Presupuesto: más represión que investigación y justicia

La falta de una política de seguridad pública no garantiza la asignación de un presupuesto adecuada a todas las instituciones que intervienen en la cadena de persecución de la delincuencia, la investigación de la misma y su juzgamiento. En larepartición, que se hace en el Ejecutivo y el Congreso de la República, losencargados de la represión del delito, los ministerios de Gobernación y Defensa, son lo más beneficiados. Los que investigan, juzgan y defienden, los olvidados.

Eso no es historia nueva. Cada año, dependiendo de voluntades políticas más que de insumos técnicos, el presupuesto asignado a las diferentes instituciones que tienen que ver con la investigación criminal y la justicia está lejos del plan de gastos de aquellas que se encargan de la represión. ¿Por qué? Porque el enfoque de seguridad ciudadana que se ha manejado y sigue manejado desde el gobierno se centra en un esquema represivo y de persecución de criminales.

Al ver el presupuesto en materia de seguridad pública y defensapara 2013, los ministerios de Defensa Nacional y de Gobernación (Mingob) son los grandes ganadores con planes de gastos históricos para inversión. Los perdedores,el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP): que ni con los aportes extraordinarios alcanzan el presupuesto que tienen vigente en la actualidad; el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), con presupuestos por debajo de sus necesidades. Una historia que se viene repitiendo, a la luz de los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), al menos desde 2007.

El OJ y el MP, por ejemplo, recibirán con todo y el aporte extraordinario Q1.3 millardos y Q1 millardo, respectivamente. Ambos presupuestos representan una reducción Q220.7 millones y Q16 millones con respecto al presupuesto vigente de ambas instituciones a finales de septiembre. Y estos aportes extraordinarios son parte de un proceso poco visible de cómo se constituye el plan de gastos año con año. Las instituciones autónomas, en general pasan por un proceso de negociación, primero con el ministerio de Finanzas; y después, en el Congreso de la República, para obtener su presupuesto. Y en esos puntos, los análisis pueden ser más políticos y financieros que técnicos de cada institución.

“Es una romería por el presupuesto”, dice Jorge Carvajal, director del Inacif.

Una romería que pasa por tener capacidad de lobby político en ambos órganos del Estado. Esto rompe con la lógica de que la persecución del delito está amarrada al buen funcionamiento de todos los eslabones que intervienen en la cadena de seguridad pública. Si un eslabón se rompe, se acaba todo el proceso.

¿Por qué el presidente Otto Pérez Molina anunció  “el fortalecimiento de un nuevo modelo de investigación criminal” cuando sólo brinda recursos a la persecución y no a la investigación científica y la defensa técnica?

La crítica: política y presupuesto

Durante los últimos tres gobiernos, la primera gran crítica al tratamiento de la inseguridad en Guatemala ha sido la falta de una política de seguridad pública que defina actores, proponga planes operativos interinstitucionales y calcule y disponga de los recursos financieros necesarios.

“Los presupuestos se hacen con visiones políticas y financieras más que técnicas. No se toma en cuenta el aumento de responsabilidades que tienen las instituciones y los planes de mejorarlas”, se queja Jorge Carvajal, director del Inacif. Lo secunda Blanca Stalling, directora del IDPP: “Si no se asegura que todas las instituciones implicadas tengan los recursos suficientes, todo el proceso puede caerse.”

Por ejemplo, ante un homicidio, un modelo policial de investigación criminal especializada necesita de una PNC que acordone el área y recabe indicios de prueba; y una unidad especializada de escena del crimen del MP que convierta los indicios en elementos de prueba y que articule una hipótesis para la etapa de investigación. Un tercer actor sería el Inacif, que aportaría el análisis de la prueba científica.

En 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó“Guatemala, 1996-2010: hacia un sistema nacional de seguridad y justicia”,de Héctor Rosada Granados. El estudio citaba que ese proceso de investigación criminal especializada es “determinante en la posibilidad de establecer una acusación formal ante los Tribunales de Justicia y, obvia­mente, ello genera el respeto al derecho a la defensa que posee el supuesto perpetrador del acto, ya se trate de una defensa privada o de la acción del IDPP”.

