“Si no lo suficiente, sí hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para evitar la conflictividad”

El Ejecutivo anunció el 12 de julio una moratoria minera, dos meses y medio después que aprobó las licencias de explotación de Minera San Rafael y Compañía Guatemalteca de Níquel. Según Erick Archila, ministro de Energía y Minas, la medida pretende empujar una reforma integral a la ley de Minería que sea producto de un amplio debate de todos los sectores involucrados. ¿Quién liderará este debate? “Creemos que es el momento de tener un gran diálogo y buscamos que el Congreso sea el ente para ello”, sostiene el ministro.

Hasta el momento, el acuerdo de regalías voluntarias al que llegó el gobierno de Otto Pérez Molina con las empresas extractoras al principio de su gestión representa el cambio más visible en la marcha minera del país. El convenio establecía regalías adicionales al 1% impuesto por ley: 5% para oro,  4% para plata y 3% para níquel, de acuerdo a un precio base de cada metal en el mercado internacional y la producción obtenida. El cambio depende exclusivamente de la buena intención de la industria, que podría rechazarlo en cualquier momento si quisiera, como reconoce Archila.

Con la propuesta de reforma “se trata de dejar un legado”, dice el ministro y hace un recuento de otras medidas que no han sido tan publicitadas: seguimiento permanente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en las zonas donde están los proyectos mineros; la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática social que generan; y la creación de una carrera técnica en minería con la Universidad San Carlos (USAC) y el MEM. “Por primera vez habrá técnicos mineros. Todos los trabajadores de las empresas mineras son maestros porque no hay una carrera técnica en el país. La meta es que se forme gente, porque las empresas ya están y tendrán operaciones por 25 años”, afirma.

¿Y si no caminan las reformas, que ya tiene detractores entre los sectores que apoyan la minería como los que no la apoyan? Archila ve un panorama poco alentador para la industria minera. Por un lado, por la conflictividad social que provoca, causa oficialmente indirecta de la imposición de estados de sitio. Por el otro, por la falta de seguridad jurídica que se brinda a los inversionistas extranjeros. “Considero que Guatemala tiene que tener un cambio de visión en el sector minero, encontrando un balance en el que todos sectores puedan aportar y que cada uno de ellos pueda decidir que se incluirá y que no una nueva ley producto de un debate amplio”, dice. 

El anuncio de la moratoria sorprendió a todos, personas a favor del desarrollo de minas en el país como de aquellas que se oponen, porque se da justo después de dar dos permisos de explotación y cuando el gobierno ha defendido este tipo de inversiones en el país. ¿Por qué una moratoria en este momento?

Llevamos 18 meses de gobierno. Desde que asumí como ministro designado, desde el 16 de noviembre de 2011, hice un análisis completo de cada uno de los sectores de mi cartera. ¿Qué nos orilló a tomar esta decisión? En primer lugar, analizamos cómo se encontraban los marcos jurídicos desde el inicio de la gestión y nos dimos cuenta que la ley que rige al sector minero es desde 1997.

Esta ley pretendía ser de segunda generación. El resto de países que buscaban inversión minera ya tenían leyes más antiguas.

Así es, sin embargo fue hecha y aprobada seis años antes que existiera una industria minera en el país. No había ningún proyecto.

¿Ni interés?

Interés ya existía. Pero no una industria. La exploración empieza a finales de 1990 y es en 2003 que se otorga la licencia de Montana Exploradora, la primera gran licencia, el único proyecto tecnológico y de explotación industrial de alta envergadura. Ahora vemos que la ley tiene debilidades.

¿Debilidades?

Sí, firmamos acuerdos con Chile, Colombia y Perú, que nos llevan la delantera en la industria minera, y vienen equipos de estos países para analizar el marco jurídico. Estos determinan que la ley guatemalteca no es la mejor. Creamos equipos técnicos dentro del ministerio y voy al Congreso a buscar las últimas tres o cuatro propuestas, porque cada gobierno que ha llegado desde 2003 a la fecha ha intentado aprobar diferentes cambios a la ley.

¿Qué debilidades tiene la ley actual?

Primero, no se da información sobre los proyectos a las comunidades. Éstos no están obligados a comunicar ningún tipo de información. Esto es una debilidad.

¿Por qué?

