Solórzano Foppa, la punta del iceberg

La destitución esta semana del Superintendente de Administración Tributara (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, es apenas una de las tantas acciones tácticas de una estrategia elaborada por las fuerzas políticas, empresariales y criminales que pretenden detener la lucha contra la corrupción y la impunidad iniciada en abril de 2015. Retomar el control del Estado es el objetivo estratégico, y deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), la jugada más importante. Así lo explican diversas fuentes políticas (del Congreso y el Ejecutivo), de la comunidad internacional y del sector empresarial.

“Lo de septiembre fue muy torpe”, dice una de las fuentes, al referirse al malogrado intento del Congreso de reformar el Código Penal para favorecer a los políticos y empresarios afectados por las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público (MP). Por eso, explica, “otros actores de mayor peso”, a quienes no identifica con nombre pero sí con intereses (“también golpeados por la Cicig”), “se subieron al carro, pero no como pasajeros sino como conductores” para dirigir el “asalto”, “la recuperación del control”.

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Al menos dos de las fuentes aluden a reuniones celebradas en diciembre pasado en Estados Unidos en las que “políticos y empresarios sellaron una alianza con la banda de Mariscal Zabala y los prófugos”. Aunque las fuentes revelaron nombres de varios de los que habrían participado en esos encuentros, no fue posible confirmarlo de manera independiente.

“Hay una estrategia al más alto nivel para alinear y descalificar a todos los funcionarios que están luchando contra la corrupción y garantizar la cooptación del Estado con estructuras criminales que perpetúen la impunidad”, confirma Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack.

Esa alianza, asegura, se fortaleció cuando las investigaciones del MP y Cicig desnudaron estructuradas criminales en las que se aludía a miembros de la élite política y económica del país como el alcalde Álvaro Arzú Irigoyen. “Haber tocado personajes considerados honorables”, indica Mack, provocó la unidad de éstos con otros grupos de empresarios y políticos en pos de un objetivo común: retomar el control de las instituciones estratégicas del Estado para revertir la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Se sintieron ofendidos, no les gustó estar expuestos públicamente. Ellos tienen una mentalidad de ser los propietarios del país y no aguantan ser fiscalizados”, agrega la activista.

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Las dos primeras acciones de la estrategia ya han sido materializadas: tomar el control de la junta directiva del Congreso, con el diputado Álvaro Arzú Escobar (hijo del alcalde y expresidente Álvaro Arzú Irigoyen) a la cabeza, y de las comisiones de trabajo más importantes (Gobernación, Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Defensa, Finanzas y Economía); y la destitución de Solórzano Foppa de la SAT. Los dos siguientes pasos, aseguran las fuentes, ocurrirán en el Congreso: destituir al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas; y denunciar al convenio suscrito con la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que dio vida a la Cicig.

La elección de un Fiscal General y jefe del MP afín a sus planes y beneficios, estará a cargo de la Comisión de Postulación, sobre la cual aseguran tienen mayoría, y del presidente Jimmy Morales. “Le apuestan a que para mayo, a más tardar, haya cambiado la correlación de fuerzas, con la designación del nuevo Fiscal General”, dice una de las fuentes. El resto de acciones, sobre las cuales no hubo total coincidencia entre las fuentes consultadas, implicaría destitución o remoción de jueces y magistrados considerados como “obstáculos” para sus fines, así como presiones hacia la Corte de Constitucionalidad (CC) para “alinearlos” con sus objetivos.

Estos cálculos los reconocen con la condición del anonimato algunos de los diputados y articuladores que están implicados, pero Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, lo descarta como un rumor interesado.

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Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso y jefe de bancada de Todos, negó que haya planes en el Congreso para desaforar al PDH y deshacerse de la Cicig. “Si hay denuncias sobre una estrategia para sacar a todos los que luchan por la corrupción que presenten las pruebas, es una acusación muy seria”, indicó. “Ese es un rumor que están levantando partidos y grupos que están siendo perseguidos y quieren mantener impunidad a base de la confrontación y de desestabilizar al país. Guatemala no debe caer en esos juegos de personas y partidos que sólo velan por sus intereses a base de la incertidumbre que generan señalamientos espurios para protegerse ellos mismos”, agregó Alejos.

