En 7 puntos, ¿por qué se retrasó tanto la elección de Magistrados?

Los tropiezos para elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 130 magistrados de Salas de Apelaciones, han sido responsabilidad de varios actores interesados en decidir quienes estarán a cargo de la administración de la justicia.

En la cadena de responsables aparecen la alianza que hace mayoría en la legislatura saliente, grupos de abogados vinculados a personajes acusados de corrupción, los magistrados que buscan la reelección y el Consejo de la Carrera Judicial. Así como dos organizaciones de sociedad civil y otros abogados que, con sus amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), también han tenido un papel protagónico.

Lo más reciente que se conoce de esta elección, que empezó en agosto de 2019, es que los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) buscan cómo rescatar a los abogados litigantes sin experiencia en la carrera judicial. Esto porque quedan en desventaja ante los jueces y magistrados que acumulan más puntos en la calificación de expedientes, debido a la evaluación de desempeño que se hizo bajo apremio judicial en diciembre pasado.

Para entender cómo se complicó esta elección, Plaza Pública expone el tema en siete puntos. Este recorrido explica los puntos importantes del proceso y describe quiénes han sido los actores dominantes.

Con una votación de 80 diputados, el Congreso se adelantó a convocar a la integración de las Comisiones de Postulación en febrero de 2019. Ocho meses antes del cambio de autoridades en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones, pactado para el 13 octubre.

Los diputados decían que su intención era que las postuladoras tuvieran más tiempo para revisar los miles de expedientes de los candidatos, y hacer entrevistas. Las dos comisiones de postulación se integran con 37 representantes de la academia, el gremio de abogados y el de magistrados, en quienes recae la revisión, ponderación de expedientes y selección de candidatos para que el Congreso elija a los titulares y suplentes en las dos cortes.

Dato: Hay 45 Cortes de Apelaciones en todo el país, cada una se integra por un presidente y dos vocales. Su trabajo es avalar o rechazar las decisiones de los jueces de primera instancia del país (recusaciones para pedir el cambio de juez, objetar las medidas de prisión, entre otras), además de actuar como pesquisidores en procesos de antejuicio.

La convocatoria del Congreso encendió las alarmas en la sociedad civil por la extrema desconfianza en las acciones de los diputados. En respuesta, la agrupación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) –que forma parte del Movimiento Pro Justicia, junto a la fundación Mack–, presentó un amparo que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor.

Al Congreso no le quedó más que esperar hasta junio para hacer la nueva convocatoria, cuatro meses antes de la toma de posesión de los funcionarios a elección, tal como lo indica la Ley de Comisiones de Postulación.

De los diputados que quisieron adelantar el proceso, se reconoce fácilmente a las bancadas que fueron catalogadas por integrar un «Pacto de Corruptos», por promover leyes que les favorecían con impunidad. Entre ellas estaban la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos, el oficialista FCN, el PAN, UCN y Unionista.

A causa de ese antecedente, la elección de representantes del CANG ante las dos postuladoras, y la del Instituto de Magistrados, que integran la comisión que elige a los candidatos de la CSJ, se hicieron en junio y julio. En tanto que el trabajo de los postuladores empezó en agosto. Apenas dos meses antes de la toma de posesión de los magistrados, el 13 de octubre, lo que obligó a que las comisiones trabajaran con el tiempo en contra.  

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En el Congreso siempre han justificado que ellos eligen de entre la nómina que elaboran las postuladoras. Sin embargo, la política ha creado una simbiosis con quienes tienen participación en las comisiones.

Por ejemplo, en 2009 durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuando la presidencia del Congreso también estaba en manos de la UNE, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) puso un alto a la elección de seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los objetados por Carlos Castresana, entonces titular de la Cicig, estaban tres candidatos que tuvieron bajos resultados en la calificación de expedientes (méritos académicos, profesionales y de proyección humana), pero tenían lazos fuertes con la política. Elda Nidia Nájera, era hermana del diputado oficialista, Santiago Nájera; Jackeline España, una abogada que era contratista del Estado; y Manuel de Jesús Pocasangre, padre del que entonces era gobernador de Guatemala, había sido candidato del partido oficial, con sanciones de la Contraloría cuando había trabajado para el gobierno.

Esas candidaturas fueron denunciadas como parte de un trato entre partidos políticos y el abogado Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”, un añejo operador de estas elecciones que ahora está preso por un caso de tráfico de influencias en las elecciones de 2014.

