica.

Mientras que la comisión para la consulta de buena fe preparaba su votación sin saber que sería suspendido por un juez, el 26 julio de 2016, representantes de las once comunidades que se ubican dentro del “área de influencia” de la hidroeléctrica, junto a delegados del MEM, celebraban una asamblea en el caserío La Escopeta. En ella, los pobladores mostraban su adhesión al proyecto. Según el acta de aquella reunión, el gobierno dio validez a los convenios suscritos entre las aldeas y la hidroeléctrica por la cual los comunitarios se comprometían a apoyar la infraestructura y vetar a las organizaciones campesinas y ambientalistas a cambio de ayudas económicas y promesa de empleos. “El MEM indicó a la comisión de representantes de las comunidades que, de acuerdo a la revisión de los convenios suscritos entre comunidades y empresa, se estableció que existe un clima de confianza y buena fe entre las partes”, aparece reflejado en una de las actas.

En este contexto, llegó la sentencia de la CC. Y cambiaron las estrategias. Por el otro lado, el de los empresarios, se habla del fallo como de una “oportunidad”. Así lo definía Mario García Lara, excandidato a vicepresidente por el partido Todos en 2015 e integrante de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), el centro de pensamiento del sector privador organizado, durante una sesión de trabajo sobre la sentencia organizada por la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager). Las compañías (y el Estado) argumentan que según la OIT hay que consultar pero que la pregunta no es vinculante. Una lógica que lleva a pensar que se trata más de un mecanismo para convencer que una elección real entre varias opciones, incluido el rechazo. “La consulta estará enmarcada en lo que el convenio 169 establece. No es vinculante. No implica un veto de la comunidad, el espíritu es acercar a las comunidades a la información y establecer un dialogo sobre temas torales”, resumía García Lara.

La “certeza jurídica” es el gran argumento al que apelan tanto los empresarios como el Estado.

Sobre el terreno, sin embargo, nadie aclara qué reuniones se han celebrado y cuándo habrá algún resultado. Plaza Pública ha preguntado en reiteradas ocasiones al MEM sobre el proyecto, recibiendo la contestación estándar de que su proceso se plegará a lo que marcaba la CC.

Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad de Oxec, confirma que ellos ya han nombrado a sus delegados y que están a disposición del MEM. Incluso avanzó que, en este proceso, retirarían las cláusulas que obligaban a los comunitarios de las once aldeas a rechazar a los grupos contrarios a cambio de recibir apoyo económico y ayudas en materia de agricultura y salud.

Dos debates fundamentales y la incógnita sobre el futuro

Llegados a este punto, la única certeza es que para el 27 de agosto se organiza una consulta de buena fe (así se llaman las planteadas por los lugareños) en Santa María Cahabón. No deja de ser paradójico que este proceso se desarrolle de forma simultánea al incremento del descontento social en la capital en relación al presidente, Jimmy Morales, y la solicitud de antejuicio planteada por el MP y la CICIG.

Estos dos procesos paralelos evidencian dos discrepancias clave: Por un lado, a quién preguntar. Los promotores de la consulta de buena fe exigen que sean los vecinos de las 195 aldeas, mientras que el MEM y la empresa, siguiendo la línea de la CC, que es la única que hoy por hoy goza de valor jurídico, limitan el proceso a las once aldeas del área de influencia. Por cierto, que en realidad, según Valeria Prado, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales consideró en su día que solo dos comunidades, La Escopeta y Pulisibic, debían considerarse como afectadas. Fue la empresa la que amplió la cifra a nueve más.

Por otro lado, la discusión está en torno a la capacidad de veto de la consulta. Los partidarios de la pregunta del domingo defienden que debe existir la posibilidad de oponerse, lo cual implicaría que la empresa se marche. Desde el ámbito institucional y empresarial se concibe el proceso consultivo como un “diálogo” pero no como algo que termine con “un sí o un no”.

Cuando se conozca el resultado del domingo y, sobre todo, el nivel de participación, llegarán más preguntas: ¿Cómo gestionarán los comunitarios y las organizaciones que les apoyan los avales que obtengan? ¿De qué manera responderá el Estado? ¿En qué lugar quedan las once comunidades? ¿Modificará la empresa su actividad en algo?

Este solo es un punto y seguido en un conflicto que no solo afecta a Santa María Cahabón, sino que tiene sus réplicas en decenas de municipios de Guatemala.