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Tikal: reserva natural, sitio arqueológico y territorio Tigo

Pese a que con el estudio de impacto ambiental, Tigo tácitamente aceptaba el plazo de poco más de dos semanas, el 26 de diciembre, diez días antes de que venciera el tiempo para retirar su equipo del Parque, la empresa interpuso un recurso de revocatoria para impugnar la autorización temporal que había recibido,
Otro consultor ambiental del MARN, José Ruiz, asegura que normalmente es el propietario de los equipos a instalar quien se hace cargo de representar los estudios de impacto ambiental. De por qué el Ministerio de Cultura se convirtió en representante legal y asumió funciones que normalmente asume la empresa, Álvarez Arévalo no puede responder, pese a que su firma aparece en todas y cada una de las páginas de la evaluación ambiental.
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Tikal: reserva natural, sitio arqueológico y territorio Tigo

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Las fiestas que organizó el Gobierno de Guatemala por el Oxlajuj Baktún en el Parque Nacional Tikal duraron un día, pero en la selva han quedado huellas de la celebración: dos antenas telefónicas de la empresa Tigo. El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) solicitó a Tigo la instalación de dos torres, y en un acelerado proceso se obtuvo un permiso provisional para erigir las antenas por 17 días. Casi nueve meses después, las antenas siguen allí.

Al menos desde 2010, Tigo había buscado instalar antenas repetidoras en áreas protegidas de Petén, como Suchitán o El Remate, por medio de solicitudes dirigidas al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Sin embargo, la entidad encargada de asegurar la conservación de las áreas protegidas en Guatemala, había desoído la petición de la empresa Tigo, de Comunicaciones Celulares, S.A., perteneciente a la transnacional Millicom International Cellular, S.A. que tiene su sede principal en Luxemburgo.

Pero Tigo no fue la primera en intentar situar sus torres en la zona de la Biósfera Maya. La empresa Telefónica Móviles también había pedido un permiso en 2008 y éste le fue denegado. La Ley de Áreas Protegidas en su Artículo 20, indica que siempre y cuando Conap avale el estudio ambiental para la instalación de empresas públicas o privadas, podrán desarrollarse instalaciones o actividades comerciales en zonas protegidas.

La suerte de Tigo cambió, no obstante, con el fin de la cuenta larga del calendario maya. Hasta diciembre de 2012 sólo era posible tener señal telefónica en la cúspide del Templo IV y la fastuosa celebración requería que los invitados y organizadores estuvieran comunicados. Pero no hay claridad en la razón por la cual una serie de instituciones del Estado se dispusieron a abogar y a facilitar el proceso, y por qué fue Tigo la elegida. Tampoco hay claridad en lo que sucedió después: Tigo decidió quedarse dentro del parque interponiendo un recurso legal y el Ministerio de Ambiente, hasta ahora, no ha respondido.

Los solícitos representantes de Tigo

Luis Castillo, de Defensores de la Naturaleza, suplente de Miriam Monterroso en el Consejo del Conap en representación de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, votó a favor de la instalación de las antenas cuando llegó a esa instancia el proyecto. Castillo explica que en una reunión, los miembros del Consejo acordaron que Tigo no podía ser quien hiciera la solicitud pues era un evento organizado por el Gobierno, por lo que Miguel Ángel Álvarez Arévalo, director de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura, hizo las gestiones que normalmente realizan las empresas o consultores.

Así, Álvarez Arévalo, de la cartera de Cultura, pasó a hacerse cargo de la presentación del proyecto al MARN, promovió la evaluación ambiental respectiva, presentó los documentos y el análisis legal para que el MARN pudiera emitir el dictamen y la resolución del caso.

