PP, un partido para el crimen

El Partido Patriota (PP) no era un partido político. En realidad era una banda criminal cuyo objetivo era llegar al poder para asaltar al Estado de todas las formas posibles. Esa es la conclusión a la que han llegado el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), luego de examinar el rastro del dinero en 450 contratos estatales que involucran al menos a 45 empresas con cobros ilegales que ascenderían a Q500 millones. Financistas de campañas, contratistas de obra pública, funcionarios de alto nivel, dueños de medios de comunicación y directivos de bancos son los protagonistas hasta ahora conocidos de esta historia.

Según dijo el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, el extremo del hilo que los condujo a armar el rompecabezas de esa estructura, surgió en los allanamientos practicados por el MP en las investigaciones del Caso La Línea. A partir de este golpe se pudo entrever la forma en que operaba la estructura criminal montada por el Partido Patriota para cooptar el Estado de Guatemala por medio de las urnas, para saquearlo: se identificó a uno de los operadores, Juan Carlos Monzón Rojas, quien más tarde sería colaborador eficaz; se obtuvo información financiera de empresas usadas para el lavado de dinero, para los cobros ilegales y el blanqueo del dinero; y por medio de estas compañías se llegó a intermediarios, agentes bancarios, abogados  y testaferros que luego colaborarían en la investigación.

Aunque es la primera vez que en Guatemala se realiza una investigación de esa envergadura, y se logra identificar las operaciones criminales y los presuntos responsables, el fenómeno sobre las nuevas formas de cooptación del Estado a través de partidos políticos que fingen jugar las reglas de la democracia para alcanzar el poder, ha ocurrido en otros países de América Latina y es objeto de estudio por expertos en el combate de redes criminales.

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Casos paradigmáticos como La Línea, el usufructo oneroso otorgado a Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ) y la estafa en la limpieza del Lago Amatitlán, mostraron a los investigadores que los actos de corrupción en el gobierno del PP no eran casos aislados. Se trataba de “una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, según Velásquez.

“El 14 de enero de 2012, la estructura criminal asume el poder”, señaló el jueves 2 de junio el comisionado Velásquez, junto a la fiscal general del MP, Thelma Aldana, al informar de los resultados de los operativos de allanamientos, capturas y órdenes de detención realizados ese día, para asegurar a decenas de personas que, según las investigaciones, tuvieron diversos niveles de participación en la trama político-criminal.

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Sin embargo, el día de la toma de posesión del PP, ganador de los comicios de 2011, no fue el principio de esta estructura criminal, solamente su coronación como grupo delictivo-político al frente del Estado.

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Financiamiento electoral, el pecado original

En el principio existía el poder y su único mandamiento era que debe ser conservado. El sistema político guatemalteco ha funcionado, por más de 30 años, con un mecanismo de financiamiento de los partidos políticos endeble en sus controles y permeable a la entrada de dinero ilícito. El año pasado, la CICIG había mostrado las primeras luces de ese entramado, en el informe sobre  Financiamiento de la Política en Guatemala. Ese documento explica cómo los partidos políticos, las élites empresariales, los medios de comunicación se alían para promover la corrupción alrededor de la contratación de obra pública como vehículos para este financiamiento ilegal.

En el primer caso presentado el financiamiento ilícito se remonta a 2008, cuando tras una campaña electoral exitosa, Otto Pérez Molina se perfilaba como el siguiente en la línea de sucesión por la banda Presidencial. Un grupo de empresas controladas por Roxana Baldetti (Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpúmer) comienza a recibir fondos provenientes de Radiotelevisión Guatemala S.A., (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7), canales del Grupo Albavisión perteneciente al empresario mexicano Remigio Ángel González. Con pagos mensuales de Q215,600 de canales 3 y 7, justificados como “impresión de manuales de funcionamiento” inexistentes, estas “empresas de cartón” efectuaban los cobros a las empresas televisivas para justificar los ingreso para los máximos dirigentes del partido. En total estos pagos ilegales ascenderían hasta  Q17,679,200. Dinero que luego sería utilizado en la campaña electoral 2011, según información que habría corroborado Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidenta y su intermediario en numerosos cobros ilegales. Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa González, y a cuyo nombre se encuentran registradas las empresa de Albavisión, encabeza la lista de las personas con orden de captura internacional, por delitos de financiamiento ilegal y lavado de dinero.

