Thelma Cabrera: “Los que nos han acusado de ladrones hoy están en la cárcel por ladrones”

Mujer y campesina maya mam, Thelma Cabrera (43 años) es un referente de las movilizaciones sociales en Guatemala. Preside el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), convertido en uno de los actores principales de las protestas sociales del país, con 60 mil afiliados a nivel nacional —según sus directivos—, pero también una legión de detractores. Ha demostrado capacidad para bloquear las principales rutas del país, la última vez el mes pasado. Es conocida por su exigencia por la nacionalización de la energía eléctrica, que la ha llevado a ser acusada de financiarse a través de la electricidad que se toma ilegalmente de los postes. Su principal propuesta política es la refundación del Estado guatemalteco, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional.

Ahora, quizás respondiendo a esa frase tan del establishment de “preséntense a las elecciones” y que en las urnas se decida el apoyo social, participa en la constitución del partido Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), un instrumento político que, si cumple con las exigencias de la ley, concurrirá a los comicios de 2019.

Con un cuarto de siglo de historia, la organización “fundada por 17 socios y socias”, según Cabrera, ha sido testigo de los principales hitos del país. Su presidenta muestra una visión crítica sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, la actuación de otras organizaciones campesinas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Guatemala o las protestas de 2015, que desembocaron en la renuncia y posterior arresto del entonces jefe de gobierno, Otto Pérez Molina. Asegura que han tomado la decisión de apoyar una lista de candidatos —aún por definirse— para las elecciones de 2019. El comité para la constitución del partido está listo desde diciembre y ahora se encuentran en la fase de inscripción de afiliados, con el objetivo de lograr los 23.600 que marca la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El mes pasado Codeca realizó un bloqueo durante dos días que fue cuestionado por diversos sectores, entre ellos los empresarios, pero también por trabajadores que se quedaron parados en la carretera. ¿Cree que son legítimas este tipo de acciones?

Hay hermanos acá en Guatemala que, aunque viven esta situación, quieren desconocer el problema. No es posible que la población no reaccione ante las actitudes de los poderes del Estado, que sirven a los poderosos. Yo le diría a la población de Guatemala que tome conciencia en despertar y exija defender sus derechos legítimos como pueblo.

También les acusan de utilizar esas protestas como estrategia para reforzar su futura candidatura política.

Codeca nace en 1992, tenemos nuestras luchas, creemos que esto es parte de la criminalización que hacen contra el movimiento. Tenemos derecho a participar o apoyar un instrumento político.

Exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales. ¿Cree que terminará la legislatura?

Debería renunciar por dignidad. Así como está de borracho y de incapaz de atender todas las demandas de la población. Ojalá que la población se levante. La embajada estadounidense está viendo cómo sostenerle. Da mucho que pensar.

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Les cuestionan por tener un programa de exigencias excesivamente amplio e irreal para plantearlo en una protesta como los bloqueos del mes pasado.

Exigimos que se investigue a los tres poderes del Estado por la CICIG, y que se investigue a los diputados que tuvieron que ver con el caso Odelbrecht. También, que no se criminalice a defensores y defensoras, la nacionalización de la energía eléctrica, que las empresas que no pagan impuestos los paguen. Tenemos planteamientos a corto, medio y a largo plazo. Por ejemplo, la demanda de la tierra no ha sido atendida. Y en Codeca somos campesinos sin tierra. Hablamos de programas para la reactivación agrícola, planes para las familias que quieran arrendar, algo difícil por la extensión de los monocultivos, el bloqueo de ríos o el robo por parte de las transnacionales. Es difícil, pero se podría conseguir terrenos para que el pequeño campesino pueda arrendar, implementar un negocio para generar trabajo a la familia o educación a sus hijos. El problema es que no hay voluntad política de los gobiernos. Lo que nosotros queremos para la población es la soberanía alimentaria, donde los pueblos podamos decidir qué es lo que queremos comer y cómo trabajamos la madre tierra. Lo estamos trabajando a través del proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

Esto implica un nuevo modelo de Estado. ¿Qué proponen?

