La conjura de los necios

El objetivo de la trama es detener la lucha contra la corrupción y la impunidad iniciadas en abril de 2015, recuperar los espacios perdidos por las mafias y evitar a toda costa cualquier cambio en el sistema para seguir teniendo el control del Estado. Ayer tuvieron un éxito preliminar y amplio.

Los más visibles operadores de la confabulación legislativa fueron los diputados Javier Hernández y Alejandra Carrillo, “incondicionales” del presidente Jimmy Morales en los últimos meses.

Estos diputados, jefe y subjefa de la bancada del FCN-Nación respectivamente, fueron, según fuentes del Legislativo, de la Presidencia y de una agencia de inteligencia, los que negociaron, persuadieron y sirvieron de enlace y representación de los beneficiados para hacer posible la conjura.

“Juntaron a tirios y troyanos; lograron que se unieran sin medir las consecuencias”, dice una de las fuentes. “Hay un claro encuadre militar en la estrategia —agrega otra fuente cercana al Ejecutivo, al analizar lo ocurrido en el Congreso durante los últimos tres días—: lo importante es el objetivo, no los daños colaterales”.

De cobrar vigencia plena los artículos del Código Penal reformados en la sesión del miércoles, los beneficiados (el objetivo) serán los políticos de diversos colores señalados y procesados por actos de corrupción. Los afectados serán los ciudadanos, todos, pero principalmente (los daños colaterales) “los grupos de las clases medias y altas que han hecho eco al discurso de la amenaza izquierdista y comunista” en que envuelven la lucha contra la corrupción y la impunidad, los más afectados por la delincuencia común y organizada, los pandilleros, extorsionistas, asaltantes, traficantes, los criminales.

El día D

Desde la tarde del martes, los teléfonos de los periodistas sonaban con insistencia. Diversas fuentes advertían sobre los planes para consumar “un pacto de impunidad” en el Congreso, el cual contemplaba la aprobación de urgencia nacional de media docena de leyes. Los diputados que lo apoyaron, la mayoría, negaron saber algo. Los demás, los pocos que se opusieron, reconocieron haber escuchado “rumores”, a secas.

No se logró esclarecer si el día y la agenda de la sesión legislativa en la que se formalizó la conjura fueron casuales o intencionales. Pero dos de los puntos incluidos en la orden del día arrojaron una luz sarcástica sobre la jornada: la conmemoración del 196 aniversario de la independencia patria, y la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar.

La primera, una sesión solemne en la que el presidente Morales pronunció un discurso donde habló de soberanía, libertad y lucha “hasta la muerte” por la patria.

Y y la segunda… Para la segunda ya no hubo tiempo. Apenas se trataba de la alimentación para los escolares de las escuelas públicas.

Lo importante para los 105 diputados que votaron a favor fue la inmunidad para los secretarios generales de los partidos políticos, el presidente Jimmy Morales incluido, y la conmutación de penas para quienes hayan sido (o lo sean en el futuro) sentenciados a prisión por diez años o menos.

Al final del día los diputados salieron contentos, celebrando haber votado para salvarse a ellos mismos, a los jefes de los partidos que recibieron (o recibirán en el futuro) financiamiento electoral ilícito, al presidente Morales, a sus colegas Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y a Roberto Villate, ahora independiente y antes del cancelado partido Libertad Renovadora Democrática (Lider), los tres señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de haber incurrido en ese delito.

También celebraron haber ayudado a que las decenas de políticos y exfuncionarios procesados por delitos de corrupción puedan salir libres con tan solo pagar una multa, en caso sean condenados a penas menores de diez años.

La hazaña se le debe a la alianza entre los diputados de FCN-Nación, partido del presidente Jimmy Morales, el Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana (antes Líder) y la UNE. Lo aprobaron con mayoría calificada (105 votos) sin mayor discusión y con el rechazo de unos pocos.

La diputada Alejandra Carrillo, electa por el Partido Patriota (PP) y ahora integrante del partido Reformador, y su compañero de partido, Jaime Regalado, hicieron un cabildeo intenso desde horas antes de iniciada la sesión. Desde hace días venían trabajando en la propuesta, pero antes de la sesión ordinaria, hablaron con varios diputados a quienes aún no habían convencido. Algunos presenciaron cuando la legisladora criticó en voz alta a los congresistas de Encuentro por Guatemala y Convergencia por no apoyar los cambios al Código Penal. Ambos son conocidos en el Congreso por sus conexiones con los exfuncionarios presos en la Brigada Militar Mariscal Zavala, involucrados en casos de corrupción.