Suena sencillo.

En la práctica, no lo es. Más cuando los presupuestos de las entidades que intervienen en ese proceso no son suficientes para satisfacer sus funciones. Por ejemplo, tras la creación de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Inacifasumía la responsabilidad de hacer los peritajes sicológicos y psiquiátricos forenses para ser utilizados en los juicios. A mediados de este año, el Inacif disponía de 12 especialistas en estas áreas para todo el país. Igual pasa con el IDPP, donde se aumenta la carga de los defensores con el aumento de jueces disponibles pero no así el presupuesto del instituto.

“Mientras la distribución del presupuesto sea política y no técnica, veremos estos casos. En el sector justicia se nota que hay unos más ricos que otros”, dice Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. Según ella, el problema de esto es que crecen las responsabilidades del sistema judicial y se necesitan más fiscales, más defensores públicos y hay mayor demanda de prueba científica. Si este aumento de responsabilidades estuviera atado a una política de seguridad ciudadana, el presupuesto también tendría que crecer de manera proporcional a las nuevas cargas.

Pero al contrario, la falta de una política, según Ibarra e Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, se suple con una estrategia de seguridad que enfoca al delincuente como un enemigo interno desde que se firmaron los acuerdos de Paz. Mientras esa lógica no cambie, opinan ambas, el presupuesto asignado a estas diferentes instituciones serán insuficientes porque responde a una lógica militar de acabar con el “enemigo”. Y hay dependencias, como el IDPP e Inacif, que no responden esa intención.

El resultado final: un enfoque de seguridad ciudadana eminentemente represivo, heredado del período de conflicto interno.

“Es ese enfoque el que le permite al gobierno aumentar el presupuesto del ministerio de Defensa Nacional y decir que es necesario porque se le asigna tareas de seguridad pública; y no hacerlo con otras instituciones”, dice Hernández.

La sombra delos militares

Al ganar las elecciones, los críticos de la campaña de Pérez Molina cuestionaron si su pasado militar se impondría en la política de seguridad. La reducción de los índices criminales fuesu principal promesa en la carrera a la presidencia desde 2007. Pronto, llamaron la atención sobre la presencia de militares cercanos a Pérez Molina en puestos clave en materia de seguridad: el general Ricardo Bustamante, la mano derecha del presidente y ex compañero en el D-2, estaría al frente Consejo Nacional de Seguridad; el coronel Walter Zepeda Chavarría, como titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS); Mauricio López Bonilla, teniente coronel en retiro, en el Ministro de Gobernación; y Ulises Anzueto Girón, en el Ministro de Defensa.

No eran los únicos. Plaza Pública lo reseñaba en enero pasado: “Y la persona que llevará la agenda del Ejecutivo, que en gobiernos anteriores ha destacado por ser una de las piezas primordiales dentro del Gobierno, por ejercer de mediador entre distintas y difíciles esferas de poder, será otro ex compañero de la D-2, el coronel Juan de Dios Rodríguez López”, quien asumiría la secretaría privada de la presidencia. A ellos se sumaba el director general del Sistema Penitenciario, el coronel Luis Alberto González Pérez, que también estuvo bajo el mando de Pérez Molina.

Para sus detractores, los temores de la militarización se justificaron aún más cuando, en su discurso de posesión el 14 de enero, Pérez Molina anunció que mantendría al ejército en tareas de seguridad pública en el llamado “Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia”, el primero de tres pactos que marcaban los ejes de la “visión de cambio” de su gobierno. Incluíala conformación de cinco fuerzas de tarea interinstitucionales integradas por la PNC, el Ejército, Inteligencia Civil e Inteligencia Militar, con el apoyo del MP y el acompañamiento permanente de la Procuraduría para la Derechos Humanos.

No fue lo único que anunció Pérez Molina. Si bien reconoció que se abrirían dos nuevas brigadas militares para “la defensa de la soberanía nacional”, afirmó que el presupuesto de 2012 tenía recursos adicionales para el Ministerio Público, para “el fortalecimiento de un nuevo modelo de investigación criminal”, y la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se implementaría la nueva escuela de oficiales y los planes de la reforma policial.