A causa de la insistencia de Castresana, los tres magistrados que ya habían sido electos, renunciaron y el Congreso tuvo que votar de nuevo para sustituirlos entre la nómina que había recibido de la comisión postuladora de CSJ.

En 2014, cuando la elección se acordó entre las bancadas del Partido Patriota (PP) y Libertar Democrática Renovada (Líder), surgieron perfiles como el de Blanca Stalling, Vladimir Aguilar y Douglas Charchal. Los tres debieron dejar sus cargos meses después de haber tomado posesión, a causa de acusaciones penales. Stalling, por ejercer presión sobre el juez que conocía el juicio contra su hijo; Charchal, por actos de corrupción en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), mientras que Aguilar por su responsabilidad en ese mismo caso, cuando fue Procurador General de la Nación. Solo Aguilar se libró de prisión.

En la actual elección, la legislatura que tomó posesión en enero de 2016 y entrega en 2020, no podrá elegir magistrados. El afán por otorgar más tiempo a las postuladoras para asegurar que serían ellos los que designarían a los integrantes de las Cortes, no tuvo éxito. En buena medida, el fracaso se debe a una institución que el mismo Congreso creó pero que no cumplió sus funciones: El Consejo de la Carrera Judicial.

Después de la crisis por corrupción gubernamental de 2015, el Congreso aprobó en 2016 las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. La nueva normativa trasladaba el poder para decidir sobre el ingreso, permanencia, promoción, ascensión y distribución de jueces y magistrados de la CSJ a un Consejo de la Carrera Judicial (CCJ). Sin embargo, hubo que esperar hasta 2018 para que ese consejo quedara conformado.

El Congreso dejó un vacío legal que dificultaba integrar el CCJ con sus siete integrantes. Fueron electos los cuatro representantes de las asambleas de jueces de paz, de instancia penal y del Instituto de Magistrados y un externo designado por la CSJ. Pero no había instrucciones para elegir a los tres profesionales en recursos humanos, administración pública y psicología, de los que hablaba la ley.

El Movimiento Pro Justicia hizo un análisis en el que detallaba las complicaciones para la implementación de la ley y la necesidad de que el Congreso hiciera una reforma. En tanto se efectuaban esas modificaciones, la CSJ consultó a la Corte de Constitucionalidad si los anteriores integrantes del Consejo, que actuaban bajo su mando, podían mantener el puesto hasta que el nuevo Consejo estuviera totalmente integrado.

Dato: Las comisiones de postulación se integran por 37 personas: 12 decanos de las universidades en donde exista facultad de Derecho; 12 representantes de los abogados; 12 magistrados de Apelaciones o de la Corte Suprema (se eligen mutuamente); en rector que preside.

El nuevo Consejo, incompleto, fungió a medias desde 2017 junto al Consejo anterior al que también llamaron de transición. El Congreso reformó la ley para establecer que los cuatro integrantes del nuevo Consejo se hicieran cargo de la selección de los tres profesionales pendientes de juramentar. Fue hasta el 8 de febrero de 2018 que el Consejo se integró según lo estipulado en la reforma de 2016.

No obstante, el Consejo ha fallado en sus responsabilidades. Para hacer la evaluación anual de jueces y magistrados de Apelaciones, debía emitir un reglamento para conformar el equipo de evaluación y los órganos de disciplina. Hasta enero de 2020, ese documento todavía no existe. En parte, por una disputa por poder con la CSJ, que ha rechazado las tres propuestas que le han presentado.

Aunque la organización Impunity Watch indica que el Consejo goza de independencia en sus actos, la CSJ se rehúsa a dejarle actuar sin su consentimiento. La CSJ ha justificado su actuar al decir que presentan «falencias… que contravienen disposiciones legales y normas de control interno gubernamental» y que las propuestas interfieren con la competencia administrativa de la Corte y su presidente. Una situación que habría quedado resuelta si se hubiera hecho la reforma constitucional que sugería la Cicig, pero que quedó frustrada cuando el presidente Jimmy Morales y sus aliados se enfocaron en el proyecto por defenestrar a la Comisión y a su titular, Iván Velásquez.

José González, coordinador de la organización Impunity Watch, afirma que el fondo de este conflicto es una «pugna» entre la CSJ y el Consejo de la Carrera Judicial, porque «la CSJ se niega a dejar sus funciones de poder administrativo».