En Guatemala el Estado es de los poderosos. Háblese del presidente, la corrupción en que está envuelto, háblese de los presidentes que tienen relación con las masacres, háblese de lo que pasó en 2015. Estábamos gobernados por delincuentes, corruptos y militares y hoy es la misma historia. Aquí no tenemos Estado. Tenemos que luchar a largo plazo para pensar en un Estado plurinacional, donde los pueblos estén representados, donde el poder venga de abajo para arriba. En el mes de marzo, los defensores y defensoras tuvimos una asamblea en la que decidimos empujar el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional porque estamos gobernados por delincuentes, corruptos y ladrones. Es el gobierno, su complicidad con las empresas transnacionales, el legislativo, en la misma situación, con asuntos como el de Odelbrecht, en el que hasta diputados de la supuesta izquierda están involucrados. Hablamos de jueces corruptos que, cuando encarcelan a un defensor, piden un millón de quetzales para una medida sustitutiva. No podemos seguir en esta situación. Nosotros decimos: "no tenemos Estado, respetamos la propuesta de la sociedad civil cuando habla de las reformas, pero no creemos en ellas". Parchear una llanta cuando ya no sirve no va a durar. Hablamos sobre el modelo de Estado, sobre derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos, principios éticos, el sistema político. Agua, tierra y territorio. Sistema educativo, seguridad, comunicación… Lo hemos desglosado en 14 temas ratificados en la asamblea.

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Ha mencionado las reformas constitucionales planteadas tras las movilizaciones de 2015. ¿Cuál es su visión sobre aquellas marchas?

En 2015 la gente llegó a la plaza pero no había un horizonte para dónde ver. Sabemos que está la embajada gringa (Estados Unidos) detrás de todo lo que se dio. A nosotros, como Codeca, en una ocasión, nos dijeron: “movilicen a la gente, les damos pisto”. Nosotros dijimos que no. Me imagino que está manejado por la embajada porque un ingeniero buscó a la CENOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas) y les dijo: “muevan a la gente y les vamos a dar pisto para movilización”. Nosotros dijimos que en ningún momento íbamos a mover a la gente pagada, porque era un tiro de gracia para nosotros. Nuestros compañeros y compañeras están acostumbrados a salir de la nada, no queremos que nos manejen como ellos quieren.

No obstante, sí que participaron en alguna de las protestas.

Salimos el 20 de mayo de 2015, hicimos una manifestación para respaldar la lucha de los que estaban en la plaza. También el 5 de agosto y el 1 de setiembre, cuando Otto Pérez Molina presentó su carta de renuncia. Como pueblo de Guatemala es importante aprovechar el contexto. Eso lo aprovechamos nosotros para organizar a la población, para decirles: “miren, hablan de eso de lo que a nosotros no nos creían”.

Pero después de la renuncia de Otto Pérez Molina y su encarcelamiento, los guatemaltecos votaron por Jimmy Morales...

Sigue en pie el saqueo de nuestras riquezas porque siguen los mismos. Entonces estaba gobernando “El sindicato”, una estructura criminal que viene desde la guerra. Ahora está gobernando “La cofradía” a través de la juntita. ¿Cómo no van a seguir estos mecanismos si son los mismos y solo cambian de camisola? En la campaña política de Pérez Molina, al fondo estaba Jimmy Morales. No es de extrañar. Las ideas, la lucha, es entre ricos y pobres, entre ricos y empobrecidos.

Sin embargo, la población votó. ¿Cómo se cambia la mentalidad en un país marcado por la dominación de las élites y el discurso hegemónico contra la izquierda?

Se hace a través de la organización, de procesos formativos. Si le hablas a la gente de socialismo o comunismo no te va a entender. Hay que hablar de otra manera, sobre la defensa de sus derechos. Aquí en Guatemala… hablar de izquierdismo… ¡si no se mira dónde está la izquierda! Hay una realidad complicada para que la población entienda dónde tiene que luchar.

Ha hablado de instrumentalización de las protestas. ¿Cree que la CICIG está instrumentalizada?

Nosotros hemos apoyado la investigación que hizo la CICIG. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad no cree en lo que nosotros hemos señalado con nuestras luchas. Pero tampoco podemos descartar que detrás está la misma embajada (de Estados Unidos).

Otros sectores, especialmente desde la derecha, han cuestionado a la CICIG porque creen que constituye una intromisión en la soberanía de Guatemala.

Por eso estamos trabajando hacia la asamblea nacional constituyente y multicultural. En el país gobiernan las empresas transnacionales y el que mantiene el control es EE.UU.

¿Cree que en este ámbito puede existir una coincidencia táctica entre los objetivos de EE.UU. y los de las clases populares guatemaltecas?

Tenemos claro qué corrientes están operando en el país, a quiénes cooptan y cómo lo hacen. La coyuntura no es lo que debe manejarnos. Hay que aprovechar esos momentos para levantar al pueblo. Puedo señalarte a la (Coordinadora Nacional Indígena y Campesina) Conic, al (líder magisterial) Joviel Acevedo, el Frente Nacional de Lucha. Esos son los que coinciden con el sistema emergente que usted dice. Hay organizaciones que sí que los manejaron en ese momento. Otras aprovechamos ese contexto para organizar a la gente. No teníamos organización en la capital, ahora ya la hay, con los académicos.