Entonces, tras un acelerado proceso en el cual el Ministerio de Cultura representó los intereses de la compañía telefónica ante el MARN, éste autorizó la instalación de las antenas. El MARN excusó a Tigo y al Ministerio de Cultura, de presentar un estudio de impacto ambiental a profundidad, debido a que previsiblemente tendrían muy bajo impacto sobre el entorno, en virtud del corto tiempo durante el cual estarían instaladas. Por esa razón, se requirió una evaluación ambiental tipo C, específica para estos casos. Y así Tigo recibió un permiso temporal de 17 días para sus repetidoras, válido entre el 20 de diciembre de 2012 y el 5 de enero de este año.

En el bosque húmedo del Parque Nacional Tikal, parte de la Reserva de la Biosfera Maya, entre caobas y ceibas, en el territorio clasificado por UNESCO como patrimonio de la humanidad, se encuentran instaladas dos antenas autosoportadas con sus generadores eléctricos. El ruido de estos motores, que funcionan con combustible diésel, es comparable al que hace el motor de un automóvil. Estos generadores son relativamente comunes dentro del Parque ya que son también utilizados por la administración y al menos dos hoteles para proveerse de energía eléctrica.

Una de las antenas está a 500 metros de las oficinas administrativas del Parque, a 3.5 kilómetros de la Plaza Central de Tikal. Y la segunda se encuentra en un cerro ubicado a 16 kilómetros del núcleo arqueológico.

Fue el Inguat quien solicitó, según empleados de la empresa, la instalación. Y como respuesta, Tigo propuso colocar una repetidora en la cima del Gran Jaguar “para aprovechar su altura”. Esta idea fue rechazada por la Administración del Parque debido a que los templos son considerados lugares sagrados. La contrapropuesta del Conap era colocarla en la parte trasera de la pirámide para evitar la perforación del templo, lo cual tampoco se hizo.

La repetidora finalmente se instaló en el andamiaje ya construido para la restauración del Templo III. “Se buscó colocarla allí para aprovechar los recursos”, indicó Oswaldo Gómez, asesor técnico del Parque Tikal. Esta repetidora sí fue retirada dentro del plazo establecido.

Llegaron para quedarse

Pese a que con el estudio de impacto ambiental, Tigo tácitamente aceptaba el plazo de poco más de dos semanas, el 26 de diciembre, diez días antes de que venciera el tiempo para retirar su equipo del Parque, la empresa interpuso un recurso de revocatoria para impugnar la autorización temporal que había recibido. Con él, solicitaba operar dentro del Parque permanentemente.

Plaza Pública solicitó una entrevista con representantes de Tigo, pero la gerente de Relaciones Públicas, Gloria Álvarez Cross, indicó que por políticas de la empresa solamente se respondería a preguntas enviadas por correo electrónico. Tigo contestó la primera ronda de preguntas desde el correo institucional de Álvarez Cross.

Acisclo Valladares, jefe de Asuntos Corporativos de Tigo, se comunicó días después de que Álvarez Cross hubiera contestado un segundo correo de preguntas y pidió, pese a las políticas de la empresa, sostener una entrevista en persona. La entrevista programada para el 26 de agosto fue pospuesta por Valladares para el 3 de septiembre. Luego la canceló. “Creo que ya tienen lo que necesitaban sobre el tema”, dijo Valladares por teléfono y por correo electrónico.

“Fuimos la única empresa de telecomunicaciones dispuesta a perder dinero en este proyecto”, dijo la empresa en un primer correo al responder a la pregunta sobre si Tigo tendría beneficios por la instalación de las antenas. Recalcaron que eran los únicos dispuestos a ese desventajoso trato, pero también subrayaron que era Inguat quien solicitaba sus servicios.

El costo de instalación de las antenas fue de alrededor de $200 mil, indicó Tigo, y para recuperar esa inversión, la empresa necesitaba que el permiso fuera indefinido. Álvarez Cross explicó que el gasto se hizo pensando primero en “Guatemala y para impedir que el país hiciera un ridículo internacional si alguien intentaba hacer una llamada y no tenía comunicación”. Y aunque, según las declaraciones, la empresa estuvo dispuesta a perder dinero en un principio, una semana después de haber plantado las antenas cambió de opinión y presentó su recurso de revocatoria que hasta ahora les permite mantenerse en el Parque.