En medio del problema, los diputados Juan Ramón Lau, Felipe Alejos y otros, propusieron una nueva reforma a la Ley de la Carrera Judicial para devolver al presidente de turno de la CSJ el poder sobre el Consejo. La iniciativa fue aprobada en dos lecturas, pero se quedó sin apoyo para la tercera lectura.

Carlos Guerra, el presidente de este Consejo, dijo a Plaza Pública que la Ley de la Carrera Judicial no dice quién debía elaborar el reglamento, aunque la CSJ les indicó que ellos debían dar el visto bueno.

El Consejo que dirige es autónomo, dice, «pero con límites». Por eso, la CSJ retiró al personal a cargo del evaluar el desempeño de funcionarios, y lo hizo sin previo aviso. No obstante, la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, dijo durante una reunión de la comisión postuladora de cortes de Apelaciones que el OJ había entregado 155 millones de quetzales de presupuesto al Consejo, pero que «fueron perdiendo las partidas (de dinero) porque no las utilizaron». No se sabe si con ese dinero podían contratar personal.

Carlos Guerra tiene 20 años de laborar en el Organismo Judicial, de estos ha fungido 13 años como juez de instancia. Antes de presidir el Consejo, fungió como juez Cuarto de Instancia Penal y uno de los últimos casos que conoció fue el de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron quemadas 41 niñas.

Dato: ¿Cómo se evalúa a un juez? La ley habla de seis aspectos: Evaluación disciplinaria y ética; cantidad de resoluciones dictadas; calidad de las resoluciones emitidas, evaluación académica; entrevista personal con los miembros del Consejo de la Carrera Judicial; calificación de los usuarios del juzgado al que pertenece.

El juez Guerra fue electo por sus pares para representarlos ante el Consejo y luego, por un sorteo fue electo presidente de este órgano. La suerte le favoreció, en febrero de 2018, cuando estaba en coma a causa de un accidente de tránsito. Su periodo y el de los otros representantes de jueces y magistrados electos, concluye el abril próximo.

Guerra, que devenga un salario como magistrado y tiene las mismas prerrogativas, se postula a magistrado de CSJ o de Apelaciones. El Movimiento Pro Justicia vetó su participación por obvias razones: incumplimiento de atribuciones, ya que le achacan el haber incumplido con la elaboración del reglamento. Esto impide que el Consejo cumpla con la evaluación de desempeño de jueces y magistrados.

Por la falta de esa evaluación, se complicó y detuvo la elección de candidatos a CSJ y Apelaciones. La única propuesta que el Consejo hizo, luego de la crisis, es que necesitarían de siete meses para hacer las evaluaciones. Esto alarmó a varios sectores sociales, ante el temor de la prolongación de funciones de los magistrados salientes.

La activista Hellen Mack, que ya había obtenido el rechazo definitivo a su primer amparo ante el juzgado decimocuarto, presentó una apelación ante la CC. La resolución de este amparo zanjó el problema el 16 de noviembre de 2019.

Por unanimidad, los magistrados fijaron el plazo de un mes al CCJ para evaluar solo a quienes manifestaran interés de ser electos. También fijó 20 días más a las postuladoras para elaborar la nómina. Ese plazo inició a correr el pasado 6 de enero y concluye el 25 de enero 2020. Ese día, apenas dos semanas después de haber sido juramentados los nuevos diputados, el Congreso tendrá que recibir la nómina de candidatos de la CSJ y de Apelaciones.

Después de la resolución de la CC, la CSJ puso a disposición mobiliario, equipo, instalaciones y designó a 173 empleados (entre abogados, analistas, técnicos y personal administrativo) para cumplir con la comisión de hacer las evaluaciones en un mes.

Hasta antes de la resolución de la CC, el CCJ solo tenía a 24 personas para hacer el trabajo, entre abogados del Departamento Jurídico, integrantes de la Unidad de Evaluación y del Archivo.

¿Por qué el Consejo de la Carrera Judicial no se pronunció ante todas las complicaciones que enfrentaba para hacer las evaluaciones?

Ese silencio cómplice es el que señalan varios actores. “Es el Consejo de la Carrera Judicial el responsable, no hay más” dice contundente Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

En lugar de pronunciarse por los problemas que enfrentaba, la única salida del CCJ fue enviar cartas a todas las universidades del país en donde se imparte la carrera de Ciencias Jurídicas, para solicitar que 10 estudiantes de derecho les ayudaran a realizar la evaluación de forma gratuita. Ninguna respondió.

