Durante la citación, Alfonso Alonzo aseguró que el año pasado representantes de la empresa Desarrollo Integral Rocjá Pontilá visitaron su oficina para “apresurar” el proyecto. “Me llegan a decir a mí: señor Viceministro, nosotros lo vamos a demandar a usted y al Ministro porque están contra la ley. La ley dice que si el proyecto está fuera de áreas protegidas, el dictamen de Conap no es vinculante. Me dijeron que me iban a denunciar por incumplimiento de deberes”. Sin embargo, al ser cuestionado por Plaza Pública sobre las presiones de la empresa hacia el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el funcionario dijo no recordar los nombres de los representantes de la compañía que lo visitaron. ”Están en su derecho de demandar”, subrayó.
El diputado José Rodrigo Valladares Guillén citó al Ministro de Ambiente, Sydney Samuels, para presentarse al Congreso el 25 de enero y aclarar dudas sobre el proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá, tras la publicación del reportaje de Plaza Pública que revelaba cómo su cartera aprobó el proyecto a pesar de los diagnósticos negativos de las instituciones consultadas. Samuels se excusó, y en su representación envió al Alonzo, quien llegó acompañado de César Oswaldo Díaz Castillo, director de gestión ambiental y un técnico del Ministerio. El jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau Quan, también participó en la reunión.
Durante la citación, Alonzo explicó que la administración del ministro Samuels empezó a conocer el expediente a partir de la visita de los empresarios, en junio de 2016. El MARN aprobó el proyecto en noviembre de 2016, ignorando los argumentos del Conap, de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos y del Instituto Nacional de Bosques (Inab). Para estas instituciones, la hidroeléctrica constituye un peligro para la biodiversidad y una violación al convenio internacional para la protección de humedales Ramsar y al plan maestro del parque nacional Laguna Lachuá.
El Viceministro defiende el proyecto hidroeléctrico. Durante la citación argumentó que la aprobación se hizo con base a criterios técnicos y legales. “Se puede oponer el país, si quieren, pero no podemos detener el proyecto si es legal y técnicamente viable”, aseguró.
Alonzo indicó que instituciones como el Conap pueden emitir una opinión técnica, pero que ésta no es vinculante. El Conap, argumentó el funcionario, sólo tiene jurisprudencia en las áreas protegidas y en su dictamen determinó que el proyecto se encuentra fuera del área protegida del Parque Nacional Laguna Lachuá. Según el Conap, el tramo intervenido del río Icbolay desemboca en el parque nacional, y por lo tanto, la hidroeléctrica sí afectará el área protegida.
Antes de la aprobación final del proyecto, el MARN rechazó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa. En 2015, la empresa ingresó un nuevo EIA y el Ministerio lo remitió al Conap para que diera su opinión. En este expediente encontró tantas incongruencias y debilidades que pidió que los consultores ambientales que lo redactaron fueran llevados ante el tribunal de honor del Colegio de Ingenieros.
Tras la opinión desfavorable de Conap, el MARN tardó varios meses en tomar una decisión. El viceministro Alonzo explicó a Valladares que el proyecto Rocjá Pontilá “estaba satanizado”, y por eso los consultores ambientales del MARN no querían analizarlo, con lo cual, el expediente estaba estancando. “La empresa, como cualquier otra, tenía todo el derecho de denunciar al Ministerio por la tardanza en los expedientes”, sostuvo el funcionario.
Documentos del expediente obtenidos por Plaza Pública muestran que antes de la aprobación del proyecto, el Viceministro nombró nuevos asesores ambientales para que evaluaran y aprobaran el EIA. Del equipo de tres asesores que evaluaron el estudio, solo Omar Pedro Samayoa Allara firmó el dictamen favorable. Este hecho llamó la atención del diputado Valladares, pero según Alonzo, basta con que uno de los técnicos lo firme para que el estudio pueda ser aprobado.
—El MARN improbó los estudios de impacto ambiental en otras ocasiones. ¿Por qué motivo se aprueba en 2016, si sólo se cambiaron aspectos como el título y el consultor ambiental que elaboró el documento? —preguntó José Valladares.
—No podemos hablar por administraciones anteriores. El estudio que nosotros vimos, que se investigó, llena todos los parámetros técnicos y legales —contestó Alfonso Alonzo.
En agosto del año pasado, el MARN constató que la empresa había construido un puente, una casa patronal, oficinas y un campamento de trabajo sin tener estudio de impacto ambiental aprobado. El Viceministro informó que se le aplicó una multa de Q60 mil. “No sé si ya la pagaron”, indicó Alonzo.
El MARN supervisa proyecto en helicóptero de la empresa
El diputado José Valladares también cuestionó al Viceministro sobre el uso de helicópteros y avionetas propiedad de la empresa para las visitas a la región. Alonzo confirmó que realizaron un sobrevuelo para determinar las dimensiones del proyecto en uno de los helicópteros de la empresa.
“El MARN no contaba con los recursos y pues a ellos les interesaba que se tomara dictamen”, dijo el Viceministro, para quien esto no conlleva conflicto de intereses. En otras ocasiones, indicó, técnicos del MARN han viajado en transportes aéreos de empresarios de megaproyectos. Alonzo mencionó algunas inspecciones a proyectos de caña.
La bancada Todos analiza citar a otros consultores que trabajaron el EIA. Al finaliza la citación, el diputado Valladares dijo que estudiarían las respuestas del Viceministro para determinar las acciones a tomar en este caso. Por ahora, el proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá no se detiene.