El único movimiento que dio la sensación de no militarizar la seguridad fue el nombramiento del director de la PNC. Pérez Molina pareció dar un espaldarazo a la policía cuando relevó, en medio de elogios, a Jaime Leonel Otzín y dejó en la dirección general de la PNC a Gerson Oliva Ramos, segundo al mando. Otzín pasaba a ser asesor de la Comisión para la Reforma Policial, presidida por Adela de Torrebiarte, y el acto fue visto por los mandos medio policiales como una solución de continuidad dentro de la PNC.

Aun así, los movimiento d el presidente no anunciaba nada nuevo. Su discurso estaba en sintonía con lo que había dicho durante toda su campaña: En materia de seguridad se reforzaría al ejército y a la PNC; y el primero continuaría “apoyando” en tareas de seguridad pública, como lo había venido haciendo desde junio de 2000 con la anuencia de los últimos tres ex presidentes, independientemente del signo político del partido que los llevó al poder.

El retorno del Ejército a las actividades de seguridad pública cumplió 12 años el 16 de junio pasado. La medida fue implantada por el gobierno de Alfonso Portillo y tuvo el respaldo de la mayoría de diputados de un Congreso dominado por su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG): votaron a favor del Decreto Legislativo 40-200, la Ley de apoyo a las fuerzas de seguridad civil.

El acuerdo establecía que el Ejército podía dar asistencia y cooperación a la PNC, Minigob y MP en combate al narcotráfico, secuestro, contrabando, defraudación, depredación de bosques, conservación del patrimonio cultural y apoyo en la seguridad perimetral de centros de detención penal. Pero el mismo asumía que estas funciones no tenían carácter limitativo.

En 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, de Gran Alianza Nacional (Gana), se aprobó el Plan de movilización del ejército, que consistía en la captación de efectivos de reserva para conformar cuerpos especiales de carácter temporal para apoyar “las tareas de restablecimiento o mantenimiento de la seguridad interna, en contra de las amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, así como la ayuda humanitaria”, según el Acuerdo Gubernativo 83-2006 que modificaba la reducción de elementos del ejército aprobada dos años atrás. Y luego, en la gestión de Álvaro Colom, de la UNE, se incrementó el personal militar en tareas de seguridad ciudadana, se reinstalaron antiguos destacamentos militares y se estableció un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto al presupuesto de Defensa.

Así, desde hace 12 años, la justificación para el Decreto Legislativo 40-200 y del resto de acuerdos gubernativos a favor de aumentar recursos al ejército ha sido el mismo: El Estado está obligado a dar seguridad a todos sus ciudadanos y, con una policía desbordada por la delincuencia en general y con poco personal, todos prefirieron echar mano de los militares, mejorándoles los recursos, a mejorar los de la PNC. Doce años después, a la luz de las propuestas del gobierno, parece ser que la PNC todavía no tiene la capacidad de cumplir por sí sola con la función para la fue creada.

Más soldados, más presupuesto

“Todo el ejército está desplegado en todo el territorio cumpliendo tareas inherentes a la defensa y funciones en apoyo a la seguridad pública… Todos estamos involucrados de una forma u otra en la seguridad del Estado y la seguridad pública”, dice Erick Escobedo, vocero del Ministerio de Defensa. Y lo repite una, dos, tres veces durante la hora que dura la entrevista y se le pregunta cuántos efectivos por año han sido desplegados en tareas de seguridad ciudadana desde 2000.

“Todos”, repite, de nuevo.

Y la respuesta tiene lógica. Una lógica militar.

Según explica Escobedo, la presencia militar en defensa del territorio cumple con las funciones de defensa y de seguridad ciudadana. Por ejemplo, la presencia de puestos militares en pasos ciegos fronterizos y protección de espacio aéreo y marítimo evitan la introducción de drogas y el tráfico de personas, por ejemplo; a la vez que previenen la realización de delitos conexos, como el sicariato y las extorsiones.

“Todo el ejército”, repite.

