En Guatemala, como en todo el mundo capitalista, manda el poder económico. La política, las ideologías, las religiones, la academia son sus subsidiarias. Esa es una verdad inquebrantable.
¿Quién manda en Guatemala? Igual que en todo el mundo: el poder económico (reléase el epígrafe). El presidente (el actual, al igual que cualquier otro en la historia) es el administrador de turno. Manda muy relativamente. Las decisiones finales tienen aroma a billete de banco.
Como país dependiente, muy poco desarrollado en términos industriales y ligado básicamente a la producción agrícola para el mercado internacional, los dueños reales de la economía (o de la nación) son unos pocos grupos. Algunos de ellos, con larga tradición, están presentes ya desde la Colonia. Otros van surgiendo el siglo pasado y se vinculan a negocios modernos con un perfil más urbano.
Esos sectores, que tienen su propio sindicato (cámaras empresariales, para ser correctos), han dominado la mayor parte de la economía desde siempre. A ello hay que agregar otro elemento de poder determinante, representante de una economía mucho más grande que la guatemalteca, que manda no solo en el país, sino en toda Latinoamérica y en buena parte del mundo: Estados Unidos. Esos dos sectores son quienes mandan por estas tierras. Cuando su poder se vio cuestionado en décadas pasadas, apeló a quienes están para defenderlos: el Ejército Nacional.
La terminada guerra interna fue la respuesta que estos poderes dieron a quien osara proponer alternativas, transformaciones sociales, nuevos modelos. Está más que claro el resultado de todo eso: 200 000 muertos y la subsecuente despolitización de la protesta popular. La cultura light que actualmente vivimos es una de sus secuelas.
Pero, en el transcurso de esa guerra (eufemísticamente llamada conflicto armado interno), el poder armado del Estado, el Ejército, tomó una dimensión desorbitada. Fenómeno único en toda Latinoamérica, donde igualmente las fuerzas armadas oficiales combatieron las protestas populares y las diversas iniciativas insurgentes que surgieron para los años 60 y 70 del pasado siglo. El Ejército guatemalteco tomó una proporción monumental. De hecho, pasó a ser una fuerza económica en sí misma. Por tanto, con gran incidencia política.
Quizá sin disputarles abiertamente espacios económicos a los poderes tradicionales, ese Ejército —y todos los tentáculos que fue desplegando— se convirtió en una nueva clase económico-social. A partir de él, no como institución, pero sí a partir de muchos de sus altos mandos, surgieron poderes que ya nadie pudo dominar.
En cierta forma, el genio se salió de la lámpara. La institución castrense y el poder desmedido que fue acumulando sirvieron de base para la aparición de poderes que, sin existir oficialmente, pasaron a ser actores clave de la dinámica nacional. Aparecieron los así llamados poderes paralelos u ocultos.
«La expresión poderes ocultos hace referencia a una red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen. Esto representa una situación no ortodoxa en la que las autoridades legales del Estado tienen todavía formalmente el poder, pero, de hecho, son los miembros de la red informal quienes controlan el poder real en el país. Aunque su poder esté oculto, la influencia de la red es suficiente como para maniatar a los que amenazan sus intereses, incluidos los agentes del Estado»[1].
O igualmente: «Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y [que] siempre, a veces más, a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado»[2].
Esa red de poderes tiene presencia muy fuerte, incuestionable, en la dinámica nacional. Según datos aportados por Naciones Unidas, manejan sectores calientes de la economía (contrabando, narcotráfico, crimen organizado, tráfico de personas y de armas, tala ilegal de bosques) con no menos de un 10 % del PIB. Evidentemente constituyen un poder.
Hoy en día, a partir de una geopolítica de Washington (esos grupos son demasiado impresentables y pueden crear problemas sociales a mediano plazo), vemos una avanzada contra estos sectores. Es así como aparece la fortalecida Cicig y cobra un especial protagonismo el Ministerio Público. Consecuencia de la pulseada: se comienzan a desbaratar algunas de estas redes, y, como símbolo, algunos de sus dirigentes van a parar a la cárcel. Pero los poderes ocultos siguen vivos, operativos. El asesinato de Byron Lima podría ser una prueba, tanto como la amenaza de muerte a la fiscal general.
¿Mandan esos poderes en Guatemala? No del todo (Pérez Molina y Baldetti están presos, y no los empresarios del Cacif), pero sin dudas no están terminados. No obstante, para el campo popular, para la gran pobrería que sobrevive como puede, con ninguno de ellos hay mayor beneficio.
[1] Peacock, S. y A. Beltrán (2006). Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala posconflicto y las fuerzas detrás de ellos. Washington: WOLA.
[2] Robles Montoya, J. (2002). El «poder oculto». Guatemala: Fundación Myrna Mack.
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