Los diputados Javier Hernández (FCN-Nación), Felipe Alejos (Todos), Aníbal Rojas (Viva), Manuel Conde (PAN), Roberto Villate (antes Líder ahora independiente) y Orlando Blanco (UNE), reforzaron también el respaldo de sus respectivas bancadas y grupos de influencia, para lograr el apoyo de la mayoría y así aprobar los decretos de “urgencia nacional”. En menos de una hora lograron el objetivo: 107 diputados votaron a favor; 16 solitarios legisladores de las bancadas minoritarias lo hicieron en contra.

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestionó a Óscar Chinchilla, presidente del Congreso y diputado de Todos, por no haber compartido las iniciativas con la antelación necesaria para que las evaluaran, y por no haber respetado los acuerdos de agenda aprobados el lunes pasado por los jefes de los bloques legislativos. Sandra Morán, de Convergencia, y Raúl Romero, de Fuerza, secundaron a Montenegro, pero sus protestas fueron desatendidas.

Ustedes, los jefes, no son responsables

Los legisladores aprobaron cambios al Código Penal sobre financiamiento electoral ilícito, dividiéndolo en tres delitos: el de financiamiento electoral que proviene del narcotráfico y crimen organizado, el financiamiento electoral anónimo, y el financiamiento electoral no registrado. Por este último, responsabilizan solo al contador del partido político.

Con estos cambios exoneran de responsabilidad penal a los secretarios generales de partidos políticos. El delito de financiamiento electoral ilícito, hasta ayer, fijaba penas de cuatro hasta doce años de prisión; ahora el delito se reduce a un rango de uno a tres años, que pueden ser sustituidos por una multa.

A los financistas políticos que no estén registrados, podrá acusárseles de financiamiento electoral anónimo, con penas de dos a cuatro años y una multa equivalente al 20% de sus aportaciones.

El más criticado, por ser el principal ponente de la ley fue Orlando Blanco, de la UNE, contra quien el Ministerio Público (MP) y la Cicig solicitaron hace dos semanas un proceso de antejuicio por financiamiento electoral ilícito. “Yo no estoy siendo juzgado todavía y no me voy a ir sobre la razón. Esto puede ser tomado como quieran, porque son decisiones políticas. Si alguien no está de acuerdo con esto puedo dirigirse a los órganos correspondientes y presentar su queja. Yo no me voy a ir impune por promover estos cambios. Mis procesos seguirán”, dijo Blanco.

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Los cambios también benefician al diputado Roberto Villate, que enfrenta un proceso similar como secretario general de Líder en las pasadas elecciones.

Antes de finalizar la segunda votación, la diputada Sandra Morán, de Convergencia, criticó a los legisladores que sí habían aprobado estas reformas y los acusó de ser parte de la corrupción y de tener alianzas con el crimen organizado. La diputada Delia Back, de Alianza Ciudadana (antes de Líder y UNE), respondió molesta asegurando que Convergencia había recibido fondos de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

Abrir la caja de pandora

La segunda votación, también presentada por moción privilegiada y aprobada de urgencia nacional por 106 diputados, modificó los artículos 50 y 51 del Código Penal, para permitir conmutar las penas de prisión de hasta diez años, cuando en la actualidad son cinco. Este cambio permite eludir la cárcel mediante el pago de entre Q5 y Q100 por cada día condena.

El resultado es conveniente para, entre otros, empresarios, políticos, exdiputados y exfuncionarios procesados por delitos de corrupción y amenazados por condenas de hasta diez años.

Rootman Pérez, secretario de política criminal del Ministerio Público, explicó que esta modificación evidencia “un pacto de impunidad” porque se podrían reducir las penas de al menos 404 de los 454 tipificados en la legislación guatemalteca. “Es una disposición retroactiva por lo que todos los condenados por esos delitos pueden salir de prisión”, explicó.

