Patricia Gámez: “De momento el MP no está en capacidad de enfrentar las estructuras paralelas solo”

Cuando Patricia Elizabeth Gámez Barrera se enteró de que estaba entre las seis personas que optaban al cargo de Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), no se sorprendió.

Sabía que su perfil llenaba los requisitos para ser seleccionada. Gámez tiene una experiencia de más de 18 años como jueza en materia penal. Fue jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en Chimaltenango durante cinco años y medio; los cinco años siguientes los pasó como jueza décima de primera instancia penal con competencia exclusiva para delitos de alto impacto; y los últimos ocho y medio también como jueza de primera instancia penal en Sacatepéquez, donde actualmente trabaja.

Gámez también fue presidenta de la junta directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial; representante de los jueces ante el Consejo de la Carrera Judicial y fundadora de la Junta Directiva del Instituto de la Judicatura. Su currículum lo completa su trabajo como docente y una extensa formación. La jueza lleva más de 20 años formándose en estudios de ciencias jurídicas y sociales, derecho penal y derechos humanos.

Fue una de las profesionales que tomó la iniciativa en la implementación de la gestión penal por audiencias. “Desde que asumí el cargo como jueza de primera instancia penal en 1999, trabajé arduamente en la construcción de técnicas de la oralidad en el proceso penal (...), lo que he replicado en constantes participaciones como jueza docente a los jueces en formación”, resalta en su curriculum vitae.

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Además, propuso la necesidad de coordinar un sistema de visitas para el monitoreo de personas privadas de libertad, lo que, cuenta Gámez, dio origen a un acuerdo suscrito con la Procuraduría General de la Nación (PGN) con este fin.

Ahora, asegura, el corazón le bombea a más velocidad a medida que se va acercando el momento de la decisión del presidente Jimmy Morales, encargado de hacer el nombramiento. “Conforme va pasando el proceso, una va viendo más cerca la posibilidad y empieza a pensar: ‘¿Estoy segura de a qué me he metido?’”, admite.

Durante la conversación, dos palabras cobran protagonismo: valentía y responsabilidad. De eso sabe bastante. Por su competencia para delitos de alto impacto durante casi cinco años y también por los señalamientos que realizó en 2014 contra la comisión de postulación de Cortes de Apelaciones, cuando denunció injerencias de grupos de poder para seleccionar a los candidatos a magistrados.

Por eso cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y ha sido considerada en este proceso, junto con Miguel Ángel Gálvez, como una aliada de la lucha contra la impunidad.

En las evaluaciones que algunos analistas han realizado estos días en diferentes medios, se suele describir como una persona independiente y transparente, con solvencia para dirigir el Ministerio Público.

Gámez sabe que el reto es grande y los riesgos también, pero se siente acuerpada por su entorno cercano. En el momento en que decidió postularse, reunió a su familia y les explicó la situación. “Yo les hablé con seriedad sobre los retos que asumíamos como familia. Que posiblemente significaba perder una parte de su mamá cuatro años, porque hay que entregarse al trabajo de lleno”. Asegura que sus tres hijos se mostraron conformes y se comprometieron a colaborar con ella, “porque esto es por Guatemala, no solo por nosotros”.

Cuando Gámez se enteró de que estaba entre las candidatas y candidatos, se encontraba cuidando de una de sus hijas, que ese día se había enfermado. Después del abrazo, comenzó el vértigo. Confía en que el puesto no le queda grande.

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¿Cuáles son los principales puntos de su plan de trabajo?

Primero, dar seguimiento a las líneas de trabajo que tiene diseñadas el Ministerio Público conforme al plan estratégico. Hay muchas fortalezas en el plan que ya se encuentra trabajando.

Lógicamente, al mismo tiempo, hacer una evaluación de las necesidades más inmediatas para ir haciendo los cambios que ese plan vaya requiriendo, para ir dirigiendo las líneas de trabajo. Aquellas que fortalezcan el mecanismo de investigación, que es uno de los puntos principales. Darle más énfasis y trasladar más fortalezas al área de investigación del departamento de investigación criminal, Dicri (Dirección de Investigaciones Criminalísticas). Porque creemos que una investigación profunda ayuda a fortalecer los casos y da la oportunidad de trabajar con mayor objetividad.

En esa línea de trabajo, implementar la oralidad en el diligenciamiento de los medios de investigación, para que se le de un seguimiento más ágil a las entrevistas de los testigos. Actualmente lo que hacen las fiscalías es documentar mediante actas las declaraciones testimoniales.

Y en el tema de independencia y autonomía del Ministerio Público, fortalecer el área de investigaciones internas, la fiscalía de delitos administrativos, para generar transparencia.

En relación al seguimiento que daría a las líneas de trabajo de la actual gestión, ¿se reuniría con Thelma Aldana para analizarlas?

