Sin claridad en los compromisos, el gobierno de Guatemala acepta recibir a miles de migrantes extranjeros mientras tramitan su ingreso a los Estados Unidos
Sin claridad en los compromisos, el gobierno de Guatemala acepta recibir a miles de migrantes extranjeros mientras tramitan su ingreso a los Estados Unidos
En mayo de este año culminó la política migratoria de Estados Unidos denominada Título 42, puesta en marcha durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Con la finalización de este régimen, toma vigencia una antigua normativa que no representa una mejoría para la población migrante y que encaja con el proceso, cada vez más extendido a nivel mundial, de políticas de criminalización y represión. Además, arranca el compromiso suscrito con los Estados Unidos mediante el cual Guatemala se convierte en “centro regional” para la espera de la tramitación de asilo para miles de migrantes, mediante el establecimiento de oficinas de “movilidad segura” en nuestro país. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación Ciencias Socio Humanistas (ICESH), y Javier Urbano, investigador de estudios internacionales en la Universidad Iberoamericana de México explican el panorama.
La aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos entró en vigencia en marzo de 2020, bajo la presidencia del expresidente Donald Trump y culminó en mayo de 2023, en la gestión de Joe Biden. La medida fue impuesta al inicio de la pandemia por Covid-19 y ordenaba que las personas o familias que llegaran a la frontera sin documentos de ingreso serían devueltos a su país de origen, incluso si pedían asilo humanitario. Todo esto, bajo el argumento de que debían tomarse medidas sanitarias. Sin embargo, la motivación de esta política era otra.
«Siempre estas medidas involucran un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Cuando empezó la pandemia, se dio un margen de maniobra para justificar el no respetar o no tomar en cuenta normativas de derechos humanos, particularmente sobre petición de refugio o asilo. Es decir, se suspenden las obligaciones de EE.UU hacia las personas que piden asilo o refugio. Y se agiliza el proceso de deportación, con el argumento del riesgo a la salud pública», explica Urbano.
«Se aprovechó la coyuntura de la pandemia para aplicar esta normativa a la población migrante que entra de forma irregular a Estados Unidos, pero que pretende gestionar su solicitud de asilo o refugio estando ya dentro del país. Antes del título 42, los funcionarios de migración recibían la demanda, hacían la entrevista y dejaban al migrante quedarse mientras se tramitaba el proceso», agrega Roldán.
Bajo el título 42, las personas que querían entrar a suelo estadounidense no recibían sanciones, pero tampoco podrían aplicar a un refugio o asilo. Ya que no había penalización, muchas personas optaron por hacer varios intentos, pero las fronteras continuaban cerradas. La medida, dicen los expertos, fue un éxito para Estados Unidos pero tuvo un impacto terrible para países como México.
¿Qué implica el fin del título 42?
Con la finalización de esta política, entró en vigencia el Título 8, una medida que data de hace más de 80 años y que permite la deportación con una penalización que no se aplicaba en el Título 42: la prohibición de ingresar a Estados Unidos durante, al menos, los próximos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de ingresar en forma irregular. Ambas normas tienen una perspectiva prácticamente igual. Es decir, se va a mantener el esquema de deportación masiva y rápida, pero ahora no se argumenta la idea de salud pública, sino de penalización del intento de migrar, explica Urbano.
Es decir, mientras el título anterior aplicaba la deportación expedita y matizaba normas de protección para migrantes, el Título 8 amplía los objetivos del Título 42 e, incluso, impone la penalización para las personas que intenten cruzar la frontera sin documentos.
Sin embargo, EE.UU. dejó la posibilidad de optar por algunas vías legales para las personas migrantes como programar, a través de una aplicación móvil, una cita de ingreso y la posibilidad de optar a un permiso de reunificación familiar. El gobierno estadounidense también anunció que duplicará la cantidad de refugiados que el país recibe.
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Según Roldán, teóricamente la implementación del Título 8 permite que los migrantes ingresen sus peticiones de asilo y refugio; sin embargo, para ello deben demostrar que existe un temor fundado, es decir, una razón que el gobierno estadounidense considere válida para otorgarles estos beneficios.
