Los integrantes del Movimiento Semilla justifican su propuesta en que consideran que las elecciones «no solo no resuelven la crisis, sino que, por los rasgos criminales que cruzan el escenario político, la empeoran». Además, agregan: «En contra de una mayoritaria voluntad expresada en las últimas semanas, las elecciones no se realizarán con la LEPP [Ley Electoral y de Partidos Políticos] reformada». De esa cuenta, concluyen: «Las elecciones del 6 de septiembre no son confiables. No es seguro que arrojen resultados favorables al fortalecimiento de la democracia y el Estado. Solo un gobierno de renovación nacional puede dar confianza y establecer condiciones nuevas para la recuperación de la democracia de quienes la secuestraron».
El petitorio suena interesante y recoge en buena medida el sentir de muchos de los que semana a semana se congregan en la plaza central para exigir ya no solo la renuncia del actual presidente, sino también, entre otras muchas demandas, la aprobación de las reformas a la LEPP y su aplicación en este proceso electoral.
Los signatarios del comunicado no proponen rupturas drásticas en el sistema legal del país, por lo que lo solicitado requiere, por un lado, la disposición y la buena voluntad del aún presidente, que, como todos sabemos, se aferra con uñas y dientes al cargo para llegar inmune (¿impune?) al 14 de enero de 2016 y así ganar automáticamente la inmunidad que le concederá ser miembro del Parlamento Centroamericano, muy al estilo del ahora perseguido expresidente panameño Ricardo Martinelli. La solicitud se hace a un Congreso por ellos mismos cuestionado, en el que durante los últimos tres años y medio ha sido más que evidente la alianza Patriota-Líder, que, si bien es de conveniencia, ha sido rentable para ambas camarillas. Si fueron ágiles en nombrar a un empleado íntimo para suplir la vacante de Maldonado Aguirre en la Corte de Constitucionalidad, y si nombraron a este en un abrir y cerrar de ojos, sin mediar debate ni negociación política pública, ¿por qué vendrían ahora a franciscanamente aceptar el llamado de esta agrupación?
La demanda, legítima, deja sin embargo un amplio vacío en lo que se refiere a la temporalidad de ese gobierno de renovación nacional, poder ejecutivo que tendría que negociar, insistimos, con la mayoría socialmente rechazada de este Congreso si, en un instante de honestidad, ¡milagrosamente! Pérez Molina renunciara al cargo. Pero el sueño está lleno de muchas otras irrealidades, como es que, llegada a aprobarse la propuesta de reformas a la LEPP, estas entren en vigor para este evento electoral cuya fecha de realización, aplazada, tendría que ser negociada entre un Ejecutivo renovador, un Congreso aún señalado en su mayoría de corrupto y clientelista y un TSE al que nadie ha invitado, pero que es el dueño de la fiesta. Dos milagros más tendrían, pues, que producirse: que esa mayoría de diputados acepte no presentarse a la reelección —que es renunciar a la inmunidad en momentos en que a todo mundo le están contando las costillas— y que el señor Maldonado Aguirre, también milagrosamente, se asuma como el abanderado de un proceso de reformas que en toda su trayectoria política, que data de los años 1960, no ha demostrado defender.
Pero, aceptando que esos tres milagros soñados se produjesen, queda sin resolver una pregunta: ¿se retira automáticamente a todos los candidatos a puestos de elección, siendo potestad de ese gobierno de renovación nacional establecer los criterios para participar? ¿O sucedería lo que a todas luces es más factible: que participarían los mismos con las ventajas que les da el control de los medios de comunicación (que no se toca para nada en las reformas a la LEPP) y de las clientelas que por décadas de control político han construido? Tendrán, además, un elemento importante a su favor: ya no necesitarán negociar con dueños de partidos. Podrán organizar sus comités cívicos para salir de nuevo electos como diputados distritales o, si estuviesen impedidos para reelegirse, imponer a esposas, hijos o cualquier testaferro que los represente en los negocios. Nótese que a quienes más se cuestiona es a los diputados distritales, y es allí donde se abren las puertas a la creación de pequeños grupos de interés transmutados en comités cívicos.
Evidentemente, como señala el Movimiento Semilla, las elecciones del 6 de septiembre «se realizarán en un escenario fatal», pero, si se quiere suspenderlas o al menos conseguir la renuncia del sultán acorralado, es necesario mucho más que un comunicado o verbenas cívicas sabatinas. Es necesario un amplio acuerdo nacional entre ciudadanos comunes, la cúpula empresarial y liderazgos sociales de amplio prestigio para lograr, como mínimo, un paro nacional.
En las condiciones actuales, el TSE no tiene materia jurídica para reprogramar el pleito electoral. Ha acreditado o suspendido a quienes considera que deben serlo, y pedírselo simplemente contribuiría a que, al negarse, se deslegitime una de las pocas instancias del Estado que gozan de relativo prestigio.
Cierto. Si las elecciones se posponen, el más damnificado sería Manuel Baldizón y su grupo, directamente cuestionado en el artículo-comunicado, pues cada día que pase sus electores irán descubriendo sus falsedades e incongruencias, pero exactamente por ello la alianza Líder-Patriota no concederá un centímetro que venga a perjudicarla. La Cicig y el MP están haciendo su parte, pero solo cuando se aprueben los antejuicios podrán jueces y agentes del MP investigar a fondo a diputados, alcaldes y candidatos cuestionados.
Los diputados y los candidatos honestos, que los hay, y muchos, están haciendo el mejor esfuerzo por mostrar sus propuestas y discursos limitados por las formas como el financiamiento de las campañas ocurre y por el manejo clientelista y monopólico que de la comunicación ejercen las grandes cadenas. Resta a los ciudadanos profundizar en esas propuestas, cuestionar a los candidatos, emitir votos conscientes y responsables cuando toque y, definitivamente, no bajar la guardia, ya que el proceso de renovación del país apenas está en ciernes.
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