Tiene una posición muy crítica con las ONG.

En Guatemala hay más ONG que movimientos. También somos de la idea de que hay que identificar un nuevo liderazgo, porque no se puede con los actuales. En ese contexto se armó lo que se conoce como Asamblea Social y Popular. Allá llegaron todas las ONG a meterse en un saco. Nosotros dijimos que no nos íbamos a prestar a eso. Nos quedamos en la Cenoc (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas), que es la del movimiento campesino. Otras organizaciones como el CUC (Comité de Unidad Campesina) o el CCDA (Comité Campesino del Altiplano), salieron de ahí tras la firma de los Acuerdos de Paz porque la cooperación puso dinero. Este es uno de los mayores problemas de Guatemala. Las ONG, las organizaciones que manejaron plata en los Acuerdos de Paz y se acostumbraron a recetarse salarios. Ese es el problema. La embajada gringa aprovechó ese contexto de 2015 para meter a las organizaciones en un mismo saco.

¿Cree que la presencia de ONG obliga a cambiar las prioridades al movimiento popular?

Sirven para mediatizar las luchas. Si un proyecto tiene sus fines, tienen que responder y, si no, les quitan los fondos. Por eso es que las cosas acá en Guatemala no han cambiado, por las ONG, por “aquí está el pisto” o por “aquí nos tenemos que ir”. Las ONG operan, por ejemplo, en la ciudad, hablan de las luchas, se autodeterminan como movimiento social, pero es más por obtener fondos a nivel internacional. Por esa razón se ha perdido la credibilidad de la gente. Mucha gente que estaba en los movimientos se pasó a hacerse ONG. Son los que hablan del problema pero no accionan. Dicen que todavía no es momento, que hay que esperar, que esperemos a que maduren las cosas. Y mientras estamos hundidos en el problema. Después de la firma de los Acuerdos de Paz aquí prevaleció el dios dinero. Hubo dinero de la cooperación pero no se utilizó para lo que era. La cooperación jugó una estrategia: “les vamos a dar pisto para distraerlos y allí se van a quedar”. La firma fue una estrategia para implementar la privatización y distraer a la gente. Es cierto que va a haber unos cambios pequeñitos pero, mientras, el cáncer va avanzando. Ese es un problema serio, que luego se conformaron coordinadoras para captar fondos pero solo se recetaron salarios. Cuando no vas por esas agendas te tildan de ladrón y terrorista, que es lo que nos está pasando a nosotros.

¿Ustedes no reciben apoyo económico de ONG?

 Únicamente para programas concretos. Nos financiamos con Q3 que aporta mensualmente cada uno de los socios.

En relación con sus finanzas, les han acusado de obtener fondos a través de la venta de energía robada.

La gente decidió declararse en resistencia y no pagar a la empresa hasta que se nacionalice. Hay una responsabilidad en la que la gente involucra al Estado. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política de Guatemala se habla del derecho a la resistencia en el artículo 45. En el 44, que el derecho colectivo de la gente está por encima de los individuales.

La defensa de la nacionalización de la energía eléctrica marca un antes y un después en la evolución de Codeca.