¿Y Estados Unidos? La decisión del presidente Jimmy Morales de trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, indican las fuentes, fue una acción estratégica para, al menos, reducir la oposición de Washington, que se traducirá en una menor intervención en los asuntos internos. “No está claro hasta dónde la embajada (estadounidense) les dejará hacer”, sostiene una, “pero está claro que interferirá mucho menos que en 2015 o 2016”.

La primera cabeza en rodar

La cabeza de Solórzano Foppa había sido exigida por varios empresarios desde los inicios de su gestión, en 2016, por haber osado cobrar, en cumplimiento de su mandato, millonarias sumas dejadas de pagar al fisco y el procesamiento penal de representantes y propietarios de al menos una decena de compañías por evasión fiscal.

Con el apoyo del MP, Solórzano Foppa logró el pago de Q782 millones de parte de Aceros de Guatemala en mayo del 2016; Q370 millones a Agropecuaria Bellamar, S. A.; Q190 millones a Deorsa y Deocsa (distribuidoras de energía eléctrica propiedad de Energuat) por deuda fiscal. También denunció a la Desarrolladora Internacional, S.A vinculada a Walmart por evitar el pago de Q36,3 millones en impuestos, entre otros.

Solórzano Foppa se atrevió a enfrentar a los grandes evasores del país y actuó como un profesional independiente, dice Mack. Eso, añadió, lo convirtió en una persona “incómoda para un sector que prefería que lo sacaran del a SAT”. Y así ocurrió.

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El directorio de la SAT, presidido por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, justificó la destitución de Solorzano Foppa, por no haber alcanzado la meta de recaudación fiscal para 2017, fijada en Q57,463 millones. Sólo recaudo Q56,177 millones; le faltaron Q1,286 millones. Ese faltante, explicó el Superintendente, se debió, entre otras causas, a la baja del tipo de cambio, la suspensión de operaciones de la Mina San Rafael, la suspensión del arancel a la importación de pollo, y a que la meta de recaudación se estableció con base en proyecciones del Banco de Guatemala que calcularon un crecimiento económico de 3.8% para 2017, pero este solo alcanzó el 2.8%.

“La destitución de Solórzano Foppa es política y no técnica”, dijo Carlos Barreda, diputado de la Unidad de la Esperanza (UNE). Hay suficientes justificaciones técnicas para entender por qué la SAT no alcanzó la meta de recaudación fiscal.

Estrada, contra quien llovieron ácidas críticas, justificó la decisión del directorio de la SAT, y negó presiones del sector empresarial. “Me parece un cinismo colectivo el que se está dando cuando nosotros actuamos apegados a la ley y nos preocupamos por no comerte ninguna ilegalidad”, dijo el ministro. “Los empresarios no están apoyando al presidente, menos condicionando su acompañamiento”, aseguró.

Rodas, el siguiente en la lista

Jordán Rodas Andrade fue el primero en alertar de forma pública sobre los planes de los aliados de la impunidad. Tiene información suficiente, dijo el PDH, de que varios diputados preparan dos iniciativas para detener la lucha contra la corrupción. Una, que se esperaba que presentaran ayer jueves (pero no lograron los 105 votos necesarios para aprobarla de urgencia nacional) para destituirlo del cargo, por supuestamente haber incumplido con su mandato; y la otra, que aún se cocina en los despachos de los diputados, una iniciativa para denunciar, derogar o modificar el acuerdo legislativo que le dio vida al mandato de la Cicig.

“He recibido información de que existe toda una estrategia para alinear a los que ellos consideran peligrosos para sus intereses”, dijo Rodas, que antes de la destitución de Solórzano Foppa había presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar su remoción.

Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, y los diputados Sandra Morán, de Convergencia, y Raúl Romero, de Fuerza, también denunciaron que grupos interesados en bloquear el trabajo del MP, la Cicig y el PDH, pretenden evitar que nuevos casos de corrupción que involucran a empresarios, militares y políticos salgan a la luz, que y los procesos que ya se ventilan en los tribunales se detengan o absuelvan a los señalados.

Las siguientes semanas serán cruciales.