La ironía es que, aunque se señale el incumplimiento de labores, ante la falta de un reglamento tampoco se sabe cómo destituir de forma independiente a los integrantes del CCJ. La Ley de la Carrera Judicial dice que son ellos mismos quienes deciden sobre cómo quitar del cargo a uno de sus integrantes.

Aunque la CC haya dado una salida a esta elección de magistrados en 2020, el CCJ todavía debe asumir su responsabilidad de emitir un reglamento y poner en marcha la evaluación anual de jueces y magistrados, para que este problema no vuelva a repetirse dentro de cinco años.

A diferencia de otras convocatorias, en donde han participado cuatro o seis planillas, en 2019 se inscribieron 21 grupos que mostraron interés en representar al CANG en las dos postuladoras.

¿Por qué tanta participación? La respuesta es sencilla: los operadores tradicionales con el “Rey del Tenis” y otros perdieron poder, y eso provocó que más actores quisiera tomar partida y ganar el mayor número de espacios en las postuladoras.

El Movimiento Pro Justicia realizó un informe previo a esa elección, en donde planteaba que entre los actores destacaban cinco grupos. El primero lo encabeza Juan Carlos Godínez, como representante de los abogados de Mixco. Un grupo que destacó porque se organizó con abogados que trabajaban en la municipalidad de ese municipio en tiempos del alcalde Amílcar Rivera, luego tuvieron auge para convocar abogados que laboraban en instituciones de gobierno para diversas elecciones. El informe no lo menciona, pero en el gremio de abogados se dice que también trabajó con ellos el expresidente del CANG y excandidato presidencial del partido Todos, Fredy Cabrera.

El segundo grupo está conformado por exdirectivos del CANG. De esta agrupación destacan el expresidente del CANG, Luis Ruiz, actual encargado de la Unidad Académica y, entre otros, Erick Castillo, presidente del Tribunal de Honor y abogado de López Villatoro.

Al grupo anterior se les presenta como quienes «están a la cabeza de un grupo que logró exitosamente maniobrar en el proceso de postulación de candidatos a director general del IDPP (Instituto de la Defensa Pública Penal), controlan los puestos directivos en el colegio, con buenas conexiones con el gremio de jueces y magistrados; y grandes aliados de López Villatoro y (Gustavo, “el Gato”) Herrera», cita el informe del Movimiento Pro Justicia.

López Villatoro está preso por sospecha de tráfico de influencias en la elección de magistrados de 2014. Aunque su poder disminuyó, a partir de la investigación penal en su contra, no se desvanece. Lo mismo ocurre con Herrera, prófugo y asilado en Nicaragua, a quien se requiere por un caso de lavado de dinero vinculado al desfalco del Seguro Social durante la gestión presidencial de Alfonso Portillo.

El tercer mencionado es Héctor Hugo Pérez Aguilera, exfiscal general y exmagistrado de la CC que comandó al colectivo Dignificación Profesional, al que pertenece Nester Vásquez, quien presidió la CSJ de 2018 a 2019. Pérez Aguilera está interesado en dirigir la Corte Suprema.

El cuarto es Estuardo Gálvez, del grupo Ética y Derecho, dos veces Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Junto a él, el exmagistrado y actual decano de la Facultad de Derecho de la Usac, Gustavo Bonilla, que integra las dos postuladoras de magistrados. Y, por último, los abogados que responden a los exdecanos Avidán Ortíz y el magistrado de la CC, Bonerge Mejía.

Y, aunque no aparece en el informe de Pro Justicia, también se ha mencionado en el ámbito de juristas el nombre del empresario vinculado a cinco procesos penales, Gustavo Alejos. El evidente interés del exsecretario privado del expresidente Colom, y financista del PP y la UNE, es que sus casos puedan tener una salida judicial favorable en segunda instancia, o cuando requiera el cambio de jueces. Esto, por supuesto, es una suposición diseminada en el gremio de abogados.

De los 21 grupos que participaron en las elecciones, ocho se quedaron con las 24 plazas en las comisiones (doce en cada postuladora). La inversión de dinero para la campaña de estas agrupaciones no está cuantificada. Hubo desayunos, almuerzos, publicidad en redes sociales, volantes, mantas, y el día de las elecciones edecanes y lechones en el asador. De los ocho, solo el grupo de Gálvez obtuvo tres posiciones en cada postuladora. Los demás, uno o dos espacios.