La diferencia de este gobierno con los anteriores es el grado de inversión. Durante el período de Berger, siempre bajo el Decreto Legislativo 40-200, recontrataron a tres mil ex soldados que, tras un programa de entrenamiento de formación básica policial de 45 días, salieron a patrullar las calles a mediados de abril de 2006 bajo el nombre de Fuerza de Reserva Especial. Y también, participaron soldados en las publicitadas operaciones anticrimen en municipios bajo estado de prevención, como las realizadas desde el 29 de agosto de 2006 en Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel Ixtahuacán, Tajumulco y Tejuela, en San Marcos; o estuvieron presentes en desalojos de tomas de tierras y manifestaciones sociales. El costo fue de Q90 millones.

En la gestión de Álvaro Colom, se creó el batallón especial de operaciones de selva, un grupo de kaibiles con la misión de cuidar la Biosfera Maya, evitar el robo de piezas arqueológicas, la tala ilegal de árboles y el uso del territorio por narcotraficantes. Durante ese período, el presupuesto de Defensa aumento de Q1.3 millardos a Q1.5 millardos, convirtiéndose en el quinto ministerio con mayor presupuesto. Esto sin tomar en cuenta la fallida compra de aviones anunciada para finales de la gestión.

Y también, Colom firmó el Acuerdo Gubernativo 216-2011, en el que se especifica “una asignación a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad con la disponibilidad financiera, la que en ningún caso, podrá ser menor al 0.33% del PIB”. Un aumento atado a las tareas de seguridad pública que asumió el Ejército en los últimos 12 años y de las cual nunca ha existió una evaluación de incidencia en la reducción del fenómeno. Escobedo no habla de esos números. Según las gráficas que sostiene en sus manos, el presupuesto, después de que se redujera de forma abrupta en 2004, ha crecido poco a poco y es el justo. Él prefiere hablar de los resultados de esta inversión, como el batallón especial de operaciones de selva. “Dio tan buen resultado ese batallón en el control de la parte noroccidental de El Petén que se convirtió en brigada”, dice Escobedo y asegura que desde su creación no ha habido un solo aterrizaje ilícito en las más de 42 pistas clandestinas que existen la zona. “Eso significa que en el control territorial se ha ido retomando.”

Para este año, como lo anunció el presidente Pérez Molina, se implementaron dos brigadas: la Brigada Especial de Operaciones de El Petén y la Segunda Brigada de Policía Militar, en San Juan Sacatepéquez. Para 2013, se tiene programada la implementación de dos más, una en San Marcos, la Brigada Espacial de Operaciones de Montaña, que tendrá como objeto controlar el área montañosa y volcánica de San Marcos fronteriza con México; y otra con sede en Puerto Barrios, la Brigada de Infantería Marina, que efectuará operaciones del mar hacia la tierra firme en ambos litorales y en las principales vertientes.

“Dentro del presupuesto, es un compromiso”, dice Escobedo.

Esto implicaría aumento de Q86.3 millones solo enel rubro de remuneraciones, que pasa de los Q1.07 millardos a Q1.15 millardos para 2013, cuando sumen 1 mil 200 efectivos más, la misma cantidad que entró en operaciones este año.

También es un compromiso la compra de seis aeronaves de combate Súper Tucano, de fabricación brasileña, que serán obtenidos a través de un préstamo internacional y tienen un precio aproximado de 23 millones de dólares por unidad, y la compra de dos radares primarios. Según explicó Escobedo, ambos son parte de un proyecto que tiene tres años de estar en estudio. Se llama Proyecto C4I –Comando, control, comunicaciones, computación e inteligencia– y tiene le objetivo de “optimizar el control del territorio nacional, en especial el aéreo”. Eso justificaría el presupuesto más alto asignado al renglón 341 –compra de equipo militar y de seguridad– de este ministerio en la última década: Q266.5 millones.

Por eso, dice Escobedo y el Ejecutivo, que es necesario el aumento de Q373 millones en el plan de gastos del Ministerio de Defensa, un incremento del 13.08% con respecto al presupuesto vigente para este año. En total, el presupuesto de esta institución para el próximo año será de Q2.04 millardos.

¿El despegue de la PNC?