«La dificultad está en que la persona logre comprobar su situación de riesgo. Es complicado para una persona demostrar, por ejemplo, que está siendo amenazada en su país de origen y que necesita asilo», comenta Urbano. Este último aspecto, agrega, es un problema para las personas migrantes y una gran oportunidad para la política represora de Estados Unidos.
¿Aumentará la migración?
Con el paso del tiempo, ha sido evidente que, independientemente de las políticas migratorias implementadas por EE.UU., los flujos migratorios no se han detenido.
El único momento en que se pudo revertir la migración fue la pandemia, recuerda Urbano. El fenómeno sanitario sí logró reducir la migración centroamericana, mexicana, caribeña. Sin embargo, se trató de una circunstancia excepcional. Ahora no hay un incentivo para que la migración baje.
Mientras Estados Unidos sigue enviando mensajes para advertir que sus fronteras están cerradas, los flujos continúan y son más fuertes las causas que obligan a familias y personas a abandonar sus países de origen.
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«Ahora con el gobierno de Biden, en medio de su incompetencia, se le asocia como un político distinto a Trump y eso ya es un incentivo para las personas. Biden no habla de los migrantes como delincuentes, invasores, esa narrativa era de Trump», analiza Urbano.
Según Roldán, todo cambio en las políticas migratorias genera un aumento en la migración. Sumado a eso, también pesan las crisis que persisten en países como Perú, Venezuela o Ecuador. «Las presiones de nuestros países se suman a las políticas antimigratorias y la gente lo piensa un rato, pero termina tomando el riesgo de ir hacia la frontera», explica.
En las últimas semanas, se han realizado esfuerzos para aclarar que Estados Unidos no permitirá el paso de personas sin documentos. Sin embargo, en portales como las redes sociales y redes de traficantes de personas existen mensajes confusos que generan expectativas en las personas.
«La desinformación es un gran problema. Las redes sociales tienen un papel importante y hay fake news donde hablan de aperturas o fechas límite para gozar de las supuestas oportunidades que el migrante debe aprovechar. Los incentivan. Dicho esto, buena parte del aumento de la migración tiene que ver con los incentivos en redes sociales», agrega Urbano.
En plataformas de difusión masiva, como Tik tok, cuentas de supuestos «coyotes» estuvieron difundiendo mensajes invitando a las personas a cruzar a Estados Unidos con la promesa de que tras el fin del Título 42 sería más fácil ingresar. También prometen viajes seguros y confiables.
Otro aspecto que causa confusión es que el gobierno estadounidense ha implementado diferentes criterios para el tratamiento de migrantes, según su país de origen.
Sin embargo, al margen de la desinformación e incentivos falsos, no es posible pensar en una disminución de la migración cuando las condiciones de países como Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala motivan a sus habitantes a huir ante la falta de oportunidades de desarrollo. «Esa sigue siendo la gran causa de la migración», recuerda Roldán.
Guatemala, país de contención y deportación
En medio de esta problemática, ¿qué papel está jugando Guatemala respecto a las políticas migratorias de EE.UU.? Guatemala es un país de contención y deportación, responde Roldán.
Desde hace varios años, Guatemala se somete a la política migratoria estadounidense a cambio de recibir beneficios políticos. Uno de los momentos más evidentes fue durante el gobierno de Jimmy Morales, con la negociación para convertir a Guatemala en un tercer país seguro. «Al gobierno no le importan los migrantes, que son las mismas personas a quien el Estado está ignorando. Lo que sí les importa a los funcionarios públicos es que Estados Unidos imponga sanciones por impunidad o corrupción. Y miles de guatemaltecos se ven afectados con esa política», explica la investigadora.
«Lo que vemos en el caso de Guatemala es que el Estado está actuando (al igual que México) como policía de fronteras e implementando políticas de contención. El presidente (Alejandro Giammattei) no está entendiendo el papel que debería tener Guatemala como país», agrega Urbano.
Sin embargo, la tendencia de ceder a los intereses del gobierno estadounidense no afecta exclusivamente a Guatemala. A nivel mundial, explica Urbano, existe un fenómeno que despierta preocupación.
