Un proceso electoral complejo por el número de candidatos inscritos (¿de verdad hay más?)
El proceso electoral 2019 estuvo marcado por señalamientos de una oferta electoral numerosa. En relación con el 2015, el número de candidaturas se incrementó un 36 % para el 2019, lo cual pudo verse reflejado en más opciones para candidaturas a alcaldías y diputaciones; sin embargo, refleja una cifra similar que las elecciones del 2011. En cuanto a las opciones para elegir binomio presidencial, la cifra de aspirantes ha sido la más alta de los últimos cuatro procesos, casi duplicando la oferta del 2011. Y pudo haber sido mayor de no haberse frustrado la candidatura de cinco binomios que no fueron inscritos por diversas razones.
En resumen, sí hubo más oferta electoral en relación con el proceso anterior por número de candidaturas, pero la cifra total fue semejante a la del proceso electoral 2011, así que no es cierto que el proceso era más complejo por el número de candidatos inscritos. Ya teníamos experiencia previa.
Fuentes: elaboración propia con datos del TSE (2019), Mirador Electoral (2016), Asíes (2007) y Flacso (2015).
Un proceso electoral señalado por la judicialización de casos (¡nada nuevo!)
El fenómeno de la judicialización del proceso electoral 2019 no es nuevo, salvo en su intensidad. Recordemos los casos de los presidenciables Sandra Torres (¡sí, la misma que hoy pasa a segunda vuelta en primer lugar!) y Harold Caballeros en las elecciones 2011. También en las elecciones del 2015 los señalamientos de corrupción de autoridades nacionales fueron el contexto en el que se reeligieron candidatos con procesos judiciales abiertos. Dos ejemplos paradigmáticos fueron los de Gudy Rivera y Emilenne Mazariegos. Y si nos vamos más atrás, podríamos revisar el caso de la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial en las elecciones del año 2003 por orden de la Corte de Constitucionalidad al Tribunal Supremo Electoral.
Aun si es cierto que no ha sido algo nuevo, este año sus efectos se han dejado sentir más: al menos dos de los cinco binomios no inscritos (Semilla y Valor, además de Fuerza, Prosperidad Ciudadana y Unidad del Cambio Nacional) encabezaban las encuestas, y uno de ellos, el de Semilla, ofrecía romper con el sistema corrupto y combatir las redes de corrupción del Estado de la mano de entidades supranacionales como la Cicig.
Tres días antes de la elección, el TSE admitió que existían casos de candidatos a diputaciones, al Parlamento Centroamericano y a corporaciones municipales cuya inscripción aún debía ser analizada, al menos 70 nulidades pendientes de resolver. Lo harían en el momento de adjudicar los cargos.
Según informes de observación de Mirador Electoral, los efectos de la judicialización de los procesos electorales van desde la generación de incertidumbre entre el electorado, el surgimiento de conflictos y la escalada de actos de violencia hasta retardar la gestión y restar credibilidad a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Y una encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo publicada pocos días antes de la elección 2019 daba cuenta de que un 51 % de los encuestados percibían que «habría fraude» o «cuestionaban las elecciones porque no dejaron participar a varios candidatos».
En resumen, sí hubo judicialización de casos vinculados al proceso electoral, pero no ha sido nada nuevo: no es el primer proceso que enfrenta escenarios similares, por lo que las lecciones aprendidas deberían alertar al sistema para prepararse mejor y evitar el desgaste institucional y sumar legitimidad. ¡Adiós al mito!
El reto por el aumento en el número de empadronados y los jóvenes votantes (¿el desencanto?)
La participación electoral es una actitud que fortalece el proceso democrático. Haciendo una analogía con potenciales compradores desde el punto de vista mercadológico y un proceso de ventas, esperarías llegar a metas altas, lo más cercano a que el 100 % de tus clientes potenciales te compren al menos un producto. Sin embargo, el actual proceso electoral parece apuntar un desencanto de los votantes: Los últimos tres comicios reportaron un crecimiento sostenido en la participación de los votantes, que ahora se revirtió. Volvimos a números similares a los de 2007, con un 61.38 % de participación y 38.62 % de abstencionismo (con el 98 % de los datos escrutados).
La esperanza de incrementar el padrón con votantes jóvenes y así refrescar el proceso electoral se disipó también, según el análisis del padrón elaborado por el economista Carlos Mendoza: un promedio de 41 años en los empadronados y solo un 15 % de personas entre 18 y 25 años.
Por otra parte, como resultado de la Unidad Especializada sobre Voto en el Extranjero (UEVE), creada por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016 (artículo 67, decreto 26-2016), por primera vez en la historia de Guatemala la autoridad electoral estableció el servicio de voto en Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York, Silver Spring y Houston fueron la prueba piloto. El resultado del primer ejercicio de voto en el extranjero estuvo marcado por el abstencionismo, que llegó a cifras de 98.85 %. La experiencia de otros países que han implementado ejercicios de voto en el extranjero refleja escenarios similares. Según Alessandra Rossi, directora en Guatemala de International Foundation for Electoral Systems, la tendencia es a no participar en ejercicios similares.
Así que lejos quedaron esas expectativas de más votantes para fortalecer la democracia y más lejos aún la expectativa de más jóvenes votando por primera vez.
La segunda vuelta y la legitimidad de los «ganadores»
Con el 98 % de las mesas escrutadas, los datos del Tribunal Supremo Electoral sugieren una segunda vuelta electoral para elegir binomio presidencial entre los candidatos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, con el 25.73 % de votos a favor), Sandra Torres y Carlos Raúl Morales, y del partido Vamos (con el 13.89 % de votos a favor), Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo.
Aunque formalmente llenan el requisito para realizar una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, la gran interrogante es la legitimidad de dos candidatos que apenas alcanzaron 1,116,393 votos a favor en el caso de la UNE,y 602,853 para Vamos. Eso significa que solamente un 13 % de los empadronados votaron por el binomio de la UNE y el 7 % por el de Vamos. ¿Cuál puede ser el grado de aceptación de las políticas públicas implementadas por un Ejecutivo con tan escaso grado de apoyo popular en un país con altos grados de polarización, como ha sido Guatemala en los últimos tiempos?
Los partidos nuevos (¡y los viejos que se van!)
La sorpresa del día la dieron Edmond Mulet, Thelma Cabrera y el Movimiento Semilla, tres actores sin estricta experiencia en procesos de elección popular, pero que lograron posicionarse en lugares preferenciales de los votantes. El Partido Humanista y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) lograron posicionarse en tercera y cuarta posición de preferencia, con 483,916 y 452,064 votos a favor, respectivamente. Esas cifras no están muy lejanas de los votos que logró acumular el segundo lugar de Giammattei, con la experiencia acumulada en procesos anteriores de este candidato. El MLP fue una de las sorpresas a nivel presidencial (aunque ahora su candidata dice desconocer los resultados), pero en el Congreso las proyecciones solamente le dan una curul.
El mismo presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Juan Carlos Tefel, le manifestó al vespertino La Hora su «preocupación debido al cuarto lugar» de Cabrera, evidenciando así que no esperaban un ascenso tan marcado de la candidata que prometió nacionalizar la energía eléctrica.
Por su parte, un partido nuevo y con pocos recursos como el Movimiento Semilla logró posicionarse y obtener siete curules en el Congreso. Sin candidata presidencial, con perfiles tan jóvenes como su propio secretario general, Samuel Pérez, y exfuncionarios que se desmarcaron del actual gobierno en un momento de crisis por diferencias con el rol de la Cicig, como la exministra de Salud Lucrecia Hernández Mack, también fueron la sorpresa de la elección. Semilla logró posicionarse como otros partidos con más experiencia: según los resultados casi finales, el partido tendría al menos siete diputados al Congreso.
Sin embargo, aunque mucha opinión utilizó el lema de acabar con la vieja política, en alusión a aquellos con muchos años en la administración de los recursos públicos, esto solo quedó en una frase bonita. Muchos de los partidos más tradicionales, por llamarlos de alguna manera, fueron los que eventualmente conseguirán mayor representación en el Congreso: de acuerdo con los resultados casi finales, la UNE lograría posicionar unos 53 diputados; Vamos, 16; UCN, 12; Valor, 9; BIEN y FCN-Nación, 8, y VIVA y Todos, 7. Varios de estos partidos con miembros que tienen procesos abiertos en la justicia.
Un caso paradigmático es el hecho de que la Unión del Cambio Nacional (UCN) podría ser la tercera fuerza en el Congreso a pesar de haber sido señalado de narcopartido por cables filtrados por WikiLeaks desde el 2009 y de que su fundador, Mario Estrada, fue capturado hace semanas en Estados Unidos acusado de haber solicitado dinero al Cartel de Sinaloa para su campaña presidencial. Según los datos de votaciones por listado nacional, más de 200,000 personas votaron por este partido. ¿Qué se espera de ellos?
Por otro lado, algunas agrupaciones que han manifestado una agenda de fiscalización permanente, como Encuentro por Guatemala (aunque su secretaria general, Nineth Montenegro, también tiene procesos abiertos con la justicia), desaparecerán porque no llegaron a los mínimos que estipula la Ley Electoral, un 5 % de votos válidos o al menos una curul en el Congreso. En total, siete partidos pueden desaparecer. ¡Adiós a Encuentro por Guatemala, Avanza, Fuerza, Libre, Productividad y Trabajo, Unidos y Convergencia!
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