No cabe duda de que el éxito y el mérito son únicamente suyos y, sin duda alguna, también de su entrenador, quien le ha dado consejos y acompañamiento. La fiesta y la euforia por la victoria seguirá unos días más, incluso al cierre de esta columna, Erick no ha enfrentado el reto de los 50 kilómetros. Ojalá que su participación sea exitosa. Y de ser así, pues más jolgorio.
No obstante, esta situación no debe ser el pretexto para echar al olvido una gran realidad por la que atraviesa el deporte federado: Los pocos éxitos registrados en relación a la cantidad de recursos que se le otorgan por mandato constitucional. Ahora, precisamente debido a que ya contamos con una medalla olímpica, esta no debe servir únicamente para que todos se cuelguen en la foto. Dicho reconocimiento precisamente debe servir para iniciar una discusión pública para analizar la eficacia y pertinencia de las instituciones que tienen a su cargo el deporte federado en el país.
Los acontecimientos previos a las olimpiadas pusieron a debate la poca transparencia con que se manejan los recursos que se les entregan a las autoridades del deporte. Incluso, en una revisión rápida, cualquier ciudadano se puede dar cuenta de que son entidades cuyo cumplimiento de las obligaciones de la ley de acceso a la información es mínimo, por no decir inexistente.
Acá merece la pena hacer una aclaración, no se pone en duda la capacidad de los miles de jóvenes que practican deporte en el país y que pertenecen a las distintas entidades federadas. Al contrario. Lo que se pone en duda es la opacidad y secrecía con que las autoridades de dichas entidades usan y manejan los fondos. No hay forma de establecer la calidad de los montos que se erogan, si los perfiles de las personas que reciben salario en las federaciones llenan los requisitos para el puesto para el que fueron contratados, quiénes se van de viaje, cuánto se les da de viáticos, cuánto se paga de alquileres y a quiénes, qué empresas son las que se contratan, etc.
El hecho de que el deporte federado y sus diversas instituciones obtengan el rango de autonomía constitucional no los hace inmunes o no les da el derecho de que hagan lo que se les da la gana con el erario público. Todos, sin excepción alguna, que reciben fondos públicos están en la obligación de rendir cuentas, de ser transparentes, de mostrar la información, con el fin de que la sociedad pueda verificar si el dinero que se les da está siendo utilizado de manera pertinente. No hay que confundir, la autonomía es la capacidad de poder tomar decisiones sin injerencia de autoridad alguna. Pero autonomía ni significa irse por la libre en el tema del manejo de fondos. Colgarse de ese concepto para mantenerse en el secreto no es otra cosa que ser corruptos.
Esta realidad en la que se asoman sospechas de corrupción dentro del deporte federado siempre ha existido, pero ahora es hasta increíble que un grupo de empresas se junten para hacer un club de amigos del deporte. Estas empresas deberían de poner el ejemplo y solicitar que estas entidades públicas sean transparentes antes de ayudarlas, pues serán cubiertas con la misma chamarra, ya que como reza el viejo refrán: “dime con quién andas y te diré quién eres”. O finalmente, como dice el otro refrán: “son lobos de la misma loma”.
Pasada la resaca de la victoria olímpica, tanto legisladores como organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación no deben de quitar el dedo de la llaga y seguir insistiendo en la necesidad de auditar las cuentas del deporte federado. Sin duda alguna, saldrá mucha porquería, pero bueno, otro escándalo de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos en Guatemala es como una mancha más para el tigre. Y si es necesario, pues intervenirlo. ¿Por qué no?
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