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«Infelizmente, los procesos de criminalización y represión a migrantes se están democratizando a nivel global. Hace una década, podíamos localizar a países de origen, tránsito y recepción o retorno. Los países de recepción eran los represores, los de tránsito tenían tendencia a dejar pasar y los países de origen estaban estáticos y eran propensos a reclamar a países de tránsito y recepción, pero no eran represores. Incluso, de pronto, eran más solidarios», explica. Pero eso está cambiando.
«Cualquier país en la actualidad, independiente de su perfil migratorio, está definiendo acciones para poner bardas, restringir, detener; y esto pasa en todo el mundo. Se está democratizando, se está armonizando el esquema de represión para migrantes», lamenta el entrevistado. Este es un problema que incluso se va replicando en Sudamérica y Europa.
El tema, poco claro, de que Guatemala se convertirá en país de recepción de migrantes.
Bajo este fenómeno, países como Guatemala que no cuentan con capacidades, ni recursos para atender a migrantes, hablan de la posibilidad de ser países de resguardo para las personas que esperan a que se finalice su trámite de asilo para entrar a Estados Unidos.
«El país seguro es una trampa», advierte Urbano. «Es asignarle a un país la obligación de hacerse responsable de los migrantes, porque EE.UU. no quiere tomar esa responsabilidad. Hemos cometido el error de aceptar los términos de Estados Unidos de convertirnos en un territorio de espera cuando el obligado es EE.UU. porque es a este país al cual se le pide la protección, no a Guatemala. No obstante, su poder político y económico nos ha obligado a someternos a sus necesidades de seguridad y esto tiene un efecto grave en la política migratoria».
El día 31 de mayo la Embajada de los Estados Unidos publicó un comunicado conjunto de ambos gobiernos donde se hace público el acuerdo de establecer en Guatemala “Oficinas de Movilidad Segura”, destinadas a tramitar desde este país solicitudes de asilo y otras peticiones de ingreso a los Estados Unidos para inmigrantes extranjeros. Se indica que el proyecto piloto inicial tendrá una duración de seis meses y dará inicio el 12 de junio. Hasta el momento, no se sabe qué implicaciones, compromisos y gastos implica este acuerdo para Guatemala, ni tampoco si nuestro país obtendrá algún beneficio por esta carga que asume.
A pesar de que la implementación del Título 8, no plantea explícitamente la posibilidad de concretar la negociación de que Guatemala sea un tercer país seguro, “están usando dicha normativa para seguir con el proceso que tenían antes, se parece mucho a ser un tercer país seguro pero no lo mencionan como tal. Sin embargo, en la práctica es lo mismo en la medida en que estos países gestionan en nombre de EEUU el asilo y refugio”, aclara Roldán.
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A criterio de Roldán, se trata de un escenario para continuar con el proyecto de, en la práctica, convertir a Guatemala en un «tercer país seguro», es decir, un país en el que los migrantes (de todos los países) son acogidos mientras solicitan asilo en Estados Unidos. El número estimado de personas que el país podría recibir aún es desconocido pero Estados Unidos acumula cientos de miles de solicitudes. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad nacional de Estados Unidos aseguró a finales de abril que los centros tendrían capacidad de procesar un aproximado de cinco a seis mil personas cada mes.
El compromiso de Guatemala implica la obligación de proporcionarles a migrantes de cualquier nacionalidad condiciones para una estancia digna: servicios de salud, albergue, alimentación e incluso oportunidades de trabajo durante el tiempo que demore el trámite de petición de asilo, que puede ser de meses e incluso años, según la demanda y la capacidad de respuesta que tenga Estados Unidos. Para ello, el país norteamiercano tendría que trasladar a Guatemala los recursos necesarios para cumplir con esta función. El cambio de gobierno juega un papel clave para definir qué rumbo tomará el país en la ecuación.
«Guatemala no tiene las condiciones para ser un país seguro. No tenemos albergues, ni recursos para proteger a estas personas. Al convertir a Guatemala en un tercer país seguro lo que se puede proyectar es el surgimiento de cinturones de miseria, conflictividad y vulnerabilidad», advierte la experta.
En medio de esta crisis, concluye Urbano, se evidencia la falta de voluntad política para buscar alternativas a estas medidas de criminalización global, pues prevalecen otros intereses.
«Ante Estados Unidos, México y Centroamérica son presa fácil de las políticas represivas en materia migratoria de EE.UU.», puntualiza.
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