“El 2013 es el año de la PNC en temas de fortalecimiento. Subiríamos de 25 mil a 31 mil agentes la fuerza policial para enero”, dijo Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, a los periodistas reunidos el 14 de octubre en Casa Presidencial. Había descrito que se estaban haciendo milagros para dar cobertura con los policías que se tenían, pero que para el próximo año tendrían seis mil nuevos agentes, armamento adecuado, vehículos y nuevos despliegues

En marzo de este año, dentro del ministerio de Gobernación, se comentaba que las Fuerzas de Tarea anunciadas por el presidente tenían que aportar el cerebro, la inteligencia, el uso de la información a una nueva forma de hacer investigación criminal. Se crearon con el objetivo de golpear directamente a los delitos “más sensibles” frente a la opinión pública –homicidios, femicidios, secuestros, extorsiones, resguardo de transporte público y robo de vehículos y celulares– y representaban una mezcla única de trabajo interinstitucional, con cabezas civiles al frente y líneas directa de comunicación con la dirección de la PNC, los titulares del MP y el presidente mismo. Su trabajo es de investigación y, físicamente, están localizadas en oficinas policiales.

¿Y, mientras tanto, en la calle? Se pensaba que el ejército podía sumar elementos a la PNC; prevenir, mediante la disuasión, el aumento de hechos delictivos; y retomar territorio que, según las mismas autoridades del gobierno, estaba en manos de criminales.

Los defensores del uso del ejército en tareas de seguridad pública sostienen que si la policía no tiene los elementos necesarios para cumplir con ellas, de algún lado tienen que salir hasta que la situación de personal se estabilice dentro de la PNC. Así, soldados, aunque su capacitación para el tema es mínima, dan el músculo a una policía que tenía al inicio de esta gestión 2,500 plazas vacantes. Y así se sigue sosteniendo aún después de los hechos del 4 de octubre en Totonicapán, donde murieron ocho personas al ser disuelta violentamente una manifestación en la que participaban por soldados de reserva, los que han sido instruidos en materia de seguridad pública.

Defensa y la presidencia han dicho que no se puede evaluar el papel del ejército exclusivamente tras las muertes en Totonicapán, al que han calificado de hecho aislado y del que culpan a la negligencia del comandante del grupo. Para ellos, el éxito de la recién creada Fuerza de Tarea Maya (FTM) es lo que hay que medir. La FTM presentaba una caramilitar de la seguridad pública. Es músculo y presencia territorial. El mismo presidente apareció en la colonia Santa Faz inaugurando la movilización de 120 policías y 1, 300 soldados en ocho colonias de la zona 18, el 22 de septiembre pasado.

“Se tomó la decisión de venir a trabajar aquí conjuntamente aquí con el ministerio de Gobernación y de Defensa para proveer de seguridad necesaria a la zona. Lo que estamos buscando es realmente estabilizar y bajar el número de hechos delictivos, pero especialmente el numero de homicidios y de lesiones”, dijo. A su lado estaba el ministro de Gobernación, el director de la PNC y el ministro de Defensa. Pero eran los hombres de este último los que parecían tener el control de todo el operativo.

Según los datos en manos del Ejecutivo, la zona concentra más de 700 mil habitantes, el quinto puesto en el listado general de cometimiento de hechos delictivos y, con cinco homicidios promedio por día, el primer puesto por este delito en el área metropolitana. “Esta Fuerza de Tarea es de control territorial, para asegurar territorio y poder trabajar en el interior, levantando censos sobre necesidades de estas poblaciones”, dijo López Bonilla. Pero es músculo: 215 agentes por cada 100 mil habitantes en la zona 18, cuando la tasa nacional ronda los 166 por cada 100 mil habitantes.

Cinco semanas después de echarla a andar, con cuatro homicidios en 38 días, Escobedo explicó la lógica de la FTM: está integrada con unidades de diferentes brigadas bajo un comando único –el responsable es un militar, el general Rodrigo Guzmán- y en una jurisdicción territorial definida; su función es entrar en “masa” y generar disuasión; controlada la zona, se inicia con una estrategia de economía de fuerzas: reducir el personal al mínimo necesario para controlar el área ubicándolo en puntos estratégicos. Si funciona la estratégica, se replica en otra área. Y este lunes ya se instauró la Fuerza de Tarea Kaminal (FTK) en la zona 7 de la capital y zona 12 de Villanueva.