Porque como no está reglamentado el tema de las consulta, proponemos que, mientras se llega a un reglamento o ley sobre consultas, las industrias mineras informen a la población sobre sus proyectos. Y esa ha sido parte de la dificultad. Nos hemos topado, por ejemplo, en el caso de San José del Golfo, una mina autorizada en la administración del presidente Colom, que la población dice que nunca se le informó que era una mina y argumentan que les dijeron que iba a ser un proyecto habitacional. La falta de información es clave.

¿Qué más?

Segundo, los cierres técnicos. Las minas deben de tener cierres técnicos permanentemente y la ley actual ni siquiera contempla ese tipo de cosas. A nuestro criterio debe de haber una seguridad para el Estado y proponemos un seguro ambiental. Además, un fondo minero porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos, en el caso de la mina Marlin, percibe Q70 millones en regalías pero la municipalidad que está a tres kilómetros de ahí, ni un centavo. La ley actual sólo le da el beneficio a la municipalidad anfitriona. Igual creamos el consejo minero, que será presidido por el MEM y busca que todo los entes que tienen participación en la industria se puedan interrelacionar. Y, por último, tratamos de poner en ley el tema de las regalías, que ahora es un un acuerdo voluntario y sólo para oro, plata y níquel. En la propuesta de ley plasmamos los demás metales.

¿Qué pasaría si las mineras se echan atrás con el acuerdo?

El Estado no tiene nada que hacer y sólo pagarían el 1%, que es lo que está en ley.

Justo esa fue una de las críticas que se hizo cuando, en enero de 2012, se aprobó el borrador marco de regalías voluntarias.

Es que no había opciones. Le seré honesto. Hicimos un benchmarking de cómo se encuentra la minería latinoamericana –México, Colombia, Perú y Argentina-, vimos los porcentajes que se pagan en concepto de regalías y Central American Business Intelligence (CABI) hizo un estudio en el que se reflejaba cuánto pagaba todos los metales. La alternativa era lograr este acuerdo voluntario de corto plazo que, con la buena voluntad de las partes, afortunadamente se logró; o si no, esperar la aprobación de una nueva ley con nuevos porcentajes de regalías. El sector siempre ha estado abierto a un cambio en los porcentajes de regalías y vimos con buenos ojos poderlo hacer en el corto plazo para dar muestras de ello. Avanzamos con ello y presentamos en octubre de 2012 una reforma a la ley, pero estamos en julio de 2013 y no se ha avanzado en ella.

Al momento de presentar esta reforma, el sector minero no la vio con buenos ojos…

Pero fueron convocados.

Sí, pero fue mal recibida por el sector minero…

Seguro…

La vio mal el consejo maya, los organismos no gubernamentales contra la minería metálica, los movimientos sociales que se oponen a las minas, las alcaldías, los diputados. No se le ve futuro a esta reforma.

Creemos que es el momento de tener un gran diálogo y buscamos que el Congreso sea el ente para ello. No tienen por qué tomar esta propuesta de reforma, pueden tomar otra; pero deben de sentarse los actores. La situación actual no es viable cara al futuro. Pudimos no haber presentado nada y seguir como estamos. ¿Y qué le voy a entregar a la siguiente administración? ¡Problemas!

¿Usted recibió “problemas”?

Sí.

¿San José del Golfo y San Rafael, por ejemplo, han sido problemas para su gestión?

Es que no hay marcos jurídicos. No son problemas, estamos hablando de dos cosas. Una situación es la inversión que genera, lo cual es muy positivo para el país y la apoyamos; pero la otra situación es no contar con marcos jurídicos adecuados. ¿Cuál es el futuro de la minería en el país si no se corrigen los marcos jurídicos actuales? No hay un futuro. Cada gobierno vendrá a ser selectivo, a tomar la decisión de si un proyecto minero es bueno o no, si tiene o no tiene conflictividad social y no avanzará mucho. Lo que vive Guatemala en el sector minero, ya lo vivieron Perú, Colombia y Chile hace muchísimos años. Sin embargo, estos países han evolucionado y su sector minero ha crecido con su apoyo pero regulándolo.

¿No es ingenuo esperar que el Congreso se haga cargo de este debate cuando tiene paquetes de leyes con más de un año de estar varadas?

Sí, pero… (Se queda en silencio)

Creo que el Congreso tendrá que conocer todo este tipo de iniciativas de ley. Ahora bien, si no, el camino es seguir como estamos.