La privatización de la energía llegó en 1996, en tiempo de Álvaro Arzú. Se empezó a sentir en 2000. Yo llegué a pagar Q7 por la energía eléctrica. Pero cuando entra la privatización va disparándose. La cara de la moneda era que todo era bonito, pero se empezó a implementar y a dispararse el precio. Ya en 2000 se empezó a sentir esta queja. Dijimos que no podíamos hacer nada, porque Codeca se funda para la lucha por la tierra y no podíamos intervenir una empresa así de grande, ya que es transnacional. Pensábamos que tendríamos que regresar al candil o a la candela. Ahí comenzamos a verificar nuestros derechos tanto en nuestra Constitución política, como en la resolución de las Naciones Unidas. La gente presentó memoriales, se hicieron foros departamentales, se invitó a diputados para que intervinieran en el problema. La gente estaba cansada y desesperada. Hay quien paga más de Q500, hasta Q1 mil. Cobran alumbrado público donde no existe. Cobran el remanente supuestamente en nombre de las municipalidades, cuando nunca llegó. Durante largo tiempo la empresa robó a la gente. Lo que nosotros hicimos es acompañar las luchas. No podíamos decir “no lo hagan”. Es su derecho y aunque no fuimos a la academia, la gente empezó a investigar. Somos defensores de derechos humanos, tenemos que acompañar las demandas de la gente. Es deber del Estado nacionalizar, porque es un derecho fundamental, no es una mercancía. El problema es que el Estado se ha vuelto defensor de la empresa y no de la gente. El presidente Álvaro Colom, cuando le presentamos el memorándum, dijo: “Dios me libre, me van a matar por esto”. Lo mismo dijo Otto Pérez Molina, que hizo una campaña en nuestra contra en radio y televisión. “Tenemos 540 denuncias contra dirigentes”, así nos dijo: “Van a parar todos al bote, aquellos que roban”. Y nosotros señalando lo que no está bien en el Estado. Nos acusó Pérez Molina, hoy encarcelado, nos acusó Roxana Baldetti, hoy encarcelada, nos acusó Mauricio López Bonilla, hoy encarcelado, Erik Archila, prófugo. Los que nos acusan de ladrones hoy están en la cárcel por ladrones. La gente, nosotros, nos declaramos en resistencia. No vamos a pagar hasta que se nacionalice. Es una medida de presión, de protesta de la gente que decidió y nos pido el acompañamiento. Hasta que se nacionalice estamos de acuerdo en pagar nuestro costo de consumo, pero no el robo que está haciendo la empresa. Es la misma compañía la que despertó a la gente para que se declarara en resistencia. Por eso nos tildan de incitar a la gente. Nosotros compartimos la información, cuales son los derechos y quién privatizó. La gente toma su propia decisión.

Entonces, ¿no se financian cobrando cuotas por la energía eléctrica?

Eso no es cierto. Nosotros como Codeca tenemos personería jurídica, que está en el acuerdo ministerial 82-95. Los socios aportamos Q3 al mes para dar vida a las organizaciones regionales del movimiento. Eso es lo que la sostiene. La acusación es una forma de hostigar, de perseguir nuestras luchas. Hoy en día no hay compañeros en la cárcel pero sí que 60 están ligados a procesos sin pruebas.

¿Se sienten criminalizados?

Nos han tratado de intimidar a través de llamadas telefónicas, a través del secuestro de compañeros y compañeras, a través de asaltos, como el de la oficina de Codeca en 2013, donde golpearon a los compañeros y compañeras que estaban allá. Somos criminalizados, la cooperación no nos apoya porque les dicen que están apoyando a terroristas, a delincuentes, a desestabilizadores, a personas que no permiten que llegue el desarrollo a Guatemala. Ese es el dibujo que hacen. Nos satanizan como el peor demonio que hay en Guatemala.

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¿Usted ha recibido amenazas?

En algunas ocasiones llamadas telefónicas. A mi casa han llegado carros particulares a preguntar por mi persona, por mi familia. También han llegado personas en moto a preguntar en dónde vive alguien, con nombre equivocado, pero para saber quién está en la casa. Cuando secuestraron al compañero Mauro en 2014 (en referencia a Mauro Vay, fundador de Codeca, detenido y posteriormente absuelto) llegaron a mi casa unas personas haciéndose pasar por Banrural. Tenían puesto el gafete de Banrural en el pecho, preguntando si vivía allí yo. Pero yo no tengo cuentas en bancos ni tampoco debo nada a los bancos. Han secuestrado a otros compañeros, como Miguel Ixcal, que le han dicho “mire lo que le espera”. Las amenazas siempre han existido pero siempre las hemos superado. Hasta el miedo nos han robado.

¿No tiene miedo?

Se pierde. Si me meten en la cárcel pues me darán comida y regresaré. Si me matan, pues es que la hora ya llegó.

Ha señalado que no cree en las reformas constitucionales planteadas a partir de 2015. ¿Cómo explica su propuesta del Estado plurinacional?

Después de 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la miramos como estrategia para implementar la privatización. Como pueblo planteamos el proceso, una constituyente, que el pueblo se organice, proponga, que venga del poder y lo garantice con la participación de todos, porque de lo contrario no va a funcionar aunque se escriban buenas palabras. Un Estado plurinacional implica la participación de todos y todas las que conformamos el país. También hay espacios donde se está analizando. Por ejemplo, en la academia también hay celos. “Si tenemos un Estado, ¿cómo vamos a fundar un Estado sobre otro?”. Eso dijeron en la universidad de San Carlos. Para nosotros los pueblos no hay justicia, por eso tenemos que trabajar. Organizar al pueblo bajo el sistema actual no se puede, todos tendrán que elegir sus representantes para poder debatir la Constitución Política.

¿Van a presentarse a las próximas elecciones?