Por supuesto. Tiene que haber un período de transición y es muy necesario tener una reunión de trabajo. No solo con ella, también con las diferentes unidades, para tratar de que la transferencia del mando sea lo menos sensible posible a la institución. Que no haya un cambio tan drástico y que los lineamientos puedan seguir en la forma en la que se ha venido trabajando. Las fiscalías tienen buenos equipos de trabajo a los cuales debe darse continuidad. Sólo fortalecer algunas áreas en las que sea necesario hacer algunos ajustes.

¿Qué áreas serían estas?

Específicamente, el área del departamento de investigaciones. Creo que es el que más debe sufrir algunos cambios. También un poco la gestión de casos. Actualmente se realiza a través de las diferentes unidades: una unidad de decisión temprana, luego pasa a una unidad de investigación y luego a una unidad de litigio. No hay una responsabilidad directa de los agentes fiscales sobre el caso desde sus inicios. Aquellos casos de mayor envergadura es necesario que los tenga bajo su responsabilidad un agente fiscal para que precisamente pueda rendir cuentas sobre el resultado.

¿Hay algunos aspectos concretos en los que sabe que le dará seguimiento a los lineamientos actuales?

Sí, definitivamente. El tema del combate a la corrupción tiene que ser un tema transversal en toda la actuación fiscal. Por transparencia, rendición de cuentas y además por la propia necesidad de recuperar estas instituciones, es necesario mantener la lucha contra la corrupción activa todo el tiempo.

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¿Le dará algún giro personal a esta lucha contra la corrupción?

El giro personal que le daría es que sea un tema hacia todas las instituciones, tanto internas como externas pero sin descuidar otros temas que son hacia el interior del país. Creo que hay necesidad de fortalecer la persecución penal, porque a lo mejor por focalizar tanto el tema del combate a la corrupción y liderar solo casos tendientes a esto, puede ser que se desconecte un poco la lucha en relación con los demás casos.

¿Tiene algún plan para ampliar la cobertura del MP a nivel nacional?

Sí. Fíjese que lo limitado del presupuesto no permite de momento más que hacer las ampliaciones que ya están consideradas. Creo que a través de equipos de fiscalías móviles se podría dar cobertura al trabajo del Ministerio Público en aquellas áreas donde haya repuntes de criminalidad y así lo necesite el trabajo fiscal.

Sería una buena idea implementar este tipo de fiscalías móviles que podrían hacerse a través de unidades vehiculares, que podrían estar cerca de las subestaciones de policía, no sé, eso tendría que coordinarse con mayor detalle con los equipos de trabajo. Pero creo que viabilizaría la cobertura del Ministerio Público por lo menos de manera inmediata.

¿Cómo evalúa el papel de MP y CICIG en la lucha contra la corrupción?

Fundamental, definitivamente, el trabajo de fortalecimiento que ha dado la Comisión al MP. Cualquier persona que coadyuva al Ministerio Público constituye ya de por sí una gran ayuda, y significa un fortalecimiento en la investigación y en la persecución penal. Pero cuando se trata de un ente tan especializado como la Comisión, la fortaleza se multiplica, porque hay una especialidad en la investigación de este tipo de temas que a lo mejor la fiscalía no la ha desarrollado y necesita adaptar esas fortalezas y esos conocimientos para el trabajo del MP.

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¿Qué valoración hace de estos intentos que ha habido de apartar a Iván Velásquez de su cargo y sacarlo del país?

No diría yo que el Ministerio Público tenga mucha injerencia en las decisiones. Por lo menos no de involucrarse tan de lleno en esta situación, porque es un tema de Estado, y como cualquier entidad del Estado debe unir sus esfuerzos para tratar de que cualquier ayuda sea mantenida y definitivamente en congruencia con toda la política del Estado.

Y en el caso de que el Gobierno no renueve el mandato de la Cicig, ¿cómo plantearía la transición y cómo afectaría a sus planes?

Habría que trabajar mucho en transferir esas capacidades específicas que implica tener a la Comisión de lado en la investigación. No creo que sea conveniente que la Comisión se retire, porque no creo que el Ministerio Público esté, de momento, en capacidad de enfrentar este tipo de estructuras paralelas solo. Por la penetración que han tenido en el Estado. No sabemos qué tan penetradas estén, incluso en el Ministerio Público.

Tomando en cuenta que el MP ya solicitó el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales en dos ocasiones, ¿cómo deja esto el trabajo que se hará con el presidente?

Él es el Presidente de la República y como tal es una autoridad del Ejecutivo. En ese sentido hay que coordinar determinadas funciones que corresponden al Ejecutivo y tratar de separar a las personas de los cargos, para poder entablar adecuadas relaciones.

Si resultara involucrado en algunos casos que investiga el MP, ¿no podría verse sobrepasado su planteamiento?

No creo, porque para eso se necesita a una persona que sea capaz de mantener autonomía e independencia en el Ministerio Público y creo además que sería de ver los casos concretos. Yo no tengo evidencia de que sea así.

¿Ve a Jimmy Morales como un posible aliado en la lucha contra la corrupción?

Él tendrá que responder por sus acciones y el Ministerio Público tiene que poner su mayor esfuerzo en rendir frutos de su trabajo. Cada quien responde por lo que realiza. No puedo hablar en realidad de cuál sería en este caso la colaboración de él. Como parte del Estado de Guatemala tiene esa obligación por mandato constitucional.