¿El personal mínimo será del ejército, de la PNC o de ambos? Eso no se ha explicado.

Lo que sí se ha dicho es que el plan incluye entrar con trabajo social a la zona, a manos del viceministerio de Apoyo Comunitario, del Minigob; y de Municipalidad de Guatemala. “La estrategia va acompañada de proyectos sociales, porque de nada le sirve tener el 100% de la seguridad del mundo, sino tiene agua, luz, calles de acceso, etcétera… Entonces, hay una parte social, la parte de humanización de las estrategias de seguridad”, dice Escobedo.

Mientras esto se hace, de la mano del ejército, pareciera ser que el papel de la PNC está en reforzarse y para el próximo ejercicio tendrá presupuesto para ello, según dice López Bonilla. El presupuesto vigente de la PNC ha sufrido altos y bajos año con año en la última década. Aun así, en general, este ha aumentado en 88.1% en promedio, pasando de los Q1.3 millardos, en 2004, a una proyección de Q2.5 millardos para 2013. Pero dentro de la policía, más presupuesto no ha significado mayor efectividad.

El primer punto a tratar es la falta de policías. A las 2,500 vacantes existentes en la PNC al inicio de la gestión había que sumarle 500 policías apoyando traslado de reos y 2 mil 100 designados para el cuido de embajadas e instituciones públicas. Lo primero se resolvería con las graduaciones de nuevos agentes: 1 mil 533, en agosto pasado; y 1 mil 600, para enero próximo. El resto es una restructuración de fuerzas

“Nuestra oferta es subir 10 mil policías más para llegar a 35 mil, y que en la medida que aumenten los agentes se disminuya la participación del Ejército, y cuando terminemos, el Ejército debería estar fuera de cualquier actividad de seguridad civil”, dijo el ministro de Gobernación. Los 35 mil agentes es una promesa para el cierre de la gestión de Pérez Molina. Mientras tanto, el plan de gastos del ministerio de Defensa ya tiene programado Q132.3 millones para apoyo a tareas de seguridad pública, un aumento de Q52 millones con respecto a este año.

El segundo punto, la compra de nuevo armamento y un proceso de homogenizar el mismo. En la actualidad hay un déficit de seis mil armas y estas son de diferentes marcas –Beretta, CZ y Jericho–, lo que dificulta la compra de munición y de repuestos. Gobernación tiene destinado Q35.6 millones para la compra de equipo militar y de seguridad el próximo año. En este, tenía Q14.2 millones, aunque solo se han ejecutado Q21 mil 277.94. “Son pistolas, subametralladoras y fusiles para los equipos de fuerzas especial”, dijo López Bonilla. El presupuesto para 2013 en este renglón es el más alto desde 2007, cuando se invirtió Q22.7 millones, y es un proceso que está pendiente desde 2010, cuando se frenó la compra de armas israelíes y se tenían cerca de Q54 millones para ello.

El tercer punto, mejorar la infraestructura de la PNC. Adela de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial, reconoce que 135 de 750 sedes policiales deben ser remodeladas de manera prioritaria. Según la información en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), este año se tenían previsto la construcción y equipamiento de comisarías en Escuintla, Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, Mazatenango y Puerto Barrios, todo por Q125 millones; además de la construcción y equipamiento de la Academia Policial para oficiales por Q15 millones. Según el portal del SNIP, el nivel de ejecución de las obras es igual a 0%. Solo la inversión en obra física no realizada por la PNC es superior al presupuesto que tiene el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP).

La cenicienta de la seguridad

Lo dice sin aspavientos, sin pensarlo mucho: “Necesitamos Q641 millones para poder cumplir con nuestra función el próximo año”. Quien habla es Blanca Stalling, directora del IDPP. Y así como lo dice en una entrevista, asegura que se lo pidió al ministerio de Finanzas. Le asignaron Q116 millones, cerca de tres millones menos que el plan de gastos que tiene la institución vigente al momento que se votaba el nuevo presupuesto 2013.