La falta de una resolución jurídica al recurso de la compañía telefónica y el que no se haya realizado un contrato de alquiler, implica que la empresa no paga renta al gobierno, como usualmente lo hacen cuando instalan repetidoras en terrenos privados.

En enero de 2013 el MARN solicitó a Tigo que retirara las antenas, ya que había vencido el plazo establecido. El Ministerio otorgó a la empresa un plazo de cuatro días y fijó como fecha última para retirar el equipo el 9 de enero. Esa fue la última acción que ha realizado el MARN sobre el asunto.

Ante el incumplimiento de la telefónica y la falta de acciones por parte del MARN, el Ministerio de Cultura y el Conap presentaron denuncias contra el Ministerio de Ambiente. Manuel Benedicto Lucas, secretario del Conap, estima que el MARN, al haber concedido el permiso, también tiene la potestad de quitar las antenas.

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“Las antenas no debieron instalarse desde un principio, por el impacto a la flora y a la fauna”, critica Miriam Monterroso, representante de las organizaciones ambientalistas ante el Consejo del Conap. Monterroso asegura que ella hubiera votado en contra porque las antenas estarían en un área protegida y eso, dice, es prohibido por la ley.

Castillo, el suplente de Monterroso el día en que se discutió el tema, asegura que votó a favor de la propuesta porque en ese momento creyó que era un beneficio para el Parque, además de que en la propuesta decía claramente que la instalación del equipo sería temporal. Explica que la solicitud se presentó de urgencia para facilitar la comunicación en el Parque durante la celebración maya.

Rafael Maldonado Flores, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), asegura que fue el mismo Presidente, Otto Pérez Molina, quien presionó para que el Conap otorgara el permiso a la empresa. “Conap no estaba de acuerdo con otorgar el permiso por ser Tikal un área protegida, pero el Ministerio de Cultura y el Presidente de la República presionaron para que se diera”, asegura Maldonado que afirma haber tenido información de funcionarios involucrados en el proceso.

En cambio, Francisco Cuevas, secretario de Comunicación de la Presidencia, niega que haya existido presión por parte del Presidente pues las entidades encargadas del proceso eran el Inguat y el Conap.

Plaza Pública preguntó a varios integrantes del Consejo del Conap, entre ellos al ministro de Cultura, Carlos Batzín; al director del Inguat, Pedro Duchez, y a la representante de oenegés ambientalistas, Miriam Monterroso, sobre la posible presión presidencial, pero todos negaron tener información.

Las antenas calientes

El proceso para instalar una antena en cualquier terreno de Guatemala requiere de un estudio ambiental previo. Cristian Tejeda Alvarado, asesor del MARN, explica que dependiendo del lugar donde se vaya a instalar, así será el tipo de estudio ambiental que se requiera.

Tejeda afirma que por lo regular, si la antena va a estar en la ciudad, se hace un estudio Tipo C. Si es en una reserva natural, el impacto podría ser mayor y se requiere un estudio mayor Tipo B1. En estos casos el Conap debe autorizar el estudio y opinar si es favorable o no.

Pero en este caso, con las antenas en Tikal, nadie se hace responsable. De acuerdo con Tigo, fue el Inguat quien acudió a ellos para solicitar que se instalaran las antenas en el Parque y, por ello, en su solicitud al Conap, aseguran que lo hacen en atención a un pedido del gobierno de Guatemala.

Manuel Benedicto Lucas, secretario ejecutivo del Conap, asegura que en noviembre de 2012, Tigo presentó la propuesta a las autoridades de esa entidad. Lucas, quien en ese momento era subdirector de Conap, afirma que los representantes de la telefónica le recalcaron que iban enviados por “el Gobierno de Guatemala”.