Ya una vez en el poder, de 2012 a 2015, los medios de Albavisión recibieron contratos de pauta publicitaria por Q216.26 millones, el 69% de lo pagado por el Estado en contratos con televisoras en ese mismo periodo. “La inversión rindió sus frutos”, comentó la fiscal Aldana.

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Además de ello, la concesión de las frecuencias radioeléctricas de las que goza Albavisión fue prorrogada por un periodo de 15 a 20 años  en noviembre de 2012 por el Congreso de la República, dominado por el PP, y ratificado el decreto por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Esto pese a las quejas de algunos legisladores sobre vicios en su aprobación.

El presidente de la República, Jimmy Morales, quien llegó a la conferencia de prensa del MP y CICIG tras la presentación inicial de Velásquez y Aldana, se mostró molesto al ser interrogado por periodistas sobre si tomaría alguna decisión sobre la concesión de frecuencias radioeléctricas al Grupo Albavisión. Las investigaciones deben continuar, y en todo caso cualquier decisión “tomaría en cuenta el bien común”, se limitó a indicar. Durante 15 años, Moralejas, la productora de cine y televisión propiedad del mandatario, produjo y vendió programas televisivos a la corporación mediática de Ángel González.

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Constructores y lavado de dinero

La maquinaria de lavado de dinero del gobierno del PP era alimentada primero por financistas y luego por contratistas del Estado.  En principio el dinero servía para echar a andar la maquinaria electoral, y de paso enriquecer a los jerarcas del partido; una vez en el poder el favor se devolvía en contratos públicos onerosos y cuyo cumplimiento era difícil de verificar. En este sector los contratos de obra pública eran de los más apetecidos.

Alrededor de Q50 millones habrían ingresado para la campaña electoral 2011 del PP, provenientes de contratistas de construcción, según las investigaciones del  MP y la CICIG. Documentos de Juan Carlos Monzón corroborados por su contador, Victor Hugo Hernández, dan cuenta del ingreso de estos recursos de distintas fuentes. 

El esquema de financiamiento ilícito en algunos de esos casos seguía la siguiente modalidad: una empresa constructora, por ejemplo Altracsa S.A., pagaba a un grupo empresarial, como el que operaba el empresario Raúl Osoy para Roxana Baldetti, esta empresa emitía facturas falsas por servicios que nunca se prestaron. Luego otras empresas del mismo Osoy realizaban los pagos de publicidad, compras e insumos para la campaña del partido. Todo esto sin que la empresa financista original, Altracsa, figurara en los listados de aportes de campaña.

Como ejemplo de este sistema de captación de recursos el MP señala a “comisionistas permanentes”, es decir corruptores como Raúl Osoy (de las constructoras Topsa y Bea), Walter López, de Ferretiendas y Coingua; y Carlos Gabriel Guerra Villeda, de Constructora del Atlántico, entre otras empresas. De entre estos, Guerra figura con orden de captura. El entramado de constructoras de la familia Guerra, contratistas en Petén y otros departamentos, durante la administración del PP fue detallado en investigaciones publicadas por Plaza Pública.

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Para ingresar el pago de los sobornos, y transformarlos en terrenos, casas, yates, helicópteros, motocicletas… la estructura encabezada por Otto Pérez y Roxana Baldetti empleaba, según el MP, al menos tres grupos de lavado.

El primero encabezado por Julio Aldana Franco, que mezclaba dinero de origen lícito e ilícito, usando empresas con operaciones reales. Empleaba compañías “pantalla” que se prestaban para adquirir bienes inmuebles, créditos en cuentas corrientes y créditos hipotecarios con los cuales justificar las propiedades de sus clientes.

El segundo grupo se arriesgaba más y empleaba empresas de cartón. Lo coordinaban Julio Estuardo Salvador González, alias “Eco”, mediante el Grupo Estrella, y Juan Carlos Monzón Rojas, ambos ahora “colaboradores eficaces”  en la investigación.  Generaban facturas falsas para justificar ingresos y utilizaban el sistema bancario para adquirir bienes y servicios. Además cancelaban con depósitos en efectivo créditos en cuenta corriente, créditos hipotecarios y sobregiros para adquirir los bienes de sus representados.