En febrero de este año, Stalling, reconoció que el presupuesto asignado a su institución era una limitante para mejorar la atención de los defensores públicos. Entonces, el Instituto tenía una plantilla de 157 abogados y solo en 2011 atendieron 18 mil 500 casos penales. En promedio: 117 casos por cada defensor. Esto, sí y solo sí, en cada caso hay un solo imputado. Incluso, en la presentación del Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia se habló de presencia de abogados de IDPP como parte de su éxito. Entonces, la directora aseguró que para atender el sistema de Justicia necesitaba más de 600 abogados. Hacía números rápidos y hablaba de Q450 millones adicionales a los Q115 millones asignados para duplicar su planilla y aumentar la cobertura del Instituto.

¿Dónde está la traba de tener pocos defensores públicos? En el mismo Código Procesal Penal y la creación de nuevas salas, como los Juzgados Unipersonales de Sentencia en mayo de 2011. Saturados de casos, los abogados del IDPP no tienen la capacidad de atender todas las audiencias programadas. Sin un abogado de oficio para quien así lo demande, los procesos quedan estancados porque no puede darse ninguna parte del proceso sin la presencia de la defensa técnica del acusado.

A manera de ejemplo, para cuando Stalling hacía números sobre el presupuesto, unas 3 mil 360 personas en prisión preventiva eran atendidos por abogados del Instituto. El dato correspondía a un poco más de la cuarta parte de toda la población penitenciaria. Sin poder asistir a todas las audiencias programadas, en el mejor de los casos, se alargaba el tiempo de la persona en prisión y se saturaban las cárceles. En el peor, no se brinda una adecuada defensa técnica a personas de escasos recursos económicos.

¿Y si se aumenta las detenciones de la PNC, producto de las investigaciones del MP? Como parte de una misma operación matemática, sube la carga de trabajo de los abogados de IDPP. Stalling valoró esa posibilidad en un reportaje de La Hora, en febrero de este año: “últimamente, con la eficiencia que está demostrando el Minigob en el número de detenciones, vemos que en el último mes se nos ha incrementado en relación con el año 2011”, aseguró.

Hoy Stalling hace números de nuevo. En 2011 se atendieron 75 mil 934 audiencias; para 2012, según sus proyecciones, se tendrán 81 mil 500. Y con una planilla que sigue siendo de 154 abogados, en promedio tendrán que atender 529 audiencias cada uno y algunos ya tienen programadas audiencias hasta 2014. Y el número miente porque si en una audiencia se tiene más de un defendido, puede asistir más de un defensor público. “Hemos tenido casos con 15 abogados defensores presentes”, recuerda. “Con ese nivel de carga se da una defensa formal, porque el abogado llega y se sienta en las audiencias; ¿defensa técnica? No, eso no es cierto en todos la casos y se puede resolver dando más recursos a la institución.”

Los reclamos de Stalling no son nuevos. En septiembre de 2011, la titular de IDPP se quejaba que no podía mantener en planilla a 300 abogados y asistentes legales, a quienes les pagaba bajo contratos de dos meses mientras hacía malabares con los fondos que le habían asignado a la institución: Q98.4 millones, el presupuesto más bajo en el último quinquenio. A fuerza de aportes económicos extraordinarios, la institución terminó con un presupuesto de Q120.7 millones.

Para este año, el presupuesto del IDPPP se redujo a Q116 millones, apenas el 11.6% del plan de gasto que tiene asignado el MP, su contraparte en un proceso bajo un sistema penal acusatorio; y 40 millones menos de lo que recibe la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de Casa Presidencial.

Visión financiera vrs. Visión Técnica

La segunda gran crítica al tratamiento de la inseguridad en Guatemala ha sido la falta de la evaluación de planes de seguridad o de lo que los diferentes gobiernos desde la creación de la PNC han llamado sus políticas. Lo recriminó Minugua, en 2002; y el PNUD, en 2008 y 2009. Sin políticas reales, ¿qué se puede evaluar?

Aunque se evaluaran los planes realizados, la lógica de formulación del presupuesto sigue siendo política, en un primer momento, y luego financiera. El primer momento pasa por la evaluación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), que define las líneas gruesas de las políticas gubernamentales; y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que establece los techos presupuestarios.