Pensando mal, se podría creer que la moratoria se da después que el caso de la minera San Rafael ha generado mala publicidad al gobierno central por el nivel de conflictividad social existente y el Ejecutivo le pasa el problema al Congreso, una vez se han aprobado los permisos.

No, no es eso. Nosotros pudimos haber puesto la moratoria desde el inicio de la gestión. Hemos apoyado los proyectos de inversión minera, y las palabras del presidente Otto Pérez Molina han sido claras en ese sentido, pero sería muy irresponsable como gestión de gobierno no buscar una solución a un tema que requiere de modificaciones legales.

Entonces, el camino era decirle al Congreso que hiciera las reformas. ¿Y la moratoria por dos años?

Lo que salga antes. La moratoria es por dos años o antes de lo que se pueda resolver en una ley. Si la ley entra en discusión en dos meses y se resuelve en dos meses más, en cuatro meses continuamos. De verdad, lo que andamos buscando es dejar el mejor legado a las siguientes administraciones. Lo más simple es hacer lo que se hizo en los anteriores gobiernos: no tocar el marco jurídico y decidir “este sí, este no” la aprobación de las licencias.

Entonces, la gestión anterior se lavó las manos decretando una moratoria y no buscando reformas serias. ¿Es así?

Sí, pero siguieron aprobando los proyectos que les convinieron. San José del Golfo fue uno de ellos. ¿Y cómo me enteré? Ni siquiera aparecieron en nuestros registros ni en el mapa de entrega cuando tomamos posesión del cargo. En febrero nos dimos cuenta cuando estalla el problema con la población. Cuando mandamos a buscar la información, es cuando aparece. Y se suponía que había una moratoria. Esa licencia se entregó en noviembre de 2011.

Sé que no le toca al MEM ni al Ejecutivo regular las consultas ciudadanas, pero toca los sectores del ministerio: hidroeléctricas y minas. ¿Han tratado de potenciar los diálogos entre las empresas y los movimientos sociales?

Por supuesto. Personalmente he tenido reuniones con sectores de la sociedad civil y grupos ambientalistas.

¿Cree que el MEM ha hecho lo suficiente para evitar la conflictividad social?

Si no lo suficiente, los mejores esfuerzos. Nosotros retomamos la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés). Desde que se formó la comisión de EITI en Guatemala han sido de esta administración. Hemos involucrado a la sociedad civil. Ahora el único país autorizado por EITI es Perú pero Guatemala fue elegida como candidato. Es el primer paso. En 18 meses hemos tratado de dejar una mejor estructura jurídica porque creemos que el país puede despuntar.

Me parece que se habla con la población y los movimientos sociales al final, cuando ya el problema existe, cuando ya hay protestas y cuando los permisos ya van.

Por supuesto, siempre tarde y no con la información pertinente. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién obliga a la empresa a dar información? Nadie. Entonces, se cumple con la ley. Si la legislación actual no dice nada y tengo una licencia de explotación, me instalo y ya. No tengo por qué decirle a los vecinos lo que voy a llegar a hacer. Compro la tierra, me instalo y punto. Es lo que está pasando. Para resolver este problema que cada vez es más patente, el Estado debe abordarlo de una manera diferente. Otra cosa sería irresponsable. Hay departamentos que no quieren industria minera. Por ejemplo, hable con 48 Cantones de Totonicapán y verá.

¿Con el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), por ejemplo, se han sentado?

Me he reunido con Calas. No es ningún secreto. Que no llegamos a tener la misma opinión, pues no; pero a través de la iglesia y con el nuncio apostólico, tuve una reunión con Yuri Melini, director de CALAS y una persona que respeto. Nos sentamos a platicar. Tenemos diversidad de criterios pero hemos intentado dialogar. Ahora proponemos, junto con el presidente Otto Pérez Molina, que ese diálogo se lleve en el Congreso.

La falta de diálogo ha generado problemas sociales y de seguridad a largo plazo.

Seguro. A este gobierno y lo hará a los futuros gobiernos.

En San Rafael, por ejemplo, entre enero y mayo se tuvo seis homicidios y 14 heridos, más de la mitad de ellos por incidentes de la minera.

Sí, pero también le genera problemas al gobierno. Hubo que imponer un estado de sitio porque en San Rafael hubo otros componentes: ahí hubo el robo de un camión de explosivos y sólo se recuperó el 50% de ello; asaltos y quema de propiedad. El Estado tuvo que actuar. Ahora bien, la primera solicitud de licencia del proyecto viene de 2006.