Y el tercer grupo lo gestionaba Jonathan Chévez a través de una serie de empresas que actuaban como como una especie de “cuenta corriente de la estructura”, según detalla la fiscal general Aldana. Según la fiscalía, el equipo de Chévez incluso recibió en efectivo el dinero de las comisiones o sobornos a las que nombraron “Incentivos Económico Comerciales (IEC)”. Los investigadores sospechan que Chévez estaba además al frente de una empresa cambista y de transporte de valores, y prestaba servicios a otras estructuras criminales.

Bancos, el sistema circulatorio del dinero

El tsunami anunciado ha llegado y sus olas no solo arrastran a políticos, funcionarios públicos y medios de comunicación. Han envuelto también a directivos de dos importantes bancos: Adolfo Fernando Peña Pérez, presidente de Banrural; Julio Aldana Franco, el representante comercial del mismo banco, mencionado por Monzón como un agente de Baldetti; y Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, gerente general del Banco G&T Continental. Contra los tres existen órdenes de captura.

A Peña el MP lo investiga por lavado de dinero y señala que habría recibido la colaboración de Abner Fonseca, gerente de negocios de Banrural, en esa labor, junto a Edin Barrientos, directivo de la entidad y representante en algunos espacios de Corporación de Noticias, empresa matriz del diario Siglo 21, cuyo 51% de las acciones fue adquirido por Roxana Baldetti. Peña, Fonseca y Barrientos ya se encuentran capturados. 

El papel de los bancos incluiría, en el caso de Banrural, las inversiones a plazo fijo de las instituciones del Estado, depósitos por los cuales Baldetti y su agente Aldana recibían comisiones de parte de instituciones como el Instituto de Fomento Municipal, el Puerto de Santo Tomás, el Puerto Quetzal, el Fondo Nacional para la Paz, el Registro Nacional de Personas, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Registro de Propiedad, la Zona Libre de Industria y Comercio, según reportes facilitados por Monzón a los investigadores.

La participación de agentes del sistema bancario era importante para devolver a la estructura criminal los frutos de sus cobros, según los investigadores el proceso de lavado atravesaría al menos tres etapas. En la primera el origen de los fondos de financiamiento electoral, de pagos de comisiones, se haría con facturas falsas; en la segunda etapa se procedería al fraccionamiento y bancarización, se solicitarían préstamos usando como garantía inmuebles del mismo grupo de lavado, préstamos en cuenta corriente y sobregiros, cancelados con depósitos a cuentas alimentadas por dinero en efectivo; y por último el retorno a los beneficiarios en forma de inmuebles, vehículos, aeronaves, joyas y toda clase de artículos.

“Por fortuna se llevaban extensos y detallados registros de las actividades”, comentó en un par de ocasiones el comisionado Velásquez. Y no era para menos, la necesidad de un soporte documental para la investigación era evidente. Sin este respaldo el comisionado no podría haber afirmado que esta era “una red económico-política ilícita que logró mediante la obtención del poder político convertirse en una enorme y eficiente maquinaria de expoliación del Estado”. 

Una maquinaria, eso sí, que dejaba un rastro de papel a su paso. De la masa de información dispuesta, con las primeras capturas e incautaciones del caso La Línea, surgió una materia informe que lentamente cobró sentido al establecer vínculos entre las empresas, sus representantes, sus abogados, sus agentes bancarios. Al analizar 2.5 millones de documentos fruto de allanamientos, y 35 mil por orden de juez, al rastrear 155 cuentas bancarias.

El caso de Guatemala es un ejemplo de “macrocriminalidad”, de estructuras criminales a gran escala que operan como un emporio de múltiples actores y servicios que se encargaba de esquilmar las finanzas públicas.  Un sistema que según Velásquez “cooptó y reconfiguró el sistema de partidos políticos, el aparato institucional y hasta la agenda de intereses estratégicos del Estado de Guatemala”. 

De la lista de posibles imputados aún no se libran otros exfuncionarios del gobierno del PP, ministros y altos funcionarios, ya que las investigaciones continúan en marcha. Para ellos aplicaría la frase de la fiscal general al cierre de la conferencia de prensa: "todos son casos grandes, dignos de un tsunami y lo más triste es que esto no es lo último".