El segundo momento corresponde a la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas (Minfin), y su trabajo es eminentemente técnico: ven números. La evaluación, en todo caso, mide los resultados físicos y financieros obtenidos, además de los efectos producidos de conformidad con los indicadores de gestión de cada institución.

Luego, todo se terminará de definir por las alianzas políticas y el poder de lobby que se tenga con los diputados. Simple aritmética legislativa. Aun cuando las entidades autónomas remiten cada año al Ejecutivo y Congreso de la República para su conocimiento, la disponibilidad de fondos es definida en último caso por el gobierno central. “No hay más dinero del que se tiene”, reconoce José Alejandro Arévalo Alburez, diputado independiente y miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso. Y bajo esa lógica sencilla de inversión, se establece que a aquellas instituciones a las que se les dio dinero y no lo ejecutaron, no lo necesitan.

“¿Cómo se puede cuantificar cuánto cuesta realizar pruebas científicas para un juicio por homicidio o violación?”, pregunta Jorge Carvajal, director del Inacif, y responde de inmediato: “Se hacen las pruebas que sean necesarias para lograr probar la culpabilidad o inocencia de un imputado… No se puede contabilizar el cometer una injustica con una persona, ya sea víctima o victimario”. Por ejemplo, en una sola prenda en el caso de la banda de asaltantes y violadores de la zona 11, se gastaron más de Q16 mil en pruebas de ADN.

El Inacif es de las instituciones a los que se les recortó el presupuesto por baja ejecución. Según explicó Arévalo, quien asegura que defendió la necesidad de una mejor asignación para el Instituto, este solo había ejecutado el 42% de su presupuesto a la hora de la formulación. “El año pasado, sin que ellos fueran a pedir que necesitaban más, le pusimos Q190 millones y, por ineficiencia o por lo que haya sido, resulta que no saben cómo usarlo”, dice.

En general, la ejecución del presupuesto del Inacif ha sido errática año tras año desde 2007 a la fecha. En su primer año de gestión, con Q40 millones, solo pudo ejecutar Q5.9 millones. En todo ese período, el plan de la institución sumó Q1.6 millardos y el 54.41% provenía de fondos de las arcas nacionales. El resto de su presupuesto de ingresos estuvo constituido por donaciones internacionales, disminución de cajas y bancos, depósitos internos, pago por servicios de laboratorio y otros ingreso no tributarios. Aun así, en todo este período solo han podido ejecutar el 43.89% de su presupuesto: Q687.3 millones.

Para el 2012, el Inacif tenía un presupuesto otorgado por el Estado de Q190 millones. Para el siguiente año, para poder hacer más contrataciones y aumentar los servicios –como el análisis informático forense y los servicios de psiquiatría y psicología forense– necesitaba el doble. Le asignaron Q142 millones. “Ahora, tenemos un presupuesto menor al que se da de subsidio al transporte. Eso parece que vale más que el valor de la prueba científica para investigación criminal moderna”, dice Carvajal. Página 18 de la Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para 2013: el subsidio al transporte urbano será de Q254 millones.

“Me reuní hace algunos meses con quien era la directora (Miriam Ovalle) y me dijo que tenían plata suficiente. Ellos han desarrollado en estos años infraestructura en seis departamentos y con todo eso todavía tenían plata”, dice Juan David Alfredo Alcázar Solís, diputado del PP y presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso. “En esa redistribución, se empieza quitar de donde no se ejecutó. Esto pasa en la iniciativa privada, en el Estado y en todos lados. Si no ejecutó es porque no lo necesita. Y resulta que puede ser por una mala ejecución.”

¿Mala ejecución presupuestaria? Podría ser. Carvajal defiende que es por el cambio de dirección, que también cambia las prioridades de la gestión y dificulta la ejecución de fondos. Pero para quienes sólo buscan números sin explicaciones es mala ejecución.

Comparable a la de la PNC: A mediados de septiembre de este año, la policía solo había ejecutado el 56% de su plan de gastos. ¿Se reducirá el presupuesto a la policía? No, aumenta en un 13.47%: Q334.7 millones. O más aún con el mismo Ministerio de Gobernación, que para entonces había ejecutado el 47% de su plan de gastos vigente.