Antes de concluir su mandato, en junio de 2019, Cicig presentó el informe Comisiones de Postulación: Desafíos para asegurar la Independencia Judicial, en el que señaló que el modelo de elección establecido en la Constitución tenía falencias.

Destacó la proliferación de universidades de cartón, las deficiencias en las tablas de gradación, con las que se califica a los candidatos y, entre otras cosas, la vulnerabilidad a la cooptación de poderes políticos y fácticos.

Plaza Pública requirió un informe al CANG para conocer de qué universidades provenían la mayoría de abogados colegiados en la última década. El resultado muestra que Guatemala y Quetzaltenango presentan un número mayor de abogados colegiados. Aunque la Usac es la que más graduandos tiene, también es interesante notar que, en oposición, las Universidades de Occidente y San Pablo apenas tienen tres y un colegiado, pero tienen igual representación que la Usac y las otras universidades en la elección de magistrados y otros funcionarios del sector justicia.

El Instituto de Magistrados, una instancia que aglutina a todos los magistrados de apelaciones del país, también hizo una jugada que perjudicó el proceso de elección de 2019. Convocó a sus agremiados a participar en la elección de sus doce representantes en la postuladora que seleccionará a los candidatos de Corte Suprema de Justicia, a través de correo electrónico.  

Esto fue una muestra de la negociación previa, porque se presentó una planilla única. Los operadores fueron magistrados aliados a los grupos del Colegio de Abogados. Entre ellos Gilma Valladares (integrante del Consejo, integrante de la comisión postuladora y aspirante a una magistratura), Mauricio Corado, Jenny Alvarado, Estuardo Castellanos Venegas y Zonia Santizo, según una publicación de elPeriódico.

Esa ausencia de publicidad en la convocatoria y la falta de apertura a competencia fueron objeto de un amparo del magistrado Noé Ventura Loyo, que al ser denegado llevó a que se solicitara la apelación ante la CC. La Fundación Mack, por su parte, también obtuvo una negativa ante un amparo presentado en el juzgado décimo cuarto por la falta de evaluación del desempeño de los magistrados que buscaban la reelección, y presentó apelación ante la CC por la falta de evaluación de jueces y magistrados.

La CC tomó su tiempo para resolver y fue hasta el 16 de septiembre que resolvió amparar a los solicitantes, justo cuando faltaban dos días para que la postuladora de CSJ eligiera la nómina. Para ese momento la postuladora de Apelaciones ya tenía listas las calificaciones de 1,023 expedientes que recibió. El proceso fue detenido.

La CC ordenó la repetición de la elección del Instituto de Magistrados, que integraban la comisión para la Corte Suprema de Justicia. Esto obligaba a repetir todo el proceso, también exigía que ambas comisiones cumplieran con requerir al Consejo la evaluación de los jueces y magistrados que buscaban ser electos.

A finales de octubre, Félix Serrano, presidente de la postuladora de Corte Suprema, criticó la tardanza de la CC en resolver los amparos. El trasfondo de lo que ocurre, explicó, lo hace figurar como «el juguete de a saber qué intereses”, sujetándolos “al vaivén de saber qué cosa».

Si antes se creía que la ficha, como dijo Serrano, la movía finalmente el Congreso, en este proceso se vivió un escenario en donde las fuerzas que se mueven estaban bien asentadas en el sistema de justicia.

El Instituto de Magistrados fue obligado a repetir en octubre la elección que había hecho a finales de junio. Aunque los constituyentes, en 1984, estipularon este sistema de elección en donde los magistrados de apelaciones eligen a los de la Corte Suprema y viceversa, con el tiempo se ha comprobado que se ha utilizado como una moneda de cambio. Este sistema funcionó a modo de “yo te elijo, tú me elijes” para gestionar favores. En la nueva elección, el Instituto de Magistrados registró tres planillas y por lo menos ocho de los magistrados que participaron en el evento anulado fueron reelectos.

El Instituto de Magistrados ha velado por los intereses de sus integrantes, especialmente en este proceso donde varios buscan la reelección u ocupar uno de los 13 puestos en la CSJ. Este mismo Instituto fue el que se opuso a que sus integrantes estuvieran sujetos a la evaluación de desempeño, algo que estipula la Ley de la Carrera Judicial en vigencia desde 2016. El Instituto de Magistrados presentó una inconstitucionalidad para evitarlo, pero no fue otorgada. En diciembre de 2019, 350 jueces y magistrados fueron evaluados y el resultado se entregó en enero a las dos postuladoras.