¿Cuál cree que debe ser la relación entre una Fiscal General y un presidente de gobierno?

El Ministerio Público tiene funciones autónomas. La relación es únicamente de coordinación con las diferentes instituciones.

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¿Buscará hablar con el presidente antes de que elija a la persona que será Fiscal General?

Tengo entendido que hay una entrevista, o en procedimientos anteriores se ha acostumbrado a una entrevista con el señor presidente, que a final de cuentas es quien tiene la decisión. Si nos convoca , ahí estaremos. Pero no será provocada por mí.

En 2014, en las anteriores comisiones de postulación, usted tuvo un papel importante a la hora de acuerpar a la jueza Claudia Escobar cuando hizo esa denuncia sobre ilegalidades e irregularidades en la selección de candidatos a magistrados. ¿En la comisión actual percibió también estos poderes que trataban de injerir en las decisiones?

No, no los pude percibir. Sería imaginativo decirlo.

Como Fiscal General, ¿promovería investigaciones en las comisiones de postulación para identificar a estos personajes?

La investigación iría encaminada a toda persona que haya podido cometer un ilícito. No puedo determinar qué casos investigaría en particular hasta no tener noticia de que se ha podido cometer un ilícito.

¿Cómo valora la comisión de postulación actual?

De cada proceso de selección hay una lección aprendida. Creo que el tema de la transparencia en este proceso fue vital. La comisión tuvo más apertura de información a la población y eso le dio mucha legitimidad al proceso. En períodos pasados, en 2014 específicamente, el problema fue que se consideraba que había ciertos grupos que resultaban beneficiados por la forma en la que se estructuró la tabla de gradación y que eso podía haber tenido alguna intención específica. Eso se denunció para que se investigara y las autoridades se encargaron de hacer esas investigaciones.

En esta comisión también hubo cierta polémica a la hora del puntaje.

Es bien complicado encontrar una tabla que pueda medir currículums tan distintos, tan diversos, experiencias acumuladas durante años en el ejercicio de la profesión. Todo mecanismo de valoración va a llevar un grado de subjetividad. Pero de lo que se trata es de ser lo más objetivo posible a la hora de ponderar un currículum. Creo que en esta oportunidad, a pesar de que la tabla de gradación siempre castiga, al final de cuentas fue un trabajo bastante objetivo y a la vista de todos los ciudadanos.

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¿Cómo vio que por la misma tabla de gradación Claudia Escobar quedara excluida?

Personalmente lo lamenté, porque es una excelente profesional, pero hay áreas de especialización, y en este caso se ponderó la experiencia en el ramo penal, que fue el perfil que se buscaba.

¿Se plantearía, si fuera Fiscal General, incluirla dentro de su equipo?

Pues yo haría la invitación a todos los ciudadanos profesionales que tengan las habilidades que se necesitan para llevar a este barco del Ministerio Público a buen puerto, conseguir buenos objetivos. Que aplicaran personajes de trayectoria, y claro que lo consideraría en un momento dado...

¿Tiene alguna claridad de quiénes podrían ser?

He estado pensando en profesionales, pero todavía ni siquiera he tenido acercamientos como para tomar decisiones finales. Todavía no es el momento, pero llegado el caso se tomará con la seriedad que amerita.

¿Hay fiscales que usted considera importante mantener?

Los fiscales tienen carrera fiscal. A nivel de fiscalías no habría más cambios que los acomodos necesarios, obviamente debidamente dialogados con los equipos de trabajo. Pero el tema de la permanencia y estabilidad en el cargo es vital para mantener la autonomía del Ministerio Público. O sea que en ese sentido no considero que sea prudente hacer ningún tipo de movimientos que sorprendan a la institución.

¿Hay algunas fiscalías o unidades a las que cree que se deba inyectar más presupuesto para que mejoren su trabajo?

Definitivamente hay que mantener fortalecidas aquellas fiscalías que se dedican a la investigación de casos de grupos vulnerables, porque son las víctimas que más sufren. Ponerle atención a aquellos casos de mayor gravedad porque en los demás pueden aplicarse mecanismos de desjudicialización. Y yo creo que hay que hacer aprovechamiento de esos mecanismos para trabajar mejor las capacidades de conciliación del Ministerio Público en aquellos casos donde la víctima necesita ser inmediatamente reparada. La aplicación de procedimientos abreviados.

¿Algunos casos en específico?

Por ejemplo, los delitos de acción pública pueden trabajarse muy bien a través de los mecanismos de conciliación y aplicación de salidas alternas expeditas. (En) los casos más graves, que son los que generalmente van a juicio, ponerles mayor atención a los mecanismos de prueba, y ya profundizar adecuadamente las investigaciones para que los casos tengan éxito, a final de cuentas. Que puedan llevarse a cabo condenas y reparaciones efectivas.

¿Tiene miedo que se le quede grande la institución?

No para nada (sonríe). Cuando asumimos un reto, damos todo para dar la talla.