Como movimiento indígena y campesino somos miembros de la Cenoc. Ahí se determinó que es importante luchar por un instrumento político donde estén los movimientos sociales. En este caso, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), el sindicato del Hospital San Juan de Dios, el Movimiento de la Dignidad (integrado por académicos como Byron González), la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (Ciedeg), Codeca… El instrumento político no es de Codeca, sino de los pueblos. Sí, vamos a apoyar este proceso. En asamblea se tomó la decisión de que su nombre sea Movimiento para la Liberación de los Pueblos (Mlp), con la claridad de que todos los pueblos tienen que participar, elegir y ser electos. En diciembre se cumplió con el trámite de la formación del comité. Ahora necesitamos 23,600 afiliados. Nosotros tenemos la meta de sacar más, porque sabemos que hay un ataque fuerte contra Codeca. Sabemos que en un primer proceso no vamos a llegar al triunfo. El objetivo es participar en 2019. Prepararnos y ver qué realmente somos. Nosotros solo acompañamos, no nos convertiremos en un partido político. Si en este caso los pueblos logran llenar con los requisitos, que es el proceso que se está llevando ahora, habrá participación de los pueblos a través del instrumento político.

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¿No existe una gran división entre las formaciones de izquierdas, indígenas y campesinas? ¿Han tratado de llegar a alianzas?

Hay un espacio que se está analizando con los académicos sobre el Estado plurinacional, también se está hablando sobre el instrumento político. Cómo conocer, intercambiar, fortalecer, dar opiniones sobre este proceso. Nosotros en Codeca decimos que es válido que los movimientos nos unamos, pero que los conductores no sean los mismos. Si no pudieron conducirlo, entonces que se vayan como pasajeros. ¿Nosotros ir a hacer alianza con Pablo Monsanto? No se podría avanzar. O con Rigoberta Menchú, supuesta izquierda. De todas maneras, la derecha siempre se ha aprovechado, porque los intereses personales de los compañeros prevalecen, y eso no es nada nuevo. Eso ya es decisión de los pueblos. Yo como Thelma, le puedo dar decisiones personales, pero se tiene que debatir y hacer análisis. En las anteriores (elecciones) proclamamos: “no tenemos presidente, no tenemos diputados”. El movimiento social decidió participar como comités cívicos en las municipales, algunos utilizaron todavía el afiche de la URNG. Pero ahí nomás a nivel local. No se hizo alianza con ninguno.

No hay ninguna diferencia entre los tres diputados (de izquierda) que se hayan manifestado en contra de lo que se está tramando. Por ejemplo, en la elección de la Junta Directiva del Congreso, o los que habían salido antes sobre la Ley de Túmulos y otras. Los actuales, que supuestamente son de izquierdas, la Convergencia, la URNG, no se escapan cuando se aprobó el acuerdo sobre la indemnización. ¿Cómo cree que los pueblos vamos a confiar en las alianzas? Nosotros no avanzamos la decisión de las asambleas. Si una asamblea decide y se falló, fallamos todos, pero no puedo avanzar la respuesta.

Además de ustedes, otros movimientos como Semilla se han lanzado a la carrera para constituirse en partido.

Salió de la plaza, pero son personas que están integradas también con intereses económicos. Me di cuenta porque, cuando nosotros presentamos la propuesta en la Universidad Rafael Landívar, vimos que ellos tienen otro concepto. Ellos tienen que seguir con su objetivo, con su visión, pero allí es donde la derecha siempre se va a infiltrar para cooptar. Aquí no hay pisto. En el Mlp no se habla de pisto, se habla de conciencia. Las experiencias de los países del sur nos enseñan otra Guatemala posible. La lucha del gobierno de Evo Morales, la lucha de Nicolás Maduro. Lo que pasa en América Latina nos da la idea de que hay que garantizar el movimiento social.

Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz, ¿cómo observa la evolución de la población indígena?

Está peor. Todos los que se involucraron en aquella lucha se conformaron y se fueron cada uno por su lado. Además, después de los Acuerdos de Paz, se desarrollaron un montón de ONG que se quedaron aquí por su desarrollo comunitario y nunca implementaron luchas para la transformación social. Por eso estamos como estamos. La estrategia del enemigo es, a través de la cooperación, mediatizar las luchas. Obviamente, no queremos que haya más muertes. El cese al fuego benefició al pueblo porque nadie quiere morir en la guerra, ni que haya familias desaparecidas o huérfanos. Pero hay acuerdos sustantivos, como por ejemplo el de la situación agraria. No se ha cumplido. Por eso decimos que sirvió para implementar la privatización. “Firmamos la paz y vamos a joderles de otra manera”. Esa fue la estrategia de los poderosos.