Luis Carlos Rodríguez, el consultor ambiental del MARN que dictaminó el estudio técnico, asegura que la evaluación la hizo la Dirección de Patrimonio, pues ellos eran los promotores del evento en Tikal. El MARN fue el encargado de consultar a Conap acerca del permiso para conocer su opinión al respecto. Tikal se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Maya y por tanto era necesario que se conociera la opinión de Conap, comentó Lucas.

Otro consultor ambiental del MARN, José Ruiz, asegura que normalmente es el propietario de los equipos a instalar quien se hace cargo de representar los estudios de impacto ambiental. De por qué el Ministerio de Cultura se convirtió en representante legal y asumió funciones que normalmente asume la empresa, Álvarez Arévalo no puede responder, pese a que su firma aparece en todas y cada una de las páginas de la evaluación ambiental. “Yo sólo firmé”, es su única respuesta y asegura que la persona encargada del tema es Atenógenes Dubón, el asesor legal de la dirección de Patrimonio Cultural y Natural.

En una conversación telefónica con Dubón, Plaza Pública intentó obtener respuestas de éste. Sin embargo, tras explicarle el tema, Dubón interrumpió la llamada y fue imposible volver a contactarlo.

Carlos Batzín tampoco responde. Batzín dijo que no está enterado del proceso y refirió las llamadas a la viceministra de Patrimonio Cultural, Rosa María Chan.

La solicitud de entrevista con la viceministra se hizo a través de Comunicación Social de esa cartera. No se tuvo respuesta.

El expediente fantasma

Tigo accedió a las condiciones del permiso e instaló las antenas. Sin embargo, no habría de conformarse con las condiciones del contrato y presentó el recurso de revocatoria al MARN.

Para “poder ofrecer servicios de comunicación a los turistas que visitan el parque, no solo para eventos específicos sino para que estén comunicados constantemente, en tanto se obtiene una resolución favorable a favor de Comunicaciones Celulares, S.A.”, es uno de los motivos por los que Tigo presenta el recurso, pidiendo que se suspenda la exigencia de retirar las antenas.

Tigo presentó el recurso al MARN y Carmen Samayoa asesora jurídica del Ministerio, asegura que cursó dicho recurso a la Procuraduría General de la Nación (PGN), en documento con número de archivo AJ-192-2012.

Pero en la PGN no hay rastro de dicho recurso. Al solicitar el documento, Martha Morales, auxiliar jurídico de la PGN, aseguró que éste no aparece en su base de datos.

En cambio, es el MARN quien ha sido demandado por el Conap, que dio su visto bueno en un primer momento, y el Ministerio de Cultura, que representó a Tigo en el proceso.

“La responsabilidad de accionar frente a la empresa Tigo está en el Ministerio de Ambiente, pues ellos son quienes otorgaron el permiso de instalación”, asegura Lucas.

Antenas en la nueva era maya

Mientras en la Ciudad de Guatemala se juega a la pelota entre instituciones que no se hacen responsables, los guías turísticos aseguran que es importante contar con señal telefónica dentro del Parque por cualquier emergencia que pueda surgir. Además, los empleados del lugar y pilotos de buses colectivos resaltan el beneficio de estar comunicados.

Incluso ha servido para que los vendedores de artesanías puedan generar más ingresos en sus ventas, pues los turistas pueden comprar recargas de saldo para sus teléfonos.

“Si compra recarga de Claro encuentra señal en la cima del Templo IV o también si se para al lado izquierdo del Gran Jaguar, y si es Tigo sí agarra señal en todo el parque”, ofrece uno de los vendedores para presentar el producto a sus clientes.

Hasta hoy, el MARN continúa sin actuar, Tigo recupera su inversión gracias a su recurso de revocatoria y no paga renta. Casi nueve meses después de haber concluido con el tiempo acordado, no existe un estudio arqueológico o ambiental que explique o advierta sobre posibles daños.

Quizás algún día, el recurso de revocatoria sea encontrado por el personal de la PGN o el MARN decida tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, el Parque Nacional Tikal es territorio Tigo.

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