Con relación al primer objetivo, «poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo», Guterres señala que el ritmo de avance en la reducción de la pobreza sufrió un retroceso debido a la pandemia de covid-19 y estima que la tasa mundial de pobreza extrema aumentará por primera vez en más de 20 años. Subraya la triple amenaza del covid-19, los conflictos y el cambio climático como el principal factor que impedirá acabar con la pobreza en 2030 y enfatiza que dicha meta será inalcanzable si no se adoptan de inmediato medidas de política de gran alcance. La magnitud de la pobreza en el país es significativa y revela una tendencia ascendente según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Este da cuenta de que la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza aumentó del 56.0 % en 2000 al 59.3 % en 2014.
Seguir la recomendación de Guterres de adoptar medidas de política de gran alcance requiere atender las fuerzas generadoras de la pobreza, para lo cual se deben modificar algunos elementos fundamentales del sistema, especialmente aquellos que han demostrado ser resortes efectivos de movilidad social y económica: la educación y el acceso a diferentes tipos de activos (capital, tecnología, poder negociador y un dispositivo institucional articulado y efectivo, entre otros aspectos). En el marco de estas ideas, uno de los mecanismos que se han explorado poco en el país es el diseño de instrumentos financieros adecuados para población en condiciones de pobreza. Al examinar la estructura de la cartera de créditos, el microcrédito absorbe el 2 % de los créditos ofrecidos en 2019 por los bancos del sistema, según la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
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Conceptualmente, existen al menos tres enfoques para abordar el acceso a la financiación de personas, grupos y comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema: 1) el microcrédito como medio para acabar con la pobreza, enfoque que sostiene que los pobres pueden construir por sí mismos una salida a su situación de pobreza si se les brinda la oportunidad de acceder a un ciclo de préstamos y pueden rentabilizar los recursos financieros y transformarlos en flujos monetarios mayores y más sostenibles; 2) generación de renta, que postula ofrecer servicios financieros sostenibles a personas de bajos ingresos, pero no necesariamente a los más pobres, y enfocarse en nichos de mercado desatendidos, y 3) la Escuela de Ohio, que ofrece una perspectiva crítica al primer enfoque al sostener que la imposición de más deuda a los pobres no es una estrategia adecuada y que otorgar préstamos a quien no tiene habilidades empresariales causará más dificultades.
Al revisar la literatura existente relacionada con el microcrédito y contrastarla con la situación de pobreza en el país, surgen un conjunto de interrogantes que requieren indagarse: ¿existen en el país instrumentos financieros que contemplen a la población pobre?, ¿qué entidades proveen servicios financieros para esta población?, ¿hay desatención por parte del sector financiero formal y de las entidades microfinancieras que operan en Guatemala de las necesidades de financiación de la población que vive en condiciones de pobreza?, ¿qué porcentaje de los clientes activos se encuentra bajo la línea nacional de pobreza y pobreza extrema?, ¿qué impactos ha generado la entrega de microcréditos en ellos?, ¿existen iniciativas de creación de instrumentos financieros generados por grupos o asociaciones cuyos socios sean pobres?
Responder semejantes interrogantes permitiría establecer los elementos que requieren impulsarse para fortalecer la oferta de servicios financieros para la población que se encuentra en condiciones de pobreza y así contribuir al diseño de las medidas sugeridas por Guterres.
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