Algunos diputados entrevistados para este artículo afirmaron que esta legislación era “volver al pasado”: el juez tendrá la última palabra y se podrá “negociar directamente con él” la cantidad de años conmutables y el costo de la reducción.

Al finalizar las votaciones, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, trató de retomar la agenda del día y pidió a los diputados que votarán por la Ley de Alimentación Escolar, pero casi 40 diputados ya habían abandonado el pleno, y no se lograron los 80 necesarios para aprobar esa ley. Entre sus prioridades no estaban los otros puntos de agenda consensuados.

Mientras salían del Congreso, decenas de inconformes se reunieron en las afueras del Palacio Legislativo para protestar y exigirle a los diputados que dieran marcha atrás a los cambios que acababan de sellar de urgencia nacional.

En las redes sociales, la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos cuestionaba que los legisladores no le dieran prioridad a las escuelas, carreteras, hospitales pero si lo hiciera para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) calificó de “inconcebible” el actuar de los legisladores, y afirmó que esos cambios fueron diseñados para “asegurar la impunidad y representan un retroceso en la lucha por un efectivo Estado de Derecho (…) Esta reforma lejos de asegurar garantías constitucionales procura fomentar impunidad”.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el CACIF, y la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), la Cámara de Industria, entre otras personalidades y organizaciones solicitaron al presidente Jimmy Morales vetar estas reformas. “Indignación, vergüenza nacional, un descaro. Vaya padres de la Patria”, dijo en su cuenta de Twitter Rodas, y de madrugada anunció que había interpuesto un amparo ante la Corte de Constucionalidad, como ya hizo contra la decisión presidencial de declarar non grato al jefe de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala.

La activista de derechos humanos Helen Mack y el abogado Alfonso Carrillo habían hecho lo mismo horas antes con la intención de invalidar las votaciones. A su juicio, los diputados violaron leyes como la de Probidad, la del Organismo Legislativo y la del Judicial, al tomar decisiones orientadas al interés propio y no al bien común.

Por la noche, una coalición de organizaciones sociales llamó mediante un comunicado a respaldar la acción de Mack, a exigir la renuncia de los diputados que favorecieron las reformas y del binomio presidencial, y a convocar una Asamblea Nacional Constituyente en la que no pueda participar ningún político que haya participado en generar lo que denominan como una "dictadura criminal".

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El empresario Dionisio Gutiérrez dio un paso más y dijo en un comunicado que con esta decisión se habían “sentado las bases para dar un golpe de Estado” y que “después de la ley de la impunidad vienen la expulsión de Cicig del país, el cambio de fiscal general, una ley mordaza a la libertad de expresión y la asfixia de la poca institucionalidad que nos queda”.

Por su parte, Amilcar Pop, diputado de Winaq, que votó a favor de modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, aseguró que ahora los financistas de los partidos políticos podrán ser juzgados. “Si un alcalde recibe unas vacas de un productor de amapola, por qué tengo que ser yo como secretario general responsable de este hecho. El que debe de ser juzgado es el que recibe ese financiamiento”, explica Pop, que defendió su voto a favor y negó que pretendiera favorecer al presidente Morales.

Carlos Barreda, de la UNE, aseguró que los políticos no pueden ser responsables del dinero que reciben de los financistas, especialmente sí estos tienen problemas con la ley, y afirmó que la separación de los delitos “ordena” el actuar de todos los actores políticos.

Estas modificaciones deberán ser enviadas al presidente Jimmy Morales para su ratificación y aprobación. Morales tiene la potestad de vetarlas, pero dos hechos lo hacen improbable: por un lado, las reformas eliminan los motivos por los que el Ministerio Público le pidió infructuosamente al Congreso que le retirara la inmunidad; y por otro, si Morales las rechaza, el Congreso tiene la posibilidad de revivir el antejuicio y hacer que enfrente la investigación sobre un delito que parece flagrante.

Sin embargo, en el Congreso se insiste en que este “combo pro impunidad” no termina aquí: dicen que, al mismo tiempo que continúan la interpelación Francisco Rivas, el ministro de Gobernación que ha tenido una colaboración estrecha con el MP y Cicig, se fraguan las modificaciones a la Ley del Ministerio Público que permitirán que el presidente destituya a la fiscal general Thelma Aldana, y las negociaciones para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2018 y la elección de la próxima junta directiva del Congreso.