Los alcaldes de la zona aseguran que ya en noviembre de 2012 les habían dicho que la licencia de explotación se le daría a Tahoe Resources Inc., la empresa encargada del proyecto.

Es que el marco jurídico nos llevó ahí. En el futuro, la siguiente administración tendrá el mismo problema que encontramos: sin los marcos jurídicos correspondientes para un funcionario es muy difícil decir: “no puedo otorgar su licencia de explotación”.

Usted se reunión con los alcaldes a finales de noviembre pasado…

Me he reunido con los alcaldes desde febrero del año pasado.

Hablo de una reunión en Casa Presidencial, en la que adelantó que se le daría la licencia de explotación al proyecto de la minera San Rafael.

Es que se agotan todas las instancias. Una licencia entra a estudio, pasa los dictámenes jurídicos, pasa por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y estamos obligados a resolver. Si no resuelvo, el ente privado puede llevarnos a juicio por omisión de funciones y demandar al Estado. Cuando la empresa cumple con todos los procedimiento de ley, ¿cómo se debe de actuar? Nuestra obligación fue cumplir con la ley. Eso pasó con San Rafael, pero qué va a pasar en el futuro con los demás expedientes que existen.

¿Qué pasa con las solicitudes de licencias pendientes?

En este momento, no se otorgan.

¿A pesar de que ya se empezó con el proceso?

Sí, porque tenemos la moratoria. Es que mire, como ministro era más fácil dejar pasar estos dos años y medio de gestión y entregarle la brasa caliente al próximo ministro. Eso fue lo que nosotros recibimos. No recibimos una guía ni planes de futuro. La decisión de este gobierno es dejar un mejor legado para las siguientes administraciones y que sea una ley más sólida en la que el Estado tenga un mejor ejercicio jurídico.

¿Por ejemplo?

Si una empresa quiebra y se retira, por darle un ejemplo, qué acciones puede tomar el Estado para evitar un desastre en la zona. Ninguna. En 18 meses hemos tratado de dejar una mejor estructura jurídica de la minería, donde creemos que el país puede despuntar. Analice cuánto representa el sector minero del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, Colombia o Perú: arriba del 17%, 18% o 20%.

Pero son países con mayores recursos y territorio.

Está bien. Pero si Guatemala se ordena de una manera correcta, estos proyectos mineros despuntarán y generarán muchísima exportación y facturación. Siento que el sector puede despuntar. Además, todo el mundo se centra en el caso de la minera metálica, pero pongo un ejemplo del cierre de una empresa por no cumplir con los requisitos legales (El Sastre), cuando no se permitió hacer las inspecciones. La cerramos. Y también tuvimos la captura de un asiático que exportaba jade indicado que era otro mineral. Sólo se ve el tema de la minería metálica, pero la problemática minera es mucho mayor. En el sector de arena, por ejemplo, cualquier persona agarra un tractor, tira una montaña y nadie le dice nada. No se puede operar así en el sector.

Aun cuando habla de todos estos beneficios, las críticas a las reformas que ha presentado el Ejecutivo se centran en la posibilidad de participación del Estado en la industria minera.

Es que debe de estar abierta la posibilidad. ¿Qué pasa si mañana viene un inversionista y desea que lo acompañe en la explotación de los recursos no renovables? El Estado debe de tener la facultad, es nuestro pensamiento. Ahora bien, si eso no es lo que se desea, que se deseche de las reformas. Pero lo que sí creo es que tal como está el marco jurídico en este momento, es muy difícil seguir trabajando en este sector. Con una ley fortalecida se puede proyectar un mejor destino para la minería metálica en el país, con una visión de largo plazo y se generará una inversión importante en los próximos 30 años con protección a los mismos inversionistas.

¿Pero qué le dice a la gente que cree que de nada sirve esta inversión millonaria y los recursos económicos que se obtendrán si se destruye el medio ambiente?

La posición radical debe entender que cualquier actividad humana, aunque no sea minera, genera un desgaste del medio ambiente. Producir este tipo de equipos (señala su teléfono) genera desgaste; este tipo de equipos (señala su computadora) generan desgaste… Entonces, todo genera desgaste. La contaminación de automóviles, también. Por eso se tienen que tener controles estrictos, mecanismos de fiscalización y monitoreo permanentes.