La candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, aseguró que los grupos criminales que extorsionan a los guatemaltecos recaudan Q450 millones al año por ese delito. “Hoy podemos cuantificar que Q450 millones es lo que recaudan los delincuentes con las extorsiones cada año”, dijo Torres durante su participación en el Foro Presidencial realizado el pasado 5 de octubre, organizado por el diario Prensa Libre y transmitido por Guatevisión. La candidata no precisó la fuente de esa información, y su portavoz no atendió a los llamados que se le hicieron para verificar el dato.
La aseveración de Torres es “sin pruebas”, ya que no hay datos oficiales que contabilicen los montos exactos de las extorsiones.
Entre 2008 y 2014 Guatemala registró un total de 35,524 denuncias de extorsiones, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Durante el gobierno de la UNE (2008-2012) se denunciaron 18,067 casos de extorsión, mientras que en los primeros tres años de la administración del Partido Patriota (PP), sumaron 17,457 denuncias. Los municipios más afectados en 2014 fueron: Guatemala, Mixco y Villa Nueva.
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El Ministerio de Gobernación relacionó la cantidad de buses, comercios, familias y taxis extorsionados cada año y sumó los montos exigidos según las denuncias, y determinó que los involucrados en este delito podrían obtener un promedio de Q474 millones. Sin embargo, esa cartera carece de una herramienta científica para hacer un cálculo confiable.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sobre el fenómeno de las extorsiones y las medidas de prevención que se han implementado –como la creación de la Fuerza de Tarea contras las Extorsiones (FTE) o la aplicación telefónica contras las extorsiones lanzada por el Ministerio Público en julio pasado– concluye que la dimensión real de la incidencia del delito es imposible de determinarla.
Lorena Escobar, abogada y analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que siempre habrá un margen de error al cuantificar el costo de las extorsiones, porque existe una “cifra negra” o vacío, debido a las personas que no denuncian el delito. La experta opina que se debe fortalecer el sistema judicial para que la población recupere la confianza en la justicia. “En la medida en que se logren más sentencias condenatorias y la gente mire que denunciar funciona, se puede lograr una cultura de denuncia”.
El Organismo Judicial ha conocido 7,622 casos de extorsión durante los últimos diez años, en 1,838 de estos lograron sentencia condenatoria, y